Política y sociedad

Paz, democracia, justicia, fuerza, Venezuela

Me ha alegrado la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado porque me parece que reconoce una de las empresas más profundamente democráticas, justas y, a la vez, ingenuas -adjetivo que, para mí, tiene una connotación positiva- que hemos visto en los últimos años.

Éramos testigos de ello hace algo más de un año: habría elecciones en Venezuela. No serían una elecciones justas, puesto que el sistema favorecía a quien ya era presidente, Nicolás Maduro, tal y como denunció el centro Carter en su informe sobre las elecciones; pero aún así, la oposición concurrió a las elecciones.

Y lo hizo porque habían tenido una idea. Al margen del corrupto sistema de verificación oficial, a través de miles de voluntarios, se hicieron con copias de las papeletas electorales para mostrar quién era el verdadero ganador. Lo comentaba en agosto de 2024 en una entrada de mi blog. Quiero llamar la atención sobre lo extraordinario de este esfuerzo, porque las acusaciones de fraude electoral que tantas veces se repiten sin aportar pruebas definitivas del mismo, en esta ocasión se vieron respaldadas por una documentación tan contundente que nadie podría negar el auténtico resultado electoral, la mentira del proclamado y, por tanto, la falta de legitimidad del régimen de Maduro.

La oposición probó que había ganado las elecciones y que Maduro las había perdido; pero el chavismo se negó a aceptar la verdad, se proclamó como presidente a Maduro, se persiguió a la oposición y las cosas siguieron igual.

La oposición salió a la calle; pero nada pasó; el gobierno se limitó a aguantar, a controlar los resortes del poder y a esperar que todo volviera la situación anterior.

El intento de la oposición de hacer cambiar el régimen tan solo con la fuerza de la verdad se mostró, como avanzaba, ingenuo; pero la confianza que mostraron en el poder de la verdad y de la palabra merece una recompensa que comienza a verse ahora con la concesión de este premio Nobel.

Para constatar la ingenuidad del planteamiento de la oposición debemos reparar que el aparato de un estado, de cualquier estado, tiene como columna vertebral el control del ejercicio de la fuerza física. El poder tiene a la policía, al ejército y, cuando conviene, también a quienes ejercen la fuerza al margen de las instituciones pero están protegidos por estas. Unos y otros pueden encerrar, torturar, matar o amenazar de manera directa o sutil con hacer cualquiera de esas cosas. La única posibilidad de que la verdad triunfe sobre quien controla la fuerza es que quienes están encargados de ejercerla (los policías y soldados) decidan dejar de apoyar la tiranía y opten por la justicia. Ahora bien, si esa decisión no se produce de golpe, si pretende hacerse escalonadamente, cada soldado o policía que se aleje del régimen recibirá un castigo que intimidará al resto.

No es fácil, por tanto, que mediante el solo uso de la palabra y de la razón pueda ponerse fin a una situación de injusticia; incluso aunque haya movilizaciones masivas, si no se producen deserciones en las fuerzas armadas o en la policía no habrá un cambio de régimen.

Y si se producen esas deserciones, la posibilidad de un enfrentamiento armado no es descartable; porque quien mantiene los mecanismos propios del poder (administración, fuerzas armadas, medios públicos de comunicación, infraestructuras…) puede preferir la lucha a renunciar al poder.

Esa es la terrible disyuntiva a la que se enfrentan quienes cuestionan a la tiranía: o someterse o enfrentarse a ella. Y si optan por lo primero y la confrontación se basa únicamente en la palabra y en la defensa de justicia y de la democracia; puede que muchos sean detenidos, torturados o asesinados antes de que quienes realmente pueden cambiar algo (la policía y el ejército) rechacen la mentira para apoyar la verdad.

Marina Corina Machado sabía lo anterior, y pese a las oportunidades que tuvo para abandonar Venezuela, optó por seguir en el país, lo que, como destaca el comunicado del comité del Nobel, dio ánimos y fuerzas a muchos venezolanos. Seguir en Venezuela pese a los riesgos es un gesto de valentía y un sacrificio que ayuda a mantener la esperanza.

Machado ha ido más allá de lo exigible; porque a nadie puede pedírsele un sacrificio personal para traer la justicia, la democracia o la paz; y es justo que se la honre y, con ella, a todos lo que, desde Venezuela y fuera de ella, pero, especialmente, a los que siguen en el país, luchan por que la verdad triunfe.

E igual que el premio honra a los que luchan por una transición a la democracia en Venezuela, es una bofetada para los que paoyan el régimen de Maduro. Lamentablemente, entre estos apoyos se encuentran varios políticos españoles, especialmente quien fue Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sigue colaborando con Maduro pese a la evidencia del fraude electoral del año 2024. En esta línea, que el gobierno de España aún no haya felicitado a Machado por la obtención del Nobel es significativo.

Como español, me resulta repugnante la colaboración de nuestro gobierno con el régimen de Maduro, una colaboración que ya se hizo evidente en la entrevista que tuvo lugar en Barajas entre el entonces ministro Ábalos y una alto cargo del régimen de Maduro que tenía prohibida su entrada en la UE.

Creo que todos estamos moralmente obligados a denunciar la mentira sobre la que se apoyan Nicolás Maduro y su gobierno. Cuando se ha podido percibir de manera palmaria que los resultados oficiales en las elecciones del año 2024 son falsos y que, por tanto, el régimen carece de legitimidad, el desprecio que se merecen quienes permanence en el poder pese a haber sido derrotados en las urnas se extiende a quienes le apoyan; y aquí hemos de mencionar, por desgracia, al actual gobierno español y al anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

No hay disculpas, no hay excusas, no hay alternativas: Maduro debe irse del gobierno, los resultados de las elecciones del año 2024 deben convertirse en realidad y Venezuela ha de transitar hacia la democracia. Corina Machado representa el intento de hacerlo con la verdad y con la palabra; pero si la palabra no es suficiente ante la fuerza bruta, deberán buscarse otros medios; y aquí la presión internacional es importante. En este marco, el Comité del Nobel ha hecho lo que tenía que hacer. El gobierno de España, sin embargo, aquí, como en tantos otros temas, nos está colocando en el lado equivocado de la historia.

Porque hay cosas que pueden discutirse; pero cuando la mentira es clara y rotunda; ese no es el lado correcto.

On Genocides, Crimes against Humanity and War Crimes

SUMMARY: I. Genocide. II War and Barbarity. III. Gaza: 1. Before Hamás. 2. Hamás. 3. Israel: A) Right to War (ius ad bellum). B) Law in War (ius in bello). C) Genocide. IV. Us

The word genocide is relatively recent. Ninety years ago, it did not exist. It was coined by Raphael Lemkin, who included it in his book Axis Rule in Occupied Europe, published in 1944 and now relatively difficult to find. Here I share a digitized version of the chapter devoted to genocide.

The creation of the term was not without controversy. Philip Sands, in his book East West Street, explained it very clearly, as well as the divergences between Lemkin and his “genocide” and Hersch Lauterpacht, the Cambridge professor who put forward the concept of “crimes against humanity.” Both Lemkin and Lauterpacht were deeply aware of the context of the Second World War and the atrocities committed during it; both had influence at the Nuremberg Trials (as Sands also explains in his book), and their work continued thereafter, as we shall soon see. Yet, the existence of grave attacks against groups of people targeted precisely for belonging to a particular ethnic, national, or religious group long predated the Second World War.

During the First World War, there was what is known as the “Armenian Genocide,” in which a significant part of the Armenian population in Turkey (perhaps more than half) was exterminated. At the same time, also in Turkey, the Assyrians and the Pontic Greeks were subjected to persecutions that could be qualified as genocide, insofar as they were directed against members of certain ethnic groups precisely for being such members. There are also known cases of persecution of ethnic groups in colonial Africa that resulted in the death of a significant portion of the group’s population—for instance, the actions of Germany against the Herero and Namaqua in present-day Namibia in the early years of the 20th century. Of course, in the more distant past we can also find examples of persecutions of religious or ethnic groups aimed at their physical extermination.

In any case, one of the most chilling aspects of genocides is that, as a rule, they entail an enormous loss of life in relation to the group that is targeted. In the case of the Armenian Genocide, as noted, at least 50% of the Armenians living in Turkey died (there is no consensus among sources regarding either the total number of victims or the size of the Armenian population in Turkey at the beginning of the 20th century). In the Jewish Holocaust during the Second World War, between 60% and 67% of Europe’s Jewish population perished. During the genocide of the Tutsis in 1994, estimates range from 50% to 80% of the entire Tutsi population in Rwanda. Harrowing.

It should come as no surprise that, despite the technical doubts raised by the concept of genocide created by Lemkin, it was embraced, because it reflected a profound and essential horror. Thus, in 1948 an international convention was concluded for the prevention and punishment of the crime of genocide. The convention provides a more limited definition of genocide than that found in Lemkin’s text. According to Article II of the 1948 Convention, two elements must be present in order to qualify as genocide: on the one hand, the commission of one of the acts listed in Article II, which we shall examine shortly. On the other hand, those acts must be carried out with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group “as such”; that is, the group itself is the target, so that the harm inflicted upon individuals is instrumental to the destruction of the group.

As for the acts that must be committed, these are:

  • The killing of members of the group.
  • Causing serious bodily or mental harm to members of the group.
  • Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction, in whole or in part.
  • Imposing measures intended to prevent births within the group.
  • Forcibly transferring children of the group to another group.

As can be seen, the text of the Convention leaves out actions such as, for example, the confiscation of the group’s property, which Lemkin did consider a manifestation of genocide if carried out to weaken the national entities to which the victims belonged. In any case, for conduct to be classified as genocide, the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group—or part thereof—is indispensable. Proving such intent is not straightforward, since attacks or persecution against specific groups may occur for reasons other than the intention to exterminate the group.

The above helps explain why, in many cases where the existence of genocide is alleged, the lack of proof of that element of intent leads to the conduct being classified instead as crimes against humanity.

Thus, for example, it is not easy to assert that the persecution of Christians in some African countries, or other religious persecutions on the continent, can be classified as genocide, since proving that specific intent—the will to destroy a group as such—is generally not straightforward, as already noted.

Genocide, however, does not exhaust the catalogue of international crimes. These also include crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Crimes against humanity encompass certain offenses committed in the context of a widespread or systematic attack against civilians; war crimes, on the other hand, generally punish actions carried out during war that lack valid military justification or that are disproportionate. In armed conflicts, it may sometimes be difficult to determine whether we are dealing with war crimes or crimes against humanity, since wars always produce civilian victims alongside combatants. In this context, crimes against humanity and war crimes serve as tools to regulate barbarity—because war is, ultimately, barbarity.

Looking at history, we see that there have been no “clean” wars (or, if there have been, they are exceedingly rare). Wars have meant massacres, torture, threats, mistreatment of prisoners, attacks on civilian populations, starvation, slavery, mutilations… One need only read The Gallic War to see this. For example, when the massacre of Avaricum is recounted:

Cum viderent in nullam partem sese dimicare audere neque ab his qui murum tuebantur locum virtuti relinqui, universi, iactis armis, signo dato ex oppido ad extremas portas concurrunt; pars a militibus impeditis in angustiis caeditur, pars equitatu circumventa interficitur. Neque ulla praedae neque captivorum petendae facultas datur: sic enim omnes sunt atrocitate recentis supplici et laboris longinqui taedio ad caedem sublati, ut ne senibus quidem, mulieribus, pueris pepercissent. Quo facto ex iis qui numero ad quadraginta milia fuerunt, vix octingenti qui primo clamore audito ex oppido eruperant, incolumes ad Vercingetorigem pervenerunt (Julio Cesar, De Bello Gallico, VII).

«When they saw that they did not dare to fight in any direction and that those who were defending the wall left no room for valor, all together, after throwing down their arms, at a given signal rushed from the town to the farthest gates. Some were cut down by the soldiers, hampered in the narrow passage, others were surrounded by the cavalry and slain. No opportunity was given to seek booty or to take prisoners: for so much were all carried away to slaughter by the cruelty of the recent punishment and the weariness of the long toil, that not even the aged, nor women, nor children were spared. As a result, of the number which had amounted to about forty thousand, scarcely eight hundred, who had burst out of the town at the first alarm, reached Vercingetorix in safety».

It is but one example among many. To mention just two others: on the one hand, the sack of Rome in 1527 by the troops of Charles V, where looting, rapes, killings, and other atrocities were committed against the civilian population; and on the other, Goya’s depictions of the Peninsular War at the beginning of the 19th century.

War, barbarity, and civilian victims are, therefore, terms that can hardly be separated. This explains why the dead in armed conflicts go far beyond the combatants; and not only because of the atrocities committed against the population, but also due to the consequences of military actions themselves (on June 6, 1944 alone, some 3,000 French civilians died as a result of the preparatory bombings for the Allied landing in Normandy) and the deprivations caused by the lack of food or medical resources.

An analysis of the total victims of wars illustrates this. Thus, in the Spanish War of Independence, between 1808 and 1814, it is estimated that around 500,000 people died—approximately 5% of Spain’s population at that time. Fifty years later, the U.S. Civil War also caused about half a million deaths in the Confederacy. Considering that its population was just over nine million inhabitants, the percentage of deaths relative to the total population rose to 6%. In 1870–1871, during the siege of Paris in the Franco-Prussian War and the subsequent Commune uprising, it is estimated that nearly 4% of the city’s population perished as a consequence of the fighting and the broader effects of the conflict.

During the Second World War, the impact of the conflict on the overall population was even greater. I have already mentioned the 3,000 French civilian victims killed by Allied bombings in Normandy on a single day, June 6, 1944. That figure was probably higher than the number of German soldiers killed that same day and not far below the number of Allied soldiers who died during the landing (around 4,000).

The total death toll of the conflict confirms the extreme lethality of that war—not only among combatants but also among civilians. In Poland and France, for instance, civilian deaths outnumbered military ones. In France, there were about 200,000 combatants killed, while civilian victims numbered nearly 400,000. In Poland, the imbalance was even more extreme: around 240,000 combatants killed and more than five million civilian victims. In this case, a very large part of those victims were Jews exterminated during the Holocaust, meaning that it was the combination of genocide with the barbarity of war that explains such extraordinarily high mortality in Poland.

In the Soviet Union, too, civilian deaths exceeded military ones (around 16 million civilian victims compared with about 10 million combatants killed). In Italy, civilian and military deaths were almost equal (a little over 300,000 each), and in Germany, despite the extraordinarily high number of civilian deaths (several million), the number of combatants killed was even higher (between four and five million). Even in the case of the United Kingdom, which did not suffer the war on its own territory, there were more than 60,000 civilian victims, mainly due to the bombings of 1940 and the V-1 and V-2 rockets launched by Germany in the final phase of the war.

In any case, the percentage of deaths in those countries that endured the war on their own soil is truly harrowing.

The conflicts that followed the Second World War were also enormously lethal. Thus, for example, in the Vietnam War, between 1965 and 1973, according to the most conservative estimates, about 900,000 Vietnamese were killed, roughly half of whom were civilians—representing more than 2% of the population. In the Second Iraq War, between the start of operations in 2003 and the withdrawal of U.S. troops in 2011, there were at least 300,000 deaths, well over half of them civilians. Those 300,000 deaths amounted to roughly 1% of Iraq’s population.

The most recent conflicts are likewise terrible in terms of mortality. More than 600,000 people have died in the Syrian Civil War, which represents nearly 3% of the country’s population. Again, the percentage of civilian deaths is close to half of the total. In Yemen, a civil war has been raging for years, involving foreign actors (as in Syria), and it has caused nearly 400,000 deaths (according to the most widely cited sources, about 1% of the population), in addition to food crises and other humanitarian disasters (displacement, persecution, torture…).

The combination of armed conflict with torture, arbitrary detentions, summary executions, and other atrocities is not, as we have seen, a rarity but—unfortunately—the norm in the wars the world has known; and the existence of regulations on crimes against humanity or war crimes does not seem to have changed this reality. Examples could also be drawn from the wars in Yugoslavia in the 1990s and, more recently, from the war in Ukraine or the war in Syria.

In the case of Syria, for instance, it is striking that the country’s current president, Ahmed al-Sharaa, was once a member of Al Qaeda and Jabhat al-Nusra, and later leader of Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)—the latter two being fighting organizations in the Syrian war accused, for example, of carrying out public executions of women accused of adultery.

And also of arbitrary arrests, unlawful detentions, disappearances, confiscations, harassment and intimidation of women, and other human rights violations.

Which has not prevented the leader of that organization from addressing the United Nations General Assembly a few days ago in his capacity as President of Syria.

The message is clear: the barbarity of war may not seem so barbaric if, in the end, one emerges victorious. In fact, it is no secret that some of the actions carried out by the Allies during the Second World War might well have been judged as crimes against humanity had they lost the war. A pilot who fought in Europe with the American forces made this very remark to his superior after receiving a particular order.

According to what we have seen, atrocities in the course of wars appear to be consubstantial to them; which means that conflicts cause victims not only among combatants but also among the civilian population. These include not only deaths, but also those who suffer torture, rape, arbitrary detention, hunger, or other consequences of the conflict.

Right now we are witnessing a conflict in Gaza that is nothing more than one episode in a much broader confrontation between the State of Israel and certain countries and groups that oppose its existence. Over the decades, this confrontation has evolved; some countries that were once fierce enemies of Israel no longer maintain such an attitude toward the Jewish state, while at the same time there are now actors that did not even exist a few years ago. Moreover, among the countries and organizations opposed to Israel there are also deep divisions, which makes the situation anything but simple.

As is well known, after World War I the United Kingdom assumed control of Palestine, which at that time included present-day Jordan and the territories west of the Jordan River. Relatively soon, however, the British established separate administrations for Transjordan (today’s Jordan) and “Palestine,” the territory stretching from the Jordan River to the Mediterranean, bordering Lebanon and Syria to the north and the Sinai Peninsula to the south.

In Palestine, Jewish communities began to settle as early as the late 19th century. Some were fleeing persecution in various places (Tsarist Russia, for example), while others pursued the dream of rebuilding a Jewish nation in the land that had been their ancestral home centuries earlier. The persecution of Jews in Europe in the years leading up to and during World War II increased Jewish immigration to Palestine, which in turn provoked tensions with the Arab population already established in the territory. The British, who were responsible for the territory, proposed the partition of Palestine into a Jewish state and an Arab state. This solution was approved by the United Nations General Assembly on November 29, 1947.

A few months later, on May 14, 1948, coinciding with the departure of the last British troops from Palestine, the provisional government of Israel—established by the various organizations representing the Jewish population in Palestine—proclaimed the State of Israel. The Arab countries did not recognize it, and for months hostilities unfolded that ended with a ceasefire in which Israel expanded the territory originally assigned to it under the proposed partition of Palestine, and which led to the displacement of hundreds of thousands of Palestinians, both during and after the armed clashes.

Israel went to war again in 1956, facing Egypt in the conflict triggered by the latter’s attempt to gain effective control of the Suez Canal (which was in the hands of a Franco-British company). Later, in 1967, during the Six-Day War, Israel came to control the Sinai Peninsula, the West Bank, and the Golan Heights (on the border with Syria), as well as the Gaza Strip, which had previously been under Egyptian administration.

After 1967, all of Palestine (distinct from Transjordan, present-day Jordan) came under Israeli control. The Palestinians, without a nation of their own (except for those who are Israeli citizens, approximately two million), found themselves subject to a foreign power and facing restrictions on their rights. Terrorism intensified and violence continued. There was yet another large-scale war between the Arab countries and Israel: the Yom Kippur War in 1973 (after which Israel returned the Sinai Peninsula to Egypt), as well as other military operations against terrorist groups harassing Israel, such as the campaign in southern Lebanon in 1982, which aimed to destroy the infrastructure of the Palestine Liberation Organization (PLO). During the course of that campaign, the Sabra and Shatila massacre took place, in which Lebanese militiamen allied with Israel killed several hundred Palestinian and Lebanese refugees in the camps where they were settled—camps that by the time of the attack had already become neighborhoods of Beirut.

Despite enormous difficulties, the Oslo negotiations (1993–1995) marked progress in mutual recognition between the PLO (which recognized Israel’s right to exist) and Israel (which recognized the PLO, a terrorist organization, as the representative of the Palestinian people).

This, however, did not mean the end of the conflict. The Palestinian National Authority (PNA) assumed administrative functions in the occupied territories, but tensions continued as a result of the settlement policy, which involved Jewish populations being established in those territories—something rejected by the Palestinians.

he PLO abandoned terrorism and became Israel’s political partner in its new role as the civil administrator of the occupied territories; but other terrorist organizations, such as Palestinian Islamic Jihad, the Popular Front for the Liberation of Palestine, and Hamas, continued carrying out attacks—some of them suicide bombings—causing several hundred deaths. Added to this were the sustained Palestinian uprisings known as the Intifadas: the first preceded the Oslo Accords (1987–1993), and the second took place between 2000 and 2005. In the context of this second Intifada, Israel began constructing a barrier that separated certain areas of the West Bank from Israel and from some of the Jewish settlements in the occupied territories. The construction of that barrier was declared contrary to international law by the International Court of Justice.

In this context, elections were held in the occupied territories in 2006, which Hamas won. Fatah, the organization once led by Yasser Arafat and which had played a leading role for decades, lost to a group that was more violent and advocated direct confrontation with Israel. Despite its victory, Hamas did not take control of the West Bank, where the PNA under Fatah remained in power; but it did take over the governance of the Gaza Strip.

Hamas was created in 1987, during the First Intifada in Palestine, and presented itself as a branch of the Muslim Brotherhood movement. Its ideology is Islamist and nationalist (Palestinian). Its 1988 Charter had a strongly anti-Israeli character, to the point that it can be interpreted as advocating not only the elimination of the State of Israel but also of the Jewish population itself (see especially Article 28). The text also refers to the role assigned to women (Articles 17 and 18) and to the notion that the practice of religions other than Islam is only conceivable “under the shadow of Islam” (Article 6). Strikingly, in the second paragraph of the Charter appears the well-known statement: “Israel will be established and will stay established until Islam nullifies it as it nullified what was before it.”

n 2017, Hamas published a new document in which, although it maintained its claim to the entire territory of Palestine (from the river to the sea, point 2), it stated that a sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital, within the territory defined by the 1967 borders, could represent a national consensus solution (point 20). This statement, however, did not imply renouncing the view that the rest of the territory of Palestine remained occupied territory. In addition, the document emphasized that its conflict was with Zionism, not with the Jews (point 16).

Since 2007, Hamas has controlled the Gaza Strip, having established a parallel administration to that of the PNA, which no longer exercises any function in the Strip. According to international organizations, executions—both public and private—as well as torture are carried out in Gaza. Freedom of expression and political dissent are restricted, and the role of women is secondary, in line with what was set out in Hamas’s Founding Charter (as noted earlier). The Strip also became a base for terrorist attacks against Israel, mainly through rocket launches or the construction of tunnels used to infiltrate the south of the country. However, everything changed in scale with the attacks of October 7, 2023.

n the attack, several thousand Hamas fighters likely took part, killing more than a thousand people in a single day and taking several hundred hostages to Gaza. The images of the hostages being taken into Gaza, humiliated by their captors and by parts of the population, shocked the entire world and, I assume, also Israel.

The images of what happened on October 7 are horrific; but, as I have already noted, wars are horrible, they always have been and, unfortunately, they always will be, and the existence of rules on war crimes or crimes against humanity does not change that.

And what exists between Hamas and Israel is a war; the difficulty lies in the fact that it is not an easy war to characterize legally, since one of the parties is not a state entity, but rather an organization whose goal is the creation of a Palestinian state, which does not exclude—and indeed employs—violence to try to achieve that goal, and which exercises effective control over the population and territory of Gaza, although Israel controls the borders, territorial waters, and airspace. Moreover, formally Gaza continues to be part of the occupied territories over which the PNA could exercise its administrative functions, although in fact this is not the case.

Would international law legitimize a response by Israel against Hamas, which would entail attacking Gaza with the possibility of causing harm to the civilian population? It would appear so (with the qualifications that will be examined below). It would be absurd, I believe, to argue that in the face of an attack such as that of October 7 the only legitimate legal reaction would be to request Hamas’s cooperation in handing over to Israel those responsible for the attacks and in obtaining the release of the hostages. Regardless of the legal status of Gaza, what is evident is that those responsible for both the attacks and the kidnappings are the authorities who exercise effective control over the territory and population of the Gaza Strip. We are not dealing with a terrorist organization operating clandestinely; rather, we are dealing with those who exercise public power in a territory. This is what makes the difference between a war and a police operation. That is the perspective we must adopt in order to assess Israel’s actions.

Thus, Israel’s operations in Gaza are acts of war. Another matter is whether there is justification from the perspective of international law, which is not as clear as it might seem, as we shall see below.

First of all, reference is often made to Israel’s right of “self-defense”; but it does not appear that Israel has formally invoked Article 51 of the United Nations Charter (the right of self-defense) as justification for its operations in Gaza. In the letter that Israel’s ambassador to the United Nations addressed to the Secretary-General of the Organization and to the Presidency of the Security Council, it is stated that Israel “will take all necessary measures to protect its citizens and defend its sovereignty against the ongoing terrorist attacks perpetrated by Hamas and other terrorist organizations originating from the Gaza Strip”; but it does not explicitly invoke the right of self-defense.

And there are reasons for this. The right of self-defense is conceived for aggressions by one State against another State, and the actions it legitimizes are limited not only by the principle of proportionality but also by that of necessity; that is, only those measures aimed at neutralizing the aggressor’s attack capabilities are justified. Moreover, the seriousness of the attack must be assessed in “international” terms. In other words: is Israel’s existence threatened by Hamas’s attacks? Is its territorial integrity at risk? It does not seem so. Of course, this does not mean that Israel can do nothing; but from the strict perspective of the right of self-defense as regulated in Article 51 of the United Nations Charter, I am not convinced that one could justify an operation aimed at taking control of Gaza. Consider, for example, if Ukraine were to claim—if it had the capacity to do so—that the exercise of its right of self-defense against Russian aggression entitled it to occupy the whole of Russia. In fact, there has already been debate as to whether that right of self-defense justified its attack in Kursk, which led it to control part of Russian territory for a time.

Too little attention is paid to how limited the right to use force is, even in cases of self-defense, after the United Nations Charter. If the current doctrine on the use of force between States had been applied in 1945, the Allies should have stopped their advance on Germany at the Rhine River, and the Soviets would not have been able to go beyond East Prussia; or they would only have been allowed to penetrate Germany as far as necessary to neutralize its military capability. The United States would not have been able to invade Okinawa and, later, occupy Japan. Unconditional surrender is not a legitimate objective for the use of force.

And yet, in the face of an attack such as that of October 7, and with more than 200 hostages in Gaza, one must ask whether it is reasonable to expect a State to limit itself to requesting that the Security Council condemn such attacks. On the other hand, in this case we are not dealing with aggression by another State, nor even from the territory of another State, since Gaza is neither another State nor part of Egypt or of any other internationally recognized country—except for Palestine itself, but together with the West Bank, not as an autonomous entity. Moreover, Israel has never relinquished control of Gaza’s land borders, airspace, and territorial waters; therefore, in a certain sense, it continues to be the “occupying power” of the territory. From this perspective, and with qualifications, Israel’s position vis-à-vis Hamas would be similar to that of any State facing an armed group that manages to control part of its territory. In such cases, the use of force to regain effective control of the territory would indeed be justified, which would entitle Israel to an operation aimed at achieving total control of the Strip; with the caveat, however, that the Gaza Strip is not territory of the State of Israel, but rather, in its case, occupied by Israel. That said, Israel does not emphasize this argument, because doing so would imply that it must assume responsibility over the territory; something that, nevertheless, it now curiously seems willing to do.

Thus, doubts can be raised about the legal fit of Israel’s military operations in Gaza; but, broadly speaking, there has been less discussion of that than of the conformity, with international law, of the way those operations are carried out. In other words, whatever the justification or argument used regarding Israeli actions, from an international perspective they must be actions directed against military objectives and that cause the civilian population the least possible harm. If these requirements are not met, we could be facing war crimes or crimes against humanity. In the almost two years we have been in this phase of the conflict (because the conflict, in reality, as we have seen, began much earlier), accusations of excesses by the IDF (Israel Defence Forces) have been frequent. Moreover, the images of bombed hospitals, displaced civilians and civilian deaths, including children, have impacted world public opinion.

The previous images are apparently genuine; others that have been circulated, however, have been proven to be false or are likely false, even generated with AI tools.

In war, controlling the narrative also matters; this is why each side will try to draw international sympathies to its cause, and it is natural to attempt to portray the adversary as bloodthirsty and oneself as a victim. Israel disseminated in various ways the images of the October 7 attacks, and since the beginning of the offensive in Gaza the consequences of Israel’s military actions have been widely circulated, with emphasis placed on the targeting of civilian objectives such as hospitals, journalists, or people waiting for food deliveries.

It is not only a matter of appealing to public opinion emotionally, but also of moving into the sphere of legal assessment, so that there are already cases before the International Criminal Court against the Prime Minister of Israel and his Minister of Defense for actions in Gaza. They are accused of crimes against humanity and war crimes.

What is being investigated is whether Israel’s actions are directed against civilians as part of a widespread and systematic attack on the civilian population in Gaza. If this were the case, it would constitute crimes against humanity.

From the Israeli perspective, however, the argument put forward is that, despite efforts made to minimize harm to the civilian population, the operation to dismantle Hamas—given the organization’s penetration into the territory and among the population—makes it impossible to carry it out without civilian casualties.

Of course, it will surely be difficult to carry out a large-scale military operation in a territory with a population density of more than 6,000 inhabitants per square kilometer without the number of civilian casualties being high. To get an idea: the Gaza Strip has a surface area similar to that of the Maresme region in Barcelona, but with five times the population.

Naturally, the immediate question is why the population of Gaza does not flee. There is a border with Egypt (the Rafah crossing) that would allow an exit for civilians, or at least for part of the civilian population (children, the elderly, women), as happened in Ukraine after the Russian invasion, or as we have seen in so many conflicts (such as Spanish Republican refugees who crossed into France in 1939). The problem here is that Egypt does not allow this flow of refugees, which leaves the population of Gaza trapped. Israel, before carrying out operations in a given area, warns the population to evacuate; but where are they to go? It is a situation similar to a siege, but one in which there is an escape door that is not used. In fact, considering the besieged area and the population affected, the war in Gaza resembles the siege of Paris in the years 1870–1871 that has already been mentioned, even in terms of the order of magnitude of the deaths. The siege of Paris is estimated to have cost the lives of 4% of the population, and so far in Gaza it is estimated that 2.5% of its population has died.

In addition to the high population density, there is another factor that makes operations more difficult: the fighters do not wear uniforms. From the perspective of international humanitarian law, this requires the duty of distinction to be applied with the utmost rigor in order to avoid civilian casualties, but it is not a negligible factor when legally assessing the actions of the IDF in Gaza.

With regard to the attacks on hospitals, mosques, and other civilian buildings, Israel’s argument is that they are used as weapons depots or infrastructure by Hamas, which does not distinguish between military and civilian facilities, or even exploits Israel’s obligation to respect the latter for military purposes. The evidence presented by Israel has been questioned, insofar as independent verification is limited or non-existent, and also because—even admitting the military use of certain civilian facilities—it could still be debated whether the Israeli attacks are proportionate. Moreover, it has been argued that some of those attacks (for example, on the Al-Ahli hospital in October 2023) were in fact the result of failed Hamas rockets aimed at Israel.

In short, it is obvious that Israel’s operations in Gaza have caused numerous civilian casualties. Unfortunately, this was to be expected in a war taking place in such a densely populated area, where fighters tend to blend in with the civilian population and where those controlling hospitals, schools, and infrastructure are the same ones doing the fighting. However, this difficulty does not exempt Israel from responsibility, since the obligation to apply the principle of distinction and proportionality with the utmost rigor in such cases is beyond dispute.

The fact that what is happening in Gaza corresponds point by point with what is common in all conflicts—especially those fought in urban centers—does not alter the legal characterization that Israel’s actions may merit. Nothing we are witnessing is different from what the Allies did during World War II; but, as we noted earlier, under today’s rules the Allies would not have been able to move beyond Germany’s borders in 1939 nor demand its unconditional surrender. If the bombings of Dresden or Tokyo were to be filtered through the lens of current humanitarian law, many people who today have streets named after them, pictures in institutions, or even Nobel Prizes should be standing trial before the ICC.

(Dresden in 1910)

(Dresden after the bombing of 1945)

Thus, the legal assessment of Israel’s actions cannot rest on comparisons with the past. The fact that today, as we have seen, it is common for armed conflicts (international or civil) to be accompanied by acts that must objectively be classified as war crimes or crimes against humanity, and that are not prosecuted (see supra section II), does not affect the characterization of Israel’s actions either. What must be examined is whether civilian casualties could have been avoided and whether all necessary diligence was exercised to that end; this requires an individualized analysis of each action, an examination that, at this point, is difficult to carry out objectively.

Another issue that must be considered is that of humanitarian aid, including food aid, in Gaza. One of the accusations against Israel is that it prevents the delivery of such humanitarian aid; however, Israel argues that the international agencies distributing that aid are not neutral, that in some of them there are workers who have collaborated with Hamas, and that instead of being distributed neutrally among the entire population according to their needs, the aid is used to assist Hamas or to strengthen Hamas’s role among the population (by indirectly controlling the delivery of aid). For this reason, Israel has proposed that the aid be delivered by Israel itself, a proposal that has been rejected by the UN and other international agencies.

The problem has a certain complexity. Israel controls access to Gaza and, in addition, controls part of the territory, although another part remains under Hamas control. The distribution of humanitarian aid should be carried out by neutral actors, but Israel denies that, for example, UNRWA (the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) acts as a neutral agent. Thus, for instance, while UNRWA refuses to cooperate with Israel in the delivery of humanitarian aid, it does not raise the same issue with Hamas when delivering aid in the areas still under that organization’s control. Since it does not consider UNRWA a neutral agent, Israel claims its right, as the power that de facto controls the territory, to inspect the aid and verify that it is not intended to benefit the fighters.

On the other hand, Israel offers “safe” zones within the Strip itself to receive humanitarian aid; but Hamas discourages the population from making use of this possibility, as reported by several sources, including the Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel of June 14, 2024 (no. 59, in fine).

That is to say, the problems of lack of humanitarian aid in Gaza do not have a direct and obvious answer such as: “Israel wants to starve Gazans”; rather, they involve responsibilities on the part of several actors, including Hamas and also the humanitarian agencies that have not been able to present themselves as neutral agents in the conflict.

From what we have seen so far, the ICC has already begun to act with regard to the Israeli authorities for the possible commission of war crimes and crimes against humanity. Obviously, these are accusations that are not entirely without basis, given current international humanitarian law; but they must be examined carefully in light of the circumstances of an armed conflict taking place in a fundamentally urban, densely populated environment, in which one of the combatants is at the same time the party controlling hospitals, schools, mosques, and, until the beginning of the Israeli operation, the only de facto public authority on the ground. This is compounded by the tendency to blur the line between civilians and combatants who are not part of a uniformed and formally organized army.

Despite all of the above, the debate—especially in some countries, and we will have to return to this a little later—focuses on whether or not Israel is committing acts of genocide in Gaza. South Africa filed a case against Israel before the International Court of Justice (ICJ) to this effect, which resulted in a ruling by the Court in January 2024. While it did not affirm that genocide was being committed, it did consider South Africa’s allegations to be plausible and adopted provisional measures.

Apart from these provisional measures (and others that followed along the same lines), which do not qualify Israel’s actions as genocide, there are no resolutions by either the UN Security Council or the UN General Assembly that characterize Israel’s actions in Gaza as genocide. There is, however, a report by the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel (COI-OPT), which we will address shortly, as well as numerous statements by political leaders around the world, artists, organizations, and ordinary commentators who do not hesitate to describe what is happening in Gaza as genocide.

On this issue, the only thing I am certain of is that it is not possible to be certain. I will say in advance that my impression is that genocide is not being committed in Gaza, and I will give my reasons; but always with the caution that what is happening on the ground is not sufficiently known, and that in situations of conflict it is difficult to know the reality of what is taking place because propaganda comes from all sides involved. Only in the future, with more data and testimonies available, could a balanced judgment be made.

As I have just indicated, however, my impression is that what is happening in Gaza cannot be qualified as genocide. As I mentioned in Section I, proving the crime of genocide is difficult, because it requires establishing an animus, the intent to destroy all or part of an ethnic, national, or religious group, which is not easy. Moreover, since genocide is regarded as the most heinous of crimes, the standard of proof must be even more compelling; that is, there can be no doubt about genocide—or, better put, if there is doubt, then it is not genocide.

By this I do not mean that the doubts we have now invalidate the accusation of genocide; what I mean is that once all the evidence is available, it must be clear that there was a will to exterminate all or part of a particular group, as such (we emphasized the importance of that “as such” in Section I); if that clarity is absent, the classification should be different.

But before addressing that animus, I want to pause on another point: although it may seem cold or dehumanizing, the question of numbers is not entirely irrelevant; and if we consider the death toll in Gaza, we see that it is closer to that of an armed conflict than to that of a genocide.

Of course, the above is not definitive. Genocide can exist where there is a clear will to extinguish an ethnic, national, or religious group, even if—fortunately—that purpose does not succeed; but if we want to be objective, when the percentage of victims resembles so closely that of a military conflict, it is necessary to explain the reasons why the alleged perpetrator of genocide fails to carry out his purpose.

In the case of Gaza, where there are military explanations for the actions, the burden of proof rests on those who claim that these military operations are in fact concealing a genocidal intent, which, in my view, fits poorly, for example, with the prior warnings issued by the IDF before bombings or attacks. The existence of such warnings does not make the actions legitimate, and it cannot be ruled out that they may be considered war crimes or crimes against humanity, as we noted earlier; but it does make it more difficult for them to be considered genocidal acts.

The COI-OPT report, however, takes this step—although, in my view, without being convincing.

When it comes to proving genocidal intent, inferences that allow for another interpretation are not sufficient; the only reasonable conclusion must be the purpose of exterminating an ethnic, national, or religious group “as such.”

(ICJ Judgment of 26 February 2007 in the case Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)

(ICJ Judgment of 3 February 2015, Croatia v. Serbia)

In the COI-OPT report, however, the approach is the opposite: in statements that could be interpreted as excluding genocidal intent, emphasis is placed instead on those aspects that would lead to the conclusion that such a will to exterminate does exist. For example, in paragraph 168 of the Report it is noted that, although Netanyahu explicitly addresses Hamas, it is considered to show genocidal intent that he uses the expression “wicked city.”

In paragraph 169, for its part, genocidal intent is inferred from statements by Israel’s Minister of Defense that explicitly refer to Hamas; although, read in their entirety, they could be interpreted as referring only to the combatants and not to all Palestinians.

In this regard, the COI-OPT considers relevant statements by President Herzog that did not explicitly call for genocide and that were later qualified; that is, a pattern of conduct can be observed on the part of the Commission consisting in emphasizing those statements that may support genocidal intent and downplaying those that contradict it, which is precisely the opposite of what should be done in such cases.

In conclusion, the COI-OPT document appears to show a certain confirmation bias toward the thesis of genocide, which does not seem consistent with the regulation of this international crime or with the interpretation given by the International Court of Justice.

As we saw in the previous section, Israel’s actions in Gaza—setting aside their ultimate justification (ius ad bellum)—could amount to war crimes or crimes against humanity, even though they do not depart from what have—unfortunately—been common practices in past wars and even in present ones (the war in Syria, to name just one example). However, attempting to go further and qualify them as genocide, I believe, does not withstand objective analysis. The crime of genocide, precisely because of its gravity, because of the examples we have had of it, because of the millions of victims it has claimed, and because of the role played in the international order by the mechanisms for its prevention, prosecution, and punishment, must be used with rigor and must not be instrumentalized.

The war in Gaza is not something distant from us. At the same time, it is profoundly divisive in Western societies, including Spanish society.

Being fully aware of the complexity of the Middle East conflict, when the attacks of October 7, 2023 took place I was deeply affected. These, moreover, are not feelings one chooses; but the truth is that, although there are other examples of massacres and atrocities, this one struck me deeply.

In the state of mind I was in on October 7 and 8, I was surprised by the calls for pro-Palestinian demonstrations on those days. Indeed, Palestinians are one thing and Hamas is another, but at that moment such demonstrations—which, as was later confirmed, were anticipatory reactions to Israel’s response—could be understood as support, even if indirect, for the massacre perpetrated by Hamas.

These demonstrations also coincided with statements by politicians and authorities which, in that context, could be interpreted as support for the Palestinian claims that had led to the October 7 attacks.

In those days I could not stop thinking that those demonstrations and statements would not have taken place had the October 7 attacks not occurred. The idea that there was a connection between those atrocities, demonstrations in Madrid or Barcelona, and statements by leaders of my own country sent a chill through me.

And let me be clear: I am aware, as I have said, that in the Middle East conflict Israel, or those who support (or are supported by) Israel, have committed many atrocities; but just as I would have found it nauseating to see a pro-Israeli demonstration immediately after the Sabra and Shatila massacre mentioned in Section III.1, I was repulsed by the pro-Palestinian demonstrations after the October 7 attacks.

Since October 2023, as the images of October 7 have faded and the actions of the Israeli army have come to the forefront, condemnation of Israel has grown in many countries; and in some, such as ours, the Palestinian cause has become an instrument of polarization. The insistence on demanding that Israel’s actions be labeled genocide—even though, as I explained in Section III.3.C), the only clear thing is that it is not clear—is, in my view, indicative of this instrumental use of the Gaza conflict. In Spain, for example, faced with almost any criticism the opposition raises against the government, the argument is that the PP must call the situation in Gaza genocide.

An insistence on the use of the term “genocide” that has penetrated many institutions. Thus, for example, a few days ago, at my university, the Autonomous University of Barcelona, we received the following collective email from our Rector:

As can be seen, he states that the UN has confirmed genocide in Gaza, which is quite far from the truth, since he is referring to the COI-OPT report, which, as its very name indicates, is independent; that is, it does not express the position of the UN as an international organization. Moreover, he refers to an earlier statement in which he had already addressed the university community, asserting in advance that what is happening in Gaza constitutes genocide.

From my perspective, this kind of institutional stance on an issue of such difficulty (as we have seen) contributes neither to a calm debate nor to a better understanding of the problems at stake. As I have said, I am outraged by the instrumentalization of the conflict, an instrumentalization that, as I have already suggested, seems intended to deepen the division of society rather than to help address the many problems we face, both in our own country and elsewhere.

Beyond this instrumentalization, there is another dimension that must be considered. With all the complexity of the Middle East conflict, it is still possible to identify its sides. To simplify greatly: on one side, Israel; on the other, the Palestinians. In Spain there are those who unreservedly adhere to the Palestinian cause—they are “their own,” and they defend Palestinian advances as if they were their own and lament any setbacks as if they were personal. The demonstrations that followed immediately after the October 7, 2023 attacks, to which I referred earlier, cannot be explained without this “they are our side” component.

I do not identify with either side. I do not hide the fact that, as I said, the October 7 attacks had a deep impact on me, nor do I hide my sympathy with the Jewish people, especially in light of what they have suffered in the past century and of the ties they have with my own country, Spain. That said, this does not prevent me from recognizing their abuses and mistakes. I have always criticized the settlement policy, the construction of the barrier, and, moreover, I disagree with the conception of Israel as a state based on a particular religion (or ethnicity). I believe that countries should be built on citizenship, not religion, and on radical equality among all people—something which, in my view, is not the case in Israel.

Still less could I ever identify with Hamas. It is enough to read its founding documents to realize that its outlook is Islamist, in the sense that in the state it seeks Islam would stand above all other religions. It does not regard women as equal to men, and it carries out violence against civilians without even asking whether they are combatants or not. I would be repulsed to do anything that could be understood as support for Hamas.

And yet, from my own country, from my own city, a flotilla sets out in which a group of people head toward Gaza in an attempt to break the Israeli blockade and in explicit support of the Palestinian cause.

@eldiario.es

Ada Colau anuncia que se embarcará en la flotilla que zarpa este domingo 31 de agosto desde Barcelona para romper el asedio en Gaza Ha aprovechado para denunciar la falta de acción y la «cobardía» por parte de los Gobiernos europeos, incluido el de España #AdaColau #Gaza #activista #ayudahumanitaria #Palestinalibre

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The discourse of the two sides is that one must stand with one of them. It is significant that at the time of the flotilla’s departure Ada Colau said that if Gaza does not surrender, neither could they surrender.

It is significant because the ones who can (or cannot) surrender are those who are fighting; and in this war, the ones fighting are Israel and Hamas. Gaza is the battlefield. Thus, Colau’s statement can only be understood to mean that if Hamas does not surrender, neither will they.

Who knows if in the future we will see Netanyahu in prison and one of Hamas’s leaders speaking before the United Nations General Assembly, just as Ahamda Al-Sharaa—now President of Syria and not so long ago the leader of an organization that practiced summary executions, torture, and arbitrary detentions—did a few days ago. If that happens, I believe it would not be good news. If you do not treat all criminals equally, in the end no one will believe in justice, and it will be assumed that the only things that matter are force and propaganda.

It is not the world I would like, but, unfortunately, in the world closest to me it is dramatic to see how concern for rigor and objectivity has been replaced by the instrumentalization of others’ suffering, the pursuit of polarization, and the subordination of institutions—which should be neutral and foster open debate—to propaganda.

Sobre genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

SUMARIO: I. Genocidio. II. Guerra y barbarie. III. Gaza: 1. Antes de Hamás. 2. Hamás. 3. Israel: A) Derecho a la guerra (ius ad bellum). B) Dereho en la guerra (ius in bello). C) Genocidio. IV. Nosotros.

La palabra genocidio es relativamente reciente. Hace noventa años no existía. La inventó Raphael Lemkin y la incluyó en su libro Axis Rule in Occupied Europe, publicado en 1944 y que ahora es relativamente difícil de encontrar. Aquí comparto una versión digitalizada del capítulo dedicado al genocidio.

La creación del término no estuvo exenta de polémica. Philip Sands, en su libro «Calle este, calle oeste» lo desarrolló de una manera muy clara, así como las divergencias entre Lemkin y su «genocidio» y Hersch Lauterpacht, el profesor de Cambridge, que postulaba el concepto «crímenes contra la humanidad». Tanto Lemkin como Lauterpacht tenían muy presente el contexto de la II Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron en ella; ambos tuvieron influencia en el Juicio de Nuremberg (lo explica también Sands en su libro) y su trabajo tuvo continuidad, como veremos enseguida; pero la existencia de gravísimos atentados contra grupos de personas determinados en tanto que miembros de un determinado grupo étnico, nacional o religioso eran anteriores a la II Guerra Mundial. Durante la I Guerra Mundial se produjo el conocido como «genocidio armenio«, en el que una parte significativa de la población armenia en Turquía (quizás más de la mitad de ella) fue exterminada. En esa misma época, y también en Turquía, los asirios y los griegos del Ponto fueron objeto de persecuciones que podrían ser calificadas de genocidio, en tanto en cuanto iban dirigidas contra los pertenecientes a ciertos grupos étnicos en tanto que miembros de ese grupo. También se conocen casos de persecución a grupos étnicos que causaron la muerte de una parte significativa de la población integrante del grupo en el África colonial; así las acciones de Alemania contra los hereros y namaquas, en la actual Namibia, en los primeros años del siglo XX. Por supuesto, en el pasado también hay ejemplos de persecuciones a grupos religiosos o étnicos orientadas al exterminio físico del grupo.

En cualquier caso, algo que estremece en relación a los genocidios es que, por lo general, suponen una enorme pérdida de vidas en relación al grupo que se configura como objetivo. En el caso del genocidio armenio, como se ha indicado, al menos el 50% de los armenios que había en Turquía murieron (no existe unanimidad en las fuentes ni sobre el número total de víctimas ni sobre la cifra de población armenia en Turquía al comienzo del siglo XX). En el holocausto judío durante la II Guerra Mundial murió entre el 60% y el 67% de la población judía en Europa. Durante el genocidio del que fueron víctimas los tutsies en 1994, las cifras varían entre el 50% y el 80% del total de la población tutsie en Rwanda. Estremecedor.

No debería sorprender que, pese a las dudas técnicas que planteaba el concepto de genocidio creado por Lemkin, fuese acogido, porque reflejaba un horror profundo y esencial. Así, en 1948 se concluyó un convenio internacional para la prenvención y sanción del delito de genocidio. El convenio da una definición de genocidio más limitada que la que resulta del texto de Lemkin. Según el art. II del Convenio de 1948, para que estemos ante un supuesto de genocidio deben darse dos elementos: por un lado la realización de alguno de los actos que se recogen en este artículo II y que veremos enseguida. Por otro lado, esos actos han de tener la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso «como tal»; esto es, que lo que se persigue es el grupo; de tal forma que el daño que se produce en las personas es instrumental para la destrucción del grupo.

En cuanto a los actos que han de cometerse, estos son:

  • La matanza de miembros del grupo.
  • La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
  • El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
  • Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
  • El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Como puede verse, el texto del convenio deja fuera actuaciones como, por ejemplo, la confiscación de bienes del grupo, que Lemkin si consideraba como manifestación del genocidio si se hacía para debilitar las entidades nacionales a la que pertenecían las personas que sufrían la confiscación. En cualquier caso, para que pueda hablarse de genocidio es indispensable que haya esa voluntad de destruir total o parcialmente un grupo étnico, nacional, racial o religioso o parte de él; una prueba que no es sencilla, puesto que pueden producirse atentados o persecución contra grupos específicos que puedan deberse a causas que no sean la intención de exterminio del grupo.

Lo anterior explicaría que en muchos casos en los que se plantea la existencia de un genocidio, ante la falta de prueba de ese elemento volitivo, la calificación que se acaba utilizando es la de crímenes de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, no es sencillo afirmar que la persecución a los cristianos en algunos países africanos y otras persecuciones religiosas en el continente puedan ser calificadas como genocidio, puesto que la prueba de ese dolo específico: la voluntad de destruir un grupo como tal, no es, por lo general, fácil, tal y como se ha indicado.

Ahora bien, el genocidio no agota el catálogo de los crímenes internacionales. Estos también incluyen los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Los crímenes de lesa humanidad incluyen ciertos delitos cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra civiles; los crímenes de guerra, por su parte, en términos generales, sancionan acciones que se desarrollan durante una guerra, que no tienen una justificación militar válida o que resultan desproporcionadas. En el caso de los conflictos armados puede dudarse, en determinados casos, sobre si estamos ante crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, porque en las guerras siempre hay víctimas civiles junto con los combatientes. En este contexto, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son herramientas para regular la barbarie, porque la guerra es eso, barbarie.

Si se examina la historia, veremos que no ha habido guerras «limpias» (o si las ha habido, son poco frecuentes). Las guerras han supuesto matanzas, torturas, amenazas, maltrato a prisioneros, ataques a la población civil, hambre, esclavitud, mutilaciones… Basta tomar el texto de la Guerra de las Galias para comprobarlo. Así, por ejemplo, cuando se relata la masacre de Avarico:

«Cuando vieron que ninguno se lanzaba a luchar abajo y que nuestros soldados los rodeaban ocupando toda la muralla, temiendo que se les quitara la ocasión de huir, arrojadas las armas, al instante se dirigieron con ímpetu hacia el extremo de la ciudad; una parte fue muerta por los soldados allí, cuando por la estrecha salida de las puertas se apretujaban, y otra, que ha había salido por las puertas sucumbió ante la caballería. No hubo quien se cuidara del botín. Así, excitados por la matanza ocurrida en Cénabo y por las fatigas del asedio, no perdonaron i a los ancianos, mujeres ni niños. Por fin, de entre todo el número, que se aproximó a los cuarenta mil hombres, apenas ochocientos, que al principio huyeron de la ciudad a los primeros gritos, llegaron sanos y salvos ante Vercingetórige». Julio César, Guerra de las Galias, traducción de Vicente López Soto, Barcelona, Editorial Juventud, 1971, pp. 189-190.

Es un ejemplo entre muchos. Por poner solamente otros dos, recordemos, por una parte, el saqueo de Roma en 1527 por las tropas de Carlos V, donde se produjeron pillajes, violaciones, muertes y otras atrocidades contra la población civil y, por otra, las imágenes de Goya sobre la Guerra de la Independencia, a comienzos del siglo XIX.

Guerra, barbarie y víctimas civiles son, por tanto, términos que difícilmente pueden separarse. Esto explica que los muertos en los conflictos bélicos vayan mucho más allá de los combatientes; y no solo por las atrocidades que se cometen sobre la población, sino también por las consecuencias sobre ésta de las acciones de guerra (solamente el 6 de junio de 1944, unos 3000 civiles franceses murieron como consecuencia de los bombardeos preparatorios para el desembarco de los Aliados en Normandía) y de las privaciones que resultan de la falta de alimentos o recusos sanitarios. Un análisis de las víctimas totales de las guerras da cuenta de lo anterior. Así, en la Guerra de la Independencia española, entre 1808 y 1814, se calcula que murieron en torno a 500.000 personas, un 5% aproximadamente de la población de España en esa época. Cincuenta años más tarde, la Guerra Civil en Estados Unidos causó también del orden de medio millón de muertos en la Confederación. Teniendo en cuenta que su población era de poco más de nueve millones de habitantes, el porcentaje de fallecidos sobre el conjunto de la población ascendió al 6%. En 1870-1871, durante el sitio de París en el marco de la guerra franco-prusiana y la posterior revuelta de la Comuna, se calcula que casi un 4% de la población de la ciudad falleció como consecuencia de los combates y de las consecuencias del conflicto bélico.

Durante la II Guerra Mundial, el impacto del conflicto sobre el conjunto de la población fue todavía mayor. Ya he mencionado las 3.000 víctimas civiles francesas como consecuencia de los bombardeos Aliados en Normandía tan solo en un día, el 6 de junio de 1944. Más, probablemente, que los soldados alemanes muertos ese mismo día y no muy inferior al número de soldados aliados fallecidos en el desembarco (unos 4.000). Las cifras de víctimas mortales en el conjunto del conflicto confirman la tremenda letalidad de esa guerra; no solamente entre los combatientes, sino también para la población civil. Así, en el caso de Polonia y Francia son más las víctimas mortales civiles que las de combatientes. En Francia hubo unos 200.000 combatientes muertos, mientras que las víctimas civiles fueron casi 400.000. En el caso de Polonia es aún más extremo: hubo unos 240.000 combatientes muertos y más de cinco millones de víctimas civiles. En este caso, una parte muy importante de estas víctimas fueron judíos exterminados durante el holocausto, de tal manera que es la mezcla de genocidio con la barbarie de la guerra lo que explica esta alta mortalidad en Polonia. En la Unión Soviética también hubo más víctimas civiles que militares (unos 16 millones de víctimas civiles y unos 10 millones de combatientes fallecidos). En Italia, las víctimas civiles y las militares están casi igualadas (algo más de 300.000 militares y también algo más de 300.000 civiles) y en Alemania, pese al altísimo número de civiles muertos (varios millones), los combatientes muertos son todavía más (entre cuatro y cinco millones). Incluso en el caso del Reino Unido, que no sufrió la guerra dentro de sus fronteras, hubo más de 60.000 víctimas civiles, como consecuencia, principalmente, de los bombardeos durante el año 1940 y las V-1 y V-2 que lanzó Alemania en la fase final de la guerra. En cualquier caso, el porcentaje de fallecidos en los países que sufrieron la guerra sobre su territorio es estremecedor.

Los conflictos que siguieron a la II Guerra Mundial fueron también enormemente letales. Así, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, entre 1965 y 1973, murieron, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras, unos 900.000 vietnamitas, de los que la mitad, aproximadamente, eran civiles; lo que representaba más del 2% de la población. En la segunda guerra de Irak, entre el inicio de las operaciones en 2003 y la retirada de las tropas de Estados Unidos en 2011, hubo al menos 300.000 muertos; de los que bastante más de la mitad eran civiles. Esos 300.000 muertos son un 1% aproximadamente de la población de Irak.

Los conflictos más recientes son también terribles en cuanto a mortalidad. Más de 600.000 personas han muerto en la guerra civil de Siria, lo que supone casi un 3% de la población del país. De nuevo, el porcentaje de civiles muertos se acerca a la mitad del total. En el Yemen se vive desde hace años una guerra civil con implicación de actores extranjeros (como en Siria) que ha provocado casi 400.000 muertos (según las fuentes más citadas, aproximadamente un 1% de la población), además de crisis alimentarias y otros desastres humanitarios (desplazados, persecución, torturas…).

La mezcla de conflicto bélico con torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y demás atrocidades no es, como hemos visto, una rareza, sino -por desgracia- lo habitual en los conflictos bélicos que ha conocido el mundo; y la existencia de regulaciones sobre los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra no parece que haya cambiado lo anterior. Podrían ponerse también ejemplos de las guerras de Yugoslavia en los años 90 del siglo XX y, más recientemente, en la guerra de Ucrania o en la guerra de Siria.

En el caso de Siria, por ejemplo, llama la atención que quien ejerce actualmente la presidencia del país, Ahmed al-Sharaa, quien fue miembro de Al Qaeda y Jabhat al-Nusra y líder de Hay’at Tahrir al Sham (HTS), las dos últimas, organización combatiente en la guerra de Siria acusadas de, por ejemplo, llevar a cabo ejecuciones pública de mujeres acusadas de adulterio.

Y también de arrestos arbitrarios, detenciones ilegales, desapariciones, confiscaciones, acoso e intimidación contra las mujeres y otras violaciones de derechos humanos.

Lo que no ha impedido que el líder de esa organización se dirigiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unos días en su calidad de presidente de Siria.

El mensaje es claro: la barbarie en la guerra quizás no lo es tanto si al final se acaba venciendo. De hecho, a nadie se le oculta que algunas de las acciones que llevaron a cabo los aliados durante la II Guerra Mundial quizás hubieran sido valoradas como crímenes contra la humanidad de haber perdido la guerra. Un piloto que combatió en Europa con las fuerzas americanas así se lo comentó a su superior tras recibir una determinada orden.

De acuerdo con lo que hemos visto, resulta que las atrocidades en el curso de las guerras parecen consustanciales a ella; lo que implica que los conflictos no solamente causan víctimas entre los combatientes, sino también entre la población civil. Tanto víctimas mortales como otras que sufren torturas, violaciones, detenciones arbitrarias o el hambre u otras consecuencias del conflicto.

Ahora mismo asistimos a un conflicto en Gaza que no es más que un episodio en una confrontación mucho más amplia entre el estado de Israel y ciertos países y grupos que se oponen a su existencia. A lo largo de las décadas este enfrentamento ha ido mutando; de tal manera que algunos países que fueron acérrimos enemigos de Israel en su momento, ahora no tienen esta actitud ante el estado judío; mientras que en este momento hay actores que hace unos años ni siquiera existían. Por otra parte, entre los países y organizaciones contrarios a Israel también hay profundas diferencias, lo que hace que la situación sea de todo menos sencilla.

Como es sabido, tras la I Guerra Mundial, el Reino Unido asumió el control de Palestina, que en aquel momento incluía la actual Jordania y los territorios al oeste del río Jordán. Relativamente pronto, sin embargo, los británicos establecieron administraciones diferenciadas para Transjordania (la actual Jordania) y «Palestina», el territorio que va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, limitando al norte con Líbano y Siria y al sur con la península del Sinaí.

En Palestina, ya desde finales del siglo XIX comenzaron a establecerse comunidades judías que o bien huían de las persecuciones en uno y otro lugar (la Rusia zarista, por ejemplo) o bien perseguían el sueño de poder reconstruir una nación judía en el territorio que había sido su sede ancestral siglos atrás. La persecución a los judíos en Europa en los años previos a la II Guerra Mundial y durante ésta aumentó la llegada de judíos a Palestina, lo que provocó tensiones con la población árabe que ya estaba establecida en el territorio. Los británicos, responsables del territorio, plantearon la división de Palestina en un estado judío y otro árabe. Esta solución fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo de 1948, coincidiendo con la salida de las últimas tropas británicas de Palestina, el gobierno provisional de Israel, que habían creado las diferentes organizaciones que representaban a los judíos en Palesina, proclamó el estado de Israel. Los países árabes no lo reconocieron y durante meses se desarrollaron hostilidades que acabaron con un alto el fuego en el que Israel aumentó el territorio que originalmente se le atribuía en la propuesta de división de Palestina y que acarreó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos; durante los enfrentamientos bélicos y con posterioridad a ellos.

Israel volvió a entrar en guerra en 1956, al enfrentarse a Egipto en el marco del conflicto generado por el intento de este último país de obtener el control efectivo del Canal de Suez (que estaba en manos de una compañía francobritánica). Más tarde, en 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel pasó a controlar la península del Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán (en la frontera con Siria), además de la Franja de Gaza, que estaba antes bajo administración egipcia.

Tras 1967, toda Palestina (diferenciada de Transjordania, la actual Jordania) pasó a estar controlada por Israel. Los palestinos, sin nación (excepto aquellos que son ciudadanos israelíes, aproximadamente unos dos millones), se encuentran en una situación de sometimiento a un poder extranjero y con restricción de derechos. El terrorismo se intensificó y la violencia continuó. Aún hubo otra guerra a gran escala entre los países árabes e Israel, la guerra del Yom Kippur en 1973 (tras la que Israel devolvió el Sinaí a Egipto) y otras operaciones militares contra los grupos terroristas que hostigan a Israel, como la campaña en el sur del Líbano en 1982, que tenía por objetivo destruir la infraestructura de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En el curso de esa campaña se produjo la masacre de Sabra y Chatila, en la que milicianos libaneses, aliados de Israel mataron varios centenares de refugiados palestinos y libaneses en los campamentos en los que estaban asentados, campamentos que en el momento del ataque ya se habían convertido en barrios de Beirut.

Pese a las enormes dificultades, en las negociaciones de Oslo (1993-1995) se avanzó en el reconocimiento mutuo entre la OLP (que reconoció el derecho de Israel a existir) e Israel (que reconoció a la OLP, una organización terrorista, como representante del pueblo palestino)

Lo anterior, sin embargo, no supuso el fin del conflicto. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) asumió funciones administrativas en los territorios ocupados, pero las tensiones continuaron como consecuencia de la política de asentamientos, que implicaban que en esos territorios se establecían poblaciones judías, lo que era rechazado por los palestinos.

La OLP abandonó el terrorismo y se convirtió en socio político de Israel, en su nuevo rol como administrador civil de los territorios ocupados; pero otras organizaciones terroristas, como la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Hamás continuaron con atentados, algunos de ellos suicidas, causando varios centenares de muertos. A esto se unen las revueltas palesinas sostenidas, conocidas como Intifadas, la primera precedió a los acuerdos de Oslo (1987-1993) y la segunda se desarrolló entre 2000 y 2005. En el marco de esta segunda Intifada, Israel comenzó la construcción de un muro que separaba determinadas zonas de Cisjordania de Israel y de algunos de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. La construcción de ese muro fue declarada contraria al derecho internaicional por el Tribunal Internacional de Justicia.

En este contexto, en 2006 se llevan a cabo elecciones en los territorios ocupados que gana Hamás. Fatah, la organización que en su día había liderado Yasser Arafat y que había tenido un papel protagonista desde hacía décadas perdió ante un grupo más violento y que defendía una confrontación directa con Israel. Pese a la victoria, Hamás no se hizo con el control de Cisjordania, donde se mantuvo la ANP controlada por Fatah; pero sí pasó a gobernar la Franja de Gaza.

Hamás fue creada en 1987, durante la primera Intifada en Palestina y se presentó como una rama del movimiento «Hermanos Musulmanes«. Su ideología es islamista y nacionalista (palestina). Su Carta Fundacional de 1988 presentaba un marcado carácter antiisraelí, hasta el punto de poder interpretarse que defendía la eliminación no solamente del estado de Israel, sino también de la población judía (vid. especialmente su art. 28). La lectura del documento habla también del papel que reservan a la mujer (arts. 17 y 18) o de cómo solamente es concebible la práctica de religiones diferentes del Islam «bajo la sombra» de éste (art. 6). Llama la atención que en el segundo párrafo de la Carta aparece la famosa cita: «Israel se establecerá y existirá hasta que el Islam lo destruya como destruyó lo que le precedió«.

En 2017 Hamás publicó un nuevo documento en el que aunque mantenía su reivindicación del territorio de toda Palestina (desde el río hasta el mar, punto 2) planteaba que un estado soberano palestino con capital en Jerusalén en el territorio definido por las fronteras de 1967 podría ser una solución de consenso nacional (punto 20). Esta afirmación, sin embargo, no suponía renunciar a considerar el resto del territorio de Palestina como territorio ocupado. Además, en el documento subraya que su conflicto es con el sionismo, no con los judíos (punto 16).

Desde 2007 Hamás controla la Franja de Gaza, habiendo establecido una administración paralela a la de la ANP, que ya no ejerce ninguna función en la Franja. Según informan organismos internacionales, en Gaza se practicas ejecuciones públicas y privadas y torturas. La libertad de expresión y la disidencia política están limitadas y el papel de las mujeres es secundario, en línea con lo que se mantenía en la Carta Fundacional de Hamás (que veíamos antes). La Franja, además, se convirtió en base para ataques terroristas contra Israel, principalmente mediante lanzamiento de cohetes o la construcción de túneles que servían para infiltrarse en el sur del país. Ahora bien, todo cambió de escala con los ataques del 7 de octubre de 2023.

En el ataque participaron, probablemente, varios miles de combatientes de Hamás que mataron a más de mil personas en un solo día y se llevaron varios centenares de rehenes a Gaza. Las imágenes de los rehenes entrando en Gaza siendo vejados por sus captores y por parte de la población impactaron en todo el mundo y, supongo, también en Israel.

Las imágenes de lo sucedido el 7 de octubre son terribles; pero, como ya he señalado, las guerras son horribles, siempre lo han sido y, por desgracia, siempre lo serán, sin que la existencia de normas sobre crímenes de guerra o de lesa humanidad cambien eso.

Y lo que hay entre Hamás e Israel es una guerra; lo que sucede que no es una guerra fácil de caracterizar jurídicamente, puesto que una de las partes no es una entidad estatal, sino una organización cuyo objetivo es conseguir la creación de un estado palestino, que no descarta -y de hecho utiliza- la violencia para intentar alcanzar ese objetivo y que ejerce el control efectivo sobre la población y el territorio de Gaza, aunque es Israel quien controla las fronteras, el mar territorial y el espacio aéreo. Además, formalmente Gaza sigue siendo parte de los territorios ocupados sobre los que podría ejercer su función de administración la ANP, aunque, de hecho, no sea así.

¿Legitimaría el derecho internacional una respuesta de Israel contra Hamás, lo que implicaría atacar Gaza con la posibilidad de causar daños a la población civil? Parece ser que sí (con los matices que se verán a continuación). Resultaría absurdo -creo- mantener que ante un ataque como el del 7 de octubre la única reacción legítima, desde una perspectiva legal, fuera pedir la cooperación de Hamás para entregar a Israel a los responsables de los atentados y obtener la liberación de los rehenes. Con indepencia del estatus jurídico de Gaza lo que resulta evidente es que nos encontramos con que los responsables tanto de los atentados como de los secuestros son autoridades que controlan de manera efectiva el territorio y la población de la Franja de Gaza. No estamos ante una organización terrorista que opera en la clandestinidad; sino ante quienes ejercen el poder público en un territorio; esto es lo que marca la diferencia entre una guerra y una operación policial. Esa perspectiva es la que tenemos que considerar para valorar la actuación de Israel.

Así pues, las operaciones de Israel en Gaza son operaciones de guerra. Otra cosa es si existe justificación desde la perspectiva del derecho internacional, lo que no es tan claro como pudiera parecer, tal y como veremos a continuación.

En primer lugar, se alude con frecuencia al derecho de Israel a la «legíma defensa»; pero no parece que Israel haya usado formalmente el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas (derecho a la legítima defensa) como justificación para sus operaciones en Gaza. En la carta que el embajador de Israel ante las Naciones Unidas dirigió al Secretario General de la Organización y a la Presidencia del Consejo de Seguridad se dice de que Israel «tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y defender sus soberanía de los continuos ataques terroristas que pepetran Hamás y otras organizaciones terroristas y cuyo punto de origen es la Franja de Gaza»; pero no alega de manera explícita el derecho a la legítima defensa.

Y hay razones para ello. El derecho a la legítima defensa está pensado para agresiones de un Estado contra otro Estado y las acciones que legitima no están limitadas solamente por el principio de proporcionalidad, sino por el de necesidad; esto es, solamente están justificadas aquellas medidas orientadas a neutralizar las capacidades de ataque del agresor. Por otra parte, hay que medir la gravedad del ataque en términos «internacionales». Es decir, ¿corre peligro la existencia de Israel por los ataques de Hamás? ¿Está en riesgo su integridad territorial? No lo parece. Por supuesto que eso no quiere decir que Israel no pueda hacer nada; pero desde la perspectiva estricta del derecho a la legítima defensa que se regula en el art. 51 de las Naciones Unidas no veo claro que se pueda justificar una operación que tuviera como objetivo tomar el control de Gaza. Piénsese en que Ucrania, por ejemplo, pretendiera -si tuviera capacidad para ello- que el ejercicio de su derecho a la legítima defensa frente a la agresión rusa le permitiera ocupar toda Rusia. De hecho, ya se ha discutido que ese derecho a la legítima defensa habilitara su ataque en Kursk que le llevó a controlar por un tiempo una parte del territorio ruso.

Se repara poco en lo limitado que es el derecho al uso de la fuerza, incluso en caso de legítima defensa, tras la Carta de las Naciones Unidas. Si la doctrina actual sobre el uso de la fuerza entre Estados se hubiera aplicado en 1945, los aliados deberían haber detenido su avance sobre Alemania en el río Rin y los soviéticos no hubieran podido pasar de Prusia Oriental; o tan solo hubieran podido penetrar en Alemania lo necesario para neutralizar su capacidad militar. Estados Unidos no hubiera podido invadir Okinawa y, posteriormente, ocupar Japón. La rendición incondicional no es un objetivo legítimo para el uso de la fuerza.

Y, sin embargo, ante un ataque como el del 7 de octubre, y habiendo más de 200 rehenes en Gaza, cabe preguntarse si es razonable pedir que un Estado se limite a pedir al Consejo de Seguridad que condene dichos ataques. Por otra parte, en este caso no estamos ante una agresión por parte de otro Estado y, ni siquiera, desde el territorio de otro Estado, pues Gaza ni es otro Estado ni forma parte Egipto o de otro país reconocido internacionalmente; excepto la propia Palestina; pero junto con Cisjordania, no como ente autónomo. Por otra parte, Israel nunca ha renunciado al control de las fronteras terrestres, el espacio aéreo y el mar territorial de Gaza; por lo que, en cierta forma, sigue siendo la «potencia ocupante» del territorio. Desde esta perspecrtiva, y con matices, la posición de Israel respecto a Hamás sería parecida a la que tendría cualquier estado ante un grupo armado que consigue controlar parte de su territorio. En estos casos sí estaría justificado el uso de la fuerza para recuperar el control efectivo del territorio, lo que habilitaría a Israel para una operación orientada al control total de la Franja; eso sí, con el matiz que se adelantaba de que la Franja de Gaza no es territorio del Estado de Israel, sino, en su caso, ocupado por Israel. Ahora bien, Israel no pone el énfasis en este argumento porque supondría que debería asumir la responsabilidad sobre el territorio; cosa que, sin embargo, curiosamente, parece dispuesta a hacer.

Así pues, se pueden plantear dudas sobre el encaje legal de las operaciones militares de Israel en Gaza; pero, en líneas generales, no se ha discutido tanto eso como la adecuación, respecto al derecho internacional, de la forma en que se desarrollan esas operaciones. Es decir, sea cual sea la justificación o el argumento que se utilice en relación a las actuaciones israelíes, desde la perspectiva internacional han de ser actuaciones que se dirijan contra objetivos militares y que causen a la población civil el daño mínimo posible. De no responder a estas exigencias podríamos estar ante crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En los casi dos años que llevamos en esta fase del conflicto (porque el conflicto, en realidad, como hemos visto, empezó mucho antes) son frecuentes las acusaciones de excesos por parte de las IDF (Israel Defence Forces). Las imágenes, además, de hospitales bombardeados, los civiles desplazados y las muertes de civiles, incluidos niños, han impactado a la opinión pública mundial.

Las imágenes anteriores son, aparentemente, verdaderas; otras que se han difundido, en cambio, se ha probado que son falsas o que son probablemente falsas, incluso generadas con herramientas de IA.

En la guerra también importa controlar el relato; es por ello que cada parte intentará arrastrar las simpatías internacionales hacia su bando; para lo que es natural intentar mostrar al adversario como sanguinario y a uno mismo como víctima. Israel difundió de diversas formas las imágenes de los atentados del 7 de octubre y desde el comienzo de la ofensiva en Gaza se difunden ampliamente las consecuencias de las acciones militares de Israel, poniendo el acento en que se atacan objetivos civiles como hospitales, periodistas o personas que están esperando la llegada de comida.

No se trata solo de tocar el corazón de la opinión pública, sino que de ahí se pasa a la valoración jurídica, de manera que ya hay causas abiertas en la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel y su ministro de defensa por las actuaciones en Gaza. Se les acusa de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.

Lo que se investiga es si las acciones de Israel se dirigen contra civiles en el marco de un ataque amplio y sistemático contra la población civil en Gaza. Si se diera esto último, se trataría de crímenes contra la humanidad.

Desde la perspectiva israelí, sin embargo, el planteamiento que se hace es el de que, pese a los esfuerzos que se realizan para minimizar el daño a la población civil, la operación de desarticulación de Hamás, dada la penetración en el territorio y entre la población de la organización terrorista, imposibilita realizarla sin daños civiles.

Desde luego, resultará, seguramente, difícil desarrollar una operación militar a gran escala en un territorio en el que la densidad de población es de más 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado sin que las víctimas civiles sean elevadas. Para hacerse una idea: la Franja de Gaza tiene una superfie parecida a la de la comarca del Maresme en Barcelona, pero con cinco veces más población.

Por supuesto, la pregunta inmediata es por qué la población de Gaza no huye. Existe una frontera con Egipto (el paso de Rafah) que permitiría una salida para los civiles o, al menos, a parte de los civiles (niños, ancianos, mujeres), tal como sucedió en Ucrania tras la invasión rusa; o como hemos visto que ha pasado en tantos conflictos (refugiados republicanos españoles que pasaron a Francia en 1939, por ejemplo). El problema aquí es que Egipto no permite esa salida de refugiados, por lo que la población de Gaza está atrapada. Israel, antes de realizar operaciones en una determinada área, avisa a la población para que la abandone; pero, ¿dónde van? Es una situación parecida a la de un sitio, pero en el que el que existe una puerta de escape que no es utilizada. De hecho, por la superficie sitiada y la población afectada, la guerra de Gaza se asemeja al sitio de París en los años 1870-1871 que ya se ha mencionado, incluso en el orden de magnitud de los fallecimientos. El sitio de París se calcula que costó la vida a un 4% de la población y hasta ahora en Gaza se calcula que ha muerto un 2,5% de su población.

Además de la alta densidad de población hay otro factor que contribuye a dificultar las operaciones: los combatientes no usan uniforme. Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, esto obliga a extremar la obligación de distinción para evitar víctimas civiles, pero no es un factor desdeñable a la hora de valorar jurídicamente las actuaciones de la IDF en Gaza.

En lo que se refiere a los ataques a hospitales, mezquitas y otros edificios civiles, el argumento de Israel es el de que son utilizados como depósitos de armas o infraestructuras por Hamás, que no diferenciaría entre instalaciones militares y civiles o que, incluso, aprovecharía la obligación que tiene Israel de respetar estas últimas para fines militares. Las pruebas aportadas por Israel son cuestionadas en tanto en cuanto la verificación independiente es limitada o inexistente y, además, porque, incluso admitiendo el uso militar de ciertas instalaciones civiles, podría discutirse si los ataques israelíes son proporcionados. Además, se ha discutido si algunos de esos ataques (por ejemplo, al hospital Al-Ahli, en octubre de 2023) no son, en realidad, resultado de fallos de cohetes de Hamás dirigidos contra Israel.

En definitiva, es obvio que las operaciones de Israel en Gaza han provocado abundantes víctimas civiles. Por desgracia, era lo esperable en una guerra que se desarrolla en una zona tan densamente poblada, en la que los combatientes tienden a confundirse con la población civil y en la quienes controlan hospitales, escuelas e infraestructuras son los mismos que combaten. Ahora bien, esta dificultad no supone exoneración de responsabilidad para Israel, ya que la obligación de exrtremar el principio de distinción y proporcionalidad en estos casos no admite discusión.

El hecho de que lo que esté sucediendo en Gaza se corresponda punto por punto con lo que es habitual en todos los conflictos, y más en los que implican núcleos urbanos no altera la calificación jurídica que puedan merecer las actuciones israelíes. Nada de lo que estamos viendo es diferente de lo que hicieron los aliados durante la II Guerra Mundial; pero, como comentábamos antes, con las reglas actuales los aliados no hubieran podido pasar de las fronteras de Alemania en 1939 ni exigirle su rendición incondicional. Si se pasaran por el tamiz del derecho humanitario actual los bombardeos de Dresde o Tokio muchas personas que tienen calles dedicadas, fotos en las instituciones o premios Nobel, deberían estar siendo juzgados por el TPI.

(Dresde en 1910)

(Dresde tras los bombardeos de 1945)

Así pues, la valoración jurídica de las actuaciones de Israel no puede descansar en comparaciones con el pasado. El hecho de que en la actualidad, como hemos visto, sea habitual que los conflictos bélicos (internacionales o civiles) lleven aparejada la comisión de actos que objetivamente deban ser calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad que no son persguidos (vid. supra epígrafe II) tampoco afecta a la calificación de las actuaciones de Israel. Lo que deberá examinarse es si las víctimas civiles pudieron ser evitadas y si se empleo toda la diligencia necesaria para ello; lo que exige un análisis individualizado de cada acción, un examen que, en estos momentos, es díficil que pueda producirse de manera objetiva.

Otro tema que ha de ser considerado es el de la ayuda humanitaria, incluida la alimentaria, en Gaza. Una de las acusaciones que pesa sobre Israel es la de impedir la llegada de esa ayuda humanitaria; ahora bien, Israel alega que las agencias internacionales que distribuyen esa ayuda no son neutrales, que en algunas hay trabajadores que han colaborado con Hamás y que esa ayuda en vez de distribuirse de manera neutral entre toda la población de acuerdo con sus necesidades es utilizada para ayudar a Hamás o para reforzar el papel de Hamás entre la población (al controlar indirectamente la entrega de la ayuda). Es por eso que Israel ha propuesto que la ayuda sea entregada por Israel, a lo que se ha negado la ONU y otras agencias internacionales.

El problema tiene una cierta complejidad. Israel tiene el control de los accesos a Gaza y, además, controla una parte del territorio, aunque otra parte sigue controlada por Hamás. La distribución de la ayuda humanitaria tendrían que hacerlo actores neutrales, pero, precisamente, Israel niega que, por ejemplo, la UNRWA (la agencia de las Naciones Unidas para los regugiados de Palestina en Oriente Próximo) actúe como un agente neutral. Así, por ejemplo, mientras se niega a colaborar con Israel para la entrega de ayuda humanitaria no planea el mismo problema respecto a Hamás cuando entrega ayuda en las zonas que aún controla esta organización. Al no considerarla un agente neutral, Israel reivindica su derecho, como potencia que controla de facto el territorio, a inspeccionar la ayuda y verificar que no va destinada a favorecer a los combatientes.

Por otra parte, Israel ofrece zonas «seguras» dentro de la propia Franja para recibir ayuda humanitaria; pero Hamás desincentiva que la población se acoja a esta posibilidad, tal como han recogido varias fuentes e, incluso, el Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel de 14 de junio de 2024 (núm. 59 in fine).

Es decir, que los problemas de falta de ayuda humanitaria en Gaza no tienen una respuesta directa y evidente del tipo: «Israel quiere matar de hambre a los gazatíes»; sino que suponen responsabilidades de varios actores, lo que incluye a Hamás y también a las agencias humanitarias que no están siendo capaces de presentarse como agentes neutrales en el conflicto.

De lo que hemos visto hasta ahora resulta que la CPI ya ha comenzado a actuar en relación a las autoridades israelíes por la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Obviamente, se trata de acusaciones que no carecen absolutamente de base teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario actual; pero que deben ser examinadas de manera cuidadosa en atención a las circunstancias de un conflicto bélico que se desarrolla en un entorno fundamentalmente urbano, densamente poblado y en el que uno de los combatientes es, a la vez, quien controla hospitales, escuelas, mezquitas y el que ha sido, hasta el inicio de la operación israelí, el único poder público de facto en el terreno. Unido lo anterior a la tendencia a mezclar civiles y combatientes que no forman parte de un ejército uniformado y organizado de manera formal.

Pese a todo lo anterior, el debate, sobre todo en algunos países -y tendremos que volver sobre ello un poco más adelante- se centra en si Israel está o no cometiendo actos de genocidio en Gaza. Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en este sentido que dio lugar a una resolución de este tribunal de enero de 2024 en la que sin afirmar que se estaba cometiendo genocidio, se consideraron plausibles las alegaciones de Sudáfrica y se adoptaron medidas cautelares.

Aparte de estas medidas cautelares (y otras que siguieron en la misma línea), que no califican como genocidio la actuación de Israel, no existen resoluciones ni del Consejo de Seguridad de la ONU ni de la Asamblea General de la misma organizacion que califiquen de genocidio la actuación de Israel en Gaza. Sí que existe un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel (COI-OPT) del que nos ocuparemos enseguida, así como múltiples declaraciones de líderes políticos de todo el mundo, artistas, organizaciones y simples opinadores que no dudan en calificar de genocidio lo que está sucediendo en Gaza.

En relación a este tema, lo único que tengo claro es que no es posible tenerlo claro. Ya adelanto que mi impresión es que no se está cometiendo un genocidio en Gaza; y daré mis razones; pero siempre con la cautela de que no se conoce lo suficientemente bien lo que está sucediendo sobre el terreno y que en situaciones de conflicto conocer la realidad de lo que está pasando es difícil porque la propaganda proviene de todos los bandos implicados. Solamente en el futuro, con más datos y testimonios sobre la mesa podría hacerse un juicio ponderado.

Como acabo de adelantar, sin embargo, mi impresión es que lo que está sucediendo en Gaza no puede calificarse como genocidio. Tal y como comentaba en el epígrafe I, la prueba del delito de genocidio es difícil, porque exige constatar un animus, la destrucción de todo o parte de un grupo étnico, nacional o religioso que no es fácil. Además, al tratarse el genocidio del crimen más execrable, la prueba ha de ser todavía más contundente; esto es, no cabe la duda sobre el genocidio; o, mejor dicho, si hay una duda es que no es genocidio.

Con lo anterior no quiero decir que las dudas que tenemos ahora invaliden la acusación de genocidio; lo que quiero decir es que una vez que se disponga de todo el material probatorio, deber resultar nítido que había esa voluntad de exterminar a la totalidad o a una parte de un grupo determinado, en tanto que grupo (destacábamos la importancia de ese «en cuanto tal» en el epígrafe I); si no hay esa nitidez, la calificación debería ser otra.

Pero antes de entrare en ese animus, quiero detenerme en otra cosa: aunque pueda parecer frío o deshumanizado, el tema de las cifras no es completamente irrelevante; y si consideramos las cifras de muertos en Gaza comprobamos que están más cerca de las propias de un conflicto armado que de las de un genocidio.

Por supuesto, lo anterior no es definitivo. Puede haber genocidio, porque hay una voluntad clara de extinguir a un grupo étnico, nacional o religioso sin que, afortunadamente, tenga éxito el propósito; pero, si queremos ser objetivos, en caso de que el porcentaje de víctimas se asemeje tanto al que es propio de un conflicto bélico, es necesario explicar las razones de que el presunto genocida no consiga llevar a cabo su propósito.

En el caso de Gaza, existiendo explicaciones militares para las acciones, la carga de la prueba pesa sobre quien sostiene que esas actuaciones militares, en realidad, lo que esconden es el propósito genocida, lo que, a mi juicio, casa mal, por ejemplo, con las advertencias previas a los bombardeos o ataques que realizan las IDF. El hecho de que existan estos avisos no convierte en legítimas las acciones y no cabe descartar que sean consideradas como crímenes de guerra o de lesa humanidad, como veíamos un poco más arriba; pero hace más difícil que puedan ser consideradas como actuaciones genocidas.

El informe de la COI-OPT da, sin embargo, este paso; aunque, a mi juicio, sin llegar a ser convincente.

Cuando se trata de probar el ánimo genocida no basta con inferencias en las que quepa otra interpretación, sino que es preciso que la única conclusión razonable sea el propósito de exterminar a un grupo étnico, nacional o religioso «en cuanto a tal».

(STIJ de 26 de febrero de 2007 en el caso Bosnia-Herzegovina c. Serbia y Montenegro)

(STIJ de 3 de febrero de 2015, Croacia c. Serbia)

En el informe del COI-OPT, sin embargo, se opera a la inversa: en declaraciones que podrían ser interpretadas como excluyentes de un ánimo genocida se pone el acento en aquellos aspectos que conducirían a entender que sí existe esa voluntad de exterminio. Por ejemplo, en el núm. 168 del Informe se indica que, pese a que Netanhayu se dirige de manera explícita contra Hamás, se considera que muestra ánimo genocida que utilice la expresión «wicked city» (ciudad perversa o malvada).

En el número 169, por su parte, de unas declaraciones del Ministro de Defensa de Israel que de manera explícita se refieren a Hamás deduce el animo genocida; aunque leídas en su totalidad podría interpretarse que se refiere únicamente a los combatientes y no a todos los palestinos.

En este sentido, la COI-OPT considera relevantes declaraciones del presidente Herzog que no llamaban expresamente al genocidio y que, además, luego fueron matizadas; es decir se aprecia un patrón de conducta por parte de la Comisión que consiste en subrayar aquellas declaraciones que puedan apoyar el dolo genocida y minimizar las que lo desmientan, que es justo lo contrario de lo que debe hacerse en estos casos.

En definitva, el documento de la COI-OPT parece tener un cierto sesgo de confirmación hacia la tesis del genocidio, lo que no parece que encaje con la regulación de este crimen internacional y la interpretación del mismo que ha hecho el Tribunal Internacional de Justicia.

Como hemos visto en el epígrafe anterior, las acciones de Israel en Gaza, dejando de lado la justificación última de las mismas (ius ad bellum) podrían suponer crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad; pese a que no se apartan de lo que -desgraciadamente- han sido prácticas habituales en las guerras pasadas e, incluso, en las presentes (guerra de Siria, por poner solo un ejemplo); ahora bien, pretender dar el paso de calificarlas de genocidio creo que no resiste un análisis objetivo. El crimen de genocidio, precisamente por su gravedad, por los ejemplos que hemos tenido de él, por los millones de víctimas que acumula y por el papel que juegan en el orden internacional los mecanismos existentes para su prevención, persecución y castigo ha de ser utilizado con rigor y no debe ser instrumentalizado.

La guerra de Gaza no nos es ajena. A la vez, es profundamente divisorio en las sociedades occidentales y también en la española.

Siendo como soy plenamente consciente de la complejidad del conflicto de Oriente Medio, cuando se produjeron los atentados del 7 de octubre de 2023 me sentí profundamente afectado. Esas, además, son cosas que no se eligen; pero, lo cierto,es que, habiendo otros ejemplos de masacres y atrocidades, ésta me llegó profundamente.

En el estado de ánimo que tenía los días 7 y 8 de octubre me sorprendió la convocatoria de manifestaciones pro-palestinas en esos días. Efectivamente, una cosa son los palestinos y otra Hamás, pero en esos momentos tales manifestaciones que, como luego se ha comprobado, eran reacciones anticipatorias a la respuesta de Israel, podian ser entendidas como un apoyo, aunque fuera indirecto, a la masacre perpetrada por Hamás.

Estas manifestaciones, además, coincidieron con manifestaciones de políticos y autoridades que, en ese contexto, podían ser interpretadas como un apoyo a las reivindicaciones palestinas que habían llevado a los atentados del 7 de octubre.

En aquellos días no dejaba de pensar que esas manifiestaciones y declaraciones no se habrían producido de no haber ocurrido los atentados del 7 de octubre. Que hubiera una conexión entre aquellas atrocidades, manifestaciones en Madrid o Barcelona y declaraciones de gobernantes de mi propio país me produjo un estremecimiento.

Y, entiéndasame, soy consciente, como digo, de que en el conflicto de Oriente Medio Israel o quienes apoyan (o se apoyan) en Israel han cometido muchas atrocidades; pero de igual forma que me hubiera parecido nauseabunda una manifestación pro-israelí inmediatamente después de la masacre de Sabra y Chatila que mencionaba en el epígrafe III.1, me repugnaron las manifestaciones propalestinas tras los atentados del 7 de octubre.

Desde octubre de 2023, a medida que se difuminaban las imágenes del 7 de octubre y pasaban al primer plano las acciones del ejército israelí, la condena a Israel ha ido aumentando en no pocos países y en algunos, como el nuestro, la causa palestina se ha convertido en un instrumento de polarización. La insistencia en exigir que la actuación israelí se califique de genocidio; pese a que, como explicaba en el epígrafe III.3.C), lo único claro es que no está claro, es un indicativo, a mi juicio, de ese uso instrumental del conflicto de Gaza. En España, por ejemplo, ante casi cualquier cosa que la oposición plantee al gobierno lo que se argumenta es que el PP ha de llamar genocidio a la situación en Gaza.

Una insistencia en la utilización del término «genocidio» que ha penetrado en muchas instituciones. Así, por ejemplo, hace unos días, en mi universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, recibía el siguiente correo electrónico colectivo de nuestro Rector:

Como puede apreciarse, indica que la ONU ha confirmado el genocidio en Gaza, lo que está bastante lejos de ser cierto, pues se refiere al informe de la COI-OPT, que es una comisión que, como su propio nombre indica, es independiente; esto es, no expresa el parecer de la ONU como organización internacional. Además, hace referencia a un pronunciamiento anterior en el que ya se había dirigido a la comunidad universitaria avanzando que lo de Gaza era un genocidio.

Desde mi perspectiva, esta toma de posición institucional en un tema de esta dificultad (como hemos visto) no contribuye ni a un debate sereno ni a una mejor comprensión de los problemas que se plantean. Como digo, me indigna la instrumentalización del conflicto, una instrumentalización que, como he avanzado, parece querer usarse para profundizar en la división de la sociedad en vez de para contribuir a resolver los muchos problemas que tenemos, tanto en nuestro país como en otros.

Además de esta instrumentalización, existe otra dimensión que ha de ser considerada. Con toda la complejidad que tiene el conflicto de Oriente Medio, es posible identificar partes en él. Simplificando mucho, por un lado Israel y por otra los palestinos. En España hay quien se adscribe sin matices a la causa palestina, son «los suyos» y defienden sus avances como propios y lamentan cualquier retroceso que padezcan. Las manifestaciones que siguieron inmediatamente a los atentados del 7 de octubre de 2023 a las que me refería antes no se explican sin este componente de «son los nuestros».

Yo no me identifico con ninguna de esas partes. No oculto que, como decía, los atentados del 7 de octubre me impactaron y tampoco oculto mi simpatía con el pueblo judío, sobre todo a raíz de lo que han sufrido en el último siglo y de los vínculos que tiene con mi proipio país, España. Ahora bien, eso no me impide que reconozca sus abusos y errores. Siempre he criticado la política de asentamientos, la construcción del muro y, además, discrepo con su concepción como estado basado en una determinada religión (o etnia); creo que los países han de construirse sobre la ciudadanía, no sobre la religión y con una radical igualdad entre todas las personas; cosa que, me parece, no se da en Israel.

Pero menos todavía me puedo identificar con Hamás. Basta leer sus documentos fundacionales para darse cuenta que su planteamiento es islamista, en el sentido de que en el estado que pretenden el Islam estaría por encima del resto de religiones. No considera a la mujer como una igual al hombre y, además, practica la violencia contra los civiles sin siquiera plantearse si se trata de combatientes o no. Me repugnaría hacer nada que pudiera entenderse como apoyo a Hamás.

Y, sin embargo, desde mi propio país, desde mi propia ciudad, parte una flotilla en la que un grupo de personas se dirigen hacia Gaza en el intento de romper el bloqueo israelí y en apoyo explícito a la causa palestina.

@eldiario.es

Ada Colau anuncia que se embarcará en la flotilla que zarpa este domingo 31 de agosto desde Barcelona para romper el asedio en Gaza Ha aprovechado para denunciar la falta de acción y la «cobardía» por parte de los Gobiernos europeos, incluido el de España #AdaColau #Gaza #activista #ayudahumanitaria #Palestinalibre

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El discurso de los dos bandos y que hay que estar con uno de ellos. Es significativo que en el momento de la salida de la flotilla Ada Colau dijera que si Gaza no se rinde, ellos tampoco se podían rendir.

Es significativo porque quien se pude (o no) rendir es quien combate; y en esta guerra quienes combaten son Israel y Hamás. Gaza es el campo de batalla. Así que la frase de Colau no puede entenderse más que en el sentido de que si Hamás no se rinde, ellos tampoco.

Quien sabe si en el futuro veremos a Netanhayu en prisión y a alguno de los líderes de Hamás hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal y como hizo hace unos días Ahamda Al-Sharaa, ahora presidente de Siria y hace no tanto líder de una organización que practicaba ejecuciones sumarias, torturas y detenciones arbitrarias. Si así fuera creo que no serían buenas noticias. Si no tratas a todos los delincuentes igual al final nadie creerá en la justicia y se acabará asumiendo que las únicas razones son la fuerza y la propaganda.

No es el mundo que me gustaría, pero, por desgracia, en el mío más cercano es dramático comprobar cómo el cuidado por el rigor y la objetividad ha sido sustituido por la instrumentalización del dolor ajeno, la búsqueda de la polarización y la puesta al servicio de la propaganda de instituciones que deberían ser neutrales y favorecer el debate abierto.

Riqueza e igualdad

Estos días le he estado dando vueltas al tema de la igualdad y desigualdad en los diferentes países. Es un tema muy trabajado y, en general, se asume que una desigualdad «excesiva» es perjudicial para el conjunto de la sociedad. De ahí que se estudien con atención tanto los indicadores que miden la desigualdad y su evolución, como la comparación entre unos y otros estados y territorios.

El más conocido de estos indicadores es el índice Gini. Este índice parte una situación ideal, en la que todas las personas (o unidades de consumo, lo mismo da medirlo de una manera o de otra) disponen de la misma renta y compara esa situación con la real del país o territorio que se esté estudiando. La relación entre esa superficie y la que vendría determinada por un reparto absolutamente igualitario de la renta es el índice Gini. En el gráfico inferior puede comprobarse.

Aquí se compara el reparto de la renta en la India (línea roja) y en Suecia (línea morada). Una distribución perfectamente igualitaria seguiría la línea de puntos diagonal. La superficie morada, dividida por la superficie definida por la diagonal es la que da el índice de Gini para Suecia. En el caso de la India, el índice Gini es el resultado de dividir la suma de las áreas morada y salmón por el área definida por la diagonal. Si la riqueza está igualmente repartida, la línea del reparto real coincide con la diagonal y, por tanto, el índice es 0. Si una sola persona tuviera toda la riqueza del país, la línea real sería una vertical en el punto del 1.0, por lo que la superficie definida por la diagonal y la definida por la línea real tendrían el mismo tamaño, lo que conduciría que el índice Gini fuera 1 (máxima desigualdad). En ocasiones, para hacer más fácil la comprensión de los resultados, en vez de expresar el índice entre 0 y 1 se expresa entre 0 y 100, de tal manera que un índice Gini de 0,34 es lo mismo que uno de 34, entendido el primero en una escala de 0 a 1 y el segundo en una de 0 a 100. A continuación, muestro el índice Gini de varios países, tanto europeos como extraeuropeos

Y los países de la UE ordenados por su índice Gini

En principio, como decía, se asume que una mayor igualdad es mejor; pero creo que esto ha de ser matizado. En una sociedad desigualitaria, pero rica, podría suceder que la mayoría de los individuos tuvieran más recursos que en otra igualitaria, pero pobre. Es por eso que sería conveniente vincular los índices de igualdad (Gini, por ejemplo) y la renta per cápita. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es la renta per cápita (a paridad de poder adquisitivo) en los países que hemos considerado hasta ahora.

Y aquí están los países de la UE

¿Cómo se pueden poner en relación ambos indicadores, el índice Gini y la renta per cápita a paridad de poder adquisitivo? Mi propuesta es dividir la renta per cápita a paridad de poder adquisitivo por el índice Gini más 0,1. De esta forma, el índice resultante (al que podemos llamar «índice 1») aumentaría tanto cuando aumenta la renta per cápita como cuando aumenta la igualdad (puesto que el denominador se hace más pequeño). La razón de añadir un 0,1 al índice Gini es la de evitar que si éste es 0 el resultado fuera infinito, lo que carecería de sentido. Según éste índice, los países que hemos considerado hasta ahora se ordenarían de la siguiente manera:

Si ponemos en relación renta per cápita y desigualdades, se producen algunos cambios en la ordenación de los países. Así, por ejemplo, Suecia adelanta a Estados Unidos y España se coloca detrás de países que tienen una renta per cápita inferior, pero que gozan de una mayor igualdad (la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia). No se trata de premiar la igualdad a toda costa, sino de identificar qué niveles de desigualdad son compatibles con un alto nivel de riqueza.

Es obvio también que el valor que se asigne al corrector del índice Gini en el denominador hará que se dote de mayor importancia a la desigualdad a la renta per cápita. Aquí he elegido un corrector bajo (0,1). si éste subiera, el índice 1 se iría aproximando a la renta per cápita. Elegir uno u otro es una cuestión puramente ideológica, en el sentido de dotar de mayor o menor relevancia a la igualdad dentro de la sociedad. En función del valor que se elija para este factor de corrección, la ordenación de los países variará.

Lo que sí resulta objetiva es la relación entre renta per cápita e igualdad. Si ubicamos los países en una gráfica en la que en el eje vertical se coloque la renta per cápita y en el horizontal el índice Gini obtendremos una distribución de territorios a partir de estos dos factores.

Esta gráfica nos muestra, si consideramos la UE; que hay dos países que destacan por combinar una alta renta per cápita y una relativamente alta desigualdad (relativamente porque, en cualquier caso, se trata de niveles de desigualdad que están lejos de los que se encuentran en países como Estados Unidos o México. Luego hay un grupo de países con renta per cápita reducida (para los estándares de la UE), pero con un alto nivel de igualdad (la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia) y luego un grupo de países, que forman una especie de círculo hacia el centro del gráfico, con una renta per cápita relativamente alta pero, a la vez, un nivel de desigualdad no excesivamente alto. Se trata de Dinamarca, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suecia, Finlandia y Francia.

España no está en ninguno de esos grupos, sino en otro en el que la renta per cápita es sensiblemente más baja con diferentes niveles de desigualdad, desde la bastante reducida de Polonia hasta la muy alta de Letonia y Bulgaria. En ese grupo, España, junto Italia, Lituania y Estonia se ubica en una posición intermedia.

Tanto el índice 1 como este tipo de gráficas nos permiten ver cómo se relacionan renta per cápita y desigualdad. Me parece importante fijarse en estas cosas, porque antes de diseñar cualquier política -que puede que funcione o puede que no- es necesario saber a dónde queremos llegar. La pregunta, a partir de aquí es si queremos ser como el grupo de Irlanda y Luxemburgo, como el de Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa, como aquel en el que están Dinamarca, Austria y Francia (entre otros) o ya nos está bien estar donde estamos. Este es el tipo de debate al que deberíamos enfrentarnos. ¿No os parece?

Censura y amenazas. Amenazas y censura

Hace varias semanas, desde S’ha Acabat! me pidieron que participara en un acto que se celebraría en la Facultad de Derecho de la UAB sobre España y Europa ante el nuevo escenario internacional. Participaría también en él Susana Beltrán, profesora de Derecho internacional público.

El acto contaba con la autorización del Decanato de la Facultad y se celebraría, como indica el cartel, el 25 de abril en el Salón de Grados de la Facultad.

La víspera del acto, estaba trabajando en mi despacho de la Facultad cuando alguien introdujo por debajo de la puerta un mensaje amenazante en relación a mi participación en dicho acto. Este el mensaje:

Pedí ver a alguien del equipo decanal (la Decana, estos días, estaba fuera) y me entrevisté con Ricard Esteban, Vicedecano. Le mostré el mensaje y él me dijo que la Decana había decidido suspender el acto. Le pregunté cuáles eran las razones para la suspensión; pero, la verdad, no me acabó de quedar claro cuáles eran éstas.

Le transmití que, al margen de la amenaza que había recibido, suspender un acto de S’ha Acabat! me parecía injustificado. Le recordé que la UAB ya había sido condenada por haber vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes constitucionalistas al limitar su actividad en el campus. Recientemente (hacía unas semanas) la UAB había prohibido la participación de S’ha Acabat! en la feria de entidades de la Universidad y que había sido como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas por un juzgado de lo contencioso-administrativo ante el recurso en amparo planteado por S’ha Acabat! que la entidad finalmente había podido participar en la mencionada feria de entidades. Le dije que con esos antecedentes, suspender el acto la víspera del mismo sin dar una razón clara y justificada parecía un ejercicio de censura y que podríamos estar ante una discriminación por razón de ideología (en algún momento se llegó a comentar la inconveniencia de que entre el público fueran a estar miembros de S’ha Acabat! que, a la vez, eran diputados autonómicos del PP y de Vox.) una limitación de la libertad de cátedra, pues se impedía mi participación en un acto de indudable contenido académico y una limitación de la libertad de expresión; a lo que se podría añadir (aunque esto ya no se lo comenté) con una limitación del derecho a la educación, que se había entedido también vulnerado cuando se expulsó a una asociación de estudiantes constitucionalistas del registro de entidades de la UAB.

A lo anterior se añadía el hecho de que hubiera habido amenazas orientadas a impedir mi participación en el acto. No sé si se llega a entender la indignación que se genera cuando, ante una amenaza injusta, no eres capaz de hacer lo que crees que has de hacer; en este caso participar en el acto que otro quiere impedir; porque la propia institución que debería amparar los derechos de los profesores y de los estudiantes y, en este caso, mi derecho a ejercer la libertad de cátedra; adopta una decisión que se coloca en línea con lo que desean los que te han amenazado.

La censura siempre es dura, pero cuando aparece al costado de la amenaza es doblemente dolorosa. Al Vicedecano Esteban le dije que a primera hora de la mañana iría a los Mossos d’Esquadra a formular denuncia por la amenaza y que luego vendría a la Facultad dispuesto a realizar el acto.

Hablé con varios de los integrantes de S’ha Acabat!, quienes me dijeron que habían dirigido un correo al decanato para que les confirmara si se suspendía el acto y en este caso, que se les explicaran las razones para la suspensión. Por la noche aún no había llegado contestación alguna y al día siguiente, a la hora programada para el acto, nos dirigimos al Salón de Grados de la Facultad.

Allí el personal administrativo presente nos dijo que el Salón estaba cerrado. Les pedí un espacio alternativo y me dijeron que no era cuestión de espacios, sino de que no se autorizaba el acto. Fui al despacho del Vicedecano Esteban, quien estaba reunido con otros dos miembros del equipo decanal. Le pregunté si confirmaba que se prohibía la realización del acto y me dijo que sí. Le pregunté las razones y no me supo decir cuáles. Al final, otro de los miembros del equipo decanal dijo que era porque había confusión sobre quiénes organizaban el acto.

Ante lo anterior, dije que, como profesor de la Facultad, solicitaba un espacio para poder realizar el acto. Me dijeron que formulara la correspondiente solicitud y que ya me contestarían. Indignado, volví a donde estaban los que iban a asistir al acto y les dije que lo haríamos en la Plaza Cívica. Allí, al aire libre, se desarrolló el coloquio sobre aranceles, cambios en el comercio internacional y la guerra de Ucrania que las autoridades académicas habían impedido que se celebrara en mi Facultad.

Es triste, por supuesto. Creo firmemente en la libertad, la tolerancia y el respeto. En los últimos diez años he sido testigo de cómo grupos que se autodenominan «antifascistas» pretenden limitar el acceso al espacio público a aquellos de los que discrepan. En esos años he visto, como ya he señalado, que los equipos de gobierno de la UAB adoptan decisiones que son revocadas en los tribunales y no por un tema menor, sino por vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes. Ahora, en mi propia Facultad, que es la Facultad de Derecho, soy testigo de cómo un acto es suspendido el día antes de su celebración, sin que se aclare cuáles son los motivos y, además, coincidiendo en el tiempo con la utilización de amenazas hacia quienes tenían que intervenir en el acto.

Es triste que nos hayamos acostumbrado a que la coacción forme parte de nuestras vidas. Cuando discutía con los miembros del equipo decanal de mi Facultad y mencioné que la suspensión del acto era doblemente equivocada por coincidir con amenazas orientadas a impedir su celebración se me dijo que «no mezclara las cosas». ¡Que no mezclara las cosas! Cuando las amenazas se referían directamente a mi participación en el acto.

¿Cómo es posible que habiendo recibido profesores de la UAB amenazas de alguien que se identifica como «Antifeixistes» en relación a un acto de S’ha Acabat! se permita en una de las paredes de la Universidad esta pancarta

Se nos llena la boca de discurso de odio, pero cuando nos encontramos con el, ¡cuánto les cuesta a alguno identificarlo y actuar en consecuencia!

Por mi parte, seguiré trabajando para que mi Universidad sea un espacio abierto a todos, tolerante y en que todas las ideas puedan ser expresadas. Un espacio en el que nadie se crea con derecho para decidir quién puede estar en el espacio público y quién no, en el que se respeten los derechos de todos y podamos expresarnos el libertad.

Libertad.

En este vídeo explico lo sucedido:

Símbolos y poder público

Los símbolos importan.

Lo anterior no es una opinión. Respeto, como no podía ser de otra manera, a las personas que dicen que para ellas los símbolos no son relevantes; que una bandera no es más que un trapo con colores, que los himnos son tan solo música, habitualmente mediocre, y que las representaciones de ideas, naciones o clubes de fútbol tan solo muestran nuestra irracionalidad; pero, a la vez, les digo que es un hecho que nuestra especie es simbólica, que la mayoría de los individuos reaccionan emocionalmente ante determinados símbolos y que estos han sido utilizados desde que se tiene memoria para conseguir objetivos prácticos, normalmente conectados con la organización de la sociedad. Existe, además, una conexión entre símbolos, ritos, religión y sociedad que ha sido contrastada por la antropología. En este sentido recomiendo el último libro que he leído sobre el tema (y al que, como a muchos otros, he llegado a través de los artículos de Daniel Arjona, primero en «El Confidencial» y ahora en «El Mundo»).

Así pues, los símbolos importan y, además, la ausencia de un símbolo también es un símbolo. Un asta de bandera vacía puede ser un símbolo potente y, en ocasiones, transmitir una información relevante. Por ejemplo, en el Reino Unido, en los palacios reales la enseña del monarca solamente ondea cuando el soberano está en el palacio; si no se encuentra en él, el mástil de la bandera permanece vacío (o así sucedía hace unos años, porque en la actualidad me parece que se ha cambiado el protocolo). Cuando murió Lady Diana se reprochó que la bandera no ondeara a media asta en Buckingham Palace. En realidad, lo que correspondía era que no hubiera ninguna bandera, puesto que la Reina, en aquel momento, estaba en Escocia, no en Londres.

En la misma línea, cuando el Papa ha muerto o ha abdicado, y hasta que un nuevo Papa ha sido proclamado, la silla vacía del pontífice expresa la falta de titular en el Obispado de Roma. Por eso a ese tiempo se le llama, precisamente, de «sede vacante».

Y, volviendo a las banderas, la carga simbólica de la arriada de una bandera es innegable.

Los símbolos conectan a las personas con determinadas ideas o planteamientos, los unen a otras personas y son esenciales para el mantenimiento de estructuras sociales que vayan más allá de aquellos a los que se conoce personalmente. Esto, como digo, es un hecho; por lo tanto, cuando alguien cuestione la relevancia de los conflictos que surgen en torno a los símbolos pensemos que, o bien es una persona mal informada o -lo que es más habitual- es una persona que, en realidad, lo que entiende es que los símbolos irrelevantes son aquellos con los que no se identifica.

Es necesario tener en cuenta lo anterior para valorar la estrategia que desarrollan los nacionalistas en Cataluña en relación a los símbolos. Una estrategia que tiene como finalidad invisibilizar la participación en el proyecto común español y dividir a los catalanes del resto de los españoles mediante la postergación de los símbolos comunes y la sustitución de estos símbolos por otros que reflejan la voluntad de que Cataluña se convierta en un estado independiente de España.

Esta actuación nacionalista se desarrolla en dos ejes: por una parte, eliminación de la bandera de España de espacios en los que debería estar presente (recordemos, la ausencia de un símbolo es también un símbolo), por otra parte, ubicar en los espacios públicos símbolos que hacen explícita la voluntad de convertir la Comunidad Autónoma en una República, la República Catalana. Esos símbolos incluyen banderas esteladas o mensajes de apoyo a quienes, en 2017, intentaron derogar la Constitución en Cataluña.

Por supuesto, en una democracia no militante como es la española resulta plenamente legítimo que los particulares, los partidos políticos o asociaciones desarrollen las políticas simbólicas antes mencionadas (no uso de la bandera española y utilización de simbología nacionalista); pero los poderes públicos no pueden participar en ello. Los poderes públicos han de aplicar el ordenamiento jurídico, actuar dentro de la legalidad y no favorecer una determinada opción ideológica. De acuerdo con ello, tienen que aplicar correctamente la ley de banderas e impedir que en los espacios de titularidad pública se ubiquen símbolos contrarios a la Constitución o que se correspondan con los de determinadas opciones ideológicas. Lo anterior son exigencias mínimas del Estado de Derecho.

La realidad en Cataluña, sin embargo, es la de que la mayoría (la inmensa mayoría) de ayuntamientos no cumplen con la legalidad en materia de símbolos. Impulso Ciudadano acaba de presentar su tercer informe sobre exhibición de símbolos oficiales y neutralidad institucional en los ayuntamientos de Cataluña, correspondiente al año 2024, donde se constata que tan solo el 17% de los municipios cumplen con la legalidad en materia de símbolos.

Aquí puede leerse el informe completo:

Los datos son demoledores: de 947 ayuntamientos catalanes, solamente 160, un 17%, cumplen con la normativa. Y eso que Impulso Ciudadano no incluye algunas situaciones que, desde mi perspectiva, son también incumplimientos normativos, como veremos al final.

En un 80% de los ayuntamientos catalanes no ondea la bandera española, como es obligado de acuerdo con la Ley de Banderas (Ley 39/1981), que establece que la bandera española ha de ondear en el exterior y ocupar lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». En 97 de los 947 ayuntamientos de Cataluña, además, se exhibe la bandera estelada; un símbolo abiertamente contrario a los principios y valores constitucionales.

Estos incumplimientos no son inocuos. Los ciudadanos perciben que el poder público, el que controla a la Policía Local, los impuestos municipales y las guarderías, el que está presente en los consejos escolares y da los premios en los concursos literarios o en las competiciones deportivas locales muestra su explícito rechazo al cumplimiento de la legalidad, a la participación en el proyecto común español y, en ocasiones, su abierta adscripción al proyecto independentista. Esta presión sobre los ciudadanos es ilegítima y abusiva y supone, tal y como han establecido los tribunales, una limitación a la libertad ideológica. Es decir, en más del 80% de los municipios catalanes se está vulnerando de manera sistemática un derecho fundamental, como es de la libertad ideológica, ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Un 76% de los catalanes (el porcentaje de población que vive en los ayuntamientos que no cumplen con la normativa en materia de símbolos) ve su derecho a la neutralidad institucional vulnerado diariamente.

Y esta vulneración, además, carece de respuesta por parte del Estado. La Delegación del Gobierno no plantea recursos para exigir el cumplimiento de la ley, y quien ha de abordar esta tarea es una entidad como Impulso Ciudadano que ha presentado más de 200 requerimientos a ayuntamientos incumplidores e iniciado 17 recursos contencioso-administrativos para exigir el cumplimiento de la ley. Además, vela por la presencia de la bandera española en otros edificios públicos. Recientemente, gracias al recurso planteado por Impulso Ciudadano, la bandera española ha sido colocada en la Casa dels Canonges, edificio público perteneciente a la Generalitat y sede del Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, lo que ha provocado una cierta convulsión entre los nacionalistas.

El enfado nacionalista es lógico, porque, tal y como se ha explicado, los símbolos importan y, por tanto, a su proyecto no le viene nada bien que los símbolos comunes de todos los españoles estén presentes en unas instituciones que ellos pretenden separadas del conjunto de España; por eso es tan importante que se haga cumplir la legalidad, máxime cuando, como se ha visto, están en juego también derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora bien, como hemos visto, la Delegación del Gobierno no se siente incumbida y ha de ser la sociedad civil la que actúe.

Es más, ni siquiera el Defensor del Pueblo se ha dignado a ocuparse de estos asuntos que, como digo, supone la quiebra permanente del derecho a la libertad ideológica de los ciudadanos. El abandono institucional es total y es este abandono, más que el mismo incumplimiento, lo que da prueba del carácter de estado fallido hacia el que avanzamos.

El informe de Impulso Ciudadano, además, facilita un dato interesante: qué partidos políticos gobiernan en los ayuntamientos que incumplen con las exigencias legales en materia de símbolos.

En el caso de Junts, el 90% de los ayuntamientos que gobiernan incumplen. El porcentaje de incumplimiento, en el caso de ERC, es del 94%. La CUP incumple en el 100% de los ayuntamientos que gobierna, PDCAT incumple en el 76% de sus ayuntamientos. El PSC incumple en el 42% de los ayuntamientos que gobierna mientras que el PP incumple en el 20% de sus ayuntamientos (1 sobre 5). El único grupo en el que el cumplimiento es del 100% es «En Comú Podem», puesto que la normativa se cumple en los 5 ayuntamientos que gobierna (entre ellos, el mío, el de Santa Perpètua de Mogoda).

Los datos son desoladores y, como avanzaba, no es un tema menor. Un estado que no es capaz de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ¿qué calificación merece? Unas instituciones que miran para otro lado mientras son asociaciones con mucha voluntad pero sin medios las que hacen el trabajo que debería hacer la Delegación del Gobierno ¿cómo han de ser valoradas?

Y, además, no se trata solamente (¡y ya es mucho!) de garantizar los derechos de los ciudadanos que viven en los municipios afectados; sino que la exclusión de la bandera española y la introducción de símbolos nacionalistas tiene un claro propósito político, profundizar en la separación efectiva entre los catalanes y el resto de los españoles para así sentar las bases para, en el futuro, avanzar hacia la independencia.

Y todo lo anterior dejando de lado otro incumplimiento constante en materia de banderas en el que no se repara y que comento a continuación.

El artículo 3 de la Ley 39/1981, como hemos visto, establece la obligación de que la bandera española ondee en el exterior de los edificios públicos. Dado el generalizado incumplimiento de esta norma, parece que damos por bueno al que simplemente aplica este precepto «sin fraude». Así, por ejemplo, la bandera española se encuentra presente y no atada al mástil (como sucede en no pocos lugares), de tal manera que está, pero no «ondea», como establece la norma, pareciendo que lo obligado por la Ley 39/1981 se limita a lo establecido en este art. 3.

El art. 5 de la norma, sin embargo, establece otra obligación: la de que cuando las administraciones utilicen otras banderas lo hagan junto a la bandera de España, dando, además, carácter preferente a la de España (art. 6). En Cataluña esta norma se incumple con naturalidad, de tal forma que es frecuente que, una vez cumplida con la obligación de que en el edificio del ayuntamiento se encuentre la bandera de España, en otros lugares de titularidad pública se utiliza la señera sin ningún acompañamiento. Los ejemplos pueden multiplicarse; desde salas de actos de universidades públicas a locales municipales donde se realizan conciertos infantiles o las comparecencias del presidente de la Generalitat.

Desde mi perspectiva, esta utilización aislada de la bandera de la Comunidad Autónoma es también un incumplimiento de la Ley 39/1981. No es obligado que haya una bandera en el salón de actos de una universidad pública o en la comparecencia del presidente de la Generalitat; pero si se opta por colocar la bandera de Cataluña hay que colocar también la bandera de España. Esto mismo rige para todas las señeras aisladas que encontramos en tantas rotondas; unas señeras que, con frecuencia, son vistas como una alternativa legal a la colocación de una bandera estelada.

Como digo, no es así. Si se utiliza una bandera autonómica junto con ella tiene que estar también la bandera española. Y no se trata de un formalismo. Como decía al comienzo los símbolos importan y una señera aislada, sin estar acompañada de la bandera española tiene un significado político preciso: nuestra comunidad natural es Cataluña, éste es nuestro país y la participación en el proyecto común español es una circunstancia que puede ser modificada. La vinculación esencial de los catalanes es con Cataluña, no con España. Recuerdo cómo, hace ya bastantes años, la alcaldesa de mi pueblo, en la entrega de unos premios infantiles trasladaba este mensaje a los niños (en lenguaje adaptado, claro; no recuerdo exactamente sus palabras, pero el sentido era éste: nuestro país es Cataluña y, además, como Cataluña está en España, pues también importa lo que pasa en España). No es un mensaje inocente en absoluto que va calando, entre otras cosas, por la ausencia de la bandera española y la presencia de la bandera de Cataluña. ¡Qué diferente sería, por ejemplo, que en la entrada de mi pueblo, en vez de una única bandera catalana, hubiera tres banderas: una de Cataluña, otra de España y otra de la Unión Europea.

De lo real…

… a lo imaginado

Haríamos bien en dar importancia a los símbolos porque, como digo, la tienen, y en Cataluña son utilizados de manera constante por el nacionalismo para profundizar en la separación entre los catalanes y el resto de los españoles. Estoy orgulloso de formar parte de Impulso Ciudadano, una asociación que trabaja, entre otros ámbitos, también en la defensa del cumplimiento de la legalidad en materia de símbolos; un cumplimiento que es, además, garantía del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La exclusión del castellano en la escuela catalana

El pasado 15 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una importante resolución sobre la lengua en las escuelas catalanas.

Para entender lo que implica esta decisión y los pasos que se siguieron hasta llegar a ella es necesario tener en cuenta el contexto en el que se produce; esto es, cómo se configura, desde una perspectiva lingüística, la escuela en Cataluña.

El punto de partida es que la realidad; fabricada por la administración autonómica, controlada por socialistas y nacionalistas desde hace más de 40 años; es la de una escuela únicamente en catalán, en la que el castellano es tan solo una asignatura como puede ser el inglés (de hecho, el castellano tiene menos presencia en los planes de estudio que el inglés). El objetivo es político: hacer visible que la única lengua legítima de Cataluña es el catalán y que, de igual forma que en Alemania o Francia la escuela es en alemán o francés, en Cataluña la escuela ha de ser en catalán. En catalán está la rotulación, los libros de texto son en catalán, los exámenes son en catalán (excepto los de las materias lingüísticas como castellano, inglés o francés) y el catalán es la lengua que ha de utilizarse en las reuniones, en las comunicaciones con las familias y en las clases.

Las excepciones «legales» a lo anterior son escasas: algunos centros que incluyen alguna asignatura adicional en castellano (muy pocos) o comunicaciones que se dirigen en castellano a familias que así lo hayan solicitado. Aparte de lo anterior, en los institutos (en las escuelas, hasta donde yo sé, no) algunos profesores utilizan el castellano en clase, bien por comodidad propia o para facilitar el aprendizaje de los alumnos; pero ha de quedar claro que esta utilización «informal» del castellano es irregular de acuerdo con las instrucciones que emite el Departamento de Educación de la Generalitat. La sentencia anterior se refiere, precisamente, a esas instrucciones.

La exclusión del castellano se produce pese a que la Constitución española reconoce la oficialidad de esta lengua, de lo que se deriva, por una parte, el derecho a recibir enseñanza en español y, por otra parte, la imposibilidad de que la administración dote de preferencia al catalán por ser la lengua propia de Cataluña. Me he ocupado con más detalle de este tema en otras entradas, entre ellas, «Exclusión del castellano en las escuelas catalanas y Estado de Derecho«.

Estas exigencias constitucionales no encuentran reflejo en la normativa de rango legal catalana o en los reglamentos de desarrollo, donde solamente se hace referencia a la utilización del catalán. No obstante, los tribunales, comenzando por el Tribunal Constitucional, no suelen considerar contrarias a derecho esas formulaciones a partir de la interpretación de que la referencia a la utilización normal del catalán en la escuela no ha de entenderse como exclusión del castellano, lengua que también debería ser utilizado con normalidad, pese a que las normas generales no lo prevean. Dicho de otra forma, los tribunales entienden que las normas generales que mencionan únicamente el catalán (y el aranés) han de ser interpretadas como normas que incluyen también al castellano.

Sin embargo, cuando de esas normas pasamos a las concretas instrucciones que el Departamento de Educación remite a los centros educativos, la exclusión del castellano se mantiene; de tal forma que tanto los inspectores como los directores de centros y el profesorado se encuentran con que las órdenes que reciben son las de utilizar únicamente el catalán (y el aranés en Arán). Las instrucciones que cada año elabora el Departamento de Educación para el curso siguiente son el perfecto reflejo de la situación que se vive en las escuelas catalanas donde, como digo, en la práctica, el castellano está excluido como lengua vehicular y de la institución. Por mucho que la Constitución establezca y que los tribunales indiquen que las normas legales han de ser interpretadas de una forma constitucionalmente conforme que implica que el castellano también ha de ser utilizado con normalidad en las escuelas, si esta utilización normal del castellano no está reflejada en las instrucciones que reciben los agentes educativos (inspección, direcciones, centros) se acaba en la situación que tenemos ahora: una escuela en la que la única lengua de la institución es el catalán, recibiendo el castellano el tratamiento de una lengua extranjera.

Sería exigible que el Gobierno de España se opusiera a esta exclusión del español, lengua común, oficial en el conjunto de España y materna de la mayoría de los catalanes, pero, como se ha adelantado, el partido socialista participa plenamente del proyecto nacionalista, así que no solamente se abstiene de ejercer las competencias que tiene para garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles, sino que apoya esta exclusión. Es por esto que ha de ser la sociedad civil la que realice una función que debería ser de las instituciones de todos. En este caso, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), entidad impulsada por José Domingo y presidida por Ana Losada.

Esta asociación, impugnó las instrucciones del Departamento de Educación para el curso 2022-2023. El recurso fue presentado el 26 de julio de 2022, unos días después de haber conocido las instrucciones que habían sido difundidas en la web del Departamento; unas instrucciones que contenían órdenes como las que comparto a continuación:

Vemos cómo las instrucciones, que son aquello que están obligados a aplicar inspectores, directores y profesores indica que «el catalán es la lengua de la institución» y que han de desarrollarse en catalán no solamente las clases, sino también las reuniones, actos, informes y comunicaciones, así como las exposiciones de los profesores. También ha de desarrollarse en catalán la interacción con el entorno del centro y en sus relaciones institucionales. La rotulación también ha de ser en catalán, quedado reducida la presencia de otras lenguas en el espacio físico del centro «a las producciones de los alumnos y de las alumnas». Esto es, la prohibición no solamente de rotulación en castellano, sino de presencia de cualquier cartel o información en castellano es total, excepción hecha de los trabajos de los alumnos. Esta exclusión del castellano es, además, coherente con el propósito de que la lengua catalana sea un factor básico de integración social en el marco de un modelo lingüístico de país en el que se potencie la lengua catalana.

En definitiva, la escuela al servicio de un proyecto de construcción nacional que toma como base la lengua catalana, y todo ello en flagrante contradicción con las exigencias derivadas de la oficialidad del castellano, que implican la necesidad de que la administración en general y la escuela en particular utilicen el español con normalidad y que sea, junto con el catalán, lengua vehicular del sistema educativo.

El proyecto nacionalista debería tener una respuesta ante todo política; esto es, un posicionamiento claro en favor de la utilización normal de las diferentes lenguas oficiales y contrario a la exclusión de una de ellas. No se trata solamente de defender las exigencias constitucionales de una manera formal, sino de mostrar el compromiso con un determinado modelo de sociedad y de escuela que es incompatible con la imposición de una escuela monolingüe sobre la base de que es la «lengua propia» de Cataluña, desconociendo que el español es también lengua propia, pero del conjunto de España.

Ahora bien, en determinados casos, la oposición a las políticas nacionalistas ha de ser también jurídica. En concreto, cuando estas políticas van más allá del marco constitucional. Así sucede con el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán, que no es compatible con la doctrina sostenida hasta ahora por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y resto de órganos jurisdiccionales que, como se ha adelantado, parten de que en la escuela han de estar presentes todas las lenguas oficiales, sin que se pueda dar preferencia a una de ellas por ser lengua propia. De igual forma (aunque esto último, a mi conocimiento, nunca se ha planteado) tampoco podría darse preferencia al castellano por ser lengua oficial en el conjunto de España.

Es por lo anterior que la impugnación de las instrucciones del Departamento de Educación era una necesidad cívica, política y jurídica que, sin embargo, ha tenido que ser asumida una asociación que, como decía su presidenta tras la sentencia, no cuenta ni con medios ni con trabajadores, operando únicamente a partir de la disposición de sus socios, que ponen tiempo y esfuerzo en tareas que debería asumir el Estado.

La AEB presentó un recurso por vulneración de derechos fundamentales al entender que las instrucciones infringían el derecho a la educación (art. 27 de la Constitución, en relación con su art. 3) y el derecho a la no discriminación (art. 14). Pidió, además, que se suspendiera la eficacia de las instrucciones cautelarmente mientras se desarrollaba el proceso. El TSJC denegó las medidas cautelares solicitadas y al cabo de unos meses inadmitió la demanda argumentando que las instrucciones no podían ser objeto de recurso jurisdiccional por tratarse de circulares que los superiores dirigen a los inferiores y que no innovan el ordenamiento jurídico.

El TSJ de Cataluña no entraba en el fondo, sino que desestimaba el recurso por una cuestión técnica vinculada a la determinación de cuáles eran las actuaciones de la administración que podían ser recurridas ante los tribunales. Entiendo que el TSJC se equivocaba, porque las circulares o instrucciones internas no son recurribles ante los tribunales cuando reúnen tres requisitos:

  • Se dirigen a los inferiores jerárquicos.
  • No afectan a los derechos de terceros.
  • No innovan el ordenamiento jurídico.

En el caso de las instrucciones impugnadas no concurría ninguno de los tres requisitos.

  • Las instrucciones se dirigían a los centros educativos, no a inferiores jerárquicos.
  • Las instrucciones afectaban a los derechos de los alumnos, de sus familias y de otros terceros.
  • Las instrucciones iban más allá de lo que establecían las leyes sobre educación.

Es por eso que la AEB presentó recurso de casación ante el TS contra el Auto del TSJC que desestimaba el amparo que se le había solicitado. Para la preparación del recurso, la AEB contó con la colaboración desinteresada de Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, quien también representó a esa entidad en la vista que tuvo lugar en el Tribunal Supremo en relación a este caso. Finalmente, el TS dictó sentencia en la que, acogiendo los argumentos de la AEB, mantuvo que las instrucciones sí podían ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ordenando retrotraer las actuaciones para que el TSJC dictara sentencia sobre el fondo.

La STSJ de Cataluña de 15 de abril de 2025 acoge los argumentos de la AEB en lo que se refiere a la consideración del catalán como lengua de la institución y en lo relativo a los usos lingüísticos del centro, anulando la obligación de utilizar el catalán en la docencia, en las comunicaciones internas, en las reuniones y en las relaciones del centro con otras instituciones o terceros. También se anula la referencia a que es objetivo de la escuela conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana es factor básico de integración social y que ha de ser objetivo de la escuela potenciar la lengua catalana como vehicular.

No obstante, la decisión rechaza las alegaciones de la AEB en relación a dos cuestiones: la rotulación de los centros y la atención individualizada en castellano. En lo que se refiere a este último tema, el tribunal confunde dos cuestiones diferentes: por una parte, la atención individualizada en castellano en la primera enseñanza (art. 11.4 de la Ley de Educación de Cataluña -LEC-), que solamente tiene sentido en el marco de una enseñanza en la que el castellano no es lengua vehicular (puesto que si lo fuera, ¿qué sentido tendría una atención individualizada en la misma lengua que es la que se usa habitualmente en la escuela?) con, por otra parte, la atención individualizada que reciben los alumnos de nueva incorporación al sistema educativo catalán (art. 10.2 de la Ley de Educación de Cataluña). El error es flagrante, puesto que en el análisis del art. 11.4 de la LEC (en tanto que antecedente de las instrucciones recurridas), la sentencia incluye una referencia a la STC 51/2019 que, en realidad, lo que hace es interpretar el art. 10.2 de la LEC, y no el 11.4 de la misma norma [véase el FJ 5.b) de la STC 51/2019].

Es más grave, sin embargo, que el TSJ de Cataluña haya considerado ajustada a derecho la exclusión de la rotulación en castellano en los centros educativos, amparándose en decisiones anteriores que se ocupan de una cuestión diferente, como es la de si existe obligación o no de rotular en los dos idiomas oficiales en los centros educativos. En estas sentencias (que tienen su origen en la pretensión de que un centro privado concertado rotulara en ambas lenguas oficiales) se concluyó que no existía esta obligación para los centros en tanto no existía una obligación legal para ello. Podría discutirse, pero no es irracional.

Aquí, en cambio, no se trata de eso, sino de una norma que expresamente excluye que en las paredes de los centros educativos pueda haber nada en castellano excepto los trabajos de los alumnos. ¿Cómo es posible sostener que esa exclusión expresa (al indicar que no puede haber nada en un idioma que no sea el catalán se está excluyendo que lo pueda haber en castellano) se entienda compatible con el ordenamiento jurídico? Si cabe vía de recurso ante semejante aberración, creo que habría que utilizarla.

Pese a estas dos cuestiones, creo que, en su conjunto, hay que valorar positivamente la decisión del TSJ de Cataluña. Ha sido un camino largo en el que ha resultado necesario un pronunciamiento previo del Tribunal Supremo pero, finalmente, se ha declarado que la exclusión del castellano como lengua de la institución, vehicular y de comunicación es incompatible con el ordenamiento jurídico. De igual forma, se mantiene que la escuela no tiene por objeto la construcción de una ciudadanía catalana basada en la lengua catalana.

Falta, ahora, que la Generalitat asuma el sentido de la decisión del TSJ de Cataluña, así como de la previa del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2024. Lo normal en un país democrático es que la administración intentara de buena fe dar cumplimiento a lo que establecen estas decisiones y que no es más que la necesidad de que las lenguas oficiales de los catalanes convivan también en la escuela sin que una de ellas (el catalán) asuma una posición de prevalencia; y sin que esta igualdad esencial entre las lenguas implique que ambas han de ser utilizadas exactamente en la misma medida, resultando posible un empleo mayor de una que de la otra; pero sin que esa mayor utilización implique la exclusión de una lengua oficial como lengua de la institución.

Lamentablemente, dudo que la Consejera de Educación, Esther Niubó, haga lo que sería normal en un país democrático, porque, como ya he avanzado, la posición de nacionalistas y socialistas, de socialistas y nacionalistas es la misma: supeditación de los derechos individuales a la construcción nacional catalana, utilización de la escuelas para un fin político y preferencia de los objetivos políticos nacionalistas sobre las consideraciones pedagógicas.

01.06.2017, BarcelonaDiputats del PSC al Parlament de Catalunya.foto: PSC/Jordi Play

Quizás me equivoque. Hace años tuvo una frase acertada: «la escuela no está para salvar el catalán, sino para aprender»; lo que le valió reproches nacionalistas. Si mantuviera esa idea, no habría problema en avanzar hacia una escuela al servicio de los alumnos. Sabremos enseguida a qué atenernos.

Descripción y elogio del constitucionalismo catalán

Hoy, 7 de abril, se presenta en Madrid el reciente libro de Alejandro Fernández, presidente del PP catalán. Lleva por título A calzón quitao, lo que no nos dice nada sobre el contenido, sino sobre el método o el estilo, que más directo no puede ser. El subtitulo aporta algo más (España, Cataluña y el PP); pero, en realidad, el libro es, fundamentalmente, un tratado sobre el constitucionalismo en Cataluña o -quizás mejor- el constitucionalismo catalán; un término que en la última década nos ha servido para definir una realidad política que, curiosamente, molesta a casi todo el mundo y por razones que merecerían una consideración sosegada. El libro de Alejandro Fernández lo muestra y, además, lo coloca en un primer plano incómodo para muchos; pero, por eso, necesario.

Antes decía que el libro se ocupa del constitucionalismo catalán, que, creo, es un término más adecuado que «constitucionalismo en Cataluña»; porque es una construcción política que surge como respuesta específica al nacionalismo catalán y a la forma en que éste se pretende imponer a la sociedad. El constitucionalismo catalán hunde sus raíces en los valores constitucionales y en el espíritu de la Transición; pero cobra sentido en la proyección que hace de esos valores sobre el nacionalismo catalán, de tal forma que sin ese nacionalismo, construido a partir del diseño realizado por Jordi Pujol desde sus primeros años de gobierno, en los años 80 del siglo XX, no se entenderían ni las propuestas ni los planteamientos ni las dificultades del constitucionalismo catalán. Si no se entiende el catalanacionalismo no se entenderá el catalanconstitucionalismo. Y para entender el primero, el nacionalismo catalán, es preciso echar una mirada a la Cataluña real, que difiere bastante de la que nos dibujan los nacioanlistas (y, a partir de ahora, para ahorrar caracteres, si no digo lo contrario, con «nacionalistas», «nacionalismo», «constitucionalistas» o «constitucionalismo» estaré haciendo referencia al término con el adjetivo «catalán», aunque no lo haga expreso).

Cataluña es una Comunidad Autónoma en la que conviven dos lenguas «propias» (aparte del aranés) y en la que tanto una como otra son maternas de una parte significativa de la población; una Comunidad Autónoma que ha estado vinculada a España desde el mismo momento en el que pueda usarse ese término. La Hispania Romana incluía lo que ahora es Cataluña (de hecho, su capital, la de Hispania, era Tarraco, la actual Tarragona, que luego (siglo I a.C.) pasó a ser la capital de la provincia romana más extensa en lo que ahora es España, la Hispania Citerior. Una ciudad «catalana» capital de una provincia que se denomina «Hispania»). Luego fue parte de la Hispania Visigoda, del Al-Andalus que cubría casi toda la Península Ibérica y cuando surgieron los distintos reinos medievales no hubo duda de que el Principado de Cataluña era uno de los territorios «hispanos». Así hasta llegar a la primera constitución de toda España, la de Cádiz de 1812, en la que Cataluña formaba parte de la «Nación española».

El nacionalismo catalán, frente a la realidad anterior, pretende que Cataluña es un país diferente de España. De acuerdo con la explicación nacionalista de la historia, Cataluña surge en la Edad Media como una realidad política diferenciada de España que se ve sometida militarmente por ésta última y en la que se impone el uso de una lengua «extranjera» (el español o castellano) en detrimento de la lengua «natural» de Cataluña, el catalán. Esta explicación histórica, que es la que se estudia en las escuelas e institutos, no es apenas más que una serie de tergiversaciones (como he apuntado aquí, aquí y aquí); pero contribuye a ir creando la conciencia de que Cataluña y España son dos entidades diferentes.

El objetivo nacionalista es configurar una sociedad diferente de la que existe realmente. Es preciso que el castellano (lengua materna de la mayoría de la población) disminuya en su uso; que se asuma que lo «correcto» es hablar catalán; que se actúe como si Cataluña y España fueran países distintos, que se pretenda que la presencia de España en Cataluña es una imposición y que Cataluña es una nación que se merecería tener un estado.

El proyecto nacionalista es claro y nítido y permea toda la sociedad. Sin él no se entiende ni la reticencia a utilizar la bandera española en las instituciones ni la inmersión obligatoris en catalán en las escuelas ni la exclusión del castellano en los discursos institucionales del presidente de la Generalitat ¡ni tan siquiera la forma en la que se presenta la previsión meteorológica en la televisión pública catalana! La clave es que se construya un marco mental del que ya no sea posible discrepar. Lo que se sitúa fuera de ese marco mental no forma parte «de la realidad». Estamos ante una inmensa impostura en la que no se prestan a jugar son sometidos a una especie de «muerte civil». El denominado «Oasis catalán» era eso y el constitucionalismo no es más que la oposición a ese pretendido «oasis» desde la defensa de los valores y principios constitucionales.

Para los constitucionalistas, Cataluña es lo que se dice en la Constitución: una Comunidad Autónoma, la nación es la nación española, el español (castellano) es lengua propia de Cataluña en tanto que lo es de toda España (Cataluña incluida). En la escuela tanto el castellano como el catalán han de ser lenguas vehiculares, la administración ha de utilizar todas las lenguas oficiales con normalidad, la bandera de Cataluña ha de ir acompañada, en las instituciones y organismos oficiales, siempre por la bandera española; es ilegítimo convertir en oficial el nacionalismo y ha de reconocerse que en la sociedad catalana conviven personas que defienden ese nacionalismo con otras que lo rechazan, sin que la adscripción al primero sea necesaria para ser reconocido como un «buen catalán». El catalanismo (versión dulcificada del nacionalismo) tampoco es ninguna ideología oficial, así que no ha de haber ningún escándalo por rechazar ser considerado como tal y, de nuevo, esto no ha de excluirte de la condición de «buen catalán»; a la vez que tampoco ha de darse por sentado que quien rechaza los planteamientos nacionalistas o catalanistas es un «enemigo» de Cataluña o del catalán.

El constitucionalista defenderá la aplicación plena de la Constitución en Cataluña, el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y la lealtad institucional. Exigirá la igualdad de derechos para todos y que nadie sea excluido del espacio público ni discriminado por sus ideas o planteamientos. También pedirá que cese la huida del Estado en Cataluña y que la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma responda a criterios racionales y no sea una vía para conseguir «la independencia a trozos», como pretenden los nacionalistas. Consecuencia de todo lo anterior es que los constitucionalistas consideran que el nacionalismo, en su intento de homogeneización de la sociedad y de imposición de su ideología a través de la escuela y de las instituciones, se opone a los valores constitucionales y que esta contradicción ha de ser puesta de relieve en el debate público, orientar la actuación de otras fuerzas políticas y tener consecuencias administrativas y judiciales con el fin de garantizar el respeto a la ley y a los derechos individuales.

Se entiende así porque los constitucionalistas no les caemos excesivamente bien a los nacionalistas. Entra dentro de lo normal. Y entiéndase la afirmación. Tengo conocidos, compañeros y amigos nacionalistas con los que comparto muchísimas cosas y pienso que estos, aún sabiendo que soy constitucionalista, mantienen esa misma actitud hacia mí; lo que nos permite compartir charlas sobre los temas más variados; incluso de política (en alguna ocasión); pero mi simpatía por las personas no se traslada a las ideas que defienden. Supongo que al revés pasa exactamente igual. En el debate de las ideas, el nacionalismo ha de ser combatido, no puede contemporizarse con él porque es, como digo, contrario a valores esenciales que, entiendo, han de ser defendidos con radicalidad y convicción.

Pero -y aquí viene el drama- el constitucionalismo (catalán) tampoco tiene muy buena prensa ni en los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, ni tampoco en las formaciones mayoritarias que se dicen de izquierdas (Podemos y Sumar en la actualidad). La razón es que desde el año 1993 la gobernabilidad de España ha dependido en no pocas ocasiones de los pactos entre PP y nacionalistas o entre PSOE y nacionalistas. En 1993 fue el PSOE quien buscó la alianza con CiU. En 1996 lo hizo el PP. En 2004 y 2008 el PSOE, sin mayoría absoluta tuvo que buscar pactos con unos y otros partidos nacionalistas. En 2018, como es sabido, fue la alianza del PSOE con Podemos y los partidos nacionalistas, incluidos aquellos que habían participado, menos de un año antes, en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña; lo que permitió desplazar a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, accediendo a ella Pedro Sánchez, quien ha establecido un pacto estructural con el nacionalismo.

En el caso del PSOE la necesidad se ha convertido en virtud, hasta el punto de que sus políticas, ahora, no pueden diferenciarse de las nacionalistas. El PP, en cambio, se mantiene una cierta ambigüedad, puesto que junto a figuras claramente constitucionalistas; como son el autor de este libro y su prologuista, Cayetana Álvarez de Toledo; hay otros miembros del partido que aparentan no renunciar a establecer pactos con los nacionalistas catalanes (y vascos, pero ese es otro tema). Y es aquí donde el libro de Alejandro Fernández alcanza pleno sentido como rechazo radical y argumentado de las componendas con los nacionalistas, explicando que esas componendas son incompatibles con representar a los constitucionalistas.

El libro argumenta muy bien esa postura. El recorrido político del autor le permite explicar ejemplos de la forma en que los nacionalistas entienden su papel en la historia y la forma en que pretenden transformar Cataluña. A la vez, describe perfectamente la fase de autoengaño en la que viven no pocos en «Madrid», sin entender en absoluto la naturaleza del nacionalismo y, además, tachando de ingenuos a quienes, desde Cataluña, advierten que a los nacionalistas hay que tomárselos en serio porque lo que dicen, más pronto o más tarde, lo hacen o, al menos, lo intentan.

Alejandro Fernández disecciona la dicotomía entre constitucionalismo y entente con los nacionalistas. Muestra cómo conciliar ambas es imposible y que el PP ha de optar por una de ellas; y no precisamente la de convertirse en aliado de unos nacionalistas que pretenden transformar Cataluña en un cortijo monocolor donde los no nacionalistas (esto es, los constitucionalistas) quedarían convertidos en productos de desecho; sino en auténticos representantes de ese constitucionalismo tan ayuno de voces que expliquen sus planteamientos en el conjunto de España.

A partir de este libro se entiende muy bien la difícil situación del PP en Cataluña. Cuando parece que encuentra una voz que encarna ese constitucionalismo que intentaba describir hace un momento, la necesidad de que el partido llegue a acuerdos con el nacionalismo obliga a sustituir personas o cambiar políticas. La falta de credibilidad de esos bandazos (parece que lo de «partido veleta» fuera una proyección sobre otros de vicios propios) no es fácil de explicar, sobre todo a un colectivo, el de los constitucionalistas, que juegan en un terreno muy difícil, donde la discrepancia va acompañada del desprecio, el silenciamiento y, en ocasiones, una hostilidad que puede llegar a ser física. Con personas que afrontan esas consecuencias por defender lo que creen que es justo no cabe argumentar sobre la base de cálculos partidistas; se ha de hablar con el corazón, desde la radicalidad del corazón y de la razón; como hace aquí Alejandro Fernández.

No puedo acabar sin contar una anécdota personal. No soy del PP, nunca he ocultado mis preferencias por el proyecto de Cs; pero eso no impide que tenga amigos en el PP (como los tengo en muchos partidos) y que, además, reconozca las cosas que han hecho bien cuando las han hecho. Cuando llevaba poco tiempo en Cataluña (llegué en el año 1996), comentaba con algunos compañeros no sé qué anécdota que tenía que ver con el PP y en la que yo participaba y me miraron con una cara que era como para grabarla. Me detuve un momento y les dije: «Vamos a ver, no sé si vosotros lo sabéis, pero fuera de Cataluña al PP se le considera un partido normal, como otro cualquiera». A eso se enfrenta el PP en Cataluña, a una constante hostilidad de la que podría poner muchos ejemplos. Mientras el conjunto de los españoles no asuman que en Cataluña no es posible hacer política desde posiciones constitucionalistas en igualdad de condiciones con los nacionalistas no será posible entender lo que significa militar o dirigir un partido que se adscribe a ese planteamiento en esta Comunidad Autónoma.

Por supuesto, en la actualidad -y eso el libro lo explica muy bien- el PSC no puede considerarse como un partido constitucionalista. Ya sé que cuando decimos eso nos saltan enseguida con el latiguillo de que «no aceptan lecciones de constitucionalismo de nadie»; pero que tengan claro que, a estas alturas, querer dar lecciones de constitucionalismo al PSC carece absolutamente de sentido. Sería lo mismo que pretender enseñar geodesia a un terraplanista. Cuando decimos que no son constitucionalistas no queremos dar ninguna lección; constatamos una evidencia.

En definitiva, agradezco que Alejandro Fernández haya escrito este libro que se lee de un tirón y agradezco a Cayetana Álvarez de Toledo que lo haya prologado. Ambos me representan, como también me representó en su día Inés Arrimadas; ahora cuando les escucho veo expresadas en público lo que son también mis convicciones. Unas convicciones que se explican de manera clara en este libro que bien podría titularse como yo titulo esta entrada. Espero que algún día se le reconozca como un texto fundamental en la configuración de ese constitucionalismo catalán que tan necesitado está de reconocimiento.

Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la UE y jurisdicción ordinaria

SUMARIO: I. Introducción. II. Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios: A) Tribunal Constitucional y normas infraconstitucionales. B) El cumplimiento y ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional. C) Proyección sobre los casos que nos ocupan. III. Las exigencias del derecho de la UE: A) Independencia judicial y UE. B) Tribunal Constitucional, tribunales ordinarios y cuestión prejudicial. C) ¿Intenta el Tribunal Constitucional limitar la facultad de los tribunales ordinarios para plantear cuestiones prejudiciales? IV. Conclusión.

I. Introducción

El conflicto abierto entre el Tribunal Constitucional (TC), por una parte y, por otra parte la Audiencia Provincial de Sevilla (APS) al hilo de las sentencias dictadas en el caso de los EREs; y el TSJ de Madrid en relación a una decisión sobre anulación de un laudo arbitral; tiene un enorme interés. Como vamos a ver, no solamente permitirá testar las relaciones entre los tribunales españoles y el Tribunal de Luxemburgo, sino que también será relevante para el análisis de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria; tanto en lo que se refiere a los límites del Tribunal en la resolución de los recursos de amparo como en lo que se refiere a la tutela de su propia competencia y las vías de las que dispone para la ejecución de sus resoluciones. Examinaremos todos estos aspectos a continuación; comenzando por los puramente internos; esto es, los relativos a las relaciones entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios para de ahí pasar a la dimensión europea.

En ambos casos, la chispa que enciende la disputa es el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo en relación a doctrina constitucional. En el caso del TSJ de Madrid, la cuestión se plantea por medio de Auto de 20 de marzo de 2025, tras haber anulado el TC por medio de su sentencia 146/2024, de 2 de diciembre, la del TSJ de Madrid 66/2021, de 22 de octubre, que había anulado parcialmente un laudo arbitral por no haber aplicado este último el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las normas con él concordantes y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) en materia de derecho de la libre competencia. La sentencia del TC ordenaba retrotraer el procedimiento al momento anterior a dictar sentencia para que el TSJ de Madrid aplicara la doctrina del TC en la materia en una nueva decisión sobre el recurso de nulidad contra el laudo arbitral. Antes, sin embargo, de dictar dicha sentencia, el TSJ de Madrid se dirige al Tribunal de Luxemburgo para que éste determine si la doctrina sentada por el TC en su sentencia 146/2024 es acorde o no con el Derecho de la UE.

A continuación, pueden consultarse la STSM de 22 de octubre de 2021, la STC 146/2024 y el ATSJM de 20 de marzo de 2025.

En el caso de la Audiencia de Sevilla, el origen del conflicto es la sentencia de 19 de noviembre de 2019 en la que fueron condenados por prevaricación y malversación varios implicados en el conocido como caso de los EREs. El Tribunal Supremo revisó la decisión, absolviendo parcialmente a algunos de los acusados o reduciendo las penas, pero mantuvo que los hechos, en su conjunto debían ser calificados como prevaricación y, en algunos casos, malversación. Los condenados presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien en una serie de sentencias (93/2024, 94/2024, 95/2024, 96/2024, 97/204, 98/2024, 99/2024, 100/2024, 102/2024 y 103/2024). Estas sentencias exculparon a quienes habían diseñado el sistema que permitió el desvío de fondos públicos ya que el TC entendía que no puede cometerse prevaricación en el marco del proceso legislativo y que tampoco existe malversación si hay una voluntad genérica de desvío de fondos, pero ésta voluntad no existe respecto a los casos específicos en que se producen las ayudas concretas. La STC 101/2024, sin embargo, negó el amparo a quien había ejecutado materialmente el desvío de fondos públicos, Juan Márquez Contreras, director general de trabajo de la Junta de Andalucía. Las sentencias del TC anulan las sentencias dictadas por la AP de Sevilla y el TS, por lo que el caso ha de volver a la Audiencia de Sevilla, que deberá dictar nueva sentencia teniendo en cuenta la doctrina constitucional. Esta AP, sin embargo, por providencia de 18 de marzo de 2025, concede un plazo de audiencia a las partes de diez días para que aleguen lo que estimen oportuno sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo con el fin de determinar si la doctrina constitucional que han de aplicar es compatible con el derecho de la UE.

A continuación pueden consultarse la sentencia de la AP de Sevilla de 19 de noviembre de 2019, la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve el recurso planteado contra la anterior, dos de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en los recursos de amparo planteados y la providencia en la que se anuncia la intención de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo.

II. Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios

A) Tribunal Constitucional y normas infraconstitucionales

En los dos casos que nos ocupan, se plantea la cuestión de la relación entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria; tanto en lo que se refiere a la forma en que las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan al resto de órganos jurisdiccionales, como a los límites de la jurisdicción constitucional cuando ha de interpretar y aplicar normativa infraconstitucional. Comenzaremos por este último problema para pasar luego al tema de la forma en que los órganos jurisdiccionales quedan vinculados por las decisiones y doctrinal constitucional.

El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un órgano jurisdiccional diferenciado, sometido tan solo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que tiene unas competencias específicas: recurso y cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley, recurso de amparo por vulneración de ciertos derechos fundamentales y libertades públicas, determinados conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entre Comunidades Autónomas o entre órganos constitucionales del Estado, así como en los conflictos en defensa de la autonomía local, la declaración de constitucionalidad de los tratados internacionales, del control previo de inconstitucionalidad, de la impugnación por el Gobierno de actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas y de la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional (artículo segundo de la LOTC). En principio, el Tribunal Constitucional no aplica la ley ordinaria (aunque, como veremos, hay excepciones a esto), incluyendo en la ley ordinaria también los convenios internacionales y demás normas de origen internacional en vigor en España; correspondiendo esta última función a los jueces y tribunales integrados en el Poder Judicial; aunque, forzosamente, el Tribunal Constitucional tendrá que interpretarla en aquellos casos en los que se plantee el contraste entre ésta y la Constitución. De igual forma, el Tribunal Constitucional no es una instancia que revise las decisiones judiciales de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, con la única excepción del recurso de amparo constitucional, si bien en este caso la revisión ha de limitarse a la determinación de si se ha producido una vulneración de alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas que abren la vía de este amparo constitucional.

Aunque el recurso de amparo no abre directamente una vía para la aplicación de la ley ordinaria por parte del Tribunal Constitucional, el hecho de que haya de entrar en si se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24 de la Constitución) permite una revisión de la interpretación y aplicación que de las normas infraconstitucionales hayan hecho los tribunales ordinarios. La vía de razonamiento sería como sigue: el derecho a la tutela judicial incluye el de una sentencia correctamente fundada; si el razonamiento de la sentencia es arbitrario no se habría dado satisfacción a ese derecho. De igual forma, la aplicación del art. 25 de la Constitución (principio de legalidad penal) permite entrar en la forma en que los órganos jurisdiccionales han aplicado la ley; aunque tan solo para determinar si dicha aplicación responde a las exigencias del art. 25 de la Constitución.

Es obvio que no puede establecerse un límite taxativo en estas incursiones del Tribunal Constitucional en la aplicación que hayan hecho los tribunales ordinarios de la legalidad ordinaria. El debate sobre dónde acaba el tema constitucional y dónde empieza el de legalidad ordinaria nunca tendrá una respuesta definitiva. Será la doctrina constitucional la que vaya fijando esos límites; aunque, por las razones que iremos viendo, siempre sería aconsejable una aproximación cautelosa, ya que si el Tribunal Constitucional se convirtiera en una instancia añadida a las ya existentes podrían darse ciertas disfunciones; entre otras, la posibilidad de utilizar la vía del recurso de amparo para favorecer a determinados ciudadanos frente a otros. Esto sería consecuencia de la extraordinaria parquedad con la que se admiten los recursos de amparo constitucional. La inmensa mayoría de ellos son rechazados sin llegar a entrar en si se ha producido o no una vulneración de un derecho fundamental por parte de la jurisdicción ordinaria. El criterio de admisión es que el asunto tenga una «especial transcendencia constitucional», criterio que, obviamente, puede utilizarse con bastante libertad. En la memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2024, consta que 154 recursos de amparo fueron admitidos y 8.849 inadmitidos. De estos, 4.772 por falta de especial transcendencia constitucional; esto es, habiendo alegado el recurrente que existía transcendencia constitucional en la resolución del amparo, el Tribunal entendió que no existía tal transcendencia. Como veremos más adelante, existen otras razones que aconsejan esa prudencia en la entrada del Tribunal Constitucional en la aplicación de las normas infraconstitucionales. En cualquier caso, no puede haber control por parte de otro órgano jurisdiccional al criterio seguido por el Tribunal Constitucional en este asunto. Al no caber recurso ante otro órgano jurisdiccional contra las decisiones del Tribunal Constitucional, el criterio que servirá será el de éste. Como decía un profesor que tuve de Derecho Constitucional, «los tribunales superiores tienen razón porque tienen la última palabra, no tienen la última palabra porque tengan razón«.

Aunque no tenga que ver directamente con el tema que nos ocupa, llegados a este punto conviene también comentar que la posición de los tribunales ordinarios respecto a la norma constitucional no es simétrica a la que tiene el Tribunal Constitucional en relación a las normas infraconstitucionales. Los jueces y tribunales integrados en el Poder Judicial interpretan y aplican la Constitución de manera natural; tan solo han de recurrir al Tribunal Constitucional cuando se encuentran ante una norma de rango legal que no admite una interpretación constitucionalmente conforme -según entiende el órgano jurisdiccional ordinario- y, a la vez que la inaplican, han de plantear al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad para que sea éste el que se pronuncie sobre la adecuación a la Constitución de la norma controvertida. Eso sí, en la interpretación y aplicación de la Constitución han de ajustarse a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su jurisrpudencia, tal y como se deriva de lo previsto en el art. 5.1 de la LOPJ. Esta es una cuestión que se planteó en el caso sobre arbitraje del que conoció el TSJ de Madrid.

En definitiva, aunque pudiera pensarse como punto de partida en un Tribunal Constitucional ocupado de la interpretación y aplicación de la Constitución y una jurisdicción ordinaria dedicada a la interpretación y aplicación de las normas infraconstitucionales; la realidad no es ésta. La jurisdicción ordinaria interpreta y aplica la Constitución y el Tribunal Constitucional entra en cuestiones de legalidad ordinaria; si bien resultaría aconsejable que esta entrada, que ha de limitarse a lo que sea relevante desde una perspectiva constitucional, se hiciera de una forma moderada, evitando que el Tribunal Constitucional se convierta en una instancia más ante la recurrir tras el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia.

B) El cumplimiento y ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional

Según el art. 164 de la Constitución no cabe recurso alguno contra las sentencias del Tribunal Constitucional. Esta prohibición de control jurisdiccional sobre la actividad del TC se hizo todavía más intensa tras la reforma de la LOTC del año 2007, que modificó el artículo cuarto de esta ley para incluir la previsión expresa de que las «resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado». La reforma se produjo tras una decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que condenó a los magistrados del Tribunal Constitucional al pago de una indemnización de 5.500 euros en favor de un abogado que había visto inadmitido un recurso de amparo. Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional, aunque con una composición de magistrados diferente, resolvió el recurso de amparo planteado por los condenados y anuló la sentencia del Tribunal Supremo. A continuación pueden consultarse tanto la sentencia del TS como la posterior del TC.

El caso tiene su origen en un previa demanda contra el Tribunal Constitucional, presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se solicitaba que se convocara concurso para todas las plazas de letrados del TC que estuvieran nombrado por el sistema de libre designación. Pese a que el TS desestimó la demanda, admitió su competencia para resolver sobre lo solicitado y la sentencia incluyó el voto particular de dos magistrados que consideraban que el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional era ilegal. Aquí puede consultarse esa sentencia.

Las tensiones entre el TC y el TS no se limitaron a estos casos y acabaron resolviéndose mediante la mencionada reforma de la LOTC del año 2007 que prohibió que cualquier órgano jurisdiccional revisara las decisiones del TC. Podría debatirse sobre la corrección de ese planteamiento y las dudas que puede plantear, incluso desde la perspectiva del Convenio Europeo de Derechos Humanos; pero a los fines que aquí interesan, basta con constatar que no es posible que los jueces y tribunales ordinarios controlen las decisiones del Tribunal Constitucional. Como veremos, esta dimensión algo tiene que ver con los casos que nos ocupan.

Así pues, las decisiones del TC no podrán ser enjuiciadas por los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial; pero estos últimos serán necesarios para dotar de eficacia a las decisiones del Tribunal Constitucional; tal y como veremos inmediatamente. En los casos que nos ocupan, el problema de fondo ante el que nos encontramos pudiera parecer el de ejecución de decisiones constitucionales (esto es, provenientes del Tribunal Constitucional) aunque, como veremos, esta afirmación ha de ser objeto de alguna matización.

La ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional y de los órganos equivalentes en otros países plantea ciertos problemas, porque, por lo general, van dirigidas a altas instituciones del Estado, autoridades u órganos constitucionales sobre los que el ejercicio de la coerción es o imposible o extraordinariamente difícil. En el caso de España, estas dificultades se hicieron muy presentes entre los años 2014 y 2017, cuando las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña se negaron sistemáticamente a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional en relación al procés secesionista. Esas dificultades motivaron una reforma de la LOTC sobre la que se pronunció la Comisión de Venecia en un interesante documento que aporta luz sobre estas dificultades de ejecución de los mandatos de los tribunales constitucionales.

Me ocupé entonces de esas dificultades en esta entrada; pero ahora no volveré sobre ello porque el conflicto que nos ocupa no se plantea entre el Tribunal Constitucional y el Estado, una Comunidad Autónoma, el Gobierno o alguna de las Cámaras; sino que que, tanto en el caso de la AP de Sevilla como en el del TSJ de Madrid, estamos ante la ejecución de una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo contra una decisión de la jurisdicción ordinaria; por lo que nos centraremos en las particularidades que plantea dotar de eficacia a este tipo de decisiones.

Lo primero que hay que señalar es que el Tribunal Constitucional tiene un margen bastante amplio para, en la propia sentencia en la que se declara el amparo, adoptar las medidas que estime necesarias para restituir el derecho vulnerado. Así se desprende del artículo 55.1.c) de la LOTC, donde se establece que la sentencia que otorgue el amparo, además de la declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos y del reconocimiento del derecho o libertad pública podrá pronunciarse sobre el «restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación». Esta capacidad de restablecimiento convierte al Tribunal Constitucional en un órgano jurisdiccional que no solamente interpretará la legislación ordinaria, sino que la aplicará, pues tal restablecimiento exigirá seguir lo establecido en las normas aplicables al caso, que pueden ser electorales, procesales o de cualquier otro tipo.

No es habitual que el TC utilice esta habilitación del art. 55.1.c) de la LOTC para ir más allá de la anulación, por ejemplo, de la sentencia o sentencias que habían incurrido en vulneración del derecho o libertad fundamental objeto de amparo; pero existen ejemplos de ello. Así, en la STC 5/1983, de 4 de febrero, el TC no se limitó a anular el acuerdo de un ayuntamiento que había cesado a un concejal, sino que acordó también «restablecerlo en toda su integridad en el cargo de Concejal», para lo que tuvo que aplicar no solamente el art. 23 de la Constitución (derecho a la participación política), sino también el art. 11.7 de la Ley de Elecciones Locales (FJ 6 y en la STC 114/1989, de 22 de junio se ordenó la readmisión de un trabajador «con todo lo demás que procede en los casos de despido nulo con nulidad radical». En estas decisiones, el Tribunal Constitucional sustituyó la función del juzgador que debería, tras haberse anulado la sentencia original, haber vuelto a pronunciar otra de acuerdo con la doctrina establecida por el TC. Ahora bien, son ejemplos extraordinariamente raros; lo que implica que el TC prefiere, en los casos de amparo, devolver el caso al tribunal de origen y no sustituir la función de éste; aunque conviene dejar apuntado que el art. 55.1.c) de la LOTC le habilitaría para ir más allá, tal y como ha hecho en algunos casos.

En los que nos ocupan, sin embargo, no ha sido ésta la opción del TC; sino que, como es habitual en él, una vez declarada la vulneración del derecho fundamental y la nulidad de la sentencia que lo había infringido, debe ser el tribunal de origen el que vuelva a dictar sentencia. Dictar esta nueva sentencia, en tanto en cuanto deriva de lo establecido en la del TC que otorga el amparo es una forma de dar cumplimiento a ésta; o, si se prefiere, de ejecución de la misma. Ahora bien, en el momento en el que el juzgador ha de dictar una nueva resolución no puede estar sometido a instrucciones de nadie, ni siquiera del TC, puesto que de ser así se rompería la manifestación esencial de la independencia judicial, que no es otra que el sometimiento del juez o del tribunal exclusivamente a la ley. Este es un principio básico del Estado de Derecho que en nuestra Constitución recoge su art. 117.1.

Es cierto que la doctrina del Tribunal Constitucional obliga a todos los órganos jurisdiccionales (art. 5.1 de la LOPJ), pero esa doctrina constitucional no puede confundirse con presuntas órdenes o instrucciones del Tribunal Constitucional, que son absolutamente incompatibles con la independencia judicial. El Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia de amparo puede, según establece el art. 55.1.c) de la LOTC, ir más allá de la anulación de la decisión judicial que no ha respetado el derecho fundamental; pero si tal sentencia de amparo lo que establece es que el tribunal competente ha de dictar una nueva resolución, la función del TC concluye ahí, sin que pueda fiscalizar de manera directa el contenido de la resolución que se ha de dictar. Si el órgano jurisdiccional no siguiera la doctrina constitucional, si cabe recurso contra su resolución podría revisarse la aplicación hecha por aquél y, si de la inaplicación de dicha doctrina se derivara la vulneración de un derecho fundamental, cabría plantear también recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional; pero no sería de recibo que el TC diera instrucciones directas a un órgano jurisdiccional que ha de dictar una resolución sobre el fondo del asunto; ni siquiera cuando esa decisión es el resultado de una sentencia dictada en el marco de un recurso de amparo constitucional.

Entiendo que en esta clave ha de interpretarse el art. 92.4 de la LOTC, que establece que en caso de advertirse que una resolución del TC estuviera siendo incumplida, el Tribunal podría requerir a instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares para que informe sobre el cumplimiento de la resolución. Tras ese informe, el TC puede ordenar la imposición de multas coercitivas, suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos, la ejecución sustitutoria o deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Como puede apreciarse, no se menciona a los jueces o tribunales de una manera específica y sería un error que pudieran estar comprendidos entre los destinatarios del precepto porque, como se ha indicado, es contrario al Estado de Derecho cualquier interferencia en la labor de juzgar.

Entiendo que el art. 92.1 de la LOTC tampoco habilita a dictar este tipo de instrucciones. Este precepto establece que el TC velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y que podrá disponer en la sentencia o resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, qué medidas de ejecución son necesarias y resolver las incidencias de ejecución. Cuando el contenido de la decisión del TC es la anulación de una resolución judicial, derivándose de ello la necesidad de dictar una nueva resolución, no cabe adoptar más medida de ejecución. Otra cosa es que la sentencia incluya medidas positivas que precisen una ejecución específica por parte de autoridades, empleados públicos o particulares, en cuyo caso tendría sentido la adopción de medidas específicas, la aparición de incidentes de ejecución y la posibilidad de requerir a quienes estuvieran obligados a dar cumplimiento a la resolución; pero cuando dicha ejecución se concreta en la adopción de una decisión judicial, el Tribunal Constitucional no debería intervenir.

C) Proyección sobre los casos que nos ocupan

En los casos que nos ocupan, la discrepancia entre el Tribunal Constitucional, la AP de Sevilla y el TSJ de Madrid surge de la posible contradicción entre la doctrina sentada por el TC y el Derecho de la UE. El TSJ de Madrid ya ha planteado cuestión prejudicial en relación al tema y la AP de Sevilla ha dado plazo a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno sobre la posibilidad de plantear dicha cuestión prejudicial. Obviamente, el TC asumirá que la doctrina sentada en sus sentencias relativas al caso de los EREs y en la 146/2024, sobre la anulación de un laudo arbitral, se ajustan al derecho de la UE. De hecho, en esta última decisión, la STC 146/2024, se hace referencia expresa a las decisiones del Tribunal de Luxemburgo relevantes para el caso. Ahora bien, el TSJ de Madrid entiende que esa doctrina constitucional no se ajusta a lo que se deriva del derecho de la UE y de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y en el caso de la AP de Sevilla, si bien aún no se ha planteado la cuestión prejudicial y, por tanto, no hay una afirmación rotunda sobre esa contradicción entre la doctrina constitucional y el derecho de la UE; del dictado de la providencia de 18 de marzo de 2025 y del contenido de ésta se deriva que la Audiencia tiene, al menos, dudas sobre la compatibilidad entre las decisiones dictadas por el TC en el caso de los EREs y el derecho de la UE.

No se trata aquí de examinar si esa contradicción entre la doctrina constitucional que han de aplicar tanto el TSJ de Madrid como la AP de Sevilla y el TSJ de Madrid y el derecho de la UE existe o no; puesto que aquí lo que intento es determinar si el TC dispone de algún mecanismo para obligar a los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial a seguir la interpretación del derecho de la UE que hace el TC. Tal y como se había adelantado, en este epígrafe examinaremos el problema desde la perspectiva del derecho español de origen interno y en el siguiente nos detendremos en el punto de vista del derecho europeo. Así pues, hemos de verificar aquí si existen mecanismos en el derecho español que permitan imponer a los tribunales ordinarios la interpretación que hace el TC del derecho de la UE.

En primer lugar, tal y como habíamos visto, la LOTC prohíbe que los órganos jurisdiccionales enjuicien las decisiones del TC. Esta prohibición de enjuiciamiento es general y, por tanto, va más allá de la obligación que tienen los jueces y tribunales de aplicar la Constitución y los principios constitucionales de acuerdo con la jurisprudencia del TC (art. 5.1 de la LOPJ). Ya se había dejado apuntado que este «blindaje» de las decisiones del Tribunal Constitucional podría plantear algunos problemas, puesto que limita el acceso a los tribunales cuando se trata de resoluciones del TC que tienen un carácter más administrativo que jurisdiccional; pero no cabe duda de que es, en la actualidad, derecho positivo que, por tanto, vincula a todos, incluidos los jueces y tribunales.

De acuerdo con lo que se acaba de ver, y sin entrar a considerar las obligaciones que se derivan del Derecho de la UE (de las que nos ocuparemos en el siguiente epígrafe), el intento por parte, tanto de la AP de Sevilla como del TSJ de Madrid, de apartarse de lo establecido por el TC en las sentencias de los EREs como en la 146/2024 podría interpretarse como un enjuiciamiento de tales decisiones y, por tanto, una vulneración del art. 4.2 de la LOTC. A partir de aquí, no sería imposible que el TC anulara tanto la providencia de la AP de Sevilla de 18 de marzo de 2024 como el Auto del TSJ de Madrid de 20 de marzo de 2025 en uso de la facultad que le confiere los arts. 4.1 y 92.1 de la LOTC. A la luz de estos preceptos, cobra sentido la solicitud, hecha por el Tribunal Constitucional a la AP de Sevilla, de remisión de la providencia en la que anuncia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo.

La solicitud podría ser el paso previo a la anulación de la providencia, impidiendo así el planteamiento de la cuestión prejudicial por parte de la AP de Sevilla. Desde mi perspectiva, estaríamos ante una injerencia del Tribunal Constitucional en el ejercicio de la función jurisdiccional inadmisible, incluso al margen de las exigencias del Derecho de la UE; pero el tenor literal de la LOTC lo podría permitir, lo que, en el fondo, no hace más que confirmar que ese tenor literal no se corresponde con las exigencias del Estado de Derecho; pero no profundizaremos en esto ahora.

En definitiva, de lo que se ha visto hasta ahora resulta que en el marco de los recursos de amparo, la literalidad de la LOTC permitiría que el TC sustituyera a la jurisdicción ordinaria en la reparación del derecho fundamental vulnerado. El TC, hasta ahora, ha utilizado con extraordinaria mesura esta posibilidad; pero no sería imposible que se volviera más «intervencionista» en el futuro, sobre todo en un marco de tensión entre el Constitucional y los tribunales ordinarios. Ahora bien, si la decisión del Tribunal Constitucional se ha «limitado» a anular la decisión o las decisiones judiciales previas y es preciso adoptar una nueva resolución sobre el asunto, cualquier intromisión del Tribunal Constitucional en la actividad de los órganos jurisdiccionales competentes para tal adopción sería contraria a principios básicos del Estado de Derecho. El órgano jurisdiccional, por su parte, estaría obligado a seguir la doctrina constitucional en lo que se refiere a la interpretación de la Constitución y, además, tendría prohibido enjuiciar cualquier aspecto de la decisión del Tribunal Constitucional. Desde esta perspectiva, el planteamiento de una cuestión prejudicial podría entenderse como un cuestionamiento del Tribunal Constitucional y, por tanto, abrir la puerta a los mecanismos que establecen los arts. 4.1 y 92.1 de la LOTC (nulidad de las decisiones que cuestionara lo actuado por el Tribunal Constitucional).

III. Las exigencias del derecho de la UE

A) Independencia judicial y UE

Al derecho de la UE no le es indiferente la organización judicial en los estados miembros. El art. 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) declara que la Unión se fundamenta en una serie de valores que incluyen el Estado de Derecho. Aunque el TUE no define este concepto, «Estado de Derecho», existe consenso en que no puede hablarse de él si no existe un sistema de justicia independiente. El art. 19 del TUE, en la misma línea, impone a los estados miembros establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. De esta forma, los órganos jurisdiccionales nacionales se integran en el sistema judicial europeo, debiendo cumplir con los requisitos del derecho de la UE ya que quienes en primer lugar han de aplicar la normativa europea son esos tribunales nacionales, como consecuencia de la primacía y el efecto directo del derecho de la UE. El art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales concreta aún más estas exigencias en relación al sistema judicial, indicando que los jueces han de ser independientes, imparciales, establecidos previamente por la ley (art. 47 de la Carta). Además, se incluyen previsiones sobre la presunción de inocencia, los derechos de defensa y los principios de legalidad y proporcionalidad; así como el non bis in idem.

Debemos detenernos un momento en la idea anterior. El derecho de la UE tiene no solamente primacía sobre el derecho de origen interno de los estados miembros, sino que también goza de efecto directo; esto es, los tribunales domésticos lo aplican como derecho propio sin necesidad de ninguna intermediación. Los jueces y tribunales nacionales son también jueces y tribunales europeos y, por esa razón, la organización judicial debe ajustarse a los principios y valores del derecho de la UE. En esta línea es importante tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que, en varias ocasiones, ha concretado ciertas exigencias del sistema judicial:

1- Garantía económica de la independencia judicial (STJ de 27 de febrero de 2018, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117).

2- La discrecionalidad del poder ejecutivo en la decisión sobre la jubilación de los jueces no es compatible con la necesaria independencia judicial (STJ de 24 de junio de 2019, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531).

3- Un tratamiento diferente de los jueces en función del género compromete tanto la igualdad como la independencia judicial (STJ de 5 de noviembre de 2019, C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924).

4- Las sanciones disciplinarias a los jueces solo pueden imponerse por órganos que gocen de independencia respecto a los poderes ejecutivo y legislativo (STJ de 19 de noviembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:982).

5- Necesidad de que el órgano que realiza los nombramientos judiciales sea independiente (STJ de 2 de marzo de 2021, C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153).

6- Los mecanismos de nombramientos judiciales han de respetar no solamente la sustancia, sino también la apariencia de la independencia judicial (STJ de 20 de abril de 2021, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311).

7- Un sistema disciplinario de los jueces controlado por el poder político infringe los principios de independencia e imparcialidad judicial (STJ de 15 de julio de 2021, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596).

8- Es legítimo condicionar los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, incluida la independencia judicial (STJ 157/21 de 16 de febrero de 2022, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98).

Estas decisiones están analizadas con más detalle en este trabajo:

Estas exigencias de independencia también alcanzan al Tribunal Constitucional o equivalentes, al menos en lo que se refiere a su relación con los órganos jurisdiccionales ordinarios. En este sentido, es muy interesante la STJ (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2021 (asuntos acumulados C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 y C-840/19, ECLI:EU:C:2021:1034).

En este caso se plantea la compatibilidad con el derecho de la UE de la normativa nacional que obliga a los jueces y tribunales a seguir la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Luxemburgo mantiene que corresponde a los estados organizar el sistema judicial como prefieran; pero siempre respetando las exigencias del derecho de la UE (número 216). De acuerdo con esto, puede existir un tribunal constitucional separado de la jurisdicción ordinaria; pero si ese tribunal constitucional tiene la competencia de aplicar derecho de la UE, entonces tiene que ajustarse a los requisitos de independencia e imparcialidad como cualquier otro órgano jurisdiccional; lo que debería acabar conduciendo a descartar cualquier duda en los justiciables sobre la «impermeabilidad del órgano de que se trata frente a elementos externos» (número 225); además, «debe garantizarse la independencia de los tribunales en particular frente a los poderes legislativo y ejecutivo» (número 228). De esta forma, concluye el Tribunal de Luxemburgo (número 230):

«En estas circunstancias, los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y la Decisión 2006/928 no se oponen a una normativa o a una práctica nacional según la cual las resoluciones del tribunal constitucional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios, siempre que el Derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, tal como exigen esas disposiciones. En cambio, si el Derecho nacional no garantiza tal independencia, estas disposiciones del Derecho de la Unión se oponen a esa normativa o a esa práctica nacional, ya que el tribunal constitucional no puede garantizar la tutela judicial efectiva exigida por el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo».

Como puede apreciarse, de acuerdo con el derecho de la UE, la vinculación de los tribunales ordinarios por la doctrina del Tribunal Constitucional está condicionada a que éste último sea independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, desde el derecho de la UE se puede establecer un límite relevante no solamente a la prohibición de enjuiciamiento de las resoluciones del TC que, como hemos visto, recoge el art. 4.2 de la LOTC, sino incluso, al art. 5.1 de la LOPJ; al menos en aquellos supuestos en los que la doctrina constitucional haya de aplicarse en relación a casos para los que es relevante el derecho de la UE. En el caso relativo a la anulación de un laudo arbitral por el TSJ de Madrid, por ejemplo, vemos cómo la interpretación del art. 24 de la Constitución que hace el TC se vincula con la aplicación del art. 101 y concordantes del TFUE, por lo que cualquier incidencia de dicha doctrina constitucional en el caso debería pasar por el filtro de la independencia del TC respecto a los poderes legislativo y ejecutivo. Ahora bien, el mero hecho de que los miembros del TC sean nombrados por los poderes legislativo y ejecutivo no es susceptible de crear una situación de dependencia ni suscitar dudas sobre su imparcialidad si, una vez nombrados, no están sometidos a presión algunas y no reciben instrucciones en el ejercicio de sus funciones (número 233).

Aparte de lo anterior, en la misma sentencia, el Tribunal de Luxemburgo indica que la primacía del derecho de la UE no puede verse afectada por la necesidad de que los tribunales ordinarios sigan la doctrina del tribunal constitucional. Si el juez nacional entiende que la doctrina constitucional es contraria al derecho de la UE ha de dar preferencia a éste, por lo que «una doctrina o práctica nacional según la cual las sentencias del tribunal nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios, cuando estos últimos consideran, a la luz de una sentencia dictada en un procedimiento prejudicial por el Tribunal de Justicia, que la jurisprudencia derivadas de esas sentencias constitucionales es contraria al Derecho de la Unión, puede impedir a dichos órganos jurisdiccionales garantizar la plena eficacia de ese Derecho» (número 259). En la misma línea, la STJ de 22 de febrero de 2022 (C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99) estableció que es contraria al Derecho de la UE una normativa o práctica nacional «con arreglo a la cual los órganos jurisdiccionales ordinarios de un Estado miembro no están facultados para examinar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una norma nacional que el tribunal constitucional de ese Estado miembro ha declarado conforme con una disposición constitucional nacional que impone el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión». A partir de lo anterior, también es contraria al derecho de la UE «una normativa o práctica nacional que permite exigir responsabilidad disciplinaria a un juez nacional por el hecho de que este haya aplicado el Derecho de la Unión, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, apartándose de la jurisprudencia del tribunal constitucional del Estado miembro de que se trate, incompatible con el principio de primacía del Derecho de la Unión».

Es claro, a partir de esta sentencia, que la imposibilidad de que los tribunales ordinarios enjuicien las decisiones del Tribunal Constitucional ha de encontrar una excepción en los casos de aplicación del derecho de la UE.

De acuerdo con lo que hemos visto, el derecho de la UE impone la necesidad de que el TC reúna los requisitos de independencia que el Tribunal de Luxemburgo viene imponiendo a los órganos jurisdiccionales ordinarios para que su doctrina pueda vincular a estos últimos. En otro caso, esa imposición no sería acorde con el derecho de la UE. Además, esta imposición de la doctrina constitucional no tiene por efecto privar de primacía al derecho de la UE. En el siguiente epígrafe examinaremos otro aspecto relevante: el papel de la cuestión prejudicial y la forma en que (no) puede limitarse a los órganos jurisdiccionales nacionales en su planteamiento.

B) Tribunal Constitucional, tribunales ordinarios y cuestión prejudicial

Tal y como habíamos visto, el derecho de la UE ha de ser aplicado directamente por los jueces y tribunales. Ahora bien, el Tribunal de Luxemburgo es el intérprete último del derecho europeo. De acuerdo con el art. 19 del TUE «garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados» y la doctrina del propio Tribunal lo ha dejado claro. Así, en las Conclusiones del Abogado General Sr. Lagrange en el caso Costa vs. ENEL, del año 1964 se incidió en la relación entre primacía y efecto directo y la función del Tribunal de Luxemburgo. Más recientemente, la sentencia Achmea, del año 2018, recordó el papel que tienen los tribunales nacionales y el Tribunal de Luxemburgo en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, hasta el punto de excluir el arbitraje de inversiones en los conflictos que pudieran surgir entre inversores de un estado miembro y otros estados miembros. Finalmente, en la sentencia de 21 de diciembre de 2021 que se citaba en el epígrafe anterior se indica que «el Tribunal de Justicia tiene la competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva de dicho Derecho [el derecho de la UE]» (núm. 254).

La cuestión prejudicial es el instrumento básico que permite la cooperación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia en la interpretación del derecho de la UE. La cuestión prejudicial aparece prevista en el art. 19.3.b) del TUE y se regula más extensamente en el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Mediante la cuestión prejudicial, los jueces nacionales tienen la oportunidad de resolver las dudas que se les planteen sobre la interpretación del derecho de la UE y el Tribunal de Justicia dispone de una herramienta para unificar la interpretación del derecho europeo. Sin duda, es uno de los instrumentos más relevantes en la integración europea y el Tribunal de Luxemburgo ha defendido siempre la libertad de los jueces nacionales para presentar la cuestión prejudicial cuando hayan de aplicar derecho de la UE, sin que puedan estar vinculados por la doctrina sentada por tribunales superiores (STJ de 16 de enero de 1974, C-166/73, ECLI:EU:C:1974:3).

Entiendo que no haría falta recurrir al derecho de la UE para negar la posibilidad de prohibir que un juez español plantee una cuestión prejudicial cuando lo considere necesario en el marco de un procedimiento del que está conociendo, pues forma parte de la independencia judicial desarrollar con plena libertad, y sometido únicamente a la ley, la función jurisdiccional; pero la normativa de la UE aporta un argumento adicional a esta prohibición de injerencia en la facultad judicial de plantear una cuestión prejudicial. La importancia del diálogo que se establece entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Luxemburgo mediante este instrumento lo blinda ante cualquier intento doméstico de limitar la facultad de los jueces para consultar al Tribunal de Luxemburgo sobre la interpretación del derecho europeo. La sentencia de 22 de febrero de 2022 que se citaba antes lo deja claro cuando indica:

«Constituye, además, una garantía inherente a la independencia de los jueces nacionales el hecho de que dichos jueces no estén expuestos a procedimientos o sanciones disciplinarios por haber ejercido la facultad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, que es de su competencia exclusiva».

Así pues, parece cerrada la vía a restringir de cualquier forma la posibilidad de que los jueces o tribunales planteen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Luxemburgo. En el siguiente apartado veremos cómo se proyecta esto en los casos que nos ocupan.

C) ¿Intenta el Tribunal Constitucional limitar la facultad de los tribunales ordinarios para plantear cuestiones prejudiciales?

En el epígrafe II habíamos visto que del tenor de la LOTC podría derivarse, por una parte, que los tribunales ordinarios no pueden apartarse de lo establecido en las decisiones del TC; lo que puede incluir aspectos no meramente constitucionales en tanto en cuanto, en el caso de los recursos de amparo, el Tribunal Constitucional puede aplicar norma infraconstitucional; y, por otra parte, que existen herramientas que permitirían al TC impedir el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. En ese mismo epígrafe habíamos visto que una interpretación literal de la LOTC en el sentido apuntado supondría la quiebra de la independencia judicial, por lo que -añado aquí- debería ser inconstitucional; aunque quien tendría que determinarlo… sería el propio Tribunal Constitucional. En definitiva, del conflicto planteado entre el TC, la AP de Sevilla y el TSJ de Madrid se deriva, como primera conclusión, la necesidad de reformar la LOTC para permitir una adecuada distribución de funciones entre el TC y la jurisdicción ordinaria.

En el epígrafe III, además, hemos visto cómo cualquier intento del TC para dificultar el planteamiento por los tribunales ordinarios de cuestiones prejudiciales implicaría una flagrante contradicción con el derecho de la UE; por lo que, lo más sensato, sería que el Constitucional se abstuviera completamente de intervenir en las iniciativas de la AP de Sevilla y del TSJ de Madrid en relación a dichas cuestiones prejudiciales. Ahora bien, como sabemos, ya se han producido injerencias al reclamar a uno y otro tribunal la remisión de las actuaciones relativas al planteamiento de la cuestión prejudicial.

Y en el orden del día del Pleno del Tribunal del 8 de abril se incluye el análisis de estas cuestiones prejudiciales.

La referencia al art. 92.1 de la LOTC en el orden del día puede ser un recordatorio de la facultad que, como hemos visto, confiere ese precepto al Tribunal Constitucional para «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fical y del organo que las dictó». Entiendo, sin embargo, que en este caso, dado que el contenido de las sentencias del TC que se relacionan con el TSJ de Madrid y la AP de Sevilla no incluye más la anulación de las sentencias previas, pretender que el planteamiento de las cuestiones prejudiciales contraviene esas sentencias del TC sería claramente exorbitante. Ahora bien, también hay que recordar el art. 4.1 de la LOTC también prevé la declaración de nulidad de todas las resoluciones que menoscaben la jurisdicción o competencia del Tribunal Constitucional. En una interpretación estricta, este precepto habilitaría para declarar la nulidad de las decisiones que se pronuncian sobre cuestiones que son competencia del Tribunal Constitucional; pero en una más amplia podría cubrir todas aquellas resoluciones que no respetan -de acuerdo con el criterio del TC- la especial posición que este órgano jurisdiccional tiene en el ordenamiento. Sea como fuere, la posibilidad de alguna actuación respecto a las decisiones adoptadas por la AP de Sevilla y el TSJ de Madrid no puede descartarse.

Es más, aunque no se mencione, el hecho de que se hubiera requerido la remisión de las actuaciones relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales, pudiera conectarse con la previsión del art. 92.4 de la LOTC que prevé que se requiera información a quienes han de cumplir las resoluciones del TC, un requerimiento de información que puede ir acompañado de la imposición de multas coercitivas y otras medidas sancionadoras.

Desde mi perspectiva, que se debata en un pleno del TC el tema del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios ya es, en sí, un atentado a la independencia judicial y a la libertad de los órganos jurisdiccionales para plantear cuestiones prejudiciales; una libertad garantizada -como hemos visto- de la manera más amplia y rotunda posible por el Tribunal de Luxemburgo.

IV. Conclusión

Al comienzo indicaba que el conflicto que se estaba planteando entre el Tribunal Constitucional, la AP de Sevilla y el TSJ de Madrid era extraordinariamente interesante. Llegados a este punto, creo que puede concluirse que nos encontramos ante un caso (casos) que permitirán apreciar con nitidez los problemas que plantea la superposición de funciones del Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria en la reparación de los derechos que se han reconocido vulnerados en un recurso de amparo; el carácter exorbitante de la exigencia de que ningún órgano jurisdiccional pueda enjuiciar las decisiones del Tribunal Constitucional, cómo la obligación de seguir la doctrina del TC en la interpretación de la Constitución no puede derivar hacia la emisión de instrucciones directas o indirectas por parte de éste último hacia los tribunales ordinarios; y cómo es necesario el mayor respeto institucional entre los distintos órganos jurisdiccionales, tanto desde los tribunales ordinarios hacia el TC como desde este último hacia los tribunales ordinarios.

A lo anterior hay que añadir que ningún órgano jurisdiccional puede verse condicionado en su aplicación del derecho de la UE, incluyendo la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales cuando lo estime oportuno. El caso que nos ocupa nos permite apreciar que sin estas exigencias del derecho europeo no sería impensable una actuación exorbitante del TC que, incluso con los límites que impone la UE, no es completamente descartable.

El incidente del Despacho Oval

Sigo impactado por el incidente del Despacho Oval.

Lo primero -y menos importante- es que es una nueva muestra de la ruptura de reglas básicas en las relaciones internacionales.

No es de ahora, lleva pasando años. Recuerdo, hace ya 18, el famoso (entonces) «¿por qué no te callas?» de Juan Carlos I a Hugo Chávez. Las relaciones diplomáticas tienen unas reglas de etiqueta que han de ser respetadas porque no son meros formalismos; sino que garantizan que la comunicación sea efectiva y evitan la escalada en los conflictos. Ayer todas esas reglas se rompieron.
La más importante de esas quiebras fue la de que la discusión se desarrollara ante las cámaras, en directo, de tal forma que todos fueron testigos del agrio intercambio entre Zelenski y la administración norteamericana (no digo Trump. porque Vance tuvo una participación destacada). Si esa misma discusión se hubiera desarrollado a puerta cerrada no habría, a mi juicio, inconveniente para el franco intercambio de puntos de vista del que fuimos testigos. Tras él, se pactaría qué se decía ante las cámaras y todo podría haber quedado resuelto en un comunicado conjunto más o menos del siguiente tenor:

«Tanto el presidente Zelenski como el presidente Trump han constatado la importancia de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Existen puntos en los que es preciso seguir avanzando; específicamente, en las garantías que puedan establecerse en relación a la seguridad futura de Ucrania. El presidente Zelenski agradece el apoyo prestado por Estados Unidos y asume que éste no puede continuar de manera indefinida. Ambos países seguirán desarrollando conversaciones sobre este tema y consultando con el resto de actores implicados».

Un comunicado frío en el que quedan claras las discrepancias existentes, pero que no implica someter a la opinión pública mundial al espectáculo que vimos ayer.

Lo segundo es que no tengo claro qué es lo que pretendían Trump y Vance. Y digo Trump y Vance porque, aunque en el rifirrafe participó también Zelenski, quien lo organizó fue la administración de Estados Unidos. Esto último me parece que es obvio porque se hizo en el Despacho Oval y fue la administración quien decidió que hubiera periodistas presentes, y no solamente para una foto inicial; sino durante todo el encuentro.

A partir de lo anterior, ¿cuál era el interés de Trump en humillar a Zelenski? Porque que había un intento de humillarlo me parece bastante claro; desde la pregunta sobre el traje del presidente de Ucrania, que hizo un periodista, pero que venía precedida por una observación del propio Trump; hasta el momento en el que Trump le dice a su invitado que ya había hablado bastante. Todo en un tono completamente impropio de una reunión entre dos jefes de estado.

No es un secreto que Trump desea poner fin a la guerra de Ucrania, que no quiere dar más ayuda militar a Zelenski y que, además, quiere obtener compensación por la ayuda militar facilitada a ese país. Ahora bien, ante las reticencias de Zelenski, ¿es una buena estrategia intentar humillarlo delante de todo el mundo, mandarle callar, reprocharle -falsamente- que no hubiera mostrado agradecimiento por la ayuda recibida, recordarle las dificultades que tiene para reemplazar las bajas que tiene en el frente y decirle que sin los Estados Unidos la guerra habría durado dos semanas? Las formas acompañaban a un mensaje claro: no eres nadie y debes hacer lo que nosotros te digamos. Es un mensaje que si se hubiera producido en privado entraría en lo que es la dura y descarnada «Realpolitik«; pero al hacerlo en público hay que intentar buscar qué es lo que se pretende ya no con el mensaje, sino con su difusión.

Para esto, primero hay que dilucidar qué es lo que esperaban Trump y Vance. Una primera opción es que buscaran, precisamente, el enfrentamiento para así justificar el apartarse de Ucrania; pero esta explicación no me convence. Estados Unidos no necesita ninguna disculpa para dejar de prestar ayuda a Ucrania, no tiene necesidad de humillar al presidente del país, le basta con, efectivamente, dejar de enviar esa ayuda. En realidad, no tiene ni siquiera que dar explicación alguna.

Por eso creo que lo que pretendían era que Zelenski bajara la cabeza y aceptara las condiciones que le ofrecía Trump. Si ese era el objetivo, es obvio que Trump y Vance fracasaron, puesto que el acuerdo no se ha firmado; y si se firma en el futuro no será gracias al incidente del Despacho Oval, sino a pesar de él. Es decir, si la encerrona tenía un objetivo táctico (doblegar a Zelenski) es obvio que ha supuesto un fracaso.

Creo que esto es lo que pasó. Trump, Vance y el resto de su equipo, sabedores de la dependencia que tiene Ucrania de la ayuda militar de Estados Unidos quizás calcularon mal la reacción de Zelenski pensando que el Depacho Oval, los medios y la reunión no solo de Trump, sino también de su vicepresidente y del secretario de Estado crearían un escenario favorable a las cesiones de Zelenski.

Es evidente que erraron en sus cálculos. Me parece sorprendente que pensaran que Zelenski no iba a replicar las cosas que allí se estaban diciendo. Zelenski no tiene el poder de Trump, pero sigue siendo jefe de estado, ha dirigido a su país durante tres años en una guerra y su valor está contrastado. Todos recordamos su rostro moviéndose por Kiev los primeros días de la guerra para evitar ser capturado por los cuerpos de operaciones especiales rusos, y la forma en que rechazó un vuelo para huir de Kiev cuando los tanques rusos estaban a 20 kilómetros de la capital. Dudo que a alguien que tiene esas experiencias le impresione el Despacho Oval.

Es más, tras Zelenski están las decenas de miles (o centenares de miles) de soldados y civiles muertos en la guerra, los centenares de miles de heridos, los millones de expatriados, las ciudades destruidas y las batallas libradas en las que tantos ucranianos se sacrificaron para impedir, en ocasiones, que los rusos avanzaran unos pocos metros. Pensar que Zelenski, que no es solo Zelenski, sino Ucrania, se iba a doblegar ante un escenario preparado entre las paredes crema de un despacho en la Casa Blanca es ser demasiado optimista sobre las propias capacidades. Zelenski no se dobló, replicó y, además, lo hizo siempre en un tono menos agresivo que el que empleaban sus interlocutores; es decir, para un observador objetivo los que perdieron los papeles fueron los anfitriones y no el invitado. Desde mi perspectiva, transmitieron más sensación de debilidad Trump y Vance que Zelenski, porque sus reiteraciones sobre la importancia (exagerada) de su ayuda a Ucrania, su desprecio por las posibilidades ucranianas y su insistencia en que aceptara inmediatamente un acuerdo, pese a los datos que el presidente ucraniano aportaba sobre lo poco fiable que era Rusia, no rompían el discurso de Zelenski, más sereno y convincente. En definitiva, de alguna forma se trasladaba que nos hablaban de la guerra por lo que les habían contado y otro por lo que había vivido. Y esa no es una diferencia pequeña.

Así que la encerrona no podía conducir más que a lo que ha llevado. Esto es lo que me hace dudar sobre la competencia de Trump y Vance; porque más allá de su catadura moral, resulta que el objetivo que, parece, querían conseguir, no se ha logrado.

Aparte de lo anterior, además, se ha dañado seriamente la confianza en el papel de Estados Unidos en la defensa de ciertos principios básicos. Trump hizo explícito que él se situaba entre Rusia y Ucrania, no al lado de Ucrania, y despotricó contra la anterior administración, que había facilitado ayuda militar a este último país. Además, es notorio que Trump culpa a Zelenski de la guerra y difunde el relato ruso sobre la responsabilidad de Ucrania en el conflicto. Esto es especialmente grave.

Una cosa es, como comentaba antes, la Realpolitik y otra que no existan ciertos principios claros en el derecho internacional, principios que, con demasiada frecuencia, se saltan, pero que es más raro ver vilipendiados de manera expresa.

Desde el punto de vista de estos principios, y al margen de las raíces profundas del conflicto dentro de Ucrania, fundamentalmente entre los rusófilos y quienes buscan un mayor acercamiento a Europa occidental, lo que no es dudoso es que la operación desarrollada por Rusia desde febrero de 2022 y, antes incluso, con las exigencias que dirigió a la OTAN en el sentido de retirarse de todos los países que no eran miembros de la organización antes de 1997, supone una vulneración de un principio básico del derecho internacional, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza. Rusia es el agresor, así ha sido reconocido y sobre esa base se han desarrollado las actuaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea hasta ahora. Trump y su administración han cambiado ese planteamiento, lo que afecta no solamente a la ayuda que puedan prestar a Ucrania, sino a la legitimidad que se reconoce a Ucrania o a la UE en su ayuda a Ucrania. El incidente del Despacho Oval, con la explícita equidistancia mostrada por Trump y su rechazo a las acusaciones que Zelenski dirigía a Putin profundiza en esa línea.

Lo anterior afecta no solamente a Ucrania, sino también a la UE. Los mensajes de varios líderes europeos inmediatamente después del incidente así lo muestran.

La UE no tiene un océano por medio entre su territorio y Rusia, a diferencia de lo que pasa con Estados Unidos, como a Trump le gusta repetir. Ahora bien, hasta ahora los países europeos habían descansado en el poder militar de Estados Unidos. Ahora ya no es que dudemos sobre si Estados Unidos apoyará a Ucrania o a otro país amenazado, sino que la duda que surge es si en caso de conflicto estará más próxima a Rusia o al país que pueda ser amenazado o atacado. Es el fin definitivo -creo- de la situación que se había vivido desde 1945, cuando los europeos comenzaron a confiar de manera ciega en el apoyo de Estados Unidos en caso de conflicto con la Unión Soviética, primero, y con Rusia, después.

Ante esta situación está por ver qué harán los países europeos. La eterna falta de convicción en materia de defensa y política exterior podría conducir a mantener la inacción, lo que abocaría a Europa a verse sometida a la amenaza rusa que, recordemos, tiene los ojos puestos en los países bálticos y otros territorios. Cada país europeo por separado poco podría hacer ante una rusa crecida, y en un escenario de división es lo que nos encontraríamos.

Sin embargo, la crudeza del incidente del Despacho Oval puede tener algún efecto reactivo. Si en la UE se toman en serio las cuestiones de defensa, bien en el marco de la propia organización o mediante la cooperación entre los estados miembros, la capacidad militar del conjunto de esos países debería ser suficiente como para impedir cualquier intento expansionista de Rusia; pero hace falta creérselo. La sobreactuación de Trump y Vance podría conducir a esa reacción europea; aunque no es seguro.

Así pues, tras el 28 de febrero, o bien Ucrania se queda sola frente a Rusia, lo que podría llevar a una victoria definitiva rusa en el corto plazo (lo que no beneficiaría a Estados Unidos, imagino) o bien conduciría a una reacción europea que pondría más medios, haría crecer su industria de defensa y se alejaría de Estados Unidos, lo que no sé si conviene a Estados Unidos.

Esto último merece ser destacado. Desde hace más de 80 años Estados Unidos es una potencia global, firmemente asentada tanto en Europa como en Asia. Hace ya décadas que un analista decía que el único desafío para la hegemonía de Estados Unidos sería una Eurasia unida, por lo que ese analista recomendaba que Estados Unidos diera prioridad a sus dos «protectorados» en los extremos del continente, el Reino Unido y Japón. Ahora que Estados Unidos parece decidido a desentenderse de los asuntos europeos, podría volver a la situación anterior a la II Guerra Mundial, cuando insistía, como Trump hace ahora, en que están protegidos por océanos (y, habría que añadir, la fuerza naval más poderosa de la Tierra, en realidad, más poderosa que la suma de todo el resto de Armadas del Mundo); pero si ya hace cien años se demostró que Estados Unidos se vería afectado por lo que pasaba más allá de esos océanos (y, de ahí, la II Guerra Mundial), en el siglo XXI eso es aún más cierto, por lo que la vuelta al aislamiento podría llevarles a lo que Trump no quiere ni oír mencionar: la posibilidad de un conflicto que les llegue a afectar. La furiosa reacción que tuvo a la observación de Zelenski sobre este punto es muy significativa. Es en relación a esto cuando Trump hizo la observación más estúpida de la sesión, cuando acusó a Zelenski de jugar con una Tercera Guerra Mundial. No, Ucrania no empezará ni puede empezar una Tercera Guerra Mundial, quien sí lo puede hacer es Estados Unidos o su nuevo mejor amigo, Rusia.

En definitiva, desde el punto de vista de los principios, el intento de encerrona a Zelenski es deplorable, el intentar humillar a quien ha sido presentado por años como ejemplo de la resistencia del pueblo ucraniano difícilmente puede salir bien desde el punto de vista de imagen. Desde una perspectiva pragmática tampoco parece que aporte ninguna ventaja a Estados Unidos, porque no ayudará a que se firme el acuerdo para el fin de la guerra y podría conducir o bien a una derrota clara de Ucrania o bien a una reacción de la UE que tampoco beneficiaría a Estados Unidos. En cualquiera de los escenarios, resultaría que el incidente del Despacho Oval mostraría no solamente que Trump y Vance son malas personas (aunque nada más sea por la forma en que han tratado a un invitado) sino, además, que han obrado de forma poco inteligente.

Líbrenos Dios de los tontos que, además, son malos.