A) Política y corrupción

El auto por el que se cita a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado no ha de dejar a nadie indiferente. Tal como veremos, muestran una situación de corrupción estructural que va más allá del que fuera presidente del Gobierno entre los años 2004 y 2011.

Aparte de las actuaciones judiciales que se desarrollen, sería necesaria una reflexión política sobre la situación generada, sus causas y la forma en que podría ponerse remedio a una lacra que nos penaliza como sociedad. No quiero decir con lo anterior que la corrupción en España sea mayor que en otros países; pero el hecho de que sea un mal general no alivia el problema. Recordemos que en 2018 el PSOE llegó al poder con el argumento de que había que poner fin a la corrupción del PP. España estaba cansada de escándalos de corrupción de mayor o menor entidad y parecía que se abría una nueva etapa en la que cualquier atisbo de corrupción sería respondido con contundencia. Como veremos, el auto, con todo el aparato documental que lo acompaña, dibuja un país muy diferente al que se prometía en 2018.

Quiero creer que esa España es todavía posible, pero para lograrla hay que mirar de frente lo que tenemos, y lo que hay ante nuestros ojos no es agradable: un antiguo presidente del Gobierno acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

B) Tráfico de influencias

En lo que respecta al tráfico de influencias, la organización dirigida por el expresidente del Gobierno utilizaría los contactos de éste para que los poderes públicos adoptasen decisiones en favor de sus clientes. A cambio de ello, recibirían una contraprestación económica. Esto es, quien deseaba obtener ventajas de la administración recurría a la organización de José Luis Rodríguez Zapatero a fin de conseguir resoluciones favorables que, de otra forma, no serían posibles. En el auto de detalla, por ejemplo, en qué forma esa organización fue clave para que el Consejo de Ministros concediera una ayuda de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. En el relato de los hechos, reconstruido a partir de conversaciones telefónicas y contenido encontrado en ordenadores intervenidos, se aprecia como los que se acercaban a la red de influencias eran conscientes de que tendrían que pagar «mordidas» y que estas deberían canalizarse a través de una determinada estructura mercantil a la que califican de «finance boutique«.

Solamente a través de la influencia de la red de contactos de Zapatero se explicaría que se concediera la ayuda a Plus Ultra. El perito había indicado que no reunía las condiciones para ello. De todas formas, también es necesario tener en cuenta que, incluso si la decisión que se hubiera adoptado fuera correcta -esto es, no arbitraria- el intento de influir en la decisión que ha de adoptar el funcionario o autoridad ya sería constitutivo de delito. Volveremos sobre esto un poco más adelante.

Es más, la TGSS emitió un informe en el sentido de que la empresa no tenía deudas con la Seguridad Social (requisito imprescindible para obtener la ayuda), pese a que sí las tenía.

Como puede apreciarse, en agosto de 2020 se emitieron tales certificados cuando la deuda existía. Posteriormente, en octubre de 2020, la TGSS concedió un aplazamiento de la deuda; semanas después de una entrevista de Zapatero con el Ministro José Luis Escrivá.

En definitiva, parece que no es completamente descabellado pensar, aunque solamente fuera por el caso Plus Ultra, que estuviéramos ante un supuesto de los arts. 428 a 430 del Código Penal, que sancionan la conducta de quienes influyen en un funcionario o autoridad con el fin de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.

En el caso Plus Ultra, ese beneficio económico supera el medio millón de euros.

Pero la operación Plus Ultra no es la única que aparece en el auto. Así, por ejemplo, hay mención a una intervención en el asunto «Hard Rock» de Tarragona. Aquí resulta significativo que, desde el entorno de Zapatero, se solicite que en los contratos que se suscriban se elimine la palabra «comisión».

Y no solamente eso, sino también la facilitación de operaciones de venta de petróleo venezolano, con intervención de Delcy Rodríguez y otros cargos del régimen de Maduro.

C) Blanqueo de capitales

La acusación no se limita al tráfico de influencias, sino al blanqueo de capitales. Este delito se habría producido al intentar evitar el control sobre los fondos recibidos de las actuaciones ilícitas descritas en el apartado precedente. A tal fin se habría creado una red de sociedades, algunas en el extranjero, con participación de testaferros y montando una serie de «pantallas» que evitarían que se identificara el auténtico origen de los fondos recibidos.

En el auto se encuentran abundantes datos que apuntan en esta dirección. Así la emisión de facturas para emisión de informes que no tenían más finalidad que dar cobertura al tráfico de influencias que en realidad se ejercía (resulta significativo, como hemos visto, que se diera la instrucción de hacer desaparecer la palabra «comisión» en algún documento). También la utilización de diversas sociedades para recibir los pagos, empleo de personas interpuestas y constitución de sociedades en el extranjero. En concreto, en Dubai.

En definitiva, actividades ilícitas que pretenden cubrirse como asesoramiento y que acaban provocando el desvío de fondos públicos a un entramado societario diseñado para dificultar el control del mismo. Y eso tanto en España como en Venezuela. Es grave, por supuesto, pero no se queda aquí como veremos enseguida.

D) Corrupción y poder público

Tal como comentaba un poco más arriba, el tráfico de influencias no exige siquiera que la decisión que se pretende obtener sea arbitraria o injusta. Basta que se intente influir en la autoridad o funcionario a partir de la relación personal o jerárquica que exista para que el delito se consume

En este caso, sin embargo, y quedándonos tan solo con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, parece que hay elementos que invitan a pensar que la resolución se adoptó no porque la compañía cumpliera los requisitos necesarios (recordemos la deuda a la Seguridad Social que no impidió la emisió de un certificado negativo por parte de la TGSS y el informe negativo del perito), sino por la influencia de Rodríguez Zapatero en el gobierno; una influencia que es evidente, como prueba, de acuerdo con el propio auto, la entrevista que tuvo con el Ministro de Trabajo en el momento en el que se estaba produciendo la negociación para aplazar esa deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, pero que, obviamente, va más allá pues, como es sabido, Zapatero es uno de los apoyos políticos más importantes del actual presidente del Gobierno, con el que ha coincidido en múltiples ocasiones y participado junto con él en diversos actos públicos.

La ayuda a Plus Ultra fue concedida por un Consejo de Ministros presidido por Sánchez. Plus Ultra contactó con la red de Zapatero para conseguir esa ayuda y pagó una cantidad considerable de dinero una vez que fue conseguida. Penalmente no sé qué saldrá de ahí; pero los mensajes y documentos que constan en el auto son material más que suficiente para exigir una responsabilidad política que debería ser alta, muy alta. Además sería necesario examinar con lupa cómo se concedió una ayuda que, por lo que se deriva del auto, tenía serios obstáculos técnicos. Aquí, el papel de la SEPI, la TGSS y demás intervienientes en la operación mediante la emisión de certificados o informes debería ser examinada con mucho cuidado para identificar en qué puntos la actuación se apartó de los más altos estándares de profesionalidad y objetividad para ceder a las influencias que pretendía ejercer el antiguo presidente del Gobierno o las personas que trabajaban para él.

No se trata, por supuesto, de adelantar el juicio penal; pero la responsabilidad política no puede esperar por los tiempos de los tribunales porque, como se puede apreciar -basta leer el auto- hay serias dudas de que el funcionamiento de la administración en el ejercicio de los controles necesarios hubiera sido el deseable. La depuración de responsabilidades políticas, administrativas y judiciales (en ese orden) debe de ser total.

Los ciudadanos nos lo merecemos. El dinero público es de todos y lo que se emplea en mordidas o ayudas a quien no se las merece se retraen de otros fines; pero, además lo anterior, no pueden existir dudas sobre la transparencia de los procesos públicos. Aquellos que hayan visto denegada una ayuda o subvención por un informe negativo de la TGSS, ¿qué opinarán al leer el auto? Las empresa que en los años 2020 y 2021 no obtuvieron un rescate, ¿qué pensarán al ver que lo que tenían que hacer era pagar una «mordida» a Zapatero o a algún otro conseguidor (en el auto también aparecen pagos a una mujer que mantenía una cierta relación con el Ministro de Transportes entonces, José Luis Ábalos).

¡Cómo se entiende ahora la intervención de José Luis Ábalos, en nombre del PSOE, durante el debate que acabó convirtiendo en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez!

E) ¿Hay solución?

Soy optimista. Siempre creo que hay una salida. También ahora. Pienso que España puede ser un país donde se respeten las reglas del juego, donde no haya espacio para la corrupción, un lugar para que impere la justicia y que la arbitrariedad quede desterrada. Ahora bien, para llegar a eso es necesaria una reacción contundente y, en primer lugar, de la ciudadanía. Quienes nos gobiernan están ahí porque muchas personas les han votado. Cuando la corrupción hincó el diente en el PP muchos le abandonaron; pero siguió habiendo millones de personas que les continuaron votando. En estos momentos, pese a todo lo que sabemos -y aquí el auto en relación a Zapatero aporta mucha información, pero ya había otra anterior en relación a otros miembros destacados del partido socialista- el PSOE acaba de conseguir la segunda posición en las elecciones andaluzas y no obtendría un mal resultado en unas generales.

Así, desde luego, no acabaremos con la corrupción, porque esta solo se detendrá si existe un rechazo muy claro hacia ella por parte de la ciudadanía. En mi caso, siempre critiqué la que se conocía del PP y entonces pedía una reacción contundente. Lo que ahora conocemos sobre el PSOE es grave; pero, además, sin que en el partido se produzca la reacción que sí hubo en el PP. Ábalos, Cerdán… y ahora Zapatero que, si tenía influencia era, precisamente, por su condición de antiguo presidente del Gobierno y por su relación con el actual titular del cargo.

¿Hace falta más?