Política y sociedad

Corrupción estructural, Zapatero, España

A) Política y corrupción

El auto por el que se cita a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado no ha de dejar a nadie indiferente. Tal como veremos, muestran una situación de corrupción estructural que va más allá del que fuera presidente del Gobierno entre los años 2004 y 2011.

Aparte de las actuaciones judiciales que se desarrollen, sería necesaria una reflexión política sobre la situación generada, sus causas y la forma en que podría ponerse remedio a una lacra que nos penaliza como sociedad. No quiero decir con lo anterior que la corrupción en España sea mayor que en otros países; pero el hecho de que sea un mal general no alivia el problema. Recordemos que en 2018 el PSOE llegó al poder con el argumento de que había que poner fin a la corrupción del PP. España estaba cansada de escándalos de corrupción de mayor o menor entidad y parecía que se abría una nueva etapa en la que cualquier atisbo de corrupción sería respondido con contundencia. Como veremos, el auto, con todo el aparato documental que lo acompaña, dibuja un país muy diferente al que se prometía en 2018.

Quiero creer que esa España es todavía posible, pero para lograrla hay que mirar de frente lo que tenemos, y lo que hay ante nuestros ojos no es agradable: un antiguo presidente del Gobierno acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

B) Tráfico de influencias

En lo que respecta al tráfico de influencias, la organización dirigida por el expresidente del Gobierno utilizaría los contactos de éste para que los poderes públicos adoptasen decisiones en favor de sus clientes. A cambio de ello, recibirían una contraprestación económica. Esto es, quien deseaba obtener ventajas de la administración recurría a la organización de José Luis Rodríguez Zapatero a fin de conseguir resoluciones favorables que, de otra forma, no serían posibles. En el auto de detalla, por ejemplo, en qué forma esa organización fue clave para que el Consejo de Ministros concediera una ayuda de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. En el relato de los hechos, reconstruido a partir de conversaciones telefónicas y contenido encontrado en ordenadores intervenidos, se aprecia como los que se acercaban a la red de influencias eran conscientes de que tendrían que pagar «mordidas» y que estas deberían canalizarse a través de una determinada estructura mercantil a la que califican de «finance boutique«.

Solamente a través de la influencia de la red de contactos de Zapatero se explicaría que se concediera la ayuda a Plus Ultra. El perito había indicado que no reunía las condiciones para ello. De todas formas, también es necesario tener en cuenta que, incluso si la decisión que se hubiera adoptado fuera correcta -esto es, no arbitraria- el intento de influir en la decisión que ha de adoptar el funcionario o autoridad ya sería constitutivo de delito. Volveremos sobre esto un poco más adelante.

Es más, la TGSS emitió un informe en el sentido de que la empresa no tenía deudas con la Seguridad Social (requisito imprescindible para obtener la ayuda), pese a que sí las tenía.

Como puede apreciarse, en agosto de 2020 se emitieron tales certificados cuando la deuda existía. Posteriormente, en octubre de 2020, la TGSS concedió un aplazamiento de la deuda; semanas después de una entrevista de Zapatero con el Ministro José Luis Escrivá.

En definitiva, parece que no es completamente descabellado pensar, aunque solamente fuera por el caso Plus Ultra, que estuviéramos ante un supuesto de los arts. 428 a 430 del Código Penal, que sancionan la conducta de quienes influyen en un funcionario o autoridad con el fin de obtener una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico.

En el caso Plus Ultra, ese beneficio económico supera el medio millón de euros.

Pero la operación Plus Ultra no es la única que aparece en el auto. Así, por ejemplo, hay mención a una intervención en el asunto «Hard Rock» de Tarragona. Aquí resulta significativo que, desde el entorno de Zapatero, se solicite que en los contratos que se suscriban se elimine la palabra «comisión».

Y no solamente eso, sino también la facilitación de operaciones de venta de petróleo venezolano, con intervención de Delcy Rodríguez y otros cargos del régimen de Maduro.

C) Blanqueo de capitales

La acusación no se limita al tráfico de influencias, sino al blanqueo de capitales. Este delito se habría producido al intentar evitar el control sobre los fondos recibidos de las actuaciones ilícitas descritas en el apartado precedente. A tal fin se habría creado una red de sociedades, algunas en el extranjero, con participación de testaferros y montando una serie de «pantallas» que evitarían que se identificara el auténtico origen de los fondos recibidos.

En el auto se encuentran abundantes datos que apuntan en esta dirección. Así la emisión de facturas para emisión de informes que no tenían más finalidad que dar cobertura al tráfico de influencias que en realidad se ejercía (resulta significativo, como hemos visto, que se diera la instrucción de hacer desaparecer la palabra «comisión» en algún documento). También la utilización de diversas sociedades para recibir los pagos, empleo de personas interpuestas y constitución de sociedades en el extranjero. En concreto, en Dubai.

En definitiva, actividades ilícitas que pretenden cubrirse como asesoramiento y que acaban provocando el desvío de fondos públicos a un entramado societario diseñado para dificultar el control del mismo. Y eso tanto en España como en Venezuela. Es grave, por supuesto, pero no se queda aquí como veremos enseguida.

D) Corrupción y poder público

Tal como comentaba un poco más arriba, el tráfico de influencias no exige siquiera que la decisión que se pretende obtener sea arbitraria o injusta. Basta que se intente influir en la autoridad o funcionario a partir de la relación personal o jerárquica que exista para que el delito se consume

En este caso, sin embargo, y quedándonos tan solo con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, parece que hay elementos que invitan a pensar que la resolución se adoptó no porque la compañía cumpliera los requisitos necesarios (recordemos la deuda a la Seguridad Social que no impidió la emisió de un certificado negativo por parte de la TGSS y el informe negativo del perito), sino por la influencia de Rodríguez Zapatero en el gobierno; una influencia que es evidente, como prueba, de acuerdo con el propio auto, la entrevista que tuvo con el Ministro de Trabajo en el momento en el que se estaba produciendo la negociación para aplazar esa deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, pero que, obviamente, va más allá pues, como es sabido, Zapatero es uno de los apoyos políticos más importantes del actual presidente del Gobierno, con el que ha coincidido en múltiples ocasiones y participado junto con él en diversos actos públicos.

La ayuda a Plus Ultra fue concedida por un Consejo de Ministros presidido por Sánchez. Plus Ultra contactó con la red de Zapatero para conseguir esa ayuda y pagó una cantidad considerable de dinero una vez que fue conseguida. Penalmente no sé qué saldrá de ahí; pero los mensajes y documentos que constan en el auto son material más que suficiente para exigir una responsabilidad política que debería ser alta, muy alta. Además sería necesario examinar con lupa cómo se concedió una ayuda que, por lo que se deriva del auto, tenía serios obstáculos técnicos. Aquí, el papel de la SEPI, la TGSS y demás intervienientes en la operación mediante la emisión de certificados o informes debería ser examinada con mucho cuidado para identificar en qué puntos la actuación se apartó de los más altos estándares de profesionalidad y objetividad para ceder a las influencias que pretendía ejercer el antiguo presidente del Gobierno o las personas que trabajaban para él.

No se trata, por supuesto, de adelantar el juicio penal; pero la responsabilidad política no puede esperar por los tiempos de los tribunales porque, como se puede apreciar -basta leer el auto- hay serias dudas de que el funcionamiento de la administración en el ejercicio de los controles necesarios hubiera sido el deseable. La depuración de responsabilidades políticas, administrativas y judiciales (en ese orden) debe de ser total.

Los ciudadanos nos lo merecemos. El dinero público es de todos y lo que se emplea en mordidas o ayudas a quien no se las merece se retraen de otros fines; pero, además lo anterior, no pueden existir dudas sobre la transparencia de los procesos públicos. Aquellos que hayan visto denegada una ayuda o subvención por un informe negativo de la TGSS, ¿qué opinarán al leer el auto? Las empresa que en los años 2020 y 2021 no obtuvieron un rescate, ¿qué pensarán al ver que lo que tenían que hacer era pagar una «mordida» a Zapatero o a algún otro conseguidor (en el auto también aparecen pagos a una mujer que mantenía una cierta relación con el Ministro de Transportes entonces, José Luis Ábalos).

¡Cómo se entiende ahora la intervención de José Luis Ábalos, en nombre del PSOE, durante el debate que acabó convirtiendo en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez!

E) ¿Hay solución?

Soy optimista. Siempre creo que hay una salida. También ahora. Pienso que España puede ser un país donde se respeten las reglas del juego, donde no haya espacio para la corrupción, un lugar para que impere la justicia y que la arbitrariedad quede desterrada. Ahora bien, para llegar a eso es necesaria una reacción contundente y, en primer lugar, de la ciudadanía. Quienes nos gobiernan están ahí porque muchas personas les han votado. Cuando la corrupción hincó el diente en el PP muchos le abandonaron; pero siguió habiendo millones de personas que les continuaron votando. En estos momentos, pese a todo lo que sabemos -y aquí el auto en relación a Zapatero aporta mucha información, pero ya había otra anterior en relación a otros miembros destacados del partido socialista- el PSOE acaba de conseguir la segunda posición en las elecciones andaluzas y no obtendría un mal resultado en unas generales.

Así, desde luego, no acabaremos con la corrupción, porque esta solo se detendrá si existe un rechazo muy claro hacia ella por parte de la ciudadanía. En mi caso, siempre critiqué la que se conocía del PP y entonces pedía una reacción contundente. Lo que ahora conocemos sobre el PSOE es grave; pero, además, sin que en el partido se produzca la reacción que sí hubo en el PP. Ábalos, Cerdán… y ahora Zapatero que, si tenía influencia era, precisamente, por su condición de antiguo presidente del Gobierno y por su relación con el actual titular del cargo.

¿Hace falta más?

Riqueza e igualdad

Estos días le he estado dando vueltas al tema de la igualdad y desigualdad en los diferentes países. Es un tema muy trabajado y, en general, se asume que una desigualdad «excesiva» es perjudicial para el conjunto de la sociedad. De ahí que se estudien con atención tanto los indicadores que miden la desigualdad y su evolución, como la comparación entre unos y otros estados y territorios.

El más conocido de estos indicadores es el índice Gini. Este índice parte una situación ideal, en la que todas las personas (o unidades de consumo, lo mismo da medirlo de una manera o de otra) disponen de la misma renta y compara esa situación con la real del país o territorio que se esté estudiando. La relación entre esa superficie y la que vendría determinada por un reparto absolutamente igualitario de la renta es el índice Gini. En el gráfico inferior puede comprobarse.

Aquí se compara el reparto de la renta en la India (línea roja) y en Suecia (línea morada). Una distribución perfectamente igualitaria seguiría la línea de puntos diagonal. La superficie morada, dividida por la superficie definida por la diagonal es la que da el índice de Gini para Suecia. En el caso de la India, el índice Gini es el resultado de dividir la suma de las áreas morada y salmón por el área definida por la diagonal. Si la riqueza está igualmente repartida, la línea del reparto real coincide con la diagonal y, por tanto, el índice es 0. Si una sola persona tuviera toda la riqueza del país, la línea real sería una vertical en el punto del 1.0, por lo que la superficie definida por la diagonal y la definida por la línea real tendrían el mismo tamaño, lo que conduciría que el índice Gini fuera 1 (máxima desigualdad). En ocasiones, para hacer más fácil la comprensión de los resultados, en vez de expresar el índice entre 0 y 1 se expresa entre 0 y 100, de tal manera que un índice Gini de 0,34 es lo mismo que uno de 34, entendido el primero en una escala de 0 a 1 y el segundo en una de 0 a 100. A continuación, muestro el índice Gini de varios países, tanto europeos como extraeuropeos

Y los países de la UE ordenados por su índice Gini

En principio, como decía, se asume que una mayor igualdad es mejor; pero creo que esto ha de ser matizado. En una sociedad desigualitaria, pero rica, podría suceder que la mayoría de los individuos tuvieran más recursos que en otra igualitaria, pero pobre. Es por eso que sería conveniente vincular los índices de igualdad (Gini, por ejemplo) y la renta per cápita. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es la renta per cápita (a paridad de poder adquisitivo) en los países que hemos considerado hasta ahora.

Y aquí están los países de la UE

¿Cómo se pueden poner en relación ambos indicadores, el índice Gini y la renta per cápita a paridad de poder adquisitivo? Mi propuesta es dividir la renta per cápita a paridad de poder adquisitivo por el índice Gini más 0,1. De esta forma, el índice resultante (al que podemos llamar «índice 1») aumentaría tanto cuando aumenta la renta per cápita como cuando aumenta la igualdad (puesto que el denominador se hace más pequeño). La razón de añadir un 0,1 al índice Gini es la de evitar que si éste es 0 el resultado fuera infinito, lo que carecería de sentido. Según éste índice, los países que hemos considerado hasta ahora se ordenarían de la siguiente manera:

Si ponemos en relación renta per cápita y desigualdades, se producen algunos cambios en la ordenación de los países. Así, por ejemplo, Suecia adelanta a Estados Unidos y España se coloca detrás de países que tienen una renta per cápita inferior, pero que gozan de una mayor igualdad (la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia). No se trata de premiar la igualdad a toda costa, sino de identificar qué niveles de desigualdad son compatibles con un alto nivel de riqueza.

Es obvio también que el valor que se asigne al corrector del índice Gini en el denominador hará que se dote de mayor importancia a la desigualdad a la renta per cápita. Aquí he elegido un corrector bajo (0,1). si éste subiera, el índice 1 se iría aproximando a la renta per cápita. Elegir uno u otro es una cuestión puramente ideológica, en el sentido de dotar de mayor o menor relevancia a la igualdad dentro de la sociedad. En función del valor que se elija para este factor de corrección, la ordenación de los países variará.

Lo que sí resulta objetiva es la relación entre renta per cápita e igualdad. Si ubicamos los países en una gráfica en la que en el eje vertical se coloque la renta per cápita y en el horizontal el índice Gini obtendremos una distribución de territorios a partir de estos dos factores.

Esta gráfica nos muestra, si consideramos la UE; que hay dos países que destacan por combinar una alta renta per cápita y una relativamente alta desigualdad (relativamente porque, en cualquier caso, se trata de niveles de desigualdad que están lejos de los que se encuentran en países como Estados Unidos o México. Luego hay un grupo de países con renta per cápita reducida (para los estándares de la UE), pero con un alto nivel de igualdad (la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia) y luego un grupo de países, que forman una especie de círculo hacia el centro del gráfico, con una renta per cápita relativamente alta pero, a la vez, un nivel de desigualdad no excesivamente alto. Se trata de Dinamarca, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suecia, Finlandia y Francia.

España no está en ninguno de esos grupos, sino en otro en el que la renta per cápita es sensiblemente más baja con diferentes niveles de desigualdad, desde la bastante reducida de Polonia hasta la muy alta de Letonia y Bulgaria. En ese grupo, España, junto Italia, Lituania y Estonia se ubica en una posición intermedia.

Tanto el índice 1 como este tipo de gráficas nos permiten ver cómo se relacionan renta per cápita y desigualdad. Me parece importante fijarse en estas cosas, porque antes de diseñar cualquier política -que puede que funcione o puede que no- es necesario saber a dónde queremos llegar. La pregunta, a partir de aquí es si queremos ser como el grupo de Irlanda y Luxemburgo, como el de Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa, como aquel en el que están Dinamarca, Austria y Francia (entre otros) o ya nos está bien estar donde estamos. Este es el tipo de debate al que deberíamos enfrentarnos. ¿No os parece?