Mucho ha pasado en el mundo, mucho ha pasado y no he visto. Dicen que una vez hubo faraones, que hubo constructores de enormes pirámides; que hubo guerras violentas (¿acaso las hay pacíficas?); una vez hubo un campesino que cultivaba tierras junto al Nilo y murió ahogado al volver una noche a su hogar; hubo una muchacha que besó a su novio y con él se casó; hubo una vez un sacerdote que ofrecía sacrificios a un dios olvidado en Asia Central. Hubo un ferrocarril que descarriló en Santa Clara. Hubo una mina que se hundió, hubo un rojo anochecer calmo y sereno y un anciano que lo vio y lloró. Hubo una vez un mar que se enrabietó y un niño junto a la playa se asustó. Hubo una vez una emperatriz que amaba a su criada, y nunca nadie se enteró. Hubo un incendio que duró mil años; eso fue hace tanto tiempo que nadie lo recuerda porque nadie había nacido ya; tan solo había lluvia, viento, nieve, relámpagos a veces. Hubo tantas cosas grandiosas, tantas cosas pequeñas, tanto amor, tanta belleza, tanto dolor, tanta vida tantas cosas que ni me rozaron. Habrá tantas cosas, tantas, cuando yo ya me haya ido, tantas cosas que me hacen llorar esta noche, aquí, al borde del más inmenso mar. Aquí, donde nos juntamos tantos dioses desventurados, soledad contra soledad, carne con carne virtual; infinita, eterna mortalidad.
En el año 2024 se conmemoró el 50 aniversario de la reforma del Título Preliminar del Código Civil. La revista Cuadernos de Derecho Transnacional, teniendo en cuenta esta efeméride, ha publicado, en su primer número del año 2025, varios trabajos sobre dicha reforma y sus consecuencias en el Derecho internacional privado (DIPr) español.
En este trabajo se comienza por describir la evolución histórica de la plurilegislación en España; desde la Edad Media hasta llegar al Código Civil de 1889. Esta evolución muestra como la pluralida de derechos que surge con el comienzo de la Baja Edad Media se va reconduciendo progresivamente a la unidad hasta llegar a la segunda mitad del siglo XIX. En ella, y habiendo fracasado el intento de elaboración de un Código Civil único para toda España, en el marco de una creciente importancia del regionalismo -antesala del nacionalismo- el Código Civil de 1889 renunció a la unificación del Derecho Privado en España. En el siglo XX, y tras diversos trabajos, la reforma del Título Preliminar del Código Civil de 1974 consagró un Derecho civil fragmentado que condenaba a la necesidad de un Derecho interterritorial (o interregional) robusto y articulado. En esa parte del trabajo se repasa en qué forma ese Título Preliminar se articuló con las Compilaciones de Derecho Civil y de qué manera se abordaron los problemas de aplicación de la norma de conflicto.
On 13 February 2025, the CJEU delivered a judgment on jurisdiction based on connected claims in the context of competition law infringements within corporate groups (Case C-393/23, Athenian Brewery SA, Heineken NV and Macedonian Thrace Brewery SA). This decision provided an opportunity to revisit the topic. In the commentary, I explore how the foreseeability required under Article 8(1) of Regulation 1215/2012 may be present when the parent company is sued in the subsidiary’s domicile, but not necessarily in the opposite case. I also argue for replacing the “decisive influence” test with the criterion of “unitary direction” when identifying the undertaking responsible for the infringement—an approach that better reflects the economic reality of many corporate groups.
El tratamiento del discurso de odio es, quizás, una de las cuestiones más espinosas a las que nos enfrentamos actualmente. Por una parte, puede parecer (al menos en alguna ocasión) necesario para proteger determinados derechos. Por otro lado, sin embargo, en tanto en cuanto implique limitaciones a la libertad de expresión, estará afectando a la base sobre la que descansa el diálogo en el seno de una sociedad democrática. Encontrar el equilibrio entre protección de derechos y garantía de la libertad de expresión no es fácil y nos obliga a afrontar interesantes desafíos.
El Congreso de los Diputados creó, por acuerdo de 11 de septiembre de 2024, en el seno de la Comisión de Igualdad, la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, cuyo objeto sería la evolución cuantitativa y cualitativa de los discursos de odio en España, los ámbitos en los que se originan o emiten, personas o colectivos contra los que se dirigen y personas o colectivos entre los que se difunden, los medios que se utilizan para expresarlos y propagarlos, posibles mejoras en las estadísticas y en la medición de los discursos de odio y sus efectos, los factores que inciden en el incremento de los discursos de odio, las repercusiones y efectos de los discursos de odio, los cauces para seguir avanzando en el cumplimiento de la normativa europea e internacional de derechos humanos, las medidas de respuesta social y política frente a los discursos de odio, las herramientas jurídicas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, las medidas de protección en el ámbito laboral, la sensibilización de la sociedad en general, la formación y sensibilización en las distintas profesiones que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad, los mecanismos para promover una justicia restaurativa, con participación de los colectivos en situación de vulnerabilidad, la información a las víctimas de sus derechos y de las herramientas que tienen para ejercerlos y defenderlos, así como los mecanismos de coordinación para evitar cualquier retroceso.
En el marco de los trabajos de esa Comisión, fui convocado a comparecer el pasado 19 de marzo, lo que me permitió compartir tanto algunas consideraciones generales sobre el discurso de odio como datos e informaciones en relación al discurso de odio en Cataluña.
A continuación desarrollaré esas ideas, sin estar sujeto a los límites de la comparecencia, que se limitaba a una exposición inicial de 15 minutos y otro turno de 10 minutos al final para responder a las observaciones de los diputados.
II. ¿Por qué actuar contra el discurso de odio?
Creo que no es fácil encontrar justificaciones satisfactorias para las restricciones a la libertad de expresión que pueden derivarse de las medidas que se adopten para luchar contra el discurso de odio. Para abordarlo creo que hay que distinguir entre agravante de odio, discurso de odio y delito de odio. La relación entre estos conceptos puede ayudarnos a entender el delicado equilibrio existente entre derecho a la libertad de expresión y garantía de otros derechos que ha de guardarse en cualquier actuación relativa al discurso de odio o, si se quiere, al fenómeno del odio.
El primer concepto, la agravante de odio, opera en aquellos casos en los que nos encontramos ante una acción que en sí ya sería delictiva (lesiones, coacciones, daños…) pero que se realiza no tanto en función de la persona de la víctima sino por la pertenencia de dicha víctima a un grupo identificado por la raza, la religión, la ideología o cualquier otra característica que, para el agresor, resulta relevante; con independencia de que la víctima pertenezca o no realmente al grupo que es objeto del delito desde la perspectiva de su autor. Se golpea o coacciona a alguien en tanto que homosexual, negro, judío o pobre; por poner algunos ejemplos que no son inventados de casos en los que la pertenencia a un determinado grupo suponía ser víctima potencial de unos u otros delitos. La agravante de odio se recoge en el art. 22.4 del Código Penal español.
En el discurso de odio el delito no se ha cometido todavía, pero nos hallamos ante manifestaciones o expresiones que se relacionan con ese delito. O bien pueden incitar a cometerlo o lo legitiman con posterioridad. Más allá del delito, esas manifestaciones o expresiones podrían incidir en la limitación de derechos de las personas contra las que se dirige u otras consecuencias negativas.
Finalmente, el delito de odio es la tipificación autónoma de la incitación al odio, la humillación o denigración de un grupo identificado por raza, religión, discapacidad, orientacióon sexual, ideología, etc. Este delito se recoge en la actualidad en el art. 510 del Código Penal español.
De la consideración de estos tres conceptos (agravante de odio, discurso de odio y delito de odio) se desprenden algunos elementos que nos pueden ayudar a entender este fenómeno. Serían los siguientes:
1. Hay una vinculación entre restricción de derechos, discriminación o violencia y la pertenencia a un grupo.
2. Hay una relación entre las manifestaciones o expresiones (cuando hablamos de discurso de odio) y la efectiva o potencial restricción de derechos para las víctimas.
3. La regulación del discurso de odio puede afectar a la libertad de expresión.
Desde mi perspectiva, esto ayuda a entender por qué puede ser necesario incidir o regular de alguna forma el fenómeno del discurso del odio. La razón para ello es que las manifestaciones o expresiones pueden acabar conduciendo a una limitación de derechos o a la comisión de un delito. Será esta vinculación entre consecuencias negativas para una o varias personas, en tanto que miembros de un grupo, y las manifestaciones o expresiones objeto de escrutinio lo que justificaría algún tipo de acción sobre tales manifestaciones o acciones. Al final veremos en qué pueden consistir estas acciones sobre el discurso de odio, pero aquí basta con señalar que será necesariamente esa conexión la que las justificará.
Creo que tener en cuenta lo anterior es importante, porque en este tema es relativamente fácil caer en generalizaciones o vaguedades; lo que no solamente afectaría a la calidad o relevancia de los resultados; sino que, dada la incidencia de estas acciones en la libertad de expresión, hay que ser especialmente cuidadosos con cualquier medida que quiera adoptarse. No podemos perder de vista que la libertad de expresión no es solamente un derecho individual, sino también una herramienta imprescindible para el debate en el seno de una sociedad democrática; un debate que, a su vez, es esencial para la adopción de decisiones; puesto que éstas han de basarse en el análisis racional de las propuestas que se realicen en el espacio público; debiendo estar ese espacio abierto a cualquiera, de tal forma que todos puedan expresar sus opiniones y ser escuchados; intercambiando argumentos y puntos de vista de buena fe; esto es, con el compromiso de modificar los puntos de vista propios si los argumentos de otros son más convincentes.
En las sociedades democráticas no hay ninguna verdad en mayúsculas. Las verdades son siempre relativas, fruto de un debate en el que el respeto a las reglas de procedimiento es básico y en el que todos han de poder participar. Si falla alguna de esas premisas, el resultado final pierde legitimidad. Es por esto que resulta tan preocupante que en los parlamentos, incluido el Congreso de los Diputados; el debate racional haya sido sustituido por una colección de improperios en el que cada uno habla de lo que le parece sin atender a los argumentos expuestos por los demás, abundando las descalificaciones y los planteamientos carentes de rigor. Si esta exigencia de rigor es necesaria en todos los ámbitos, cuando estamos hablando de limitaciones a la libertad de expresión se convierte en imprescindible; por eso mi propuesta es la de que se estudie con detalle en qué supuestos se aprecia un vínculo relevante entre manifestaciones y expresiones (discurso) y limitación de derechos. Será a partir de esos análisis particulares cuando podamos extraer conclusiones útiles y, en su caso, adoptar medidas.
III. La necesidad de estudios parciales y el caso de Cataluña
Como se acaba de indicar, los principios anteriores han de proyectarse sobre casos específicos. Pueden hacerse tantos estudios como se desee en función del colectivo afectado y del territorio. De hecho, cuantos más estudios sectoriales haya, más posibilidades habrá de formular conclusiones generales. Ahora bien, intentar conseguir esas conclusiones generales sin esos estudios previos será un mero ejercicio de voluntarismo que, además, puede resultar peligroso para un valor esencial de nuestras sociedades democráticas como es la libertad de expresión.
Es por esto que a continuación me ocuparé de una supuesto concreto, las limitaciones de derechos a quienes, en Cataluña se oponen al nacionalismo catalán. Será sobre este caso específico donde, a partir de las limitaciones de derechos existentes, podremos verificar en qué forma se relacionan estas restricciones con determinadas manifestaciones o expresiones. Así se constatará la manera en que discurso de odio, actos delictivos, restricción de derechos y discriminación constituyen un fenómeno único que ha de ser abordado en su totalidad.
Por supuesto, limitarse a las restricciones de derechos de los contrarios al nacionalismo en Cataluña no quiere decir que no haya restricciones de derechos o discurso de odio en relación a otros colectivos. Elijo este porque es del que tengo un mayor conocimiento y porque, me parece, tiene la suficiente entidad como para merecer una cierta atención. El que yo me centre en esta perspectiva no implica que el resto no puedan ser interesantes y me gustaría contar con trabajos de campo, datos y análisis también en relación a otros casos en los que se produzcan esas vulneraciones o restricciones de derechos que justifican la realización de un análisis más en profundidad.
Aclarado lo anterior, no puede negarse, sin embargo, que en Cataluña se vive una situación de reiterado hostigamiento y limitación de derechos de los contrarios al nacionalismo que, por una parte, tiene como objeto impedir que opiniones contrarias al nacionalismo puedan expresarse en los espacios públicos y; por otra parte, coaccionar a quienes solicitan el reconocimiento de ciertos derechos que molestan al nacionalismo; especialmente, los derechos lingüísticos. Además de esto, también se perciben actos de discriminación y acoso contra ciertos colectivos que se vinculan con la administración central del estado (policías, por ejemplo). Lo examinaré en el siguiente epígrafe.
IV. Vulneración y limitación de derechos en Cataluña
En la comparecencia del pasado día 19 de marzo me refería a algunos casos; pero sin ser, ni muchísimo menos, exhaustivo. Comparto aquí el vídeo, de algo más de dos minutos, que proyecté entonces.
Hay más casos, como veremos un poco más adelante; pero elegí estos porque permiten apreciar la conexión existente entre limitación de derechos y discurso de odio. Así, en el vídeo puede verse (1:25) cómo se quema una bandera española que previamente se había sustraído de la carpa que habían instalado en la Plaza Cívica de la UAB unos estudiantes constitucionalistas. Esta acción es difundida en redes sociales por una asociación de estudiantes, el SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), quienes de esta forma legitiman lo que era un acto de intimidación dirigido contra estudiantes constitucionalistas con el objetivo de que no pudieran expresarse en el espacio público.
Esta misma asociación estudiantil también legitimó el ataque a los estudiantes en la UPF que también puede verse en el vídeo (1:34).
Esta legitimación de la violencia se da, incluso, por parte de partidos políticos. En la parte final del vídeo anterior se puede ver el hostigamiento en Vic contra un acto del partido Vox. Se aprecia el lanzamiento de objetos y también cómo se persigue a los coches de algunos de los participantes en el acto. Ese hostigamiento tuvo lugar en la campaña electoral autonómica de febrero de 2021, y el mismo día de los incidentes la CUP publicó el siguiente tweet:
Leído el tweet en relación con los actos de Vic, fácilmente puede plantearse al menos la duda de si el tweet no está animando o justificando las actuaciones violentas que se aprecian en el vídeo. Que un partido político de pábulo a estas interpretaciones es, en sí, grave porque estamos hablando de utilización de la violencia y, además, en el marco de una campaña electoral; un período en el que habría que ser, si cabe, todavía más respetuoso con el derecho de todos a expresar sus opiniones y, especialmente, la de aquellos que participan en la contienda electoral. Más claro aún es el siguiente tweet de Eulàlia Reguant, que era, en aquel momento (2021) diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña:
Fijémonos en lo que aparece en letra más pequeña sobre la palabra «VIC»: «corred fascistas y mossos, corred». La llamada a la violencia es casi explícita y se corresponde con lo que sucedió en Vic, tal y como se aprecia en el vídeo anterior.
Esta legitimación de la violencia por parte de cargos públicos debería preocuparnos. No es, además, el único ejemplo. Así, Oriol Junqueras también difundió un tweet en apoyo de aquellos que habían participado en la expulsión de estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra que comentábamos un poco más arriba.
Estos ejemplos permiten percibir la conexión que existe entre discurso (manifestaciones o expresiones) y limitación de derechos. No se trata solamente de que se intente intimidar mediante el insulto y la amenaza; tal y como se aprecia en el vídeo; sino que, además, esas actuaciones restrictivas de derechos se ven legitimadas con posterioridad y la llamada a las mismas se realiza a través de mensajes difundidos, entre otros medios, a través de las redes sociales.
En cuanto a la primera dimensión, la utilización de un discurso intimidatorio en el contexto del hostigamiento a los contrarios al nacionalismo; se puede apreciar cómo no solamente hay gritos de «Fuera fascistas»; sino también amenazas («Pim, pam, pum, que no quede ni uno») y otras que no he recogido en el vídeo, pero que también se producen con cierta frecuencia en los actos de acoso a los constitucionalistas («Sin piernas, sin brazos, nazis a pedazos, por ejemplo). Es decir, la palabra es una herramienta más, junto con la presión física o el lanzamiento de objetos, para conseguir la expulsión del espacio público de aquellos que, desde el nacionalismo, se considera que no deberían estar en él.
En la segunda dimensión, la legitimación de las actuaciones violentas o de la restricción de derechos; es especialmente llamativo el respaldo a las mismas por parte de responsables públicos o personas con notoriedad social. Ciertamente, también los usuarios anónimos de redes sociales o las personas que no tienen un especial reconocimiento público son relevantes; pero en el tratamiento del discurso del odio habría que diferenciar entre manifestaciones que vienen del poder público, de personas vinculadas al poder público o con reconocimiento social; y aquellas otras que tienen su origen en ciudadanos sin especial notoriedad o, incluso, desde perfiles anónimos. La exigencia de respeto a los valores democráticos debería ser más intensa en los primeros; puesto que su influencia en la sociedad es mayor. Parece bastante obvio que la llamada a la restricción de derechos o la legitimación de estas restricciones tendrá más eco cuanto mayor sea la presencia en el debate público del autor de las manifestaciones. En este sentido, tweets como los que se recogen de Eulàlia Reguant u Oriol Junqueras son especialmente preocupantes.
También ha de atenderse a la legitimación ya no de los violentos, sino de los que legitiman la violencia. Un poco más arriba veíamos que el SEPC había justificado acciones como la quema de banderas de estudiantes constitucionalistas. Pues bien, a pocos metros de donde se desarrollaron algunas de esas acciones, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, se exhibe un mural en el que aparecen las siglas de esa asociación estudiantil.
No se trata de una pintada furtiva. Un mural de estas características no puede realizarse y mantenerse al margen de la autorización de la institución. Aparte de la presencia de simbología partidista (que no es objeto de análisis aquí), se encuentra, como puede comprobarse, el logo de la asociación que legitima actuaciones violentas contra estudiantes opuestos al nacionalismo. Se trata de una legitimación por parte de la Universidad que acaba convirtiéndose en una justificación indirecta de las restricciones de derechos que se habían examinado anteriormente.
La vinculación entre restricción de derechos, actuaciones violentas y discurso legitimador de las mismas acaba favoreciendo un creciente envalentonamiento de quienes creen que pueden decidir quién ocupa el espacio público y quién no, de manera que la amenaza acaba haciéndose explícita. Así, por ejemplo, en esta pancarta que se colocó en un barrio de Barcelona (el Clot-Camp de l’Arpa) durante las fiestas locales.
Quien firma la pancarta es otra organización juvenil, Arran, que, entre otras acciones, había atacado la sede de un medio digital, «Crónica Global», para -según ellos- frenar los «ataques fascistas» vinculados a España.
Como puede apreciarse, la pancarta es claramente intimidatoria, incluyendo una amenaza final («Compórtate o recibirás»), a la vez que mezcla con comportamientos reprochables el «españolismo»; que es la etiqueta que se aplica a quienes disienten (disentimos) del nacionalismo catalán. Es un buen ejemplo de una manifestación que supone una llamada casi directa a la violencia contra los integrantes de un grupo identificado por la ideología; es decir, un ejemplo de discurso de odio que, como vemos, se conecta con efectivas restricciones de derechos a los que se consideran integrantes de dicho grupo.
Los casos que se recogen en el vídeo que se encuentra al comienzo de este epígrafe no son más que unos pocos ejemplos de un fenómeno mucho más amplio. Si tan solo consideramos el acoso a estudiantes constitucionalistas en los campus universitarios, la lista es mucho más larga. Aquí recojo más ejemplos. Especialmente llamativas son, además, las prohibiciones de que asociaciones o partidos contrarios al nacionalismo realicen actos públicos, de lo que hay varios ejemplos.
Aparte de lo anterior, también merece la pena mencionar el acoso que sufren quienes solicitan una educación bilingüe. Hay varios ejemplos del hostigamiento a las familias que exigen el respeto a los derechos lingüísticos de sus hijos; pero quizás, el más llamativo en los últimos años es el sufrido por la familia de Canet, que fue objeto de mensajes de odio en redes con ocasión de la sentencia en que se reconocía el derecho de su hijo a recibir una educación en la que hubiera un 25% de castellano. La Fiscalía actuó ante los insultos y amenazas que se difundieron en redes sociales.
También en relación al tema de la lengua, resulta significativo el acoso dirigido contra una enfermera de origen andaluz, trabajadora en el hospital Vall d’Hebron, que cuestionó en un vídeo la exigencia del nivel C1 de catalán para obtener una plaza fija en la sanidad catalana. A los insultos en redes sociales siguió la apertura de un expediente en el hospital y la no renovación de su contrato. El consejero de educación hizo expreso que las actuaciones contra la enfermera se vinculaban a sus críticas a las exigencias lingüísticas.
Los dos últimos ejemplos (el acoso a la familia de Canet y a la enfermera que cuestionó la exigencia del nivel C1 de catalán) explican perfectamente en qué forma el discurso de odio, entendido como las expresiones hirientes, denigratorias e insultantes dirigidas contra un grupo o una persona en tanto que integrante de un determinado grupo, constituyen una herramienta lamentablemente útil para limitar el ejercicio de los derechos. En el caso de la escuela, la posibilidad de que la solicitud de una educación bilingüe vaya a implicar consecuencias negativas para los niños o la creación de un ambiente hostil dificulta que las familias exijan con naturalidad sus derechos. De igual forma, la «lapidación» de la enfermera que cuestionó la exigencia del nivel C1 de catalán; una lapidación que, además, no implicó ninguna consecuencia para los acosadores o para la administración que había adoptado represalias contra ella por ejercer su libertad de expresión; seguramente obró como «ataque preventivo» ante otras posibles críticas a las exigencias lingüísticas de la Generalitat. Esto es, la necesaria conexión entre limitación de derechos y discurso de odio, que se planteaba como hipótesis en el epígrafe II, tiene en Cataluña ejemplos bastante claros cuando consideramos la forma en que opera el nacionalismo catalán para crear una «espiral de silencio» en aquellos que no comparten sus planteamientos.
V. Necesidad de un estudio completo y sistemático
En el epígrafe anterior se han puesto varios ejemplos de la forma en que se relaciona discurso de odio y limitación de derechos para quienes discrepan del nacionalismo en Cataluña. Ahora bien, tal y como se ha indicado, hay muchos más. Sería preciso un estudio sistemático del fenómeno que permitiera una descripción lo más completa posible de los casos de discurso de odio y de limitación de derechos para, a partir de ahí, formular hipótesis y plantear la adopción de medidas concretas. Ese estudio está hecho, al menos en parte, y desde el año 2019, por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, integrado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia. Esta entidad ha elaborado hasta el momento seis informes que cubren desde el año 2019 hasta el 2023 señalando aquellos casos en los que se ha utilizado «la fuerza física o psíquica para lograr la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente político», incluyendo la compulsión material sobre la persona, bienes o instituciones y la coerción sobre la libre conducta o las legítimas expectativas de la víctima.
Los informes del Observatorio no asumen la perspectiva del discurso de odio, pero permiten identificar supuestos en los que se utilizan expresiones o manifestaciones que denigran, humillan o amenazan a alguna persona o grupo de personas por vincularse con determinadas ideologías, incluyendo aquí los que son contrarios al nacionalismo catalán. El informe recoge también los casos de violencia (y, por tanto, también de discurso de odio) dirigidos contra otros colectivos; pero como se diferencia en función del tipo de víctima, es posible identificar aquellos casos que afectan a quienes discrepan del nacionalismo. De hecho, el informe dedica un apartado específico a los casos de «hispanofobia«, entendida como rechazo a quienes expresan sentimientos de españolidad o que, simplemente, defienden el mantenimiento de la unidad del país.
Estos informes, sin embargo, tan solo nos ayudarán en la fase de diagnóstico y, como se ha indicado, sin pretender realizar un estudio centrado en el discurso de odio. Sobre la base que nos ofrecen, sería necesario un análisis de las conexiones entre, por una parte, manifestaciones y expresiones en redes sociales, medios de comunicación y demás instrumentos de difusión de opiniones y pensamiento, y, por otra parte, efectivas limitaciones de derechos. Solamente tras ese análisis sería posible proponer medidas concretas que eviten las consecuencias negativas del discurso del odio. Ahora bien, incluso sin ese estudio riguroso, y a partir de los datos que se han ido aportando, es posible plantear algunas medidas básicas que podrían ayudar a mejorar la convivencia y la garantía de los derechos. Las expondré en el siguiente epígrafe.
VI. Algunas medidas posibles
A continuación expondré algunas medidas posibles. Las dos primeras van referidas al caso concreto de Cataluña y las dos últimas tienen alcance general.
Una primera medida, muy básica, sería la de evitar que los poderes públicos legitimen a quienes justifican la violencia. Como hemos visto, en la actualidad esta validación se da, sin que quienes amparan acciones violentas y delictivas, así como la limitación de derechos de sus adversarios políticos encuentren el rechazo generalizado que deberían tener. Antes ponía el ejemplo de un mural, tolerado -al menos- por una Universidad pública en la que figuraban las siglas de una asociación de estudiantes que aplaude la quema de banderas delante de aquellos a quienes se les ha robado o el empleo de la fuerza física para expulsar estudiantes de un campus universitario. Hay más ejemplos y deberíamos estar todos atentos para que quienes han de velar por el interés general no acaben amparando a los que rompen la convivencia.
Conectada con la anterior, estaría el rechazo a que los responsables políticos amparen la violencia. En el epígrafe IV se han puesto ejemplos de esta legitimación por parte de diputados autonómicos o líderes como Oriol Junqueras. El rechazo a esta actitud debería ser amplio y contundente; sin embargo, no se produce.
Más allá de lo anterior, sería conveniente rechazar la utilización de etiquetas y estigmatizaciones. El discurso de odio, en tanto en cuanto se caracteriza por dirigirse contra personas no en su individualidad, sino por integrarse (o pretender que se integran) en un grupo determinado, sería imposible si los análisis y planteamientos tienen por objeto o bien las personas en su individualidad o bien las específicas ideas o propuestas que defienden los diferentes colectivos. Es muy diferente, por ejemplo, cuestionar la islamofobia que estigmatizar a quienes se entiende que tienen planteamientos islamofóbicos. De igual manera, una cosa es criticar las propuestas económicas del comunismo y otra descalficar a los «zurdos» de manera global. La distinción no es en absoluto sutil y tenerla en cuenta ayudaría a limitar los discursos de odio. No se trata de dejar de cuestionar aquello que se crea que ha de ser cuestionado, sino de impedir que la lucha contra las ideas se convierta en una descalificación de las personas. Por atractiva que pueda parecer esta descalificación, sus consecuencias pueden llegar a ser terribles para la convivencia.
En definitiva, se trata de reivindicar la radical igualdad y singularidad de cada persona. Las dos ideas no son contradictorias. No hay dos personas iguales, y la riqueza de nuestra diversidad ha de ser motivo de admiración, sin que sea legítimo pretender eliminar esas diferencias entre individuos para que puedan encajar mejor en patrones simples. Ahora bien, de igual forma hay que reivindicar la radical igualdad de todos los individuos y la necesidad de ser considerados, al menos por el poder público, como tales individuos y no en su condición de integrantes de un grupo.
En cierta forma, el discurso de odio se conecta con la creciente importancia de los grupos, dentro de la sociedad, construidos a partir de raza, religión, lengua o cualquier otra característica. Estas condiciones, que deberían ser accesorias o irrelevantes para la organización pública de la sociedad, pugnan por tener un reconocimiento que acabaría convirtiendo a nuestras comunidades en un agregado de diferentes grupos en el que los individuos establecerían relaciones esencialmente diferentes con quienes forman parte de su propio colectivo identitario y con quienes se mantienen fuera de éste. En este escenario es más fácil caer en considerar al otro no en su individualidad, sino en tanto que parte de un grupo que, casi inevitablemente, competirá por el reconocimiento de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad. No es un desafío sencillo; pero, al menos, seamos conscientes de él.
Las medidas anteriores, como se puede comprobar, muy básicas y casi diría que «poco ambiciosas» no se concretan en sanciones administrativas o penales. Creo que dar el paso a estas requiere un estudio detallado de cada caso, teniendo en cuenta, además, que ya existe normativa que tipifica las coacciones, impedir el derecho de manifestación o de reunión o la discriminación en el acceso a los servicios públicos. Desde mi perspectiva, la primera línea de defensa contra el discurso del odio es el rechazo social y, muy especialmente, de aquellos con responsabilidades públicas. Si todavía nos encontramos con responsables públicos que legitiman la violencia política, pasividad en la lucha contra esa violencia o simpatía hacia quienes llaman a castigar las manifestaciones «españolistas», ¿por qué no empezamos con evitar todas estas situaciones antes de adoptar medidas más drásticas?
Conocimiento de la realidad, adopción de medidas para resolver problemas concretos y reales, cuidado en evitar limitar injustificadamente la libertad de expresión, preferencia por las medidas basadas en la información y en la convicción y respeto a todos, lo que no es incompatible con el «combate de ideas» y un debate amplio, abierto y riguroso en el conjunto de la sociedad.
Cada año por esta fecha retomo la publicación que aquí comparto y que pretende ser un homenaje a las víctimas, a todas las víctimas.
Hace años me di cuenta, por casualidad, que el número de versos era 192. En 2018 comprobé que el de víctimas mortales fue de 193, así que añadí un verso para que cada una de las líneas vaya dedicada a cada uno de los fallecidos; aunque, como no podía ser de otra forma, el recuerdo es igualmente intenso para los heridos y para todas las personas que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias de aquel horror injusto y criminal. Un horror que cada poco se repite en tantos lugares del mundo y con tantas víctimas que igualmente merecen ser recordadas. Este año, 2025, he añadido una estrofa de ocho versos hacia el final.
Una mano pequeña te agarra como ancla; es tan sólo un recuerdo en la fría mañana. Otros recuerdos vienen, son los que te acompañan desde aquel otro día, gris memoria lejana. Otra mano a lo lejos que por ti se agitaba; El asesino azul tranquilo te aguardaba. Pero antes las piedras con sangre han sido untadas. Él quedó en el camino y en tu alma su mirada. Ahora la estás viendo, aquí, en esta mañana, definitiva, ardiente, caótica y extraña.
La sal seca la boca, la ropa está mojada, horizonte lejano, miedo al crujir las tablas.
Regresabas del campo cuando viste las llamas cuando oíste los gritos, tu nombre pronunciaban; un silbido en el aire te trajo la desgracia. Aceptas el periódico que en el metro regalan te aprietas contra tantos que el mismo aire exhalan. ¿Acaso hay diferencias entre los que para vivir trabajan?
Una mano en el culo, tragas saliva, pasas. Los ojos distraídos se fijan en su cara. Guapa, morena, pálida. Le clava la mirada, ella también le mira, parece contrariada. Quiero olvidar su gesto cuando el café tomaba, y el sabor de su piel cuando con él follaba. Hoy acabo el informe y hago ya la llamada. Si estamos a primeros, otro mes sin la paga, cogeré los ahorros para el envío a casa. Es guapo el tío negro, lástima que no vaya al bar en el que entro; que baje en mi parada, le sigo, me lo cruzo, caída de pestañas. ¿Y el móvil, dónde está?
Como cada mañana entra en la habitación, igual que la dejara el día de desgracia; bueno, hecha la cama. La arregló el mismo día al regresar a casa. Vio en la mesita el móvil que entonces olvidara encendido y abierto; y que ahora muerto también estaba.
En el Cielo tus hijos están, a ti te aguardan. Grita y golpea airado ante las cajas blancas, blancas como el metal del cajón en que viaja. De pie echa la cuenta de lo que aún le falta para acabar el pago de la pierna moderna que a su hija regala. Sabe que allá muy lejos ella por ella aguarda. Ahora busca sombra donde antes jugaba ¿Cuánto dinero cuestan de un pájaro las alas? Las manos en los guantes, todo fluye y encaja, incluso el traqueteo con su mente acompasa. Tranquilo en su palacio goza de la mañana. De nuevo han fracasado los que la paz pactaban. Superficial artículo, por algo lo regalan, luego lo mirará en... ...y todo estalla.
Sí que es malo el café del bar de la parada; pero ella que no tiene se siente como en casa entre ruido de trenes y churros en la barra. De repente el estruendo y el mundo que se acaba. No te puedes mover, estás petrificada. El bar es un dibujo de gente estupefacta. Tiras del compañero, hacia el andén avanzas. Del túnel salir ves el primer cadáver de la mañana. Rojo, azul, alarido; del infierno la entrada. Tienes que ir, ahí.
Oscuro alrededor, agua y sangre en la espalda. Echa en falta su guante, la mano que guardaba y el brazo que movía el mundo en que gozaba. Fulgores de linternas, una voz que le llama. Vio el fuego, oyó la bomba; la chica se quemaba, su rostro se fundió; el fuego rojo avanza hacia él, indefenso, la llama ya le mata. En las piernas temblor, los hierros ella salta, la sigues, entras, rezas.
El silencio, el dolor; muerte bajo la carpa. Lloran y se estremecen los que en ella trabajan cuando en un móvil vivo se oye la llamada por la que amante, amigo, padre, madre o hermana palabras de un cadáver con angustia reclaman. Ve la sábana blanca, encima la tarjeta, alguien ya la levanta. Pues sí, ha sucedido un mundo así se acaba. Unos ojos cerrados, sangre seca en la cara, no más mañanas juntos perreando en la cama. Muchos años después aún recuerda aquella blanca mortaja, de la que es una copia la que la luz le tapa.
Llevas en ti la muerte y un recuerdo en el alma. El dolor es más fuerte, sientes como te abraza, casi te reconforta en esta hora amarga. Si tus hijos vivieran... los sientes a tu espalda, pronto serán reales; muerte en vida tornada. Hoy tiemblan los maestros que a las cinco aguardan a los que recogen esta preciosa carga. ¿Alguno no vendrá? No aguantan las miradas que los chavales serios asustados les lanzan.
Ventana y cielo gris, tristeza y sobria calma. Negro deber cumplido lejos, fuera, en España. Leve peso de muertos que a la razón del estado acompañan. Unos sufren y mueren, él, un golpe en la espalda.
La estación está cerca, los pasos no engañan. Primaveral calor de la luz en la cara; fúnebre negra máscara. Color de la mañana, que tras ella se oculta, ven a mi y me regalas tan solo dos minutos para ver la muchacha, perfume penetrante, que tan suave me habla con voz entrecortada.
Sigo impactado por el incidente del Despacho Oval.
Lo primero -y menos importante- es que es una nueva muestra de la ruptura de reglas básicas en las relaciones internacionales.
No es de ahora, lleva pasando años. Recuerdo, hace ya 18, el famoso (entonces) «¿por qué no te callas?» de Juan Carlos I a Hugo Chávez. Las relaciones diplomáticas tienen unas reglas de etiqueta que han de ser respetadas porque no son meros formalismos; sino que garantizan que la comunicación sea efectiva y evitan la escalada en los conflictos. Ayer todas esas reglas se rompieron. La más importante de esas quiebras fue la de que la discusión se desarrollara ante las cámaras, en directo, de tal forma que todos fueron testigos del agrio intercambio entre Zelenski y la administración norteamericana (no digo Trump. porque Vance tuvo una participación destacada). Si esa misma discusión se hubiera desarrollado a puerta cerrada no habría, a mi juicio, inconveniente para el franco intercambio de puntos de vista del que fuimos testigos. Tras él, se pactaría qué se decía ante las cámaras y todo podría haber quedado resuelto en un comunicado conjunto más o menos del siguiente tenor:
«Tanto el presidente Zelenski como el presidente Trump han constatado la importancia de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Existen puntos en los que es preciso seguir avanzando; específicamente, en las garantías que puedan establecerse en relación a la seguridad futura de Ucrania. El presidente Zelenski agradece el apoyo prestado por Estados Unidos y asume que éste no puede continuar de manera indefinida. Ambos países seguirán desarrollando conversaciones sobre este tema y consultando con el resto de actores implicados».
Un comunicado frío en el que quedan claras las discrepancias existentes, pero que no implica someter a la opinión pública mundial al espectáculo que vimos ayer.
Lo segundo es que no tengo claro qué es lo que pretendían Trump y Vance. Y digo Trump y Vance porque, aunque en el rifirrafe participó también Zelenski, quien lo organizó fue la administración de Estados Unidos. Esto último me parece que es obvio porque se hizo en el Despacho Oval y fue la administración quien decidió que hubiera periodistas presentes, y no solamente para una foto inicial; sino durante todo el encuentro.
A partir de lo anterior, ¿cuál era el interés de Trump en humillar a Zelenski? Porque que había un intento de humillarlo me parece bastante claro; desde la pregunta sobre el traje del presidente de Ucrania, que hizo un periodista, pero que venía precedida por una observación del propio Trump; hasta el momento en el que Trump le dice a su invitado que ya había hablado bastante. Todo en un tono completamente impropio de una reunión entre dos jefes de estado.
No es un secreto que Trump desea poner fin a la guerra de Ucrania, que no quiere dar más ayuda militar a Zelenski y que, además, quiere obtener compensación por la ayuda militar facilitada a ese país. Ahora bien, ante las reticencias de Zelenski, ¿es una buena estrategia intentar humillarlo delante de todo el mundo, mandarle callar, reprocharle -falsamente- que no hubiera mostrado agradecimiento por la ayuda recibida, recordarle las dificultades que tiene para reemplazar las bajas que tiene en el frente y decirle que sin los Estados Unidos la guerra habría durado dos semanas? Las formas acompañaban a un mensaje claro: no eres nadie y debes hacer lo que nosotros te digamos. Es un mensaje que si se hubiera producido en privado entraría en lo que es la dura y descarnada «Realpolitik«; pero al hacerlo en público hay que intentar buscar qué es lo que se pretende ya no con el mensaje, sino con su difusión.
Para esto, primero hay que dilucidar qué es lo que esperaban Trump y Vance. Una primera opción es que buscaran, precisamente, el enfrentamiento para así justificar el apartarse de Ucrania; pero esta explicación no me convence. Estados Unidos no necesita ninguna disculpa para dejar de prestar ayuda a Ucrania, no tiene necesidad de humillar al presidente del país, le basta con, efectivamente, dejar de enviar esa ayuda. En realidad, no tiene ni siquiera que dar explicación alguna.
Por eso creo que lo que pretendían era que Zelenski bajara la cabeza y aceptara las condiciones que le ofrecía Trump. Si ese era el objetivo, es obvio que Trump y Vance fracasaron, puesto que el acuerdo no se ha firmado; y si se firma en el futuro no será gracias al incidente del Despacho Oval, sino a pesar de él. Es decir, si la encerrona tenía un objetivo táctico (doblegar a Zelenski) es obvio que ha supuesto un fracaso.
Creo que esto es lo que pasó. Trump, Vance y el resto de su equipo, sabedores de la dependencia que tiene Ucrania de la ayuda militar de Estados Unidos quizás calcularon mal la reacción de Zelenski pensando que el Depacho Oval, los medios y la reunión no solo de Trump, sino también de su vicepresidente y del secretario de Estado crearían un escenario favorable a las cesiones de Zelenski.
Es evidente que erraron en sus cálculos. Me parece sorprendente que pensaran que Zelenski no iba a replicar las cosas que allí se estaban diciendo. Zelenski no tiene el poder de Trump, pero sigue siendo jefe de estado, ha dirigido a su país durante tres años en una guerra y su valor está contrastado. Todos recordamos su rostro moviéndose por Kiev los primeros días de la guerra para evitar ser capturado por los cuerpos de operaciones especiales rusos, y la forma en que rechazó un vuelo para huir de Kiev cuando los tanques rusos estaban a 20 kilómetros de la capital. Dudo que a alguien que tiene esas experiencias le impresione el Despacho Oval.
Es más, tras Zelenski están las decenas de miles (o centenares de miles) de soldados y civiles muertos en la guerra, los centenares de miles de heridos, los millones de expatriados, las ciudades destruidas y las batallas libradas en las que tantos ucranianos se sacrificaron para impedir, en ocasiones, que los rusos avanzaran unos pocos metros. Pensar que Zelenski, que no es solo Zelenski, sino Ucrania, se iba a doblegar ante un escenario preparado entre las paredes crema de un despacho en la Casa Blanca es ser demasiado optimista sobre las propias capacidades. Zelenski no se dobló, replicó y, además, lo hizo siempre en un tono menos agresivo que el que empleaban sus interlocutores; es decir, para un observador objetivo los que perdieron los papeles fueron los anfitriones y no el invitado. Desde mi perspectiva, transmitieron más sensación de debilidad Trump y Vance que Zelenski, porque sus reiteraciones sobre la importancia (exagerada) de su ayuda a Ucrania, su desprecio por las posibilidades ucranianas y su insistencia en que aceptara inmediatamente un acuerdo, pese a los datos que el presidente ucraniano aportaba sobre lo poco fiable que era Rusia, no rompían el discurso de Zelenski, más sereno y convincente. En definitiva, de alguna forma se trasladaba que nos hablaban de la guerra por lo que les habían contado y otro por lo que había vivido. Y esa no es una diferencia pequeña.
Así que la encerrona no podía conducir más que a lo que ha llevado. Esto es lo que me hace dudar sobre la competencia de Trump y Vance; porque más allá de su catadura moral, resulta que el objetivo que, parece, querían conseguir, no se ha logrado.
Aparte de lo anterior, además, se ha dañado seriamente la confianza en el papel de Estados Unidos en la defensa de ciertos principios básicos. Trump hizo explícito que él se situaba entre Rusia y Ucrania, no al lado de Ucrania, y despotricó contra la anterior administración, que había facilitado ayuda militar a este último país. Además, es notorio que Trump culpa a Zelenski de la guerra y difunde el relato ruso sobre la responsabilidad de Ucrania en el conflicto. Esto es especialmente grave.
Una cosa es, como comentaba antes, la Realpolitik y otra que no existan ciertos principios claros en el derecho internacional, principios que, con demasiada frecuencia, se saltan, pero que es más raro ver vilipendiados de manera expresa.
Desde el punto de vista de estos principios, y al margen de las raíces profundas del conflicto dentro de Ucrania, fundamentalmente entre los rusófilos y quienes buscan un mayor acercamiento a Europa occidental, lo que no es dudoso es que la operación desarrollada por Rusia desde febrero de 2022 y, antes incluso, con las exigencias que dirigió a la OTAN en el sentido de retirarse de todos los países que no eran miembros de la organización antes de 1997, supone una vulneración de un principio básico del derecho internacional, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza. Rusia es el agresor, así ha sido reconocido y sobre esa base se han desarrollado las actuaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea hasta ahora. Trump y su administración han cambiado ese planteamiento, lo que afecta no solamente a la ayuda que puedan prestar a Ucrania, sino a la legitimidad que se reconoce a Ucrania o a la UE en su ayuda a Ucrania. El incidente del Despacho Oval, con la explícita equidistancia mostrada por Trump y su rechazo a las acusaciones que Zelenski dirigía a Putin profundiza en esa línea.
Lo anterior afecta no solamente a Ucrania, sino también a la UE. Los mensajes de varios líderes europeos inmediatamente después del incidente así lo muestran.
La UE no tiene un océano por medio entre su territorio y Rusia, a diferencia de lo que pasa con Estados Unidos, como a Trump le gusta repetir. Ahora bien, hasta ahora los países europeos habían descansado en el poder militar de Estados Unidos. Ahora ya no es que dudemos sobre si Estados Unidos apoyará a Ucrania o a otro país amenazado, sino que la duda que surge es si en caso de conflicto estará más próxima a Rusia o al país que pueda ser amenazado o atacado. Es el fin definitivo -creo- de la situación que se había vivido desde 1945, cuando los europeos comenzaron a confiar de manera ciega en el apoyo de Estados Unidos en caso de conflicto con la Unión Soviética, primero, y con Rusia, después.
Ante esta situación está por ver qué harán los países europeos. La eterna falta de convicción en materia de defensa y política exterior podría conducir a mantener la inacción, lo que abocaría a Europa a verse sometida a la amenaza rusa que, recordemos, tiene los ojos puestos en los países bálticos y otros territorios. Cada país europeo por separado poco podría hacer ante una rusa crecida, y en un escenario de división es lo que nos encontraríamos.
Sin embargo, la crudeza del incidente del Despacho Oval puede tener algún efecto reactivo. Si en la UE se toman en serio las cuestiones de defensa, bien en el marco de la propia organización o mediante la cooperación entre los estados miembros, la capacidad militar del conjunto de esos países debería ser suficiente como para impedir cualquier intento expansionista de Rusia; pero hace falta creérselo. La sobreactuación de Trump y Vance podría conducir a esa reacción europea; aunque no es seguro.
Así pues, tras el 28 de febrero, o bien Ucrania se queda sola frente a Rusia, lo que podría llevar a una victoria definitiva rusa en el corto plazo (lo que no beneficiaría a Estados Unidos, imagino) o bien conduciría a una reacción europea que pondría más medios, haría crecer su industria de defensa y se alejaría de Estados Unidos, lo que no sé si conviene a Estados Unidos.
Esto último merece ser destacado. Desde hace más de 80 años Estados Unidos es una potencia global, firmemente asentada tanto en Europa como en Asia. Hace ya décadas que un analista decía que el único desafío para la hegemonía de Estados Unidos sería una Eurasia unida, por lo que ese analista recomendaba que Estados Unidos diera prioridad a sus dos «protectorados» en los extremos del continente, el Reino Unido y Japón. Ahora que Estados Unidos parece decidido a desentenderse de los asuntos europeos, podría volver a la situación anterior a la II Guerra Mundial, cuando insistía, como Trump hace ahora, en que están protegidos por océanos (y, habría que añadir, la fuerza naval más poderosa de la Tierra, en realidad, más poderosa que la suma de todo el resto de Armadas del Mundo); pero si ya hace cien años se demostró que Estados Unidos se vería afectado por lo que pasaba más allá de esos océanos (y, de ahí, la II Guerra Mundial), en el siglo XXI eso es aún más cierto, por lo que la vuelta al aislamiento podría llevarles a lo que Trump no quiere ni oír mencionar: la posibilidad de un conflicto que les llegue a afectar. La furiosa reacción que tuvo a la observación de Zelenski sobre este punto es muy significativa. Es en relación a esto cuando Trump hizo la observación más estúpida de la sesión, cuando acusó a Zelenski de jugar con una Tercera Guerra Mundial. No, Ucrania no empezará ni puede empezar una Tercera Guerra Mundial, quien sí lo puede hacer es Estados Unidos o su nuevo mejor amigo, Rusia.
En definitiva, desde el punto de vista de los principios, el intento de encerrona a Zelenski es deplorable, el intentar humillar a quien ha sido presentado por años como ejemplo de la resistencia del pueblo ucraniano difícilmente puede salir bien desde el punto de vista de imagen. Desde una perspectiva pragmática tampoco parece que aporte ninguna ventaja a Estados Unidos, porque no ayudará a que se firme el acuerdo para el fin de la guerra y podría conducir o bien a una derrota clara de Ucrania o bien a una reacción de la UE que tampoco beneficiaría a Estados Unidos. En cualquiera de los escenarios, resultaría que el incidente del Despacho Oval mostraría no solamente que Trump y Vance son malas personas (aunque nada más sea por la forma en que han tratado a un invitado) sino, además, que han obrado de forma poco inteligente.
Líbrenos Dios de los tontos que, además, son malos.
La lengua mayoritaria en la Comunidad Valenciana (CV) es el castellano (o español); aunque también se utiliza ampliamente el valenciano; que es el nombre que se utiliza en dicha Comunidad para la lengua que en otras recibe el nombre de catalán. Al igual que sucede en Navarra y a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas (País Vasco, por ejemplo), en la CV se diferencia entre territorios en los que se considera que existe una especial vinculación con la lengua propia de la Comunidad Autónoma y otros en los que esa vinculación no existe. Esta es la razón de que las estadísticas sobre uso y conocimiento de la lengua valenciana diferencien entre unas y otras zonas.
En cualquier caso, incluso en las zonas valencianoparlantes, el castellano es mayoritario; siendo más de un 62% de la población en esas zonas que utiliza en su casa únicamente castellano o más castellano que valenciano. El porcentaje de la población que utiliza única o mayoritariamente valenciano es de un 23,1%
(La primera imagen se refiere a datos del año 2021 en zonas valencionoparlantes; la segunda ofrece información del año 2023 para el conjunto de la Comunidad Autónoma).
II. La lengua de la escuela y la lengua materna
El uso del valenciano en la escuela, sin embargo, no se corresponde con su uso social. En Valencia, al igual que en otras Comunidades Autónomas, se han desarrollado políticas orientadas a la promoción del uso de la lengua cooficial. Así, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el el sistema educativo valenciano, se indica que la escuela ha de ser un medio para la recuperación del valenciano y se señala que el carácter de lengua minorizada de esta última ha de promoverse que el alumnado tenga una exposición mayor a ella que al castellano; de tal forma que ha de ser el valenciano y no el castellano la base de la formación.
El objetivo es -no se oculta- la pervivencia del valenciano a través de un ejercicio de «responsabilidad social».
El planteamiento, experimentado con anterioridad en Cataluña, en Baleares y, en cierta forma, también en Galicia, es el de promover el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma mediante su uso predominante en la escuela. El hecho de que la rotulación escolar y las comunicaciones del centro se realicen de forma exclusiva o predominante en la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma intenta consolidar una imagen de prestigio que acabe reduciendo el uso de la otra lengua oficial, el castellano, oficial en toda España.
Se incide poco en esto último. Si lo que se pretende es, yendo más allá del conocimiento, la extensión del uso de la lengua que se considera minorizada, esa extensión del uso no puede hacerse más que a costa de otras lenguas, normalmente el español, que es la otra gran lengua por número de hablantes en cada Comunidad Autónoma. Cuando la ley de 2018 nos habla de la preocupación por el uso del valenciano, inevitablemente lo hace también sobre el uso del castellano; porque la suma del uso de ambas lenguas, más las otras que pueden tener presencia en la sociedad valenciana, será siempre de un 100%; por lo que el aumento del uso del valenciano se hará a costa, fundamentalmente, del uso del castellano.
Podría entrarse en si resulta legítimo que una administración pública indique cuál es la lengua «correcta» que ha de ser utilizada, o cual es la proporción adecuada en el uso particular de una u otra lengua; pero no entraré en ello porque aquí me interesa centrarme en el hecho de que la escuela es considerada abiertamente como una herramienta para la recuperación del valenciano y la modificación de los usos lingüísticos de la población. Esto es, el incremento de la presencia del valenciano responde no a un fin pedagógico, sino político. Un fin con el que se podrá estar o no de acuerdo, pero que no es la mejor formación de los alumnos; sino que éstos sean partícipes de un proyecto colectivo: la consecución de lo que se denomina «plena igualdad lingüística» que ahora, de acuerdo con las cifras existentes sobre uso de valenciano y castellano, no ha sido aún lograda.
Antes de seguir, es necesario reparar en que las políticas orientadas a la utilización del valenciano como lengua vehicular no son políticas que tengan como finalidad únicamente el aprendizaje del valenciano. Con cierta frecuencia se intenta crear esta confusión, insistiendo en que una mayor presencia del valenciano (o del catalán o del euskera) es necesaria para asentar su aprendizaje en los alumnos; pero es claro que el propósito es otro o, al menos, no es solamente el aprendizaje.
En lo que se refiere al aprendizaje; este se puede conseguir por medio de clases de la lengua que se trate de dominar. Es cierto que el sistema de inmersión es utilizado en ocasiones para conseguir el aprendizaje de un idioma; pero no es el único método para ello y, probablemente, tampoco es el más extendido. Casi todas las lenguas que no son maternas se aprenden por el mecanismo de recibir clases de esa lengua y practicarla de una u otra manera. Cuando, además, se dispone de 13 cursos enteros para ese aprendizaje (tres de educación infantil, seis de educación primaria y cuatro de ESO) ¿es realmente necesaria la utilización vehicular de la lengua para conseguir que sea aprendida? Máxime cuando es una lengua muy cercana a la materna de la mayoría de los alumnos (en el caso del valenciano o del gallego).
No se trata de que los alumnos valencianos no aprendan valenciano (o los catalanes o los gallegos, gallego, etc.). La inmensa mayoría de quienes se oponen a programas de inmersión o de uso mayoritario de la lengua cooficial como vehicular en la enseñanza están de acuerdo en que esas lenguas han de ser enseñadas en los colegios e institutos públicos y ha de garantizarse su dominio al acabar la enseñanza obligatoria. Lo que desean es que la escuela no sea utilizada como herramienta de un proyecto político de clara inspiración nacionalista que tiene como finalidad modificar los usos lingüísticos de la población a fin de llegar a una situación que se entiende como «correcta»; una situación caracterizada por el rechazo a la lengua mayoritaria de la población que es tratada como una lengua «impropia» en tanto y cuanto la lengua que se pretende de la institución, aquella que se utiliza en los actos oficiales, en la rotulación o en las comunicaciones es la cooficial. A lo que se oponen es a que la escuela tenga una finalidad diferente a la mejor formación de los alumnos y a que se adopten decisiones políticas que tienen consecuencias negativas para esta formación. En concreto, decisiones que implican reducir el papel, como lengua vehicular, de la que es mayoritaria entre la población para conseguir un aumento en el uso de la lengua cooficial, que no es la mayoritaria.
Sobre la importancia de la lengua materna en la educación, no hace falta añadir mucho a lo que dice la UNESCO, que destaca la importancia de que el primer aprendizaje se haga en la lengua materna, que la lectoescritura se adquiera en la lengua materna y que esté presente en la formación de los estudiantes; introduciendo progresivamente otras lenguas; otras lenguas que serán mejor aprendidas cuanto más asentada esté la lengua materna.
En definitiva, la lengua materna ha de estar presente en la educación y no como una simple asignatura, sino que ha de ser la lengua en la que se aprende y, sobre todo, la lengua en la que se reciba la primera enseñanza. Desechar esto para dar satisfacción a las políticas nacionalistas que pretenden prestigiar las lenguas cooficiales y hacer disminuir la relevancia del castellano me parece no solamente un error; sino, incluso, perverso.
III. Elección de lengua en la Comunidad Valenciana
No debería existir especial problema en la convivencia de distintas lenguas vehiculares en la educación. Tanto en Galicia como en Valencia el español y la lengua cooficial son idiomas en los que se aprenden unas y otras materias; lo que debería hacerse es buscar las mejores soluciones para que los alumnos recibieran la mejor educación posible. En esta línea va la Ley valenciana 1/2024, de 27 de junio, por la que se regula la libertad educativa.
Esta ley parte, en las zonas valencianoparlantes de la CV, de la convivencia de la que se denomina «lengua de base» en cada unidad educativa y la otra lengua cooficial. En educación infantil, la lengua de base tendrá una presencia del 65% y la otra lengua oficial, del 25%. Le lectoescritura se hará en la lengua de base. En la educación primaria, se garantiza una presencia mínima de un 25% de la lengua cooficial que no sea de base en los dos primeros cursos de educación primaria. A partir de tercero, la lengua de base tendrá una presencia mayor que la otra lengua cooficial, pero esa diferencia no podrá superar el 20% Este modelo equilibrado se mantiene también en la ESO (véase, en ese sentido, el anexo II de la ley).
Es decir, la ley no hace más que garantizar la presencia en la enseñanza, como vehiculares, de las dos lenguas oficiales y prever que la lectoescritura se haga en la lengua de base elegida. Esta lengua de base es elegida por los representantes legales de los alumnos; pero no otorga directamente un derecho a ser escolarizado en un sistema que tenga como parte nuclear la lengua elegida (entendida «parte nuclear» en los términos que se acaban de explicar: mayor presencia de dicha lengua y aprendizaje de la lectura y de la escritura en ella); sino que en cada centro se atenderá a las peticiones de las familias de acuerdo con los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, si en un centro con tres líneas un 55% de las familias optan por el castellano y un 45% por el valenciano, ese centro tendrá dos líneas con el castellano como lengua de base y una con el valenciano como lengua de base.
La elección para las familias es libre. Podrán optar por su lengua materna o no. Desde mi perspectiva (pero esta es tan solo mi perspectiva, claro) la opción por la lengua materna sería clara (si en su momento me hubieran dado esa oportunidad en Cataluña). Como he dicho, la UNESCO reconoce la importancia de que el aprendizaje de la lectura y escritura se haga en la lengua materna y explica cómo el aprendizaje de otras materias (incluidas otras lenguas) se beneficia de esa primera enseñanza en la lengua materna. En esa línea va la recomendación de Escuela de Todos.
En este caso, además, esta opción en ningún caso implicará que la otra lengua oficial esté ausente de la enseñanza. Tendrá presencia en la educación tanto infantil como primaria y, a partir de tercero, tanto una como otra lengua tendrán una presencia que estará cercana al 50%. El aprendizaje de la otra lengua oficial está garantizado; así que no veo inconveniente en optar por lo que resulta más natural y conveniente: la lengua materna. Como digo, sin embargo, esta es mi opinión personal y -como no podía ser de otra forma- respeto cualquier otra opción de cada familia.
Entiendo menos, sin embargo, las campañas que se han venido lanzando en relación a esta consulta y que tienen como objeto que se elija el valenciano.
O el español.
En una consulta como ésta, creo que lo que hay que hacer es incitar a la participación y utilizar argumentos orientados a la mejor formación de los niños. Así, optar por recomendar la elección de la lengua materna me parece, por las razones que ya he señalado, acertado; aunque haciendo primar siempre esa libertad de las familias, cuya defensa es el mayor logro de la Ley 1/2024. Si en vez de eso se pide, en todos los casos, la opción en favor de una lengua determinada es obvio que se hace pasar la lengua por encima de la persona lo que, a mi juicio, no es correcto.
Muchísimo menos, cuando esa opción no es de una asociación u organización de la sociedad civil, sino del propio centro público, que debería guardar una exquisita neutralidad en beneficio, precisamente, de la libertad de las familias. En las últimas semanas, sin embargo, son varios los centros educativos de la CV que se han dirigido a las familias para cuestionar la ley de libertad educativa y recomendar la elección del valenciano.
En ocasiones, dirigiéndose directamente a los niños para que convenzan a sus padres de que elijan valenciano.
IV. Nacionalismo, derechos y libertades
Lo último que se ha comentado, colegios dirigiéndose a los alumnos para que convenzan a sus padres de que elijan valenciano sin atender a las razones pedagógicas que pueden aconsejar la opción por el castellano, debería escandalizar; pero, en general, no lo hará. La razón es que en España nos hemos acostumbrado no solo a convivir con el nacionalismo, sino a considerar sus razones atendibles. De esta forma, la instrumentalización de los niños a muchos les parecerá que se encuentra justificada porque el fin perseguido es «bueno», la conservación del valenciano; una conservación que, en realidad, lo que implica es la modificación de los usos lingüísticos de la población para que se reduzca el uso de la lengua «impropia»; esto es, el español.
Es lamentable que hayamos llegado a esta situación; pero pediría que esta circunstancia no afecte a las familias que han de elegir lengua en los próximos días. Lo más importante en este tema es la educación de los niños y, como he intentado mostrar, una presencia significativa de su lengua materna es aconsejable.
Más allá de lo anterior, evitar que la escuela sea una herramienta nacionalista sería también deseable y, por lo que se ve, habrá que trabajar bastante en la Comunidad Valenciana para conseguir este objetivo. Este sí que sería un propósito que merece un ejercicio de «responsabilidad social».
Que en los próximos días las familias valencianas decidan en libertad y que lo hagan pensando que es lo mejor para sus hijos; porque, además, eso será también lo mejor para el conjunto de la sociedad.
El 19 de febrero de 2025 conocimos los datos correspondientes a 2023 de la encuesta sobre usos lingüísticos en Cataluña que, cada cinco años, elabora el IDESCAT. A continuación, haré una valoración de la información que nos aporta y, a partir de ésta, de la situación lingüística en Cataluña. Ya adelanto que, en contra de lo que mantienen los nacionalistas, no estamos ante ninguna crisis del catalán ni frente a ningún riesgo para la lengua. Otra cosa es que este discurso victimista sea conveniente como justificación de las políticas de imposición del catalán; pero, como siempre, «dato mata relato«. Vamos, por tanto, a ver los datos.
El catalán como lengua materna
De acuerdo con los datos de la encuesta, el catalán es la lengua materna de 2.378.700 personas. De éstas, 1.967.300 lo tienen como única lengua materna, mientras que más de 400.000 tienen el catalán como lengua materna junto con otras lenguas, fundamentalmente, el castellano o español (emplearé indistintamente ambos términos), con más 378.000 hablantes bilingües de nacimiento.
La cifra es muy significativa. Por una parte, implica que, solamente con los hablantes nativos de catalán en Cataluña, el idioma se coloca en el 7% superior de lenguas mundiales por número de hablantes. El 93% de los idiomas del mundo tienen menos hablantes que los hablantes nativos de catalán en Cataluña.
La cifra, además, supone un incremento significativo respecto a 2018. Entonces el número de catalanes que tenían el catalán como idioma materno era de 2.186.800. Un crecimiento de casi 200.000 personas en cinco años es relevante y significativo. Relevante porque implica un incremento en el número de hablantes nativos de catalán de casi un 10% y significativo porque se hace a través del bilingüismo. En 2018 el número de personas que tenían el catalán como único idioma materno era ligeramente superior al de catalanes que lo tienen como única lengua inicial (en la terminología de la Generalitat) en 2023 (una disminución de algo más de 40.000 personas); pero, en cambio, el número de catalanes que tienen como lengua materna el catalán y otra lengua pasa de 176.000 a más de 400.000.
Este bilingüismo, además, permite que se produzca, incluso, un incremento porcentual en el número de catalanes que tienen el catalán como lengua materna, que pasa del 34,3% en 2018 al 35% en 2023.
El catalán como segundo (o tercer) idioma
Los hablantes nativos de catalán son, sin embargo, tan solo una parte de los hablantes de catalán y, de hecho, ni siquiera la parte numéricamente más importante. Según los datos del IDESCAT, en 2023 5.454.700 catalanes hablan catalán; lo que supone un incremento de casi 300.000 respecto al año 2018. Con estos datos resulta que el número de hablantes no nativos (esto es, que no lo tienen como lengua materna) en Cataluña es de 3.076.000 personas. Son más los catalanes que conocen el catalán como segundo idioma que los que lo tienen como lengua materna.
Tal y como destacaba hace unas semanas, se presta poca atención a este dato que es muy significativo. Son pocos los idiomas del mundo que tienen más hablantes no nativos que nativos; le pasa el inglés y al francés; pero no al español, al chino o al ruso; por ejemplo. El catalán está en este selecto grupo y, además, con un conocimiento que no se limita al meramente oral, puesto que más de 5.700.000 catalanes son capaces de leerlo y casi cuatro millones y medio, de escribirlo. En todos estos casos hay un incremento significativo respecto a los datos de 2018, lo que casa bastante mal con cualquier discurso alarmista sobre la situación del catalán o posibles riesgos para la lengua.
En esta línea, creo que merece la pena también destacar que el conocimiento «completo» del catalán (entenderlo, hablarlo, leerlo y escribirlo) es altísimo entre las personas de menos de 60 años, con un porcentaje de más del 80% de personas que lo saben escribir; lo que ha de ponerse en el contexto de una población en el que solamente el 35% de las personas tienen el catalán como lengua materna. Esto es, la vitalidad del catalán es, en buena medida, fruto de las personas que, no teniéndolo como lengua materna, lo han aprendido no solamente a nivel oral, sino también escrito.
De esta forma, con casi 5 millones y medio de personas que hablan catalán (y tan solo en Cataluña), la lengua se coloca en el 5% superior de lenguas del mundo por número de hablantes. El 95% de las lenguas del mundo tienen menos hablantes que el catalán.
Lengua materna, lengua habitual, lengua de identificación
Así pues, según los datos del IDESCAT, en los últimos cinco años el catalán ha aumentado el número de hablantes que lo tienen como lengua materna en Cataluña y el número total de personas que lo hablan, lo leen y lo escriben también ha aumentado. Este aumento se ha producido, sobre todo, mediante un incremento del bilingüismo; esto es, del número de catalanes que tienen como lengua materna tanto el catalán como el castellano u otras lenguas; una consecuencia que podríamos entender natural en una sociedad en al que conviven diferentes comunidades lingüísticas (aunque no prejuzgo que en otros países pueda haber evoluciones diferentes).
Ahora bien, el IDESCAT nos ofrece también otros datos; en concreto, los de la lengua habitual y la lengua de identificación. Vamos a examinarlos a continuación.
En lo que se refiere a la lengua habitual, según los datos del IDESCAT 2023, casi tres millones de catalanes tienen el catalán como lengua habitual. 2.211.000 lo tienen como única lengua habitual, 636.500 junto con el castellano, 50.900 junto con una lengua diferente del castellano y 23.200 en otras combinaciones de lenguas.
Lo primero que llama la atención es que es mucho mayor el número de personas que tienen el catalán como lengua habitual que el de catalanes que lo tienen como lengua materna. Mientras el catalán es la lengua inicial de menos de 2.400.000 catalanes, casi 600.000 más lo tienen como lengua habitual. Es decir, el catalán es lengua habitual de un número significativo de catalanes para los que se trata de una segunda lengua. Merece destacarse que en el caso del castellano este incremento respecto al de personas que lo tienen como lengua materna es mucho menor. El castellano es la lengua materna (en solitario, junto con el catalán o con otras lenguas) de algo más de 3.800.000 catalanes; mientras que es lengua habitual de algo menos de 4.100.000. Es decir, el incremento es de tan solo 300.000 personas, mientras que en el caso del catalán -y respecto a un número inferior de personas que lo tienen como lengua materna- el incremento es de casi el doble: 600.000 frente a 300.000.
Es decir, estamos ante una sociedad bilingüe, en la que el catalán tiene una presencia mayor que la que se correspondería con su número de hablantes maternos. Es tentador sostener que son las políticas de «normalización» y promoción del catalán las que llevan a este resultado, en el que podemos intuir que son los miembros de la comunidad lingüística castellana los que más aportan a esta presencia del catalán en la sociedad. Fijémonos en un dato relevante: mientras en el caso del catalán son más los que lo tienen como única lengua habitual que aquellos que lo tienen como única lengua materna (2.211.100 frente a 1.967.300) en el caso del castellano son menos los que lo tienen como única lengua habitual (3.153.100) que los que lo tienen como única lengua materna (3.335.400).
Si de los términos absolutos pasamos a los porcentuales, encontraremos que, sobre el conjunto de la población, el porcentaje de aquellos que tienen el catalán como lengua habitual (en solitario o en combinación con otras lenguas) desciende muy ligeramente respecto a 2018 (pasa del 43,5% al 43,06%); aunque manteniéndose muy por encima del porcentaje de población que lo tiene como lengua materna (35%). En el caso del castellano sí que hay un aumento porcentual de la población que lo tiene como lengua habitual (pasa del 56% en 2018 al 60,2% en 2023); pero con un incremento menor respecto al de población que lo tiene como lengua materna que en el caso del catalán (en el caso del catalán la diferencia entre la población que lo tiene como lengua habitual y como lengua materna es de un 8%, mientras que en el caso del castellano esta diferencia es de un 5,7%, ya que la población que tiene el castellano como lengua materna es de un 56,5% mientras que quienes lo usan habitualmente son un 60,2% de la población).
En lo que se refiere a la lengua habitual, también se observa un incremento del bilingüismo. Mientras en 2018 eran 474.200 catalanes los que tenían como lengua habitual catalán y castellano; en 2023 esa cifra asciende hasta los 636.500 personas.
Si de la lengua habitual pasamos a la lengua de identificación, resulta que el bilingüismo también sale ganando. En 2018, un 6,9% de los catalanes se identificaban con el catalán y el castellano; mientras que ese porcentaje pasa al 14,6% en 2023. En términos absolutos supone pasar de 440.000 personas a casi un millón (991.000).
Este aumento del bilingüismo se produce, en buena medida, a costa del monolingüismo identitario catalán. Quiero decir, en 2018 2.320.600 catalanes se identificaban solo con el catalán. En 2023 esta cifra desciende hasta los 2.032.800 personas. No es descabellado pensar que la mayoría de estas casi 300.000 personas han pasado al bilingüismo como identidad, considerando que tanto les identifica el catalán como el castellano (u otra lengua, aunque es razonable pensar que el mayor peso lo tendrá la otra gran lengua de los catalanes por número de hablantes).
En el caso del castellano también se produce una disminución del monolingüismo identificativo, ya que de los 2.978.900 catalanes que se identificaban solo con el castellano, pasamos a 2.742.900. Una disminución de algo más de 250.000 personas que es menor en términos absolutos y porcentuales que la del catalán.
Merece destacarse también que los datos del 2023 muestran que más de 700.000 catalanes consideran el catalán como lengua de identificación sin que sea su lengua materna; mientras que en el caso del castellano esa cifra no llega ni a las 200.000 personas. De nuevo es un dato que confirma la preferencia del catalán sobre el castellano en la sociedad de Cataluña.
En cualquier caso, en 2023 desparece lo que, a mi juicio, era una anomalía. Con los datos de 2018 resulta que había un número significativo de castellanohablantes que no se identificaban con el español como lengua, ni de manera aislada ni en combinación con otras lenguas. En la actualidad, las cifras no apuntan en esa dirección, puesto que el número de catalanes que se identifican con el castellano (en solitario o con otras lenguas) es de 3.989.000, mientras que el número de catalanes que lo tienen como lengua materna es de 3.832.000; ligeramente inferior. Obviamente, puede haber casos individuales para todos los gustos; pero nada indica que un número significativo de catalanes castellanohablantes no consideren el español como lengua de identificación. Sí que se observa, sin embargo, y tal como se ha apuntado, que es mucho mayor el número de catalanes que se identifican con el catalán sin que sea su lengua materna que el de catalanes que hacen lo propio con el castellano.
Conclusión
1. En una primera y rápida lectura, los datos del IDESCAT muestran que el catalán goza de buena salud. El número de hablantes nativos ha aumentado, también ha aumentado el número de hablantes totales y la presencia del catalán como lengua habitual y lengua de identificación es mayor que la que tiene como lengua materna.
2. Además, se muestra cierta prevalencia del catalán sobre el castellano, puesto que son más los catalanes que utilizan habitualmente el catalán respecto a quienes lo tienen como lengua materna que el de catalanes que utilizan el castellano como lengua habitual respecto a quienes lo tienen como lengua materna (casi 600.000 personas más en el caso del catalán y menos de 300.000 en el del castellano). En lo que se refiere a la lengua de identificación nos encontramos con lo mismo: son más los catalanes que se identifican con el catalán sin que sea su lengua materna que los catalanes que lo hacen con el castellano sin que sea su lengua materna.
3. El tercer dato que ha de destacarse es que se confirma la profundización en el bilingüismo dentro de la sociedad catalana. Aumenta, tanto en números absolutos como porcentuales, el número de catalanes que tienen más de una lengua materna, más de una lengua habitual y más de una lengua de identificación.
4. De lo dicho hasta ahora se desprende que ningún argumento tienen quienes hablan de crisis o debilidad del catalán. Al revés, lo que cabría preguntarse es por qué el catalán tiene la prevalencia sobre el castellano que hemos visto a lo largo de esta entrada. Siendo las dos lenguas oficiales, garantizándose el conocimiento de ambas (como vemos que se garantiza), los porcentajes de uso habitual y de identificación deberían corresponderse bastante con los de las lenguas maternas y el bilingüismo debería crecer con aportaciones equivalentes de la comunidad lingüistica catalana y de la comunidad que forman los hispanohablantes. No es así, sin embargo; aunque, en cualquier caso, debamos congratularnos de que en los datos de 2023 ya no aparezca la anomalía de que haya un número significativo de catalanes que no consideren su lengua materna como lengua de identificación.
El viernes vi «La Infiltrada». Me imagino que igual que otros muchos que, como yo, nos la habíamos perdido en el cine y esperábamos a su estreno en las plataformas de televisión.
La película me enganchó, aunque no llegó a transmitirme, en un primer visionado, la sensación de «gran cine» que me han dejado otras películas; aunque, a diferencia de muchas de estas últimas, ese «agarrarme» ha ido mucho más allá de lo títulos de crédito finales. Me fui a dormir pensando en la historia y hoy todavía sigue sin abandonar mi cabeza.
Indudablemente, una parte de este impacto proviene de lo meramente cinematográfico. Y cuando vuelves a la película se va descubriendo ese gran cine que hay en ella, y que iré comentando a lo largo de esta entrada.
Ahora bien, otra parte viene de que la historia que cuenta no me es ajena, como no lo es para nadie que hubiera vivido en España en las décadas finales del siglo XX y los primeros años del XXI. Para nosotros, lo que se cuenta en la película forma parte de nuestra memoria personal. Y no solamente por verlo en televisión. Recuerdo amigos, que entonces estaban metidos en política, mirando debajo de los coches antes de arrancarlos, o dejando la plaza de parking que tenían alquilada porque la policía les había indicado que era más seguro que el coche durmiera en la calle; recuerdo las llamadas a los compañeros de la Autónoma de Madrid el día del asesinato de Tomás y Valiente, conmocionados por lo que había pasado al lado de sus despachos; recuerdo las manifestaciones, la indignación, por supuesto, recuerdo el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Recuerdo muchas cosas y la película las ha vuelto a traer.
Y lo hace desde una perspectiva que yo no había visto en el cine. Hay películas sobre los terroristas, su vida, asesinatos y huída. Hay películas sobre las víctimas; pero menos de los simpatizantes, los auxiliares de los asesinos; que es el papel que asume aquí la infiltrada; la Arantxa de la película que en la historia es la policía nacional Mónica Marín y que en la realidad se llamaba Elena Tejada.
Arantxa no aprieta el gatillo, pero deja su casa a los terroristas, los lleva de un sitio a otro, hace de correo… todas esas cosas que fueron imprescindibles para que, al final, más de ochocientas personas fueran asesinadas. La descripción de esta «piña» (por emplear el término casteller) que hacía de base del terrorismo es lo primero que quiero destacar. Olvidémonos, de momento, de que Arantxa es, en realidad, Mónica, policía nacional; y quedémonos con lo que piensan los etarras y varios de los policías que participan en la operación: es una simpatizante; esto es, una ayudante de la muerte. Alguien que va haciendo «pequeñas cosas», respecto a las que se puede hacer la ilusión de que no comprometen («No te vas a meter en ningún lío», le dice -miente- el personaje de Kepa Etxebarría cuando le pide que viaje a Francia).
Se reflexiona menos de lo que se debiera sobre este amplio grupo de personas que hizo posible el terrorismo etarra. Un entramado con raíces profundas en la sociedad y en la política vasca; un entramado con una responsabilidad histórica en una de las operaciones políticas más repugnantes que se han vivido en Europa en las últimas décadas: la mutilación de una sociedad mediante el asesinato, la expulsión o la condena al silencio de quienes no comulgaban con los principios nacionalistas.
En la película hay un momento especialmente claro en relación a esto. Arantxa, junto con otros nacionalistas, está tapando propaganda electoral del PP. En concreto, carteles con la cara de Gregorio Ordóñez. En ese momento pasa a su lado Txapote, quien entra en un restaurante llevando una pistola en la mano, se dirige a un grupo que está comiendo y le pega un tiro a Gregorio Ordóñez ante todos sus compañeros; entre los que se identifica con bastante claridad a María San Gil.
Desde mi punto de vista, es una de las escenas clave en la película. La idea que exponía hace un momento se hace secuencia cinematográfica. Arantxa está tapando el rostro de Ordóñez. A esa eliminación simbólica sigue la destrucción física. Arantxa y Txapote hacen, en el fondo, lo mismo; y el momento en el que se encuentran sus miradas al salir Txapote del restaurante lo confirma. Tras esto vemos a Arantxa lavándose con rabia los dientes. Se ha enfrentado a la crudeza de su misión. La cercanía del asesino y su propia participación en el proceso terrorista, que no se limita a apretar el gatillo, sino que se extiende a los actos simbólicos -pero con consecuencias- que comentaba; le han hecho sentir el olor nauseabundo del límite en el que tiene que vivir para poder hacer el trabajo al que se ha comprometido.
Pero, claro, Arantxa no es una simpatizante nacionalista; sino un personaje que está representando Mónica. Esta dimensión es el elemento más importante de la historia y de la película. Una dimensión que, a mi juicio, la conecta con una de mis películas más admiradas, «Deseo, peligro», de Ang Lee, de la que me ocupé en otra entrada hace unos años.
En «Deseo, peligro», una activista china en los años 30 y 40 finge ser una persona diferente para convertirse en amante de un colaboracionista con los japoneses con la intención de asesinarlo. La película de Ang Lee es una reflexión sobre la actuación, el personaje, el actor y las consecuencias que tiene ese especie de profanación que es pretender ser quien uno no es. En «La infiltrada» el tema es el mismo: una persona finge ser quien no es para, en este caso, poner fin al terrorismo etarra. En ambas películas, además, el personaje que se ha de adoptar es uno con el que el actor no comulga. Mónica no es para nada Arantxa, igual que en «Deseo, peligro», Wong Chai Chi no es Mai Tal-Tai; pero, mientras en la película de Lee, el dilema entre persona y personaje es lo que da razón a la película; en la de Arantxa Echevarría (la directora de «La infiltrada») ese es un aspecto más; uno muy relevante, sin duda; pero uno más de los diversos temas que se tratan. De ahí, también, el tono de la película; que no pretende ser una obra trascendental sobre un tema universal; sino, sin renunciar a esos temas generales, convertirse en un relato sobre una época determinada en un lugar también muy concreto. Volveré al final sobre esta idea.
Me parece que lo que convierte en especial «La infiltrada» es el acierto con el que se presenta la relación entre persona y personaje, entre Mónica y Arantxa. Ya al comienzo se ve a Arantxa de copas con sus amigos por el casco viejo de San Sebastián y luego, en casa, comiéndose sola las uvas de Nochevieja, o cantándose a sí misma en una especie de karaoke. No creo que sea casualidad, sin embargo, que todo esto lo haga en una habitación con carteles en favor de la amnistía o lemas nacionalistas. Ni siquiera ahí, en su casa, puede ser ella (Mónica) completamente. De ahí esa llamada desesperada a su jefe, el único con el que mantiene contacto, con el propósito, tan solo, de no fingir durante quince minutos.
La parte más interesante de esa relación se da, sin embargo, cuando se muestra una cierta ambivalencia entre persona y personaje. Este, como avanzaba, es el único tema en la extraordinaria película de Ang Lee; y está también presente en «La infiltrada», pero aquí ha de convivir con otros en búsqueda de un equilibrio que, se me antoja, es muy difícil de lograr; pero que, a mi juicio, se consigue plenamente.
Esta ambivalencia aparece en toda su crudeza en el momento en el que en una de las entrevistas con su jefe (Ángel, «el inhumano»), éste le pregunta por Kepa, el etarra más joven con el que convive Arantxa, y ella le contesta en un tono que bien podría estar empleando para un novio. «El inhumano» la agarra del brazo, la saca de la cafetería en la que estaban y le recuerda que Kepa no es más que un asesino que se muere por matar unos cuántos policías, «incluida tú, señorita».
Ese momento es clave, porque tras él Arantxa le pregunta a Kepa por el atentado en el que participó. El relato, espantoso por la frivolidad con la que se describe la forma en que atentó contra un funcionario de prisiones que destruye esa posible ambivalencia, tal y como muestra la escena en la bañera, con ese grito silencioso que es toda una metáfora de la situación en la que vive Mónica. Esa Mónica que ha de permanecer callada porque toda su voz ha de pertenecer a Arantxa; pero que, sin embargo, sigue ahí.
Esta es una diferencia fundamental entre la película de Echevarría y la de Lee. En la de Lee el conflicto no llega a resolverse y toda la obra es una reflexión sobre la confusión entre actor y personaje. En la de Echevarría, en cambio, ese conflicto se resuelve, como muestra la mencionada escena de la bañera y luego otra, también significativa, en la que Arantxa muestra su asco después de que Kepa la hubiera besado mientras estaba en la cocina. Mónica da vida a Arantxa, y lo hace estupendamente, como muestra la escena en la que discute con el etarra Sergio Polo por lo guarra que tiene la casa y acaba llamándole «puto maqueto»; un insulto que diría Arantxa; pero que para nada encajaría en Mónica.
Quien hace de puente entre Mónica y Arantxa es el gato, Sua. Sua no diferencia entre Mónica y Arantxa, y es significativo que en la discusión que acabo de mencionar sea, precisamente, la intervención del gato la que lleva a que Arantxa llame «puto maqueto» a Sergio. La ira de Mónica por el trato que Sergio dispensa a Sua se canaliza a través de Arantxa. El gato acaba de dar a la película el equilibrio que necesitaba para trasladar la tensión entre la persona y el personaje. De esta forma, el espectador puede intuir el enorme sacrificio de la policía infiltrada. No es solo lo que se dice; sino la forma en que la película relata lo que sucede. La soledad, el alejamiento de los tuyos, la frustración de la carrera profesional (el momento en el que Arantxa le dice a Ángel que ni siquiera ha podido presentarse a las pruebas de promoción interna). Ocho años de vida, que coinciden prácticamente con la veintena; dedicados a interpretar un personaje que le repugna, a servir cañas en una herriko taberna y a trabajar en una pollería; mientras se corre el riesgo permanente de ser descubierta y asesinada. Y todo ello sin la certeza de que vaya a servir para algo, viendo cómo pasan los años sin que se llegue a producir ningún contacto con ETA propiamente dicha, sin poder aportar ninguna información relevante.
Un sacrificio así, ¿por qué? Quizás para los que vivimos aquellos años la explicación no es necesaria. ETA eran muertos casi cada día, extorsión, bombas, una amenaza constante. Los que sean más jóvenes deberán conectar a partir del relato de atentados con el que comienza la película, el ya mencionado asesinato de Gregorio Ordóñez o el fallido del funcionario de prisiones que Kepa le relata a Arantxa. En la entrevista de reclutamiento, Mónica habla de servir a la sociedad y muestra su repulsa ante las fotos del atentado en Hipercor. Al mismo tiempo, hace expreso que no participará en una «guerra sucia» como fue la que llevaron a cabo los GAL en los años 80 y a lo largo de la película aparecen testimonios de malos tratos o torturas a etarras. En esta línea, es especialmente dura la escena en la que Nagore, una amiga de Arantxa, le explica que su hermana y su novio habían sido interrogados por la Guardia Civil y que ella temía que a su hermana la hubieran violado. Es decir, la película no oculta las sombras en la lucha contra ETA; y Mónica, que es consciente de ellas, tiene claro, sin embargo, que el poner fin al terrorismo, desde la actuación policial y la legalidad justifica que sacrifique su juventud sin ninguna garantía de que conseguirá algo.
Este sacrificio que puede ser que se quede ya no sin recompensa, sino sin resultados, está bien resumido tanto en los momentos iniciales de la película a los que ya me he referido (cuando se muestra la vida solitaria de Arantxa) como en el breve encuentro que tiene con Andrea, otra policía, en el momento en el que ésta le devuelve la lista de objetivos que ella había sacado del piso para que pudiera ser fotocopiada. Son solo unos segundos, pero en ellos Arantxa, desde la puerta de su casa, tiene tiempo de constatar, entre admirada y sorprendida, que su compañera está embarazada. Ese embarazo es símbolo de la vida a la que Mónica había renunciado para tener una posibilidad de colaborar en la lucha contra ETA.
Una Andrea, por cierto, que nos muestra, en tan solo un minuto, la dureza de la vida de los policías en el País Vasco: un vecino que vuelve a entrar en su casa para no coincidir en el rellano con ella, abrir el buzón de lado para impedir que una hipotética bomba estalle en la cara, meter con precaución la llave en la puerta del coche, utilizar un espejo para inspeccionar los bajos antes de encenderlo… un enorme sacrificio de muchas personas que, a mi conocimiento, ha tenido escaso reconocimiento.
No sé qué dirá la película a quienes no tienen recuerdo del terrorismo que practicó ETA. En mi caso, y supongo que en el de más personas que vivimos aquella época, la película inevitablemente nos conduce a la persona real que la inspiró. Ya no Mónica, sino Elena Tejada, la policía que se infiltró en ETA y que, por ejemplo, proporcionó la información que condujo al entonces ministro del interior a asegurar que la tregua que había lanzado ETA era, en realidad, una trampa con el fin de rearmarse en un momento de dificultad; una policía que facilitó la desarticulación de un comando de ETA y, por tanto, contribuyó a poner fin a la organización.
Quizás por esto último, por la constancia de que la derrota policial del terrorismo no ha ido acompañada de una derrota política, me ha llamado la atención el intercambio que tienen en la película Arantxa y Sergio, el etarra. Éste último le pregunta a la primera si sabe dónde va a estar él en unos años. Ella responde que en una pocilga, a lo que Sergio replica: «dentro de unos años nosotros vamos a dirigir este país, así que más te vale tenerme a buenas».
¿Quién puede negar que Sergio ha acabado teniendo razón?
«La infiltrada» me ha gustado mucho. Toca un tema que es nuclear para entender la España de los últimos cincuenta años y lo hace a partir de una historia en la que el cine es capaz de transmitir tanto lo personal como lo colectivo. El equilibrio en el guión, el tono que se consigue con la dirección y la interpretación de todos los actores, pero, especialmente, de la protagonista, hacen que el relato cobre vida y no te deje. El arte que viene de la vida y acaba siendo algo para la vida de los que lo disfrutan.
Enorme película que se merece formar parte del debate y la conciencia sociales, que merece quedarse en nuestro recuerdo.
El jardín de las hipótesis inconclusas. Un espacio abierto a todas las ideas, por locas que sean, y a todos los planteamientos, por alejados que estén de los pareceres comunes.
Rafael Arenas Garcia 