Ayer vi Cronos, la película sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017.
Comienzo diciendo que la película, como entretenimiento, funciona (en mi opinión). Hay, obviamente, acción, ritmo y los diferentes puntos de vista (agentes en la calle, centro de mando, disputas políticas, comunicación, la situación en Ripoll…) están bien articulados. Quien vea la película sin tener conocimiento del atentado real o solamente un conocimiento supeficial verá una película de terroristas muy alejada de los estándares hollywodenses; pero -desde mi punto de vista- para mejor. Los policías parecen más reales, menos robóticos y las reacciones (intentar huir primero, luego dar la vuelta y enfrentarse a los terroristas, por ejemplo) creo que están bien logradas.
Dejando claro lo anterior, sin embargo, también creo que hay que advertir que el relato que hace de los atentados es sesgado, y no de una manera inocente. Me explico.
La película comienza con una explosión en Alcanar. Se nos indica que esa explosión sucedió una hora antes de los atentados en Barcelona. Luego, durante la película, se hace referencia a la explosión en Alcanar y, además, se indica que la que hemos visto al comienzo es una segunda explosión; pero esa primera explosión no aparece en la película en ningún momento. Es una opción del guionista y del director, por supuesto; pero, como digo, no es una opción inocente. Para quien vea la película sin tener fresco lo que pasó aquellos días, verá que hay una explosión en Alcanar y que, casi inmediatamente, se produce la masacre en las Ramblas de Barcelona; lo que pasó antes de esa (segunda) explosión en Alcanar no queda reflejado y, sin embargo, lo que sucedió entre esa primera explosión, el dia 16 de agosto por la noche es muy relevante.
El 16 de agosto, un poco antes de la medianoche se produce una explosión y los Mossos se personan en el lugar. Hay dos muertos. Encuentran numerosas bombonas de butano y se inician actuaciones judiciales, pero se trabaja sobre la hipótesis de que fue un accidente.
Como se supo tras los atentados de las Ramblas, la explosión de Alcanar no fue un accidente doméstico, sino que estaba vinculada a la preparación de atentados terroristas. ¿Podía haberse sospechado? Sin duda. De hecho, según se pubicó en su momento, la Guardia Civil ofreció la posibilidad de que su GEDEX de Tarragona inspeccionara la casa, pero esa ayuda fue rechazada por los Mossos, quienes no investigaron la explosión como algo relacionado con el terrorismo. También se informó durante aquellos días que la Jueza Instructora responsable de la investigación apuntó en esa dirección y los Mossos le dijeron que no exagerara.
Lo que acabo de comentar no sale en la película. Y, hasta donde sé, no se ha investigado qué se hizo en esas horas decisivas y cómo se pudo cometer un error de juicio con las consecuencias que tuvo. Por supuesto, repito, desde la perspectiva de la película es una opción partir del atropello en Barcelona y relatar lo que sucedió desde el punto de vista de quienes lo vivieron a partir de entonces; pero, si esto es así, sobra la primera escena con la explosión en Alcanar; porque esa explosión, si no va acompañada de la primera, ocurrida la víspera, lleva al espectador a una impresión equivocada sobre lo sucedido: el espectador pensará que no hubo tiempo material para reaccionar o vincular una cosa con otra. En cambio, en la realidad sí que hubo ese tiempo y casi diez años después está pendiente la explicación de qué es lo que pasó, por qué no se investigó la relación entre la explosión y el terrorismo y por qué se negó a la Guardia Civil la posibilidad de cooperar en la investigación.
Además, la película da cuenta de la situción de despreocupación en que vivían los Mossos quince horas después de la primera explosión en Alcanar. Su jefa de comunicación en un parque acuático con su familia y con el teléfono profesional apagado; los mossos de Barcelona buscando carteristas, uno de los jefes se encuentra patrullando mientras comenta los efectos de los móviles en los niños… Si la víspera se hubiera advertido la conexión entre las bombonas de butano y un posible atentado la situación y actitud de unos y otros sería completamente diferente.
No sabemos por qué los Mossos optaron por no analizar la posibilidad de que la explosión de Alcanar estuviera vinculada con el terrorismo; pero sí podemos plantear alguna hipótesis de por qué se rechazó la colaboración con la Guardia Civil.
El atentado se produjo en el año del procés. Unas semanas después del atropellamiento en las Ramblas, el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión y tres semanas más tarde tuvimos el referéndum de autodeterminación, la «parada de país», el discurso del Rey y las declaraciones de independencia del 10 y 27 de octubre; así como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde la Generalitat se pretendía mostrar que Cataluña ya operaba como un país independiente y no podían permitir que un atentado terrorista cambiara eso. De hecho, en la película -que recoge de manera resumida algo de esas tensiones- un personaje que parece estar vinculado con la Generalitat dice que «eso» va de algo más que detener a unos terroristas. Para los que vivimos aquellas semanas, era algo evidente. La Generalitat utilizó los atentados como escaparate ante el mundo mostrando el control que tenía sobre todo el territorio. La entrada de la Guardia Civil o la Policía Nacional sería contraproducente desde esa perspectiva.
Y desde el lado del Gobierno de España, no se desconocía que las decisiones que tomaran en relación a la gestión del atentado (atentados) terroristas, tendrían consecuencias en la relación con la Generalitat, puesto que, como se ha indicado, el plan de ésta era que la operación contra los terroristas de las Ramblas fuera la puesta de largo de la policía autonómica como institución de estado. Creo que solamente así se explica, por ejemplo, que no se hubiera activado la Ley de Seguridad Nacional o que la Comisión Seguridad Nacional tarde dos días en reunirse tras los atentados, sin que en dicha reunión se hubiera elevado el nivel de alerta terrorista. En la película sale de refilón este tema, curiosamente en forma de reproche por parte de la jefa de comunicación de los Mossos, lo que no sé si resulta creible, porque la posición de la Generalitat era, precisamente, la de limitar el papel del Estado en la resolución del caso, y elevar el nivel de alerta terrorista a 5 hubiera implicado la posibilidad de que el ejército se incorporara a la patrulla de las calles. Imagínense eso a semanas de que se produjera el referéndum de secesión. Al final esto no pasó, el Estado quedó en segundo plano, la alerta antiterrorista se mantuvo en 4 y no hubo aplicación de la Ley de Seguridad Nacional; quizás no por razones policiales o de seguridad, sino para limitar tensiones entre el Gobierno de España y la Generalitat (algo de esto también sale en la película).
La eliminación de la primera explosión en Alcanar, por tanto, no es -como adelantaba- inocente. Evita el punto en el que la eficacia de los Mossos podría ser puesta en cuestión con mayor fundamento y limita las tensiones entre los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil a un tema político, sin que se perciba la forma en que esas tensiones afectaron a la seguridad. El resultado es una película en la que la policía autonómica sale, en general, bien parada; aunque yo siempre me he preguntado qué dirían los mismos que aplaudieron a los Mossos si hubieran sido policías nacionales o guardias civiles los que hubieran matado a tiros al último terrorista que se localizó en unos viñedos. Siempre me he preguntado si una policía moderna no debería disponer de medios para reducir al criminal sin matarlo, máxime cuando en los casos anteriores de terroristas huidos y abatidos ya se había visto que los cinturones que llevaban aparentando explosivos eran falsos. Lo que se ve en la película -y responde a la realidad- es que quienes abaten a los terroristas en Cambrils y en Subirats son mossos sin formación específica antiterrorista. Me pregunto si, en esas circunstancias no se hubiera podido hacer un uso más extenso de las unidades especiales no solo de los Mossos, sino también de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o, incluso, del ejército, más preparados para situaciones como las que tuvieron que abordar los policías «de a pie» que se enfrentaron a los terroristas. Insisto en que no es una objeción y, desde luego, no implica ningún reproche a los agentes que intervinieron sobre el terreno, sino una pregunta dirigida a quienes organizaban el dispositivo. En Cambrils, por las circunstancias y rapidez con que todo se produjo probablemente no había alternativa; pero en Subirats, varios días después de los atentados, habiendo en España varios centenares de agentes (entre Policía Nacional, Guardia Civil Mossos, Ertaintza) especializados en la lucha contra el terrorismo ¿era necesario que fueran dos agentes ordinarios los que intentaran detener al terrorista? En su momento, conmocionados por el atentado, todavía atemorizados, recuerdo el alivio al saber que el último terrorista ya no podría hacer daño. La película, además, refleja ese momento; pero pasado ese primer impulso es necesario pensar en las posibilidades que habría para haberlo capturado con vida; incluso con el objetivo de obtener información que pudiera ser valiosa. Como digo, sin embargo, esto es una pregunta, no una crítica.
En cambio, sí que es una crítica explícita la gestión de la primera explosión en Alcanar y, en lo que se refiere a la película, la inclusión de la segunda explosión sin que se cuente también la primera. Como obra de ficción, por supuesto, la libertad es total; pero, desde el punto de vista narrativo, ¿qué aporta esa segunda explosión si lo que se va a narrar es la respuesta a los atropellos de Barcelona? Parece que está ahí por otro motivo: para cerrar un relato que pretende ser positivo para la policía. Con sus clarooscuros, claro (no estamos en Hollywood, como he dicho), pero claramente positivo.
Han pasado casi diez años. Entonces ya señalé la falta de coordinación y las consecuencias políticas de los atentados. La película Cronos nos obliga a volver sobre ello. No dejemos que los errores que entonces hubo queden enterrados por un relato sesgado.
I. La imposición del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje (y la correlativa exclusión del español)
Hace unos días conocimos una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán que se practica en Cataluña.
Comenté la decisión en facebook y en un hilo de X.
La «respuesta» por parte de los nacionalistas se movió entre el insulto y la negación. En concreto, la negación de esa exclusión del castellano que denunciaba en el primer tweet. También se mantuvo que era lógico que el catalán fuera la única lengua en la escuela pues es la lengua de Cataluña, mientras que el español es una lengua «impuesta». No me ocuparé, sin embargo, de este último argumento, que desconoce que el español es usado en Cataluña desde hace siglos y que es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes, además de la lengua que sirve como lengua común no solamente entre los catalanes, sino entre estos y el resto de los españoles. Prefiero centrarme en la negación de la prohibición del castellano en el sistema educativo catalán.
Es significativa esta negación ya no de la realidad, sino de los argumentos propios. Recordemos que la decisión del Tribunal de Estrasburgo lo que hace es inadmitir el recurso planteado por varias familias de Canet de Mar que rechazaban que sus hijos, tras una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), recibieran un 25% de la docencia en español. Esto es, el problema era, de acuerdo con la perspectiva de los recurrentes, que antes de la medida judicial sus hijos recibían un 100% de la docencia en catalán y un 0% en castellano; tras la decisión del TSJC esas proporciones variaron a 75% en catalán y 25% en castellano y lo que solicitaban las familias es que se delcarara que ese 25% de castellano vulneraba sus derechos fundamentales y que, por tanto, era obligado volver a la situción en la que la proporción de castellano en la docencia era 0%.
Dicho de otra forma: lo que pretendían estas familias era que se reconociera su derecho a excluir el castellano como lengua de enseñanza para sus hijos. De hecho, la palabra «prohibición» es la que utiliza el propio Tribunal de Estrasburgo en el apartado núm. 25 de su decisión.
Prohibir su uso como lengua de enseñanza, que es lo que le estaban pidiendo y lo que rechaza. Una prohibición, además que es meridiana en las instrucciones que cada año publica el Departamento de Educación de la Generalitat y que tienen como fin orientar el funcionamiento de los centros educativos catalanes. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha impugnado las de los cursos 2022-2023 y 2025-2026 sobre la base, precisamente, de la exclusión del castellano que estas instrucciones imponen. A continuación mostraré algunos ejemplos de la forma en que se limita el uso del español en el sistema educativo catalán mediante la vía de imponer la utilización del catalán en todas las actividades que se realizan en el centro con exclusión de las que se desarrollen en clase de castellano u orientadas a la enseñanza de esa lengua.
Comenzaré con las instrucciones para el curso 2022-2023.
En estas instrucciones se indica que el catalán ha de ser la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. Se indica que el aranés tendrá esta función en el Valle de Arán, pero no se menciona el castellano; esto es, el castellano no será una lengua utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. Esto es consecuencia de que la única lengua que se considera como lengua de la escuela es el catalán.
Lo anterior implica que la lengua que ha de utilizarse en:
Las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas.
Exposiciones de los profesores.
Actividades de aprendizaje y de evaluación.
Interacción entre docentes y con los alumnos.
Actividades de formación del profesorado.
Actividades administrativas.
Comunicaciones entre el centro y el entorno.
Documentación que expiden los centros educativos.
Manifestaciones culturales y públicas.
Actividades de projección externa del centro.
Actuaciones del centro en que intervengan instituciones y entidades del entorno.
Rotulación de espacios del centro.
Lógicamente, si todas estas actividades han de realizarse en catalán no podrán realizarse en castellano, esto es, establecer el catalán como única lengua de la institución tiene como consecuencia que la presencia del castellano se limitará, como indican las instrucciones, a la que sea necesaria para su aprendizaje. Es decir, la lengua de la institución es el catalán y es la lengua que deberá utilizarse siempre (con la excepción del aranés en el Valle de Arán) salvo cuando sea preciso utilizar otra lengua en el marco del aprendizaje de ésta (castellano, cuyo aprendizaje ha de garantizarse; o, inglés, por ejemplo).
El carácter excluyente de la imposición del catalán es claro en materia de rotulación, ya que aquí se indica expresamente que la presencia de una lengua diferente del catalán en los espacios físicos del centro queda reducida a los trabajos de los alumnos.
Las instrucciones para el curso 2025-2026 repiten el mismo esquema; pero añaden más referencias a la presencia del castellano. Esto tiene una explicación. Tal como indicaba, la AEB impugnó las Instrucciones para el curso 2022-2023 y tras varias peripecias procesales, el TSJC acabó dictando sentencia en la que declaraba nulos varios apartados de esas instrucciones (lo comentaba aquí).
La razón de la nulidad es clara. Por mal que les pese a los nacionalistas, el español (castellano) en tanto que lengua oficial en toda España, incluida Cataluña, no puede ser excluida como lengua del sistema educativo. Esto no quiere decir que la presencia del castellano tenga que ser la misma que la del catalán. Si se justifica adecuadamente, el catalán puede tener una proyección cuantitativamente mayor que el castellano en el sistema educativo. De igual forma que debería poder justificarse lo contrario, una presencia cuantitativamente mayor del castellano que del catalán; pero lo que no puede ser es que ambas lenguas tengan posiciones cualitativamente distintas. Ambas son lenguas oficiales y el argumento de que el catalán es lengua propia de Cataluña no puede suponer una preferencia sobre el castellano que, podríamos decir, es también lengua propia en el conjunto de España. Dotar de una posición de preferencia al catalán choca con la Constitución; en concreto, con su artículos 3 (oficialidad del castellano), 14 (no discriminación) y 27 (derecho a la educación).
Con el fin de eludir las tachas de inconstitucionalidad que habían conducido a la nulidad de determinados incisos de las instrucciones del curso 2022-2023, la Generalitat «sembró» de referencias al castellano las instrucciones para el curso 2025-2026; pero, a la vez, dejó también claro que esas referencias al castellano no podían implicar que éste se colocara en la misma posición que el catalán.
Es decir, se podrá utilizar el castellano en situaciones que tengan como objetivo aprender esta lengua; pero esta presencia del castellano no puede implicar que el catalán deje de ser la lengua normalmente utilizada en el centro. Es decir, la lengua de la institución seguirá siendo el catalán y el castellano será una lengua que se aprende, no una lengua EN la que se aprende. La prohibición de la utilización del castellano para el aprendizaje de otras materias, como vehículo de comunicación con las familias o entidades ajenas al centro se mantiene; así el catalán es la lengua que deberá utilizarse como vehicular y de aprendizaje, en la acogida del alumnado de reciente incorporación y en todas las actividades educativas, incluidas las complementarias y las extraescolares.
Y por eso el proyecto lingüístico tiene como una de sus funciones
Esto es, asegurar que el catalán (y el aranés en el Valle de Arán) son las lenguas normalmente utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en todas las etapas educativas; así como la lengua de signos catalana. El castellano está vetado como lengua vehicular y de aprendizaje y su presencia ha de limitarse a la asignatura de lengua castellana y a lo que sea necesario para aprender la lengua. De hecho, se niega que los alumnos castellanohablantes con necesidades educativas especiales puedan tener una educación en la que se emplee el español para el aprendizaje de materias diferentes del castellano.
La negativa de la Generalitat a permitir la utilización del castellano en este caso se basa en que la lengua vehicular del sistema educativo es el catalán.
No hay por tanto muchas dudas sobre la prohibición del español como lengua vehicular en el sistema educativo catalán. Las instrucciones de la Generalitat son muy claras al respecto y lo saben bien quienes han solicitado a la administración una educación en la que el castellano esté presente y que siempre han recibido un «no» por respuesta. Esta exclusión, como digo, se traduce en las comunicaciones con los alumnos, en el idioma de las «interacciones» entre los profesores, en la lengua en la que han de realizarse las actividades extraescolares y en la que han de desarrollarse los encuentros con personas y entidades ajenas a la comunidad educativa. Ahora bien, para entender el sentido de esta prohibición y también las reacciones cuando se denuncia tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ver cuál es objetivo de esta prohibición del castellano como lengua de aprendizaje en el sistema educativo catalán.
II. La Cataluña ideal (según los nacionalistas)
El credo nacionalista postula que la escuela ha de prefigurar una Cataluña ideal en la que la lengua de cohesión sea el catalán. Idealmente, debería llegarse a una situación en la que se pudiera vivir plenamente en catalán y ahí la escuela es un buen campo de experimentación. Primero hacemos que la docencia sea en catalán y que toda la vida de la escuela se desarrolle en catalán, que los materiales que se utilicen sean en catalán, que las reuniones con las familias se desarrollen en catalán, que la rotulación y todas las indicaciones estén en catalán y luego daremos el siguiente paso, que es el de intentar que el catalán sea también la lengua de los juegos y del patio. A esto responde el cartel que compartía en el tweet y donde se recuerda a los niños que también han de utilizar el catalán en el patio.
Aparte de esto también se realizan actividades que tienen como objetivo que los niños utilicen el catalán en su tiempo libre. Asi informaba de ello el diario Ara, por ejemplo.
Es significativo lo que dice este profesor: «De poco sirve que en el aula se haga un uso intensivo del catalán si en los espacios informales de relación entre iguales, en le patio, el comedor o los pasillos desaparece la lengua«. ¿Qué nos está diciendo?
Lo primero es que nos describe dos hechos: en primer lugar que en el aula se hace un uso intensivo del catalán; esto es, el catalán es la lengua de relación dentro del aula. En segundo término que fuera del aula los alumnos hablan otra lengua (muy mayoritariamente, el español). El profesor no lo formula así, sino que lo dice de una manera mucho más sutil: «desaparece la lengua». ¿Qué es eso de que «desaparece la lengua»? ¿Acaso los alumnos están mudos en los pasillos? No creo, más bien hablarán, reirán, se gastarán bromas y hasta chillarán para desesperación de los adultos (como ha sucedido siempre); pero no lo harán en catalán, sino en español. Esto es, no es que la lengua desaparezca, sino que los alumnos, fuera del aula, utilizan la que mejor les parezca que, en este caso, no coincide con la que se usa en el aula.
Pero lo segundo también es importante. Quien habla (Baixauli, una asesor LIC, de Lengua, Interculturalidad y Cohesión social), dice que «de poco sirve» el uso del catalán en el aula si no se habla fuera del aula. Esto es, la exclusión del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje (otra forma de decir que la única lengua vehicular y de aprendizaje ha de ser el catalán) tiene un objetivo que va más allá del aula y que, por lo que explica Baixauli, se concreta en la extensión del uso social del catalán o, lo que es lo mismo, en la disminución del uso social de otras lenguas y, más concretamente, del castellano.
Siempre que tengo ocasión insisto en esto, porque con demasiada tranquilidad se dan por buenas las políticas de promoción del uso de las lengua que -si somos claros- implican decirle a las personas que están utilizando la lengua equivocada. Aquí, a los alumnos, a quienes se les traslada que la lengua que han de usar en el patio o en los pasillos ha de ser el catalán y no la que ellos emplean habitualmente. Lo de la «desparición de la lengua» para expresar que los alumnos emplean una diferente a la deseada es muy claro.
Es decir, la prohibición del castellano como lengua vehicular es instrumental al objetivo de fondo, que es la extensión del uso social del catalán en detrimiento del español. A mí este tipo de políticas me repugnan, porque considero que ningún poder público ha de indicar a las personas qué lengua han de usar en sus relaciones particulares. Que haya programas públicos orientados a que los niños cambien la lengua que emplean cuando hablan con sus amigos me parece inadmisible.
Pero es lo que hay, y así se entiende la insistencia de los nacionalistas en los datos sobre utilización social del catalán. No incidiré aquí en ello, porque ya me he ocupado de esto en otros sitios (aquí, por ejemplo); pero recordaré que el uso social del catalán está por encima de lo que se correspondería en función del número de catalanes que lo tienen como lengua materna. Esto es, si el número de personas que en Cataluña tienen como lengua materna una distinta del catalán aumenta la única forma de conseguir una mayor presencia del catalán es mediante técnicas que fuercen a las personas a emplear una lengua distinta de la que les es natural. Esas técnicas existen y, como digo, están llevando a un «sobreuso» del catalán en relación al número de hablantes nativos; pero es ilusorio pensar que consigan que acabe siendo mayoritaria entre la población una lengua que es materna de poco más de un tercio de los catalanes.
Tener en cuenta lo anterior explica algunas de las afirmaciones que he podido leer en X estos últimos días. Son frecuentes los que indican -profesores incluidos- que el uso del catalán en las escuelas es mayor de ese 25% que se discute. Confunden dos cosas que hay que separar; pero que, por lo que he explicado, es natural que no distingan.
Cuando se habla de lengua vehicular y de aprendizaje se habla de lengua reglada; esto es, aquella a la que han de ajustarse las programaciones, evaluaciones y materiales. Aquí la presencia del catalán es muy superior al 90%; entre otras cosas porque, como hemos visto, así lo exigen las instrucciones del Departamento de Educación. Sí que hay algunos casos en centros de enseñanza media en que algún profesor imparte clase en castellano; pero diría que están disminuyendo y que en la escuela primaria la utilización casi exclusiva del catalán apenas tiene excepciones. Recurro aquí a mi experiencia personal (tres hijos escolarizados en Cataluña y una esposa que ha sido maestra en Cataluña por más de 30 años), más los casos a los que tengo acceso a través de mi colaboración con la AEB; pero es que quienes cuestionan la exclusión del castellano lo hacen también a partir de su experiencia en los centros educativos. Recurren a su vivencia para cuestionar una afirmación general.
Cuestión distinta es que en los patios, pasillos o que en la interacción con los profesores los alumnos utilicen el castellano. Por supuesto que pasa y si se contaran esas interacciones habría que ver cuál es el porcentaje de «uso social» en la escuela del catalán y del castellano; pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo no hablo de la lengua que eligen Carlos y Miquel para quedar después del instituto, o la que emplean Carolina y Maria para contarse un chisme o la que utilizan dos adolescentes para declararse su amor en una esquina del patio. Yo hablo de la lengua en la que han de impartirse las clases, en la que han de realizarse los exámenes y en las que los profesores han de desarrollar las reuniones, la lengua de los avisos oficiales y de las reuniones con los padres. Esa es la lengua que rigen las instrucciones del Departamento de Educación, la que vigilan los tribunales de justicia y a la que se refiere el Tribunal de Estrasburgo en su reciente decisión.
Lo que pasa es que, como he intentado explicar, para los nacionalistas esa lengua es solo una herramienta, un instrumento para llegar a una Cataluña en la que todos renunciemos a nuestras lenguas para abrazar el catalán, y como eso no sucede no dejan de repetir: «¡Qué prohibición ni prohibición! ¡Pero si la gente sigue hablando en español, incluso en la escuela!»
Pues sí, y cuando más se den cuenta de lo que aquí explico, que intentar cambiar desde el poder o la escuela los usos lingüísticos de las personas es repugnante a mi me tocará (ya lo estoy haciendo) recordar que de todo esto no tienen culpa ni los catalanohablantes ni la lengua catalana y que nadie debería permitir que las perversas políticas de unos afecten a su elección de lengua, ni en el sentido de abrazar la lengua que se pretende imponer ni en el de rechazar esta lengua por la utilización que algunos hacen de ella para sus propósitos políticos.
El auto por el que se cita a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado no ha de dejar a nadie indiferente. Tal como veremos, muestran una situación de corrupción estructural que va más allá del que fuera presidente del Gobierno entre los años 2004 y 2011.
Aparte de las actuaciones judiciales que se desarrollen, sería necesaria una reflexión política sobre la situación generada, sus causas y la forma en que podría ponerse remedio a una lacra que nos penaliza como sociedad. No quiero decir con lo anterior que la corrupción en España sea mayor que en otros países; pero el hecho de que sea un mal general no alivia el problema. Recordemos que en 2018 el PSOE llegó al poder con el argumento de que había que poner fin a la corrupción del PP. España estaba cansada de escándalos de corrupción de mayor o menor entidad y parecía que se abría una nueva etapa en la que cualquier atisbo de corrupción sería respondido con contundencia. Como veremos, el auto, con todo el aparato documental que lo acompaña, dibuja un país muy diferente al que se prometía en 2018.
Quiero creer que esa España es todavía posible, pero para lograrla hay que mirar de frente lo que tenemos, y lo que hay ante nuestros ojos no es agradable: un antiguo presidente del Gobierno acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
B) Tráfico de influencias
En lo que respecta al tráfico de influencias, la organización dirigida por el expresidente del Gobierno utilizaría los contactos de éste para que los poderes públicos adoptasen decisiones en favor de sus clientes. A cambio de ello, recibirían una contraprestación económica. Esto es, quien deseaba obtener ventajas de la administración recurría a la organización de José Luis Rodríguez Zapatero a fin de conseguir resoluciones favorables que, de otra forma, no serían posibles. En el auto de detalla, por ejemplo, en qué forma esa organización fue clave para que el Consejo de Ministros concediera una ayuda de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. En el relato de los hechos, reconstruido a partir de conversaciones telefónicas y contenido encontrado en ordenadores intervenidos, se aprecia como los que se acercaban a la red de influencias eran conscientes de que tendrían que pagar «mordidas» y que estas deberían canalizarse a través de una determinada estructura mercantil a la que califican de «finance boutique«.
Solamente a través de la influencia de la red de contactos de Zapatero se explicaría que se concediera la ayuda a Plus Ultra. El perito había indicado que no reunía las condiciones para ello. De todas formas, también es necesario tener en cuenta que, incluso si la decisión que se hubiera adoptado fuera correcta -esto es, no arbitraria- el intento de influir en la decisión que ha de adoptar el funcionario o autoridad ya sería constitutivo de delito. Volveremos sobre esto un poco más adelante.
Es más, la TGSS emitió un informe en el sentido de que la empresa no tenía deudas con la Seguridad Social (requisito imprescindible para obtener la ayuda), pese a que sí las tenía.
Como puede apreciarse, en agosto de 2020 se emitieron tales certificados cuando la deuda existía. Posteriormente, en octubre de 2020, la TGSS concedió un aplazamiento de la deuda; semanas después de una entrevista de Zapatero con el Ministro José Luis Escrivá.
En definitiva, parece que no es completamente descabellado pensar, aunque solamente fuera por el caso Plus Ultra, que estuviéramos ante un supuesto de los arts. 428 a 430 del Código Penal, que sancionan la conducta de quienes influyen en un funcionario o autoridad con el fin de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.
En el caso Plus Ultra, ese beneficio económico supera el medio millón de euros.
Pero la operación Plus Ultra no es la única que aparece en el auto. Así, por ejemplo, hay mención a una intervención en el asunto «Hard Rock» de Tarragona. Aquí resulta significativo que, desde el entorno de Zapatero, se solicite que en los contratos que se suscriban se elimine la palabra «comisión».
Y no solamente eso, sino también la facilitación de operaciones de venta de petróleo venezolano, con intervención de Delcy Rodríguez y otros cargos del régimen de Maduro.
C) Blanqueo de capitales
La acusación no se limita al tráfico de influencias, sino al blanqueo de capitales. Este delito se habría producido al intentar evitar el control sobre los fondos recibidos de las actuaciones ilícitas descritas en el apartado precedente. A tal fin se habría creado una red de sociedades, algunas en el extranjero, con participación de testaferros y montando una serie de «pantallas» que evitarían que se identificara el auténtico origen de los fondos recibidos.
En el auto se encuentran abundantes datos que apuntan en esta dirección. Así la emisión de facturas para emisión de informes que no tenían más finalidad que dar cobertura al tráfico de influencias que en realidad se ejercía (resulta significativo, como hemos visto, que se diera la instrucción de hacer desaparecer la palabra «comisión» en algún documento). También la utilización de diversas sociedades para recibir los pagos, empleo de personas interpuestas y constitución de sociedades en el extranjero. En concreto, en Dubai.
En definitiva, actividades ilícitas que pretenden cubrirse como asesoramiento y que acaban provocando el desvío de fondos públicos a un entramado societario diseñado para dificultar el control del mismo. Y eso tanto en España como en Venezuela. Es grave, por supuesto, pero no se queda aquí como veremos enseguida.
D) Corrupción y poder público
Tal como comentaba un poco más arriba, el tráfico de influencias no exige siquiera que la decisión que se pretende obtener sea arbitraria o injusta. Basta que se intente influir en la autoridad o funcionario a partir de la relación personal o jerárquica que exista para que el delito se consume
En este caso, sin embargo, y quedándonos tan solo con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, parece que hay elementos que invitan a pensar que la resolución se adoptó no porque la compañía cumpliera los requisitos necesarios (recordemos la deuda a la Seguridad Social que no impidió la emisió de un certificado negativo por parte de la TGSS y el informe negativo del perito), sino por la influencia de Rodríguez Zapatero en el gobierno; una influencia que es evidente, como prueba, de acuerdo con el propio auto, la entrevista que tuvo con el Ministro de Trabajo en el momento en el que se estaba produciendo la negociación para aplazar esa deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, pero que, obviamente, va más allá pues, como es sabido, Zapatero es uno de los apoyos políticos más importantes del actual presidente del Gobierno, con el que ha coincidido en múltiples ocasiones y participado junto con él en diversos actos públicos.
La ayuda a Plus Ultra fue concedida por un Consejo de Ministros presidido por Sánchez. Plus Ultra contactó con la red de Zapatero para conseguir esa ayuda y pagó una cantidad considerable de dinero una vez que fue conseguida. Penalmente no sé qué saldrá de ahí; pero los mensajes y documentos que constan en el auto son material más que suficiente para exigir una responsabilidad política que debería ser alta, muy alta. Además sería necesario examinar con lupa cómo se concedió una ayuda que, por lo que se deriva del auto, tenía serios obstáculos técnicos. Aquí, el papel de la SEPI, la TGSS y demás intervienientes en la operación mediante la emisión de certificados o informes debería ser examinada con mucho cuidado para identificar en qué puntos la actuación se apartó de los más altos estándares de profesionalidad y objetividad para ceder a las influencias que pretendía ejercer el antiguo presidente del Gobierno o las personas que trabajaban para él.
No se trata, por supuesto, de adelantar el juicio penal; pero la responsabilidad política no puede esperar por los tiempos de los tribunales porque, como se puede apreciar -basta leer el auto- hay serias dudas de que el funcionamiento de la administración en el ejercicio de los controles necesarios hubiera sido el deseable. La depuración de responsabilidades políticas, administrativas y judiciales (en ese orden) debe de ser total.
Los ciudadanos nos lo merecemos. El dinero público es de todos y lo que se emplea en mordidas o ayudas a quien no se las merece se retraen de otros fines; pero, además lo anterior, no pueden existir dudas sobre la transparencia de los procesos públicos. Aquellos que hayan visto denegada una ayuda o subvención por un informe negativo de la TGSS, ¿qué opinarán al leer el auto? Las empresa que en los años 2020 y 2021 no obtuvieron un rescate, ¿qué pensarán al ver que lo que tenían que hacer era pagar una «mordida» a Zapatero o a algún otro conseguidor (en el auto también aparecen pagos a una mujer que mantenía una cierta relación con el Ministro de Transportes entonces, José Luis Ábalos).
¡Cómo se entiende ahora la intervención de José Luis Ábalos, en nombre del PSOE, durante el debate que acabó convirtiendo en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez!
E) ¿Hay solución?
Soy optimista. Siempre creo que hay una salida. También ahora. Pienso que España puede ser un país donde se respeten las reglas del juego, donde no haya espacio para la corrupción, un lugar para que impere la justicia y que la arbitrariedad quede desterrada. Ahora bien, para llegar a eso es necesaria una reacción contundente y, en primer lugar, de la ciudadanía. Quienes nos gobiernan están ahí porque muchas personas les han votado. Cuando la corrupción hincó el diente en el PP muchos le abandonaron; pero siguió habiendo millones de personas que les continuaron votando. En estos momentos, pese a todo lo que sabemos -y aquí el auto en relación a Zapatero aporta mucha información, pero ya había otra anterior en relación a otros miembros destacados del partido socialista- el PSOE acaba de conseguir la segunda posición en las elecciones andaluzas y no obtendría un mal resultado en unas generales.
Así, desde luego, no acabaremos con la corrupción, porque esta solo se detendrá si existe un rechazo muy claro hacia ella por parte de la ciudadanía. En mi caso, siempre critiqué la que se conocía del PP y entonces pedía una reacción contundente. Lo que ahora conocemos sobre el PSOE es grave; pero, además, sin que en el partido se produzca la reacción que sí hubo en el PP. Ábalos, Cerdán… y ahora Zapatero que, si tenía influencia era, precisamente, por su condición de antiguo presidente del Gobierno y por su relación con el actual titular del cargo.
ABSTRACT: I. The Construction of Identity and Its Enemies. II. The Construction of Catalan Identity. III. From Spain to Spaniards. IV. Hate Speech and Hispanophobia: 1. Hate Speech and the Limitation of Rights. 2. Limitation of Rights and Nationalism in Catalonia. V. Hate Speech and Public Institutions. VI. Conclusion.
I. The Construction of Identity and Its Enemies
The construction of a group’s identity often involves opposition to one or more other groups. It is a commonplace phenomenon that most of us have experienced. From football clubs (what unites more than the rivalry of a Barça–Madrid, Espanyol–Barça, Oviedo–Sporting, Athletic–Real Sociedad, Betis–Sevilla…?) to local rivalries between neighbouring towns or even between urban tribes. Nations are no different. National identity, in part, arises from opposition to other countries. One’s own virtues are highlighted and, almost inevitably, conflicts with other nations come to be portrayed as a struggle between “good” (one’s own nation) and “bad” (the others). This can be clearly seen in these 30 seconds of Lady Hamilton, the film by Alexander Korda, where in less than a minute it is explained why the British Empire is so good and, consequently, why those who attack it are so bad.
The British Empire is a community in which each territory has its own purpose and function; yet there are those who, driven by ambition, seek to destroy what others have built. In this way, England’s actions elsewhere are explained and justified, while at the same time those who oppose it are discredited. Crystal clear.
II. The Construction of Catalan Identity
The construction of the Catalan nation follows the same pattern: elements must be identified that give it a distinct identity, one that also serves to differentiate Catalans within the broader community in which they were historically integrated without major controversy—the Spanish people as a whole. This requires, on the one hand, a particular interpretation of history in which Catalans are endowed with special virtues. In this regard, for example, the fanciful speech by Pau Casals at the United Nations, which I share below, fits well.
The template is always the same: a people defined by positive traits (industriousness, a peaceful and enterprising character…) whose origins can be traced back to prehistory, and which must confront those who, lacking such qualities, seek to hinder its progress. This can already be clearly seen in the works of Catalan nationalists from the early twentieth century—the period in which Pau Casals spent his youth—which likely helps to better understand his speech at the United Nations in 1971. Thus, in the book by Antoni Rovira i Virgili, History of Nationalist Movements, originally published between 1912 and 1914, we read:
This linguistic territory closely corresponds to the original area of the Iberian race, from which the Catalans descend. Prat de la Riba states: “When the Phoenician traveller whose account was recorded by Avienus, one hundred and fifty years before Christ, travelled along the Sardinian Sea coast, he encountered there the Iberian ethnos, the Iberian nationality, extending from Murcia to the Rhône, that is, from the Libyco-Phoenician peoples of eastern Andalusia to the Ligurians of Provence. Those peoples are our ancestors; that Iberian ethnos is the first link that history allows us to see in the chain of generations that have forged the Catalan soul.”
Soon, the territory of the Iberian race, open to incursions, was invaded by other races (…). But when the Roman Empire collapsed under the pressure of the barbarians, and the medieval nuclei that would give rise to the historical nationalities emerged, the old Iberian race resurfaced, marked by the powerful imprint of Rome, yet preserving a vivid ethnic individuality.
(…) Yet this historical event [the discovery of America] would not have had such a disastrous influence on our homeland had Castile not committed a great injustice. By the famous codicil to the will of Isabella the Catholic, the citizens of the Catalan-Aragonese Crown were excluded, under penalty of death, from trade with the Indies (…). Without this unjust prohibition, Catalonia would have carried its genius for work and creation overseas; it would have become, like England, a great maritime and commercial power. The Catalan language would have spread throughout the Americas; today there would be, in the New World, alongside nations of Spanish and Portuguese language, nations of Catalan language, and Catalan would be one of the great world languages. The antipathy of Castile, manifested in Isabella’s codicil, destroyed at that historical moment the magnificent future that awaited Catalonia.”
The narrative continues; but what has been quoted is sufficient: a distinct identity set against external enemies who strive to prevent the nation from flourishing. The same pattern we saw in the explanation of the British Empire given to Emma Hamilton in the film by Alexander Korda.
In principle, this line of thinking should belong to a bygone stage; and to a large extent, I believe that is indeed the case in most places. It is hard to imagine that anyone in the United Kingdom today would find persuasive what we saw in the 1941 film. National constructions based on hypothetical ethnic distinctions stretching back to prehistory tend, at best, to provoke a smile; if not to raise serious concerns. Yet in Catalonia this remains the official doctrine. It is not insignificant to recall that a Catalan public university—the University of Tarragona—bears the name of the author of the passages quoted above, and that the speech by Pau Casals—outlandish in its content—was taken from the official YouTube channel of the Parliament of Catalonia.
In other words, in Catalonia a distorted view of history continues to be embraced, one in which “Castile” is held responsible for the fact that Catalonia is not a sovereign and prosperous nation—a nation which, in Antoni Rovira i Virgili’s account, would have been comparable to nineteenth- and early twentieth-century England.
III. From Spain to Spaniards
This is already a problematic approach in itself; yet it can become even more troubling when the shift is made from “Castile” to “Castilians,” a term some use to refer to all Spaniards who are not of Catalan origin (with “Catalan” understood as extending to Valencia and the Balearic Islands). In this framing, “Castilians” are portrayed as colonizers, dominators, and extractors of Catalonia’s wealth. Moreover, they are burdened with the stereotypes typical of any identity-building process based on opposition to other groups. Just as Catalans are depicted as modern, hardworking, cultured, and peace-loving, “Castilians” are cast as lazy, violent, uncultured, and primitive.
Am I exaggerating? Let us recall what Jordi Pujol, President of the Generalitat between 1980 and 2003 and the most influential political figure in Catalonia over the past half century, wrote:
“The Andalusian man is not a coherent man; he is an anarchic man. He is a destroyed man. (…) The other type of immigrant is, generally, an unformed man. He is a man who for hundreds of years has gone hungry and has lived in a state of ignorance and of cultural, mental, and spiritual poverty.”
What Jordi Pujol wrote is particularly relevant, as he did so at a time (the 1970s) when Catalonia was home both to those whose families had lived in the region for generations and to more than two million people who had come from other parts of Spain. These were the people then referred to as charnegos, a term that included not only recent arrivals but also their children, many of whom had already been born and raised in Catalonia. Pujol’s reflection was therefore not abstract, nor a historical reconstruction in the manner of Antoni Rovira i Virgili; rather, it was directly relevant to a society in which groups of people could be distinguished on the basis of their family origins. The disparaging words of the man who would later serve for more than twenty years as President of the Generalitat stigmatized a collective that had a significant presence in the region he would go on to govern.
In other words, Catalan nationalism is, to some extent, built upon a caricature of history that portrays “Castilians” as harmful to Catalonia and its development and, at the same time, upon stereotypes in which the supposedly “elevated” character of the Catalan spirit and its capacity for work and innovation are contrasted with the economic, moral, and intellectual poverty attributed to other peoples of Spain—or to Spaniards more generally. This is not a subterranean phenomenon; rather, it finds expression in official institutions (the Rovira i Virgili University mentioned earlier, street names filled with the figures of early twentieth-century Catalan nationalist ideologues) and in public figures, beginning with the most prominent name in Catalan nationalism of the late twentieth and early twenty-first centuries, Jordi Pujol and his “destroyed” Andalusian man.
Examples could be multiplied; to conclude with just two, one relatively recent instance is the reflection by Oriol Junqueras on genetic differences between Catalans and the rest of the Spaniards (“the Spaniards,” for Junqueras, who does not regard Catalans as Spanish).
And two articles by the third-to-last President of the Generalitat, Quim Torra. The first, from 2015, in which he states that Catalans have spent 289 years enduring what no civilized people has ever endured. Spain exercises its right of conquest and humiliates with the harshest contempt; a situation that must lead to the recovery of the “homeland,” an exclusionary concept (if we have one homeland—the Catalan one—we cannot have any other) that gives meaning to the struggle.
There are many more examples; but I have chosen these because they come from individuals who have occupied the highest positions within Catalan institutions. Two have served as Presidents of the Generalitat, and Oriol Junqueras is the leader of a party that has held the presidency of the Generalitat and has been part of its government at various times. At present, although not part of the government, he supported the current President of the Generalitat, Salvador Illa.
In other words, the stigmatization of Spain (understood as an entity to which Catalonia should not belong) and of non-Catalan Spaniards (“Castilians”) is an essential part of Catalan nation-building; both through a particular interpretation of history and through the reaction to the arrival of workers from other parts of Spain in the mid-twentieth century—a reaction in which stereotypes about the supposed “superiority” of Catalans (cultured, enterprising, hardworking, and peaceful) over “Spaniards” (uncultured, lazy, primitive, and violent) took hold in certain segments of society. The fact that leaders such as Jordi Pujol or Quim Torra expressed such ideas openly, even in writing, is evidence of this.
Those of us who disagree with nationalism in Catalonia experience this on a daily basis. Insults linked to our condition as “outsiders” (and directed even at people born in Catalonia but from families originating elsewhere) are commonplace and take many forms, especially on social media, where Spain, Spaniards, and their symbols are frequently denigrated.
This connects with a discourse that insists on the “colonization” of Catalonia and on labeling as “colonists” those who do not share nationalist positions.
As can be seen, this is nothing more than a crude translation of the basic premise of Catalan nationalism: nation-building through opposition to an external power that constrains its development. An external power that is also associated with individuals whose values and abilities are portrayed as inferior to those attributed to “Catalans.” I use quotation marks because the concept of “Catalan” employed by nationalism excludes many citizens of Catalonia—either because they do not share the Catalan language as a defining identity marker or because they support Catalonia’s continued integration within Spain.
IV. Hate Speech and Hispanophobia
1. Hate Speech and the Limitation of Rights
Can the foregoing be considered a manifestation of hate speech? From my perspective, the answer is already yes; but in order to justify it, we must first pause to consider what hate speech entails and why it must be addressed—a task I undertook a few months ago in another post.
There, I argued that any intervention against hate speech—that is, its criminal or administrative prosecution, or the restriction by other means of speech deemed hostile toward a given group—affects freedom of expression and must therefore be properly justified. Such justification exists when words (speech) can lead to an effective limitation of the rights of the members of that group, who are harmed precisely because of their belonging to it. Without such an effective limitation of rights, there would be no grounds for restricting freedom of expression, however unpleasant or misguided the speech might be. This is because freedom of expression is the cornerstone upon which public debate in a democratic society rests—the debate that is a necessary precondition for the decisions that determine the course of that society.
This limitation of rights is what, in each historical and geographical context, allows us to identify what constitutes a vulnerable group in the sense required by the hate speech framework. It is important, in my view, to anchor the identification of a group as susceptible to hate speech in the effective limitation of rights, because a priori categorizations can easily turn hate speech regulation into a tool of asymmetric censorship. It is more meaningful to start from the actual limitations of rights suffered by the members of a given group by virtue of belonging to it, and from there to assess how the denigration, stigmatization, or caricaturing of that group may contribute to such limitations of rights—thus justifying their classification as hate speech. This approach is consistent with General Policy Recommendation No. 15 on combating hate speech adopted by the European Commission against Racism and Intolerance.
2. Limitation of Rights and Nationalism in Catalonia
In the case at hand, such limitations of rights—affecting those who belong to groups that dissent from nationalist positions—do exist. Recently, it has been judicially established that hostile messages directed at those who identify with the Spanish language and the Spanish nation may constitute hate speech. This ruling relates to the harassment suffered by the family in Canet de Mar who obtained a court decision guaranteeing their daughter an education in which both Catalan (75%) and Spanish (25%) would be present; this led to calls on social media to identify the family so that they would be forced to leave. In other words, their identification as Spanish speakers and their sense of Spanish identity were decisive factors in attempts to restrict their rights.
Limitations of rights affecting those who dissent from nationalism in Catalonia occur with some frequency. One example is the restriction on access to an education in which Spanish, alongside Catalan, serves as a language of instruction. Beyond the case referred to in the judgment mentioned above, there have been others in which families requesting bilingual education were harassed or had their businesses boycotted, with the clear intention of forcing them to abandon their demand for schooling in which Spanish is used as a language of instruction.
More recently, an amateur theatre group was also boycotted as a result of a play in which it questioned language policy in Catalonia.
Finally, limitations of rights can also be observed affecting non-nationalist students at Catalan public universities. In some cases, it has been judicially declared that academic authorities violated students’ fundamental rights by restricting their activities on campus for ideological reasons; in others, harassment suffered on university campuses at the hands of nationalist groups has led to criminal convictions. I have addressed these issues in some detail here.
This limitation of rights affecting members of a particular group in Catalonia is quite clearly connected to what was noted at the outset: Catalan nationalist identity is, to a significant extent, constructed through opposition to Spanish identity, with Spain and Spaniards also being held responsible for having historically limited the possibilities of the Catalan nation. This narrative is projected onto those who, while living in Catalonia, have family origins in other parts of Spain and do not accept nationalist positions (which translates, for example, into advocating for bilingual education or questioning language requirements for access to employment). There is an additional nuance to consider: individuals of Catalan family origin and with Catalan as their mother tongue may also experience these same limitations of rights if they do not share the nationalist outlook. The label reserved for such individuals is botiflers—that is, traitors (although the term originally had a different meaning).
The necessary conditions are therefore present for the need to monitor, in Catalonia, discourse aimed at fostering hostility or contempt toward “Castilians,” Spain, Spanish identity, including its language. This is not arbitrary; rather, it responds to the real existence of limitations of rights connected to individuals’ belonging to a particular group—a group that is clearly defined by its opposition to Catalan nationalist positions, as explained above.
V. Hate Speech and Public Institutions
From what has been set out so far, it follows that there is a form of hate speech in Catalonia directed at Spain, Spaniards, and those Catalans who dissent from nationalist positions and identify as Spanish. This discourse is also linked to the limitation of certain rights affecting the members of this group—limitations that materialize, above all, in the areas of linguistic rights and freedom of expression.
In light of this reality, it is striking that not only anonymous individuals or those without public relevance take part in this discourse of hate, but that it is also reinforced from within public institutions. In this regard, it is noteworthy that, on the website of Catalonia’s public radio, the following message could be seen just a few days ago:
The issue is not that such a statement might be made by a commentator (although I would invite readers to replace “Castilians” with any other group and consider how it would be perceived); rather, it is that the website of a public radio broadcaster would feature, as a highlighted message, the claim that “Castilians are rude people.” This is, I believe, unacceptable.
Along the same lines, there is a clear disparity in how groups are treated: the group identified with Spain and Spanish identity is treated differently from others. Offensive messages about Spain on social media, or the burning of Spanish flags, are regarded as expressions of free speech; whereas equivalent actions directed at other groups are investigated as hate crimes.
In other words, public authorities in Catalonia find it difficult to acknowledge that there exists a form of hate speech directed at Spain and Spaniards that also has an impact on the limitation of individual rights. However, in light of what has been discussed so far, this is not surprising; since public power in Catalonia is exercised by openly nationalist parties or by others (such as the PSC) which, despite not defining themselves as nationalist, have nevertheless adopted the nationalist narrative—both symbolically, in linguistic matters, and, to a significant extent, in their understanding of the relationship between Catalonia and the rest of Spain.
As we have seen, from a nationalist perspective there are clearly “good” actors (Catalans) and “bad” ones (Spaniards). The schematic and somewhat naïve framework of early twentieth-century Catalan nationalism has enjoyed institutional continuity and constitutes the foundation upon which the political positions of Catalanist parties are built—including, of course, the PSC and the various configurations of the parliamentary left in Catalonia.
According to this nationalist framework, there is no symmetry between Catalanist positions and—not even “Spanish nationalist” ones—but simply those that defend equality of rights and the validity of constitutional principles. Meanwhile, slogans such as “Puta Espanya” may even receive a degree of institutional tolerance.
Criticism of the requirement of a C1 level in public healthcare recruitment examinations led to the initiation of disciplinary proceedings against a nurse of Andalusian origin.
From this perspective, it is inconceivable that insults directed at “Spaniards” or threats on social media would be prosecuted or investigated as hate speech. In such cases, they are regarded as legitimate exercises of freedom of expression, whereas any criticism of nationalism is liable to be portrayed as Catalanophobia—because here, it is considered necessary to ensure that freedom of expression does not become hate speech.
The result is that the narrative of hate speech is used by public authorities as a form of censorship, while at the same time preventing that same narrative from being used to challenge contempt or hostility emanating from those very authorities against those who dissent. This is, undoubtedly, a highly dangerous scenario.
VI. Conclusion
Hate speech is a complex concept that must be examined with particular care when it is the public authorities themselves who tolerate—or promote—the delegitimization of a group on identity-based grounds.
In such a context, the risk is twofold: on the one hand, a form of discourse is normalized that erodes social coexistence; on the other, the notion of “hate speech” is instrumentalized to disqualify or limit legitimate criticism of those in power. The result is a troubling inversion of terms: those who engage in hostility are protected, while those who dissent are singled out.
A plural society is grounded in freedom of expression. At the same time, it is legitimate to protect public debate from the disparagement of groups when such disparagement may lead to effective limitations of rights. What is unacceptable is for public authorities to tolerate such disparagement as a legitimate exercise of freedom of expression and, at the same time, invoke hate speech in order to restrict criticism of their own policies.
SUMARIO: I. La construcciónn de la identidad y sus enemigos. II. La construcción de la identidad catalana. III. De España a los españoles. IV. Discurso de odio e hispanofobia: 1. Discurso de odio y limitación de derechos. 2. Limitación de derechos y nacionalismo en Cataluña. V. Discurso de odio e instituciones públicas. VI. Conclusión.
I. La construcción de la identidad y sus enemigos
La construcción de la identidad de un grupo suele implicar la oposición a otro u otros grupos. Es un fenómeno trivial que hemos experimentado casi todos. Desde los clubs de fútbol (¿qué une más que la rivalidad de un Barça-Madrid, Espanyol-Barça, Oviedo-Sporting, Athletic-Real Sociedad, Betis-Sevilla…?) a las rivalidades locales entre pueblos vecinos o entre tribus urbanas. No es diferente con las naciones. La identidad nacional, en parte, surge de la oposición a otros países. Las virtudes propias se destacan y, casi inevitablemente, los conflictos con otras naciones acaban presentándose como una disputa entre «buenos» (la nación propia) y «malos» (los otros). Se ve con claridad en estos 30 segundos de Lady Hamilton, la película de Alexander Korda, donde en menos de un minuto se explica por qué el Imperio Británico es tan bueno y cómo, en consecuencia, son tan malos quienes le atacan.
El Imperio británico es una comunidad en la que cada territorio tiene su fin y propósito; pero hay personas que, por ambición, desean destruir lo que otros han construido. Así se explica y justifica la acción de Inglaterra en otros lugares y, a la vez, se descalifica a quienes se le oponen. Nítido como el cristal.
II. La construcción de la identidad catalana
La construcción de la nación catalana sigue el mismo patrón: hay que encontrar elementos que le den una entidad que, además, ha de permitir diferenciar a los catalanes dentro de la comunidad en la que históricamente se integraban sin mayor debate, la que forman el conjunto de los españoles. Se necesita, por una parte, una determinada explicación de la historia en la que los catalanes reúnen una virtudes especiales. Y aquí, por ejemplo, encaja tanto el fantasioso discurso de Pau Casals en las Naciones Unidas que comparto a continuación.
El molde es siempre el mismo: un pueblo que se identifica a partir de elementos positivos (laboriosidad, carácter pacífico y emprendedor…) que tiene su origen ya en la prehistoria y que ha de enfrentarse a quienes, desprovistos de estas cualidades, intentan obstaculizar su avance. Esto se ve ya con claridad en las obras de los nacionalistas catalanes de principios del siglo XX; la época en la que vivió su juventud Pau Casals; lo que, seguramente, ayuda a entender mejor su discurso en las Naciones Unidas de 1971. Así, en el libro de Rovira i Virgili «Historia de los movimientos nacionalistas», publicado originalmente entre 1912 y 1914 se lee (la traducción al castellano es mía):
Este territorio lingüístico se acerca mucho al área primitiva de la raza íbera, de donde provienen los catalanes. Prat de la Riba dice: «Cuando el viajero fenicio que copió Avienus, ciento cincuenta años antes de Cristo, recorría la costa del mar Sardo, se encontró allí la etnos ibérica, la nacionalidad íbera, extendida desde Murcia hasta el Ródano, esto es, desde los pueblos libiofenicios de Andalucía oriental hasta los ligures de la Provenza. Aquellas gentes son nuestros antepasados, aquella etnos ibérica, el primer anillo que la historia nos deja ver de la cadena de generaciones que han forjado el alma catalana».
Pronto el territorio de la ráza íbera, fácil para las incursiones, fue invadido por otras razas (…). Pero al romperese el Imperio romano por el empuje de los bárbaros, y al aparecer los núcleos medievales que darán lugar a las nacionalidades históricas, la vieja raza ibérica resurgió, marcada por la huella poderosa de Roma, pero conservando una viva individualidad étnica.
(…) Pero este hecho histórico [el descubrimiento de América] ho habría tenido una influencia tan funesta sobre nuestra patria, si Castilla no hubiese cometido una gran injusticia. Por el famoso codicilo al testamento de Isabel la Católica, los ciudadanos de la Corona catalanoaragonesa fuero excluidos, bajo pena de muerte, del comercio con las Indias (…). Sin esta prohibición injusta, Cataluña habría llevado su genio de trabajo y de creación a las tierras ultramarinas, se habría convertido, como Inglaterra, en una gran potencia marítima y comercial. La lengua catalana se habría expandido por las Américas; hoy habría, en el nuevo continente, al lado de las naciones de lengua castellana y portuguesa, naciones de lengua catalana, y esta sería una de las grandes lenguas mundiales. La antipatía de Castilla, que se manifiesta en el codicilio de Isabel, destruyó en aquel momento histórico el magnífico futuro que le esperaba a Cataluña».
Y aún sigue el relato; pero con lo que se ha recogido creo que basta: identidad propia y diferenciada frente a los enemigos externos que luchan porque no prospere la nación. Lo mismo que veíamos en la explicación del Imperio británico que le hacen a Emma Hamilton en la película de Alexander Korda.
En principio, este planteamiento debería formar parte de una etapa superada; y en buena medida creo que es así en la mayoría de los lugares. No creo que a nadie en el Reino Unido le parezca sensato lo que veíamos en la película de 1941. Las construcciones nacionales basadas en hipóteticas diferenciaciones étnicas que se remontan a la prehistoria hacen, como mínimo, sonreír; cuando no levantan señales de alarma. Sin embargo, en Cataluña sigue siendo la doctrina oficial. No es baladí recordar que una universidad pública catalana, la de Tarragona, lleva el nombre del autor de los párrafos que reproducía antes, y el discurso de Pau Casals -disparatado en su contenido- está tomado del canal de Youtube del Parlamento de Cataluña.
Es decir, en Cataluña se sigue asumiendo una visión distorsionada de la historia en la que «Castilla» es la causante de que Cataluña no sea una nación con estado propio y próspera; una nación que, en el planteamiento de Rovira i Virgili, hubiera sido equivalente a la Inglaterra del siglo XIX y comienzos del XX.
III. De España a los españoles
Es un planteamiento problemático en sí; pero que todavía es susceptible de empeorar cuando damos el paso de «Castilla» a «los castellanos», que es como algunos denominan a todos los españoles que no tienen origen catalán (entendido catalán como extensivo a Valencia y Baleares). Aquí los castellanos se presentan como colonizadores, dominadores y extractores de la riqueza de Cataluña. Además, sobre ellos se proyectan los tópicos que son propios de todo proceso de construcción de la identidad basados en la oposición a otros grupos. Igual que los catalanes son modernos, trabajadores, cultos y amantes de la paz; los «castellanos» son vagos, violentos, incultos y primitivos.
¿Exagero? Recordemos lo que escribía Jordi Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y la figura más influyente en Cataluña en el último medio siglo:
«El hombre andalúz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido. (…) El otro tipo de inmigrante es, generalmente, un hombre poco hecho. Es un hombre que hace centenares de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual».
Esto que escribe Jordi Pujol es relevante, pues lo hace en un momento (años 70 del siglo XX) en el que en Cataluña conviven aquellos cuyas familias vivían desde hacía generaciones en la región con más de dos millones de personas que procedían de otras partes de España. Esto es, los que entonces se denominaban charnegos y que incluían no solamente a los recién llegados, sino también a sus hijos, muchas veces ya nacidos y criados en Cataluña. La reflexión de Pujol, por tanto, no era abstracta o una reconstrucción histórica al estilo de la de Rovira i Virgili, sino que era relevante para una sociedad en la que era posible diferenciar grupos de personas en función de su origen familiar. Las palabras despectivas del que fue durante más de veinte años presidente de la Generalitat estigmatizaban a un colectivo con una presencia significativa en la región que luego gobernó.
Es decir, el catalanismo se construye, en cierta forma, sobre la caricaturización de la historia que convierte a los «castellanos» en malos para Cataluña y su desarrollo y, a la vez, a partir de estereotipos en los que el carácter «elevado» del alma catalana y su capacidad de trabajo e innovación se enfrenta a la miseria económica, moral e intelectual de otros pueblos de España o, en general, de los españoles. No es algo subterráneo, sino que encontramos reflejos de este planteamiento en instituciones oficiales (la Universidad Rovira i Virgili que mencionaba antes, el callejero, lleno de los nombres de los ideólogos del nacionalismo catalán de principios del siglo XX) y en personas de relevancia pública, empezando por el nombre más destacado del nacionalismo catalán de finales del siglo XX y comienzos del XXI, Jordi Pujol y su hombre andaluz «destruido».
Los ejemplos podrían extenderse, por concluir con dos, tenemos relativamente reciente la reflexión de Oriol Junqueras sobre las diferencias genéticas entre los catalanes y el resto de los españoles («de los españoles» para Junqueras, que no considera a los catalanes como españoles).
Y dos artículos del antepenúltimo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. El primero, del año 2015, en el que dice que los catalanes llevan 289 años aguantando lo que ningún pueblo civilizado ha soportado. España ejerce su derecho de conquista y humilla con el desprecio más descarnado; lo que ha de conducir a recuperar la «patria», un concepto excluyente (si tenemos una patria, la catalana, no podemos tener ninguna otra) que da sentido a la lucha.
Y el segundo, más conocido, en el que tacha de bestias a quienes no comparten sus planteamientos sobre la lengua catalana.
Hay muchos más ejemplos; pero he escogido estos porque son de personas que ocupan las posiciones más altas en las insstituciones catalanas. Dos han sido presidentes de la Generalitat y Oriol Junqueras es el líder de un partido que ha ejercido la presidencia de la Generalitat y que ha formado parte de su gobierno en diversos momentos. Ahora mismo, aunque no es parte del gobierno, sí que dio apoyo al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Es decir, la estigamtización de España (entendida como una entidad en la que no se debería incluir Cataluña) y de los españoles no catalanes (los «castellanos») es parte esencial de la construcción nacional catalana; tanto por una determinada explicación de la historia como por la reacción a la llegada de trabajadores de otras partes de España en las décadas centrales del siglo XX; una reacción en la que los tópicos sobre el presunto carácter «superior» del catalán (culto, emprendedor, trabajador y pacífico) sobre el «español» (inculto, vago, primitivo y violento) calaron en ciertas partes de la sociedad; como muestra que líderes como Pujol o Torra no tuvieran problema en expresar esas ideas incluso por escrito.
Quienes discrepamos del nacionalismo en Cataluña lo vivimos cada día. Los insultos vinculados a nuestro carácter de «forasteros» (y que se dirigen, incluso, contra personas nacidas en Cataluña, pero de familias procedentes de otros lugares) son habituales y adoptan formas de lo más diverso, especialmente en redes sociales, donde se denigra a España, a los españoles y a sus símbolos.
Lo que se conecta con un discurso en el que se insiste en la «colonización» de Cataluña y en considerar «colonos» a quienes no comparten los planteamientos nacionalistas.
Como se puede apreciar, no es más que la traducción «grosera» del planteamiento básico del catalanismo: construcción nacional a partir de la oposición con un poder externo que limita el desarrollo propio. Un poder externo que, además, viene de personas con valores y capacidades inferiores a las que identifican a los «catalanes». Y empleo las comillas porque el concepto de catalán que utiliza el nacionalismo excluye a muchos ciudadanos de Cataluña que o bien no comparten la lengua catalana como signo de identidad o defienden la continuidad de Cataluña en España.
IV. Discurso de odio e hispanofobia
1. Discurso de odio y limitación de derechos
¿Puede considerarse lo anterior como una manifestación de discurso de odio? Desde mi perspectiva, ya adelanto que sí; pero para poder justificar la respuesta antes hemos de detenernos en lo que implica el discurso del odio y por qué ha de ser tratado. Una tarea que abordaba hace unos meses en esta otra entrada.
Ahí sostenía que la incidencia en el discurso del odio; esto es, su persecución penal o administrativa o la limitación por otras vías de los discursos que pudieran ser considerados hostiles hacia un determinado grupo de personas, incidía en la liberta de expresión y que, por tanto, cualquier regulación del discurso de odio debía justificarse de manera suficiente. Esa justificación existiría cuando las palabras (el discurso) pudiera incidir en la limitación efectiva de derechos de los integrantes del grupo, que se verían perjudicados precisamente por su pertenencia al grupo. Sin esa limitación efctiva de derechos, no habría razón para limitar la libertad de expresión, por desagradable o equivocado que pudiera ser lo que se dijera; porque la libertad de expresión es la piedra angular sobre la que descansa el debate público en una sociedad democrática, el debate que es antecedente necesario para la adopción de las decisiones que determinen el rumbo de dicha sociedad.
Esta limitación de derechos sería lo que, en cada contexto histórico y geográfico nos permitiría identificar qué es un grupo vulnerable en el sentido requerido por la narrativa del discurso de odio. Me parece importante anclar la identificación de un colectivo como suscpetible de ser víctima del discurso de odio a la efectiva limitación de derechos porque una categorización apriorística puede convertir fácilmente la regulación del discurso de odio en una herramienta de censura asimétrica. Creo que es más significativo partir de las limitaciones de derechos que sufren los integrantes de un determinado colectivo por pertenecer al mismo y, a partir de ahí, ver cómo la denigración de ese colectivo, su estigmatización o caricaturización pueden incidir en esa limitación de derechos; lo que justificaría, precisamente, que tales estigmatizaciones, denigraciones o caricaturizaciones fueran consideradas como discurso de odio. Es una aproximación en línea con la Recomendación de Política General nº 15 relativa a la lucha contra el discurso de odio adoptada por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
2. Limitaciones de derechos y nacionalismo en Cataluña
En el caso que nos ocupa ahora, esas limitaciones de derecho, por pertenecer a colectivos que discrepan de los planteamientos nacionalistas existen. Recientemente, se ha declarado judicialmente que los mensajes hostiles hacia quienes se identifican con la lengua castellana y la nación española pueden ser constitutivos de delito de odio. El pronunciamiento se hace en relación al acoso sufrido por la familia de Canet de Mar que obtuvo una decisión judicial que garantizaba a su hija una educación en la que estuviera presente tanto el catalán (75%) como el castellano (25%); lo que motivó que se exigiera en redes sociales identificar a la familia para que tuviesen que marcharse. Es decir, la identificación como castellanoparlantes y el sentimiento de españolidad fue determinante para que se intentase limitar sus derechos.
Las limitaciones de derechos en Cataluña de quienes discrepan del nacionalismo se producen con cierta frecuencia. Así, está la limitación en el aceso a una educación en la que la lengua española, junto con el catalán, sean lenguas vehiculares. Aparte del caso al que se refiere la sentencia que acabo de citar ha habido otros en los que las familias que solicitaban la educación bilingüe fueron acosadas o boicoteados sus negocios con la clara intención de que se desista en la petición de una enseñanza en la que esté presente el castellano como lengua de enseñanza.
Más recientemente, un grupo de teatro aficionado también fue boicoteado como consecuencia de una obra de teatro en la que cuestionaba la politica lingüística en Cataluña.
Por concluir, también se aprecia limitación de derechos para los estudiantes no nacionalistas en las universidades públicas catalanas, habiéndose declarado en algún supuesto que las autoridades académicas habían vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes al limitar su actividad en el campus por motivos ideológicos y, en otras ocasiones, se ha condenado penalmente el acoso que sufren en los campus universitarios por parte de grupos nacionalistas. Me he ocupado con algún detalle de todo esto aquí.
Esta limitación de derechos en Cataluña a los integrantes de un determinado grupo se conecta de manera bastante evidente con lo que comentaba al comienzo: la identidad nacionalista catalana se construye, en buena medida, por medio de la oposición a la identidad española, atribuyéndose, además, a España y a los españoles, haber limitado las posibilidades históricas de la nación catalana. Este discurso se proyecta sobre aquellas personas que, viviendo en Cataluña, tienen sus orígenes familiares en otras partes de España y no aceptan los planteamientos nacionalistas (lo que se traduce, por ejemplo, en reivindicar una enseñanza bilingüe o en cuestionar los requisitos lingüísticos para acceder a un puesto de trabajo). A esto aún hay que añadir un matiz: personas de orígenes familiares catalanes y de lengua materna catalana pueden sufrir esta misma limitación de derechos si no comparten el planteamiento nacionalista. El calificativo que se reserva para estas personas sería el de «botiflers«, esto es, traidores (aunque el origen del término es otro).
Se dan, por tanto, las circunstancias necesarias para que deba vigilarse en Cataluña el discurso que tiene por objeto fomentar la hostilidad o el desprecio hacia «los castellanos», España, la identidad española, incluida su lengua. No es un capricho, sino que responde a la existencia real de limitaciones de derechos conectadas a la pertenencia de los individuos a un determinado grupo, un grupo que se identifica, de manera precisa, por su oposición a los planteamientos nacionalistas catalanes de acuerdo con lo que se ha explicado hasta aquí.
V. Discurso de odio e instituciones públicas
De lo expuesto hasta ahora, se desprende que existe un discurso de odio en Cataluña dirigido a España, los españoles y aquellos catalanes que discrepan del planteamiento nacionalista y se identifican como españoles. Este discurso se conecta, además, con la vinculación de determinados derechos que experimentan los integrantes de este grupo; limitaciones que se concretan, fundamentalmente, en los derechos lingüísticos y la libertad de expresión.
Ante esta realidad, llama la atención que no solamente personas anónimas o sin relevancia pública participen en este discurso de odio, sino que desde el poder público se profundice en él. En este sentido, es llamativo que en la web de la radio pública de Catalunya pudiera verse, hace pocos días, este mensaje:
No se trata de que lo diga un tertuliano (aunque invito a que sustituyan «castellanos» por cualquier otro colectivo y ver qué les parece); sino que la web de la radio pública mantenga como destacado este mensaje, «los castellanos son personas groseras». Resulta, creo, inadmisible.
En la misma línea, se aprecia una evidente desigualdad de trato entre el colectivo identificado con España y la identidad española y otros colectivos. Mensajes ofensivos para España en redes sociales o quema de banderas españolas se consideran libertad de expresión; mientras que acciones equivalentes en relación a otros colectivos son investigados como delitos de odio.
Es decir, al poder público en Cataluña le cuesta asumir que existe un discurso de odio hacia España y los españoles que tiene incidencia, además, en la limitación de derechos individuales. Ahora bien, de acuerdo con lo que se ha visto hasta ahora, no es extraño que así sea; puesto que el poder público en Cataluña se ejerce por partidos abiertamente nacionalistas o por otros (PSC) que, pese a no declararse nacionalistas, han asumido el relato nacionalista, tanto en lo simbólico, como en temas lingüísticos y también, en buena medida, en la relación entre Cataluña y el resto de España.
Y, como hemos visto, desde el punto de vista nacionalista hay claramente unos «buenos» (los catalanes) y unos «malos» (los españoles). El planteamiento esquemático e ingenuo del nacionalismo catalán de principios del siglo XX ha tenido continuidad institucional y es el sustrato sobre el que se construyen los planteamientos políticos de los partidos catalanistas, incluido aquí, por supuesto, el PSC y las diferentes configuraciones de la izquierda con representación parlamentaria en Cataluña.
De acuerdo con este sustrato nacionalista no hay simetría entre los planteamientos catalanistas y, ya no los «españolistas»; sino simplemente aquellos que defienden la igualdad de derechos y la vigencia de los principios constitucionales. Mientras el «Puta Espanya» puede tener hasta reconocimiento institucional.
La crítica a la exigencia del nivel C1 en las oposiciones sanitarias condujo a iniciar un procedimiento sancionador contra una enfermera de origen andaluz.
Desde esta perspectiva, es impensable que los insultos a los «españoles», las amenazas en redes sean perseguidas o investigadas como discurso de odio. En estos casos se entenderá que son ejercicios legítimos de la libertad de expresión, mientras que cualquier crítica al nacionalismo intentará ser utilizada como muestra de catalanofobia, porque aquí sí que ha velarse porque la libertad de expresión no se convierta en discurso de odio.
El resultado de lo anterior es que desde el poder público se utiliza la narrativa del discurso de odio como una forma de censura, a la vez que se cierran las puertas a que esa misma narrativa pueda ser empleada para cuestionar el desprecio u hostilidad, desde el propio poder, contra los que discrepan de él. Es, desde luego, un escenario muy peligroso.
VI. Conclusión
El discurso de odio es un concepto complejo, que ha de examinarse con especial cuidado cuando es el propio poder público el que ampara —o promueve— la deslegitimación de un colectivo por motivos identitarios.
En ese contexto, el riesgo es doble: por un lado, se normaliza un discurso que erosiona la convivencia; por otro, se instrumentaliza la noción de “discurso de odio” para descalificar o limitar críticas legítimas al poder. El resultado es una inversión preocupante de los términos: se protege al que agrede y se señala al que discrepa.
Una sociedad plural se basa en la libertad de expresión. Al mismo tiempo, es legítimo proteger el debate público frente a la descalificación de colectivos cuando esta puede traducirse en limitaciones efectivas de derechos. Lo que resulta aberrante es que el poder público admita esa descalificación como ejercicio legítimo de la libertad de expresión y, simultáneamente, invoque el discurso de odio para restringir las críticas a sus propias políticas.
Próximamente se publicará, en un libro colectivo, el estudio que hemos escrito Antoni Abat Ninet y yo sobre “State-Building, Global Integration, and Transformation of the Social Contract”. Comparto aquí la versión en inglés del trabajo, que aparecerá en castellano en unos meses.
En el estudio analizamos cómo, desde la Baja Edad Media, se ha producido en Europa un proceso sostenido de concentración del poder público: desde el mundo relativamente descentralizado del orden feudal hasta las naciones-estado de los siglos XIX y XX. Estos Estados se construyeron sobre fronteras que delimitaban no solo el territorio político, sino también el espacio económico y social. Durante siglos existió una correspondencia sustancial entre economía y poder público: cada Estado regulaba su mercado, organizaba su fiscalidad y estructuraba su sociedad dentro de límites relativamente cerrados.
Ese modelo, sin embargo, implicaba también competencia y conflicto. La culminación de esa lógica fueron las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, que generaron un trauma profundo, no solo europeo, sino global.
De ese trauma nacieron dos grandes proyectos de integración económica. Por un lado, el proceso que desembocó en la actual Unión Europea, concebido como una integración económica, social y política destinada, ante todo, a hacer imposible una nueva guerra entre Francia y Alemania. Por otro, la apuesta por la liberalización del comercio mundial, que condujo del GATT a la OMC tras el fin de la Guerra Fría, bajo la convicción de que el incremento del comercio favorecería la paz.
La globalización ha alterado radicalmente el equilibrio previo. Hoy la economía es global, mientras que el poder público sigue siendo esencialmente territorial. Esta ruptura entre el ámbito económico y el ámbito político debilita la posición del individuo como ciudadano —capaz de influir, a través del Estado, en la economía— y refuerza sus roles económicos: propietario, trabajador y consumidor.
La integración europea constituye una excepción: en ella existe una estructura política que se superpone al espacio económico integrado. Esa coincidencia marca una diferencia esencial respecto de la integración económica mundial, donde no existe un poder político que se corresponda con el ámbito de la economía.
Esta ausencia de un poder político global abre un problema de legitimidad. Si los Estados ya no controlan plenamente el espacio económico en el que se desarrolla la vida de sus ciudadanos, ¿sobre qué bases se sostiene la legitimidad del orden resultante?
En este contexto, la metáfora del contrato social adquiere una relevancia renovada. No se trata únicamente de una construcción filosófica del siglo XVII o XVIII, sino de un instrumento conceptual destinado a responder a una pregunta permanente: ¿por qué obedecemos? Cuando el poder público coincidía con el espacio económico y social, la legitimidad podía articularse en torno a la promesa de seguridad, prosperidad y protección dentro de fronteras definidas. Pero cuando el espacio decisivo de la economía se desplaza más allá del alcance efectivo del Estado, esa promesa se debilita. El contrato social, entonces, deja de ser un relato fundacional cerrado y se convierte en una cuestión abierta: ¿quién garantiza hoy las condiciones mínimas de justicia, estabilidad y expectativa razonable de bienestar?
Además, la idea de contrato social permite observar una transformación más profunda: el paso de un modelo en el que los ciudadanos delegaban poder en una autoridad capaz de estructurar el orden económico, a otro en el que la economía global condiciona y limita la capacidad de esa autoridad. Si el contrato social clásico legitimó la concentración del poder en el Estado-nación, la globalización obliga a preguntarse si es posible —y bajo qué condiciones— reconstruir un marco de legitimidad en espacios supranacionales. En el caso europeo, existe ya una arquitectura institucional que puede servir de base para ese nuevo pacto. A escala global, en cambio, la ausencia de una autoridad política equivalente convierte la cuestión en mucho más problemática.
En el trabajo se estudian tanto las vías para la construcción de un contrato social europeo como las dificultades a las que se enfrentaría un hipotético contrato social global.
Economía, poder público y legitimidad. Un debate necesario. Porque cuando la legitimidad se debilita, las expectativas frustradas se transforman en crisis; y las crisis, en tensiones que terminan afectando al conjunto de la sociedad.
The study that Antoni Abat Ninet and I have written on “State-Building, Global Integration, and Transformation of the Social Contract” will soon be published in a collective volume. I share here the English version of the work, which will appear in Spanish in a few months.
In the study, we analyse how, since the Late Middle Ages, Europe has undergone a sustained process of concentration of public power: from the relatively decentralised world of the feudal order to the nation-states of the nineteenth and twentieth centuries. These states were built upon borders that delimited not only political territory but also economic and social space. For centuries, there was a substantial correspondence between the economy and public authority: each state regulated its market, organised its taxation, and structured its society within relatively closed boundaries.
That model, however, also entailed competition and conflict. The culmination of that logic was the two World Wars of the first half of the twentieth century, which generated a profound trauma—not only European, but global.
Out of that trauma emerged two major projects of economic integration. On the one hand, the process that led to the present-day European Union, conceived as an economic, social, and political integration project aimed, above all, at making another war between France and Germany impossible. On the other hand, the commitment to the liberalisation of world trade, which moved from the GATT to the WTO after the end of the Cold War, based on the conviction that increased trade would foster peace.
Globalisation has radically altered the previous balance. Today, the economy is global, while public authority remains essentially territorial. This rupture between the economic sphere and the political sphere weakens the position of the individual as a citizen—capable of influencing, through the state, the economy—and reinforces his or her economic roles: owner, worker, and consumer.
European integration constitutes an exception: within it, a political structure overlaps with the integrated economic space. That coincidence marks an essential difference with respect to global economic integration, where no political authority corresponds to the scope of the economy.
This absence of a global political authority opens a problem of legitimacy. If states no longer fully control the economic space in which their citizens’ lives unfold, on what grounds does the legitimacy of the resulting order rest?
In this context, the metaphor of the social contract acquires renewed relevance. It is not merely a philosophical construction of the seventeenth or eighteenth century, but a conceptual instrument designed to answer a permanent question: why do we obey? When public authority coincided with economic and social space, legitimacy could be articulated around the promise of security, prosperity, and protection within defined borders. But when the decisive space of the economy moves beyond the effective reach of the state, that promise weakens. The social contract thus ceases to be a closed foundational narrative and becomes an open question: who guarantees today the minimum conditions of justice, stability, and a reasonable expectation of well-being?
Moreover, the idea of the social contract allows us to observe a deeper transformation: the shift from a model in which citizens delegated power to an authority capable of structuring the economic order, to one in which the global economy conditions and limits that authority’s capacity. If the classical social contract legitimised the concentration of power in the nation-state, globalisation compels us to ask whether—and under what conditions—a framework of legitimacy can be reconstructed in supranational spaces. In the European case, an institutional architecture already exists that may serve as the basis for such a renewed pact. At the global level, by contrast, the absence of an equivalent political authority makes the issue far more problematic.
The study examines both the possible paths towards the construction of a European social contract and the difficulties that a hypothetical global social contract would face.
Economy, public authority, and legitimacy. A necessary debate. For when legitimacy weakens, frustrated expectations easily turn into crises—and crises into tensions that ultimately affect society as a whole.
When we were immersed in the procés, Félix Ovejero often repeated an idea that is worth keeping in mind: democracy and solidarity operate—if they operate at all—within relations inside a given political community. International life is not governed by those principles, but rather by those of international law (with luck, one might add) and by the rule of defending one’s own interests, if necessary by force.
What is happening in Venezuela is a perfect example of all this. We could go as far back as we like, but I think it is enough to start in July 2024.
Because the state is nothing more than the monopoly of force, so no matter how right you may be, if the one who holds the force wants to retain power, he will retain it, as indeed happened.
Maduro was an illegitimate president, yes; but he was the one who controlled the country—the armed forces, the police, the postal service, and the borders. Therefore, from the perspective of international law, he was the president and enjoyed, for example, immunity from jurisdiction.
In the same way, states are (in principle) barred from intervening in the internal affairs of another state; this applies even when the government is tyrannical, illegitimate, or commits crimes against its own population. International law does provide mechanisms to act in such situations, both from the standpoint of international criminal law and, in some cases, even by authorizing military operations; but outside those circumstances, any military intervention in another country constitutes an internationally wrongful act.
From the opposition’s perspective, Trump’s intervention could initially be seen as positive, insofar as it might have led to the overthrow of Chavismo. But reality, as we have seen, is quite different. The United States is not intervening to restore sovereignty to the Venezuelans, but rather to control the country, playing the role of arbiter that grants or withdraws legitimacy from both sides of the conflict (Chavismo and the opposition).
If Trump’s operation lacked a legal basis from the outset, it now also lacks any kind of legitimacy that might have been attributed to it when it was perceived as support for the actual results of the 2024 elections (after all, the United States recognized Edmundo González as the legitimate president).
The lesson is a harsh one. Venezuela suffered under the Chavista regime and will continue to suffer it; but now it does so under the tutelage of the United States, which does not even bother to conceal its attempt to control the country, now turned de facto into a semi-protectorate.
In this context, one can probably understand the maneuver to remove Corina Machado from the country, so that the U.S. government can now claim that the opposition has left Venezuela. The opposition “does not cause trouble.”
I don’t know—it is enough to feel desolate. I am not Venezuelan, but it is difficult not to identify with Venezuelans who have suddenly seen their capacity to decide their own future disappear. The theft of the elections, followed by the opposition’s inability to articulate a movement that posed even a minimal threat to Chavismo, has ended in the loss of the country for both sides.
I hope that others—especially in Europe (I will return to this at the end)—are able to grasp the consequences of all this.
And a word about international law.
These days it is often said that international law “does not exist.” That is not true. A large part of international law continues to be applied every single day, from diplomatic relations to the law of treaties, as well as the regime of borders, the law of the sea, and the legal framework governing areas not subject to state sovereignty. International law is more than wars.
That said, it must be acknowledged that the principles of non-use of force, non-intervention in the internal affairs of other states, and respect for territorial integrity are seriously damaged.
And the United Nations are also very seriously damaged.
Two of the permanent members of the Security Council are engaging in activities that are clearly prohibited by international law. From that point on, what legitimacy does the United Nations Security Council retain? None. And the United Nations without the Security Council—what are they? An empty shell, something akin to a university assembly that has moreover, on more than a few occasions, fallen into questionable biases (I have in mind certain statements by some of its committees precisely in connection with the procés, with which I began, and the September document on Gaza is, as I tried to explain a few months ago, deplorable.
In short, the rules established after the Second World War regarding the use of force have become obsolete. It is true that perhaps they were misguided from the very beginning. As I also recalled a few months ago, under contemporary international law it would have been very difficult to justify the Normandy landings, and the Allied troops would certainly not have been able to enter German territory at the end of the Second World War.
There is work to be done for international lawyers. They must stop merely repeating, “this is contrary to international law,” and start thinking about real international law. We should return to Kelsen’s old lesson: one can explain a legal order independently of its effectiveness, but if that order ceases to be applied, it no longer makes sense to qualify it as legal.
And it would be desirable for the EU to be productive along these lines. In the twenty-first century, the EU is somewhat like the Netherlands in the seventeenth century. It was not the great power of the time (in the seventeenth century those were Spain, France, and to a lesser extent England—also Sweden); but it did possess real military capacity, commercial strength, and inventiveness. And it was in Holland—pardon, in the Netherlands—that the foundations of modern international law were laid, the law that ultimately led to the Peace of Westphalia.
Today’s Spains, Frances, and Englands are the United States, Russia, and China. The EU—if it earns respect, revitalizes its economy, and believes in itself—may still have something to say; but to do so it must stop repeating mantras from the past, see the world as it really is, and understand that nothing is guaranteed, that nothing will be given to it for free, and that it must live each day facing a new threat—one that may come from Russia, from China… or from the United States.
Cuando estábamos metidos en el proceso, Félix Ovejero repetía mucho una idea que merece ser tenida en cuenta: la democracia y la solidaridad operan -si acaso- en las relaciones dentro de la propia comunidad política. La vida internacional no se rige por esos principios, sino por los propios del Derecho internacional (con suerte, podríamos añadir) y por la regla de la defensa de los propios intereses, si es necesario con la fuerza.
Lo que está pasando en Venezuela es un perfecto ejemplo de todo ello. Podríamos remontarnos todo lo atrás que quisiéramos, pero creo que basta llegar a julio de 2024.
Entonces hubo elecciones en Venezuela y la oposición, en una operación que, me parece, merece todos los elogios, consiguió mostrar al mundo que eran ellos los que habían ganado y Maduro el que había perdido.
Perfecto, muy bien y a partir de ahí, ¿qué?
Porque el Estado no es más que el monopolio de la fuerza, así que por mucha razón que tengas, si quien tiene la fuerza quiere retener el poder, lo retendrá, como pasó.
Maduro era un presidente ilegítimo, sí; pero era el que controlaba el país, las fuerzas armadas, la policía, correos y fronteras. Por tanto, desde la perspectiva del Derecho internacional era el presidente y gozaba, por ejemplo, de inmunidad de jurisdicción.
De la misma forma, los estados tendrían (tienen) vedado (en principio) intervenir en los asuntos internos de otro Estado; lo que opera aunque el gobierno sea tiránico, ilegítimo o cometa crímenes contra la propia población. Existen mecanismos en el Derecho internacional para actuar en estas situaciones, tanto desde la perspectiva del Derecho Penal Internacional como, incluso, llegando a autorizar operaciones militares; pero, fuera de esos supuestos, cualquier intervención militar en otro país es un ilícito internacional.
Claro está que desde la perspectiva de la oposición, la intervención de Trump podría verse, inicialmente, como positiva, en tanto en cuanto supusiera el derrocamiento del chavismo; pero la realidad, como se ha visto, es otra. Estados Unidos no interviene para devolver la soberanía a los venezolanos, sino para controlar el país jugando a ser el que da y quita razones a los dos bandos enfrentados (chavismo y oposición).
Si la operación de Trump carecía de base legal, ahora carece también de cualquier tipo de legitimidad que pudiera suponérsele si se veía como un apoyo a los resultados reales de las elecciones de 2024 (al fin y al cabo, Estados Unidos reconoció como legítimo presidente a Edmundo González).
La lección es durísima. Venezuela sufría el régimen chavista y seguirá sufriéndolo; pero, además, con la tutela de Estados Unidos que no disimula siquiera su intento de controlar el país, convertido, de facto, en un semiprotectorado.
En este contexto, probablemente, hay que entender la maniobra de sacar del país a Corina Machado, de tal forma que ahora el gobierno de Estados Unidos puede decir que la oposición ha abandonado Venezuela. La oposición «no molesta».
No sé, es para estar desolado. No soy venezolano, pero es difícil no identificarse con los venezolanos que, de golpe, han visto cómo han perdido la capacidad para decidir su futuro. El robo de las elecciones y luego la incapacidad de la oposición para articular un movimiento que amenazara mínimamente al chavismo ha acabado en la pérdida del país para unos y otros.
Espero que los demás, especialmente en Europa (volveré sobre ello al final), seamos capaces de entender las consecuencias de todo ello.
Y una mención para el Derecho internacional.
Estos días se repite que el Derecho internacional «no existe». No es cierto. Hay una gran parte del Derecho internacional que sigue aplicándose cada día, desde las relaciones diplomáticas hasta el derecho de los tratados pasando por el régimen de las fronteras, el derecho del mar o el régimen de los espacios no sometidos a soberanía estatal. El derecho internacional es más que las guerras.
Ahora bien, hay que reconocer que el principio de no uso de la fuerza, de no injerencia en los asuntos de otros Estados y de respeto a su integridad territorial está seriamente dañado.
Y también están muy seriamente dañadas las Naciones Unidas.
Dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad están desarrollando actividades claramente prohibidas por el Derecho internacional. A partir de ahí, ¿qué legitimidad le queda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Ninguna. Y las Naciones Unidas, sin el Consejo de Seguridad, ¿qué es? Una cáscara vacía, algo parecido a una asamblea universitaria que, además, ya ha caído, en no pocas ocasiones, en sesgos discutibles (tengo presentes declaraciones de algunos de sus comités al hilo precisamente del procés, con el que comenzaba y el documento de septiembre sobre Gaza es, como intentaba explicarhace unos meses, deleznable -deleznable en sentido literal, que no es lo mismo que despreciable-).
En definitiva, las reglas que se establecieron tras la II Guerra Mundial en relación al uso de la fuerza han quedado obsoletas. Bien es verdad que, quizás, estuvieron equivocadas desde el principio. Como recordaba también hace unos meses, con el derecho internacional actual difícilmente hubiera sido justificable el desembarco de Normandía y, desde luego, las tropas aliadas no hubieran podido entrar en territorio alemán al final de la II Guerra Mundial.
Hay tarea para los internacionalistas. Dejar de repetir, «esto es contrario al derecho internacional» y empezar a pensar en el Derecho internacional real. Volver a la vieja lección de Kelsen: uno puede explicar un ordenamiento jurídico con independencia de su eficacia, pero si ese ordenamiento deja de ser aplicado ya no tiene sentido calificarlo como jurídico.
Y estaría bien que en la UE se fuera productivo en esta línea. En el siglo XXI, la UE es un poco la Holanda del siglo XVII. No es la gran potencia (en el siglo XVII eran España, Francia, en menor medida, Inglaterra, también Suecia); pero tenía una capacidad militar real, capacidad de comercio e inventiva. Y fue en Holanda (perdón, en los Países Bajos) donde se sentaron las bases del Derecho internacional moderno, el que dio lugar a la Paz de Westaflia.
Hoy en día las Españas, Francias e Inglaterra de entonces son Estados Unidos, Rusia y China. La UE, si se hace respetar, revitaliza su economía y cree en sí misma algo puede decir; pero para eso debe dejar de repetir mantras del pasado, ver el mundo como realmente es y darse cuenta de que nada está asegurado, que nada le será regalado y que hay que vivir cada día haciendo frente a una nueva amenaza, una amenaza que puede venir de Rusia, de China… o de Estados Unidos.
Estos tweets emitidos entre los días 29 y 31 de octubre de 2025 reflejan de manera bastante precisa la situación en la que nos encontramos como consecuencia de la táctica de división y enfrentamiento que desarrolla la autodenominada izquierda desde hace bastantes años.
Vito Quiles, un «comunicador» (como se dice ahora) había anunciado una gira por varias Universidades españolas. El primer acto iba a tener lugar en mi propia Universidad (la UAB) y fui testigo bastante directo de lo que pasó (lo comentaba en la segunda parte de esta entrada de hace unos días).
Para el día 30 estaba previsto que realizara un acto en la Universidad de Navarra. La Universidad -como habían hecho las otras en las que Vito Quiles tenía pensado intervenir- no autorizó el acto. En esta ocasión parece ser que Quiles había renunciado a acudir a la Universidad (a diferencia de lo sucedido en otras, en las que sí se presentó, pese a la falta de autorización); pero aún así grupos que se oponían a la celebración del acto acudieron a la Universidad. Un periodista de «El Español» los estaba grabando, fueron a por él y le agredieron.
No parece haber excesivas dudas de que quienes agredieron al periodista formaban parte de grupos de izquierda abertzale; esto es, de los que se oponían a la presencia de Vito Quiles en el campus y que, por tanto, coincidían en los planteamientos de los grupos «antifascistas» que habían intentado impedir la presencia de Quiles en otros campus. Por otra parte, en el primer tweet que compartía veíamos cómo el PSOE en Navarra vinculaba el acto de Quiles al fascismo, al introducir la noticia de que se había prohibido dicho acto con una frase que plantea pocas dudas: «Fuera fascistas de Navarra«.
Lo lógico hubiera sido una condena contundente de la agresión al periodista. Sin embargo, como puede verse por el tercer, cuarto y quinto tweet que comparto al comienzo de la entrada, tanto Ione Belarra como Irene Montero lo que hacen es elogiar la actitud de los «antifascistas» que convierten las universidades en lugares seguros y plantan cara en la calle al «fascismo». La reacción del PSOE no es muy diferente, puesto que ante los hechos ocurridos dicen que no se identifican con nadie y mantienen que los hechos habían sido originados por Vito Quiles y, aunque muestra su apoyo al periodista agredido, se cuida mucho de condenar la agresión. Pareciera que el periodista fue herido por una «tormenta» generada por la extrema derecha.
Condenamos de manera rotunda los altercados en Pamplona.
Lo dijimos: no queríamos que Vito Quiles viniera a esta comunidad. Los extremos generan odio y violencia.
Rechazamos las palabras de UPN y PP y pedimos su rectificación. No estamos detrás de estos incidentes. pic.twitter.com/1qRBPlMcs0
Es decir, la culpa de lo sucedido la tiene Vito Quiles, que no tiene derecho ya no a ir a la Universidad sino a entrar en Navarra (véase el primer tweet, el del PSOE). A partir de ahí, los que utilizan la violencia para impedir su presencia hacen lo correcto (tweets de Irene Montero e Ione Belarra), de tal forma que si hay heridos, la culpa es del que se niega a admitir que tiene prohibido expresar sus opiniones (explicación de la secretaria de organización del PSN-PSOE, la marca del PSOE en Navarra).
No es nuevo. Hace años que soy testigo de cómo en algunos lugares de Cataluña existe la prohibición de que ciertas ideas sean expresadas. Según me explican, lo mismo sucede, desde hace décadas, en algunos lugares del País Vasco y Navarra. Luego, este fenómeno se extendió a otros lugares de España como consecuencia de la política desarrollada por la izquierda basada en la creación de un muro entre ellos y lo que califican de «fascismo» o «derechayextremaderecha» (como si fuera una sola palabra); un espacio en el que colocan a todos los que no comparten los dogmas del socialnacionalismo; esto es, la alianza entre partidos nacionalistas de derechas (PNV, Junts) e izquierdas (ERC, Bildu) con el PSOE y lo que hay a la izquierda del PSOE (Sumar, Podemos). Es verdad que no siempre toda esa amalgama vota junta (ahora Podemos es, formalmente, oposición); pero, al final, todos están en el mismo lado del muro; como puede comprobarse, por ejemplo, con el gobierno de Illa en Cataluña, posible por el eje socialnacionalista al que me refería antes.
Para que ese eje se mantenga unido es preciso que haya un enemigo común. Este enemigo es, como decía antes, el fascismo, un término que ya no tiene más sentido que el de identificar a quienes se sitúan fuera de la alianza entre nacionalistas, socialistas y extrema izquierda. La demonización de todo ese sector ideológico y la construcción de cordones sanitarios en torno a él es imprescindible para mantener la cohesión del bloque propio, una cohesión de la que depende mantener el poder.
Poco importa que en ese bloque -en el socialnacionalista- haya quien defiende expresamente la utilización de la violencia politica (CUP y ERC; ponía ejemplos en mi intervención en la Subcomisión sobre discurso de odio en el Congreso de los Diputados).
Poco importa, digo, porque «entre los nuestros», los que están en nuestro lado del muro; la violencia es, como mucho, un accidente que no altera que de ninguna forma se pueda excluir de la condición de demócratas a quienes la practican e, incluso, a quienes la reivindican.
Así pues, lo que ha sucedido en relación a la agresión del periodista de «El Español» en Navarra en el fondo no es una novedad; pero una reivindicación tan clara de la violencia como herramienta política justo tras una agresión grave como la sufrida por José Ismael Martínez, estremece.
No hay duda de la agresión (hay un vídeo que la recoge con claridad); no hay duda de que los agresores proceden del sector «antifascista» (del lado socialnacionalista del muro) y tampoco hay mucha duda de que el agredido representa a un medio que se identifica con «el otro lado» del muro. En este contexto, en vez de condenar la agresión, el PSOE se limita a mostrar su apoyo al periodista, pero dejando claro que el culpable de lo sucedido es Vito Quiles, mientras que Belarra y Montero aprovechan para loar la actuación de los antifascistas que plantan cara en la calle.
Y todo esto cuando hace poco que desde Bildu se piden medidas contra el «fascismo».
Una vez levantado el muro hay que utilizar los medios legales de los que se dispone para limitar la posibilidad de que los del «otro lado» expresen con libertad sus planteamientos (y, en este sentido, los obstáculos reiterados en las Universidades para que opiniones diferentes a las del pretendido «consenso progresista» sean expresadas es una muy mala noticia); sin renunciar a la utilización de la violencia cuando sea preciso; como hemos visto en más de una ocasión. Si, como también ha sucedido, esa violencia es tolerada o, incluso, jaleada, ¿en qué situación nos encontramos?
Ya no estamos hablando de discurso de odio; estamos hablando de violencia real y directa. Ante esta violencia solo debería caber una respuesta: condena absoluta y sin matices; pero, no nos equivoquemos; los del lado socialnacionalista del muro ya han dejado claro que para ellos es más importante seguir limitando las libertades de quienes discrepan que defender la convivencia.
Lo que ha sucedido en Navarra no es nuevo; pero, por desgracia, como decía al principio, da cuenta del clima de enfrentamiento que han conseguido generar en los últimos años.
Frente a esto, reivindico la tolerancia, que todos puedan utilizar la palabra para expresar las opiniones que tengan por conveniente, con límites mínimos que deberán ser, en su caso, controlados por jueces y tribunales, no por administraciones metidas a censores.
Reivindico que se proscriba de manera absoluta la violencia para impedir que el otro hable o para privarle de sus derechos; que se asuma con naturalidad que todos pueden usar el espacio público para decir cosas que no gustarán a todos; porque defender la libertad de expresión solo cuando lo que se expresa coincide con tus propios planteamientos no es defender la libertad de expresión.
Reivindico el fin de los cordones sanitarios. No creo que deban levantarse ni siquiera para quienes ahora defienden la violencia política, y que no son ni el PP ni Vox, sino formaciones que pretenden dar lecciones de democracia. Obviamente, ninguna credibilidad le doy ni a Bildu ni a Podemos ni al PSOE, como tampoco se la doy a ERC o la CUP por las razones que ya expuse en su día; pero eso no quiere decir que hayan de quedar excluidos del debate público y que no sea posible hablar con ellos; porque una cosa es hablar y otra llegar a acuerdos. Los que han levantado la bandera de los cordones sanitarios son, precisamente, aquellos a los que más justificadamente se les podrían imponer, pero ni siquiera ellos se lo merecen.
Reivindico el espíritu de concordia, que no implica renunciar a defender los propios planteamientos con convicción; sino que exige reconocer la otro legitimidad para defender los suyos con la misma convicción y estar dispuesto a llegar a acuerdos; sabiendo que puede haber razones que atender y compromisos que pueden ser asumidos.
En definitiva, defiendo que se tire abajo el muro que divide nuestra sociedad y que, como vemos, no solo lleva al aislamiento y al odio sino que, al final nos lleva no solamente a la violencia; sino a algo peor:
El 15 de octubre llegué a la UAB antes de las siete de la mañana. Tenía clase a las ocho y media; pero se había convocado una «huelga» estudiantil (estrictamente, una jornada de protesta, pues son los trabajadores y no los estudiantes quienes pueden ejercer el derecho de huelga) y sabía que, en esas ocasiones, hay intentos de bloquear los accesos al campus.
Fue lo que pasó. Grupos de encapuchados vestidos de negro comenzaron a mover contenedores de basura para cortar tanto el paso desde la estación de ferrocarril como los accesos por carretera. En este vídeo se ve cómo actúan.
Més d'un centenar de persones s'han mobilitzat des de primera hora per bloquejar l'accés al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la vaga per Palestina.
No eran las ocho de la mañana y desde mi despacho oía como, dentro de la Facultad de Derecho, desmontaban bancos, papeleras, taquillas y otro mobiliario. Con lo que habían roto o desmontado prepararon barricadas en las puertas para que nadie pudiera acceder al edificio; pero dificultando también que pudiéramos salir los que ya estábamos dentro.
Mientras escuchaba cómo «trabajaban» pensaba en lo denigrante que resultaba que aquellos indocumentados estuvieran desmontando la Facultad impunemente sin que nadie se lo impidiera. Los profesores les mirábamos sin decir nada, lo mismo hacían los bedeles y, supongo, el personal de seguridad. La Facultad era suya y, lo peor, si nos enfrentábamos a ellos, ¿quién nos apoyaría? Lleva pasando años sin que nunca -a mi conocimiento- se haya abierto siquiera un expediente disciplinario o presentado una denuncia por los daños causados a los bienes públicos. Se les entrega la Facultad para que jueguen a hacer la revolución.
A las ocho y cuarto fui a mi clase. Me iba encontrando con profesores que me decían que era imposible dar la clase, a lo que yo sonreía y decía «imposible, no». Tenía experiencia de otros años en los que, con la ayuda de los alumnos, había retirado las barricadas que nos impedían acceder a la clase o habíamos movido a los alumnos a espacios «no controlados». Tenía claro que no me correspondía a mí impedir que desmontaran la Facultad; pero sí era mi responsabilidad hacer lo que estuviera en mi mano -incluido saltar por encima de barricadas- para dar mi clase.
Este año, sin embargo, no tuve que llegar a eso. No tenía clase en el edificio de la Facultad, sino en uno anexo en el que no había obstáculos para entrar. Llegué a mi clase donde había una decena de alumnos y di mi clase con normalidad. Tan solo tuvimos la precaución de no subir las persianas; porque sabíamos que, de hacerlo, acabarían visitándonos los piquetes para impedir que diéramos la clase.
Pese a que ya he vivido esto docenas de veces, no me acostumbro a que haya quien se crea con el derecho de limitar los míos. Nadie me puede obligar a hacer huelga y nadie puede impedir que los alumnos que lo deseen reciban la clase. Si damos por bueno que unos cuántos pueden ponerse una capucha, vestirse de negro e impedir físicamente que otros puedan ejercer sus derechos es que tenemos un menguado concepto de la democracia y de la libertad. Si mis derechos se ponen en entredicho he de defenderlos y ejercerlos, porque los derechos que no se ejercen se acaban perdiendo; y lo que nos está pasando en muchos lugares, pero especialmente en Cataluña debería ser un recordatorio de ello.
Desde mi punto de vista, las autoridades académicas deberían hacer lo que esté en su mano para impedir que se ejerzan coacciones sobre los miembros de la comunidad universitaria. El personal de seguridad debería impedir el bloqueo de puertas y rotondas, y, si es necesario, requerir la actuación de la policía para garantizar que tanto quienes desean ejercer su derecho de huelga como quienes optan por trabajar o ir a clase puedan hacerlo. Además, sería necesario condenar el destrozo del material público, la colocación de barricadas y toda limitación de la libertad individual y abrir expedientes a los estudiantes que no respetan los derechos de los miembros de la comunidad universitaria.
Por supuesto, nada de lo anterior sucede. Ante los bancos desmontados y las barricadas que obstruyen las puertas, si acaso se ve a alguna autoridad académica «negociando» con los que vigilan que nadie pueda ejercer su derecho de impartir o recibir clase. Las excepciones son mínimas. El día 15, entre ellas, la del Decano de Derecho que, personalmente, tiró abajo la barricada que le impedía acceder a la Facultad. Por supuesto, a los cinco minutos se había vuelto a montar y se apostaron a dos personas a su lado para protegerla, y así permaneció toda la mañana. Ni expedientes ni investigaciones ni actuación alguna contra los colectivos que, orgullosos, reivindican en redes cómo limitan los derechos de profesores y alumnos.
VAGA GENERAL 15O🇵🇸🇵🇸
Seguim als piquets, aturant la normalitat; perquè no n’hi pot haver mentre un poble és massacrat.
Se ve, sin embargo, que la tolerancia del equipo de gobierno de la UAB se agotó el día 15 de octubre. Al día siguiente, 16, estaba prevista una charla de un periodista, Vito Quiles, que había sido invitado por una organización juvenil, S’ha Acabat! con presencia en la UAB. Me ocupé de algunos de los actos organizados por ellos en varias entradas de la sección Plaza Cívica, en este mismo blog.
El equipo de gobierno de la UAB (insisto en diferenciar la institución de quienes tienen la función de dirigirla) se apresuró a decir que el acto de S’ha Acabat! y Vito Quiles no estaba autorizado; mostrando una diligencia en dejarlo claro que nunca vi respecto a montar barricadas, boicotear carpas o amenazar profesores.
De todas formas, como el acto parece que iba a realizarse en un espacio abierto y consistía en una charla, conferencia o debate (no lo sé bien), no sé hasta qué punto precisaba autorización, máxime cuando quien invitaba al comunicador era una organización juvenil con presencia en el campus. ¿Pueden los órganos de gobierno impedir que en un espacio al aire libre, aunque la titularidad de dicho espacio sea de la Universidad, alguien de una charla? Quizás sí, pero, en cualquier caso, creo que debería justificarse con cuidado; puesto que si todos los espacios públicos, en una sociedad democrática, deberían estar abiertos a la construcción de la opinión, que surge del contraste de pareceres, las universidades deberían ser especialmente cuidadosas con ese respeto a la pluralidad.
Para el mismo día y la misma hora se había convocado también otro tipo de acto.
Un explícito intento de boicotear el acto de Vito Quiles, con un eslogan de lo más integrador «Echemos a Vito Quiles». A mi conocimiento, no hubo ningún recordatorio por parte de la UAB sobre la prohibición de este boicot, ¿o estaba permitido por las autoridades académicas? A estas alturas ya nada me parecería extraño porque tengo abundantes experiencias sobre la tolerancia hacia los boicoteadores y la intolerancia hacia los boicoteados, sobre la dureza con los que reciben los golpes y el mirar para otro lado respecto a quienes les golpean.
Por las imágenes que he visto (aunque estaba cerca no fui testigo directo de lo que pasó), a las doce, en la Plaza Cívica, había tanto gente esperando la intervención de Vito Quiles como otros que intentaban que esa intervención no se produjera. No me hace falta saber qué iba a decir el señor Quiles para darme cuenta que entre los que quieren hablar y quienes intentan impedírselo, en principio, habría que tomar partido por los primeros y no por los segundos.
No lo entendió así el equipo de gobierno de la UAB (repito la necesidad de distinguir entre la institución y quienes asumen su dirección), tal y como explica en el comunicado que hizo público esta tarde.
Como puede verse, el comunicado distingue cuidadosamente entre «estudiantes», los que se oponían a la presencia de Vito Quiles; y «personas de extrema derecha», convocadas estas últimas por el propio Vito Quiles. Parece descartar el equipo de gobierno de la UAB que entre los que esperaban a Vito Quiles hubiera estudiantes (como, efectivamente, había, como he podido comprobar al ver las imágenes) y que entre los que se oponían al «activista» hubiera personas convocadas por redes sociales, pese a la existencia de convocotorias orientadas a boicotear el acto.
De todas formas, lo que más me llama la atención del comunicado es la indicación de que no se permitió a Vito Quiles salir del parking en el que había estacionado su vehículo («no se l’ha permés sortir del pàrquing«).
¡Qué contundencia del equipo de gobierno! Actuando con diligencia, impide siquiera que salga del parking una persona que pretendía dar una charla en la Plaza Cívica. Lástima que el día anterior no hubiera empleado esa misma diligencia con los encapuchados que bloqueaban los accesos al campus o montaban barricadas en las puertas de las Facultades; o, incluso, el mismo día 16, con aquellos que habían venido a echar a Vito Quiles al «grito» de «Fem fora a Vito Quiles» (por cierto, en catalán, si no voy equivocado, lo correcto es «Fem fora Vito Quiles», no «Fem fora a Vito Quiles»). Me pregunto, sin embargo, qué autoridad tenía el equipo de gobierno para impedir el desplazamiento del señor Quiles. En el comunicado, más adelante, aparece también la policía, y no sé si está participó en esta «detención» del señor Quiles o no; pero, en cualquier caso, es un extremo que, quizás, convendría aclarar, porque, serán manías mías; pero cuando las autoridades públicas impiden («no se le permitió salir del párking») que alguien se desplace líbremente cuando, además, su propósito era dar una charla, algún riesgo para la libertad puede haber en ello; máxime cuando sí se permite la movilidad de quienes quieren silenciarlo.
III. Lo de siempre
Desde hace tiempo vengo denunciando una situación que me parece preocupante: se tolera que ciertas personas utilicen la intimidación y la violencia para impedir que otros ejerciten sus derechos. Las autoridades académicas miran para otro lado cuando actúa, por ejemplo, el SEPC o los encapuchados montabarricadas y, sin embargo, pone todo tipo de obstáculos a asociaciones como S’ha Acabat!
Si las administraciones públicas apoyan determinadas ideologías y ponen trabas a otras se daña de manera seria la democracia. Cuando, además, lo anterior pasa por tolerar o no condenar actuaciones violentas, quienes se ven limitados en sus derechos se encuentran en una situación difícil. Si, además, como ha sucedido en ocasiones, la policía no acude a garantizar los derechos vulnerados la quiebra democrática comienza a ser seria. Si, finalmente, el acallar al que pretende hablar pasa no solamente por permitir actuar a quienes no esconden su voluntad de echarlo, sino que, además, al que habla se le tacha de activista de extrema derecha y a quienes le apoyan se les niega la condición de estudiantes; mientras que prácticamente se loa la actitud de quienes intentaban bociotearle el desastre tiene ya considerables dimensiones. En ese contexto, que el mismo título del comunicado de la UAB -una administración pública, recordemos- se emplee el término «extrema derecha» para enmarcar un texto en el que habrá un marcado sesgo contra la persona a la que se le atribuye ese calificativo; es casi menor; pero ahora, imaginemos por un momento que en un comunicado de una universidad en relación a un incidente en el que hubieran participado grupos de extrema izquierda se dijera algo así como «se denuncia la instrumentalización de la Universidad X que ha hecho el comunista Y», ¿no nos chirriaría algo?
A mi me chirríaría tanto este último título como el del comunicado de la UAB, ¿y a ti, querido lector?
El jardín de las hipótesis inconclusas. Un espacio abierto a todas las ideas, por locas que sean, y a todos los planteamientos, por alejados que estén de los pareceres comunes.