I. 15 de octubre
El 15 de octubre llegué a la UAB antes de las siete de la mañana. Tenía clase a las ocho y media; pero se había convocado una «huelga» estudiantil (estrictamente, una jornada de protesta, pues son los trabajadores y no los estudiantes quienes pueden ejercer el derecho de huelga) y sabía que, en esas ocasiones, hay intentos de bloquear los accesos al campus.
Fue lo que pasó. Grupos de encapuchados vestidos de negro comenzaron a mover contenedores de basura para cortar tanto el paso desde la estación de ferrocarril como los accesos por carretera. En este vídeo se ve cómo actúan.
No eran las ocho de la mañana y desde mi despacho oía como, dentro de la Facultad de Derecho, desmontaban bancos, papeleras, taquillas y otro mobiliario. Con lo que habían roto o desmontado prepararon barricadas en las puertas para que nadie pudiera acceder al edificio; pero dificultando también que pudiéramos salir los que ya estábamos dentro.
Mientras escuchaba cómo «trabajaban» pensaba en lo denigrante que resultaba que aquellos indocumentados estuvieran desmontando la Facultad impunemente sin que nadie se lo impidiera. Los profesores les mirábamos sin decir nada, lo mismo hacían los bedeles y, supongo, el personal de seguridad. La Facultad era suya y, lo peor, si nos enfrentábamos a ellos, ¿quién nos apoyaría? Lleva pasando años sin que nunca -a mi conocimiento- se haya abierto siquiera un expediente disciplinario o presentado una denuncia por los daños causados a los bienes públicos. Se les entrega la Facultad para que jueguen a hacer la revolución.
A las ocho y cuarto fui a mi clase. Me iba encontrando con profesores que me decían que era imposible dar la clase, a lo que yo sonreía y decía «imposible, no». Tenía experiencia de otros años en los que, con la ayuda de los alumnos, había retirado las barricadas que nos impedían acceder a la clase o habíamos movido a los alumnos a espacios «no controlados». Tenía claro que no me correspondía a mí impedir que desmontaran la Facultad; pero sí era mi responsabilidad hacer lo que estuviera en mi mano -incluido saltar por encima de barricadas- para dar mi clase.
Este año, sin embargo, no tuve que llegar a eso. No tenía clase en el edificio de la Facultad, sino en uno anexo en el que no había obstáculos para entrar. Llegué a mi clase donde había una decena de alumnos y di mi clase con normalidad. Tan solo tuvimos la precaución de no subir las persianas; porque sabíamos que, de hacerlo, acabarían visitándonos los piquetes para impedir que diéramos la clase.
Pese a que ya he vivido esto docenas de veces, no me acostumbro a que haya quien se crea con el derecho de limitar los míos. Nadie me puede obligar a hacer huelga y nadie puede impedir que los alumnos que lo deseen reciban la clase. Si damos por bueno que unos cuántos pueden ponerse una capucha, vestirse de negro e impedir físicamente que otros puedan ejercer sus derechos es que tenemos un menguado concepto de la democracia y de la libertad. Si mis derechos se ponen en entredicho he de defenderlos y ejercerlos, porque los derechos que no se ejercen se acaban perdiendo; y lo que nos está pasando en muchos lugares, pero especialmente en Cataluña debería ser un recordatorio de ello.
Desde mi punto de vista, las autoridades académicas deberían hacer lo que esté en su mano para impedir que se ejerzan coacciones sobre los miembros de la comunidad universitaria. El personal de seguridad debería impedir el bloqueo de puertas y rotondas, y, si es necesario, requerir la actuación de la policía para garantizar que tanto quienes desean ejercer su derecho de huelga como quienes optan por trabajar o ir a clase puedan hacerlo. Además, sería necesario condenar el destrozo del material público, la colocación de barricadas y toda limitación de la libertad individual y abrir expedientes a los estudiantes que no respetan los derechos de los miembros de la comunidad universitaria.
Por supuesto, nada de lo anterior sucede. Ante los bancos desmontados y las barricadas que obstruyen las puertas, si acaso se ve a alguna autoridad académica «negociando» con los que vigilan que nadie pueda ejercer su derecho de impartir o recibir clase. Las excepciones son mínimas. El día 15, entre ellas, la del Decano de Derecho que, personalmente, tiró abajo la barricada que le impedía acceder a la Facultad. Por supuesto, a los cinco minutos se había vuelto a montar y se apostaron a dos personas a su lado para protegerla, y así permaneció toda la mañana. Ni expedientes ni investigaciones ni actuación alguna contra los colectivos que, orgullosos, reivindican en redes cómo limitan los derechos de profesores y alumnos.
II. 16 de octubre
Se ve, sin embargo, que la tolerancia del equipo de gobierno de la UAB se agotó el día 15 de octubre. Al día siguiente, 16, estaba prevista una charla de un periodista, Vito Quiles, que había sido invitado por una organización juvenil, S’ha Acabat! con presencia en la UAB. Me ocupé de algunos de los actos organizados por ellos en varias entradas de la sección Plaza Cívica, en este mismo blog.
El equipo de gobierno de la UAB (insisto en diferenciar la institución de quienes tienen la función de dirigirla) se apresuró a decir que el acto de S’ha Acabat! y Vito Quiles no estaba autorizado; mostrando una diligencia en dejarlo claro que nunca vi respecto a montar barricadas, boicotear carpas o amenazar profesores.
De todas formas, como el acto parece que iba a realizarse en un espacio abierto y consistía en una charla, conferencia o debate (no lo sé bien), no sé hasta qué punto precisaba autorización, máxime cuando quien invitaba al comunicador era una organización juvenil con presencia en el campus. ¿Pueden los órganos de gobierno impedir que en un espacio al aire libre, aunque la titularidad de dicho espacio sea de la Universidad, alguien de una charla? Quizás sí, pero, en cualquier caso, creo que debería justificarse con cuidado; puesto que si todos los espacios públicos, en una sociedad democrática, deberían estar abiertos a la construcción de la opinión, que surge del contraste de pareceres, las universidades deberían ser especialmente cuidadosas con ese respeto a la pluralidad.
Para el mismo día y la misma hora se había convocado también otro tipo de acto.
Un explícito intento de boicotear el acto de Vito Quiles, con un eslogan de lo más integrador «Echemos a Vito Quiles». A mi conocimiento, no hubo ningún recordatorio por parte de la UAB sobre la prohibición de este boicot, ¿o estaba permitido por las autoridades académicas? A estas alturas ya nada me parecería extraño porque tengo abundantes experiencias sobre la tolerancia hacia los boicoteadores y la intolerancia hacia los boicoteados, sobre la dureza con los que reciben los golpes y el mirar para otro lado respecto a quienes les golpean.
Por las imágenes que he visto (aunque estaba cerca no fui testigo directo de lo que pasó), a las doce, en la Plaza Cívica, había tanto gente esperando la intervención de Vito Quiles como otros que intentaban que esa intervención no se produjera. No me hace falta saber qué iba a decir el señor Quiles para darme cuenta que entre los que quieren hablar y quienes intentan impedírselo, en principio, habría que tomar partido por los primeros y no por los segundos.
No lo entendió así el equipo de gobierno de la UAB (repito la necesidad de distinguir entre la institución y quienes asumen su dirección), tal y como explica en el comunicado que hizo público esta tarde.
Como puede verse, el comunicado distingue cuidadosamente entre «estudiantes», los que se oponían a la presencia de Vito Quiles; y «personas de extrema derecha», convocadas estas últimas por el propio Vito Quiles. Parece descartar el equipo de gobierno de la UAB que entre los que esperaban a Vito Quiles hubiera estudiantes (como, efectivamente, había, como he podido comprobar al ver las imágenes) y que entre los que se oponían al «activista» hubiera personas convocadas por redes sociales, pese a la existencia de convocotorias orientadas a boicotear el acto.
De todas formas, lo que más me llama la atención del comunicado es la indicación de que no se permitió a Vito Quiles salir del parking en el que había estacionado su vehículo («no se l’ha permés sortir del pàrquing«).
¡Qué contundencia del equipo de gobierno! Actuando con diligencia, impide siquiera que salga del parking una persona que pretendía dar una charla en la Plaza Cívica. Lástima que el día anterior no hubiera empleado esa misma diligencia con los encapuchados que bloqueaban los accesos al campus o montaban barricadas en las puertas de las Facultades; o, incluso, el mismo día 16, con aquellos que habían venido a echar a Vito Quiles al «grito» de «Fem fora a Vito Quiles» (por cierto, en catalán, si no voy equivocado, lo correcto es «Fem fora Vito Quiles», no «Fem fora a Vito Quiles»). Me pregunto, sin embargo, qué autoridad tenía el equipo de gobierno para impedir el desplazamiento del señor Quiles. En el comunicado, más adelante, aparece también la policía, y no sé si está participó en esta «detención» del señor Quiles o no; pero, en cualquier caso, es un extremo que, quizás, convendría aclarar, porque, serán manías mías; pero cuando las autoridades públicas impiden («no se le permitió salir del párking») que alguien se desplace líbremente cuando, además, su propósito era dar una charla, algún riesgo para la libertad puede haber en ello; máxime cuando sí se permite la movilidad de quienes quieren silenciarlo.
III. Lo de siempre
Desde hace tiempo vengo denunciando una situación que me parece preocupante: se tolera que ciertas personas utilicen la intimidación y la violencia para impedir que otros ejerciten sus derechos. Las autoridades académicas miran para otro lado cuando actúa, por ejemplo, el SEPC o los encapuchados montabarricadas y, sin embargo, pone todo tipo de obstáculos a asociaciones como S’ha Acabat!
Si las administraciones públicas apoyan determinadas ideologías y ponen trabas a otras se daña de manera seria la democracia. Cuando, además, lo anterior pasa por tolerar o no condenar actuaciones violentas, quienes se ven limitados en sus derechos se encuentran en una situación difícil. Si, además, como ha sucedido en ocasiones, la policía no acude a garantizar los derechos vulnerados la quiebra democrática comienza a ser seria. Si, finalmente, el acallar al que pretende hablar pasa no solamente por permitir actuar a quienes no esconden su voluntad de echarlo, sino que, además, al que habla se le tacha de activista de extrema derecha y a quienes le apoyan se les niega la condición de estudiantes; mientras que prácticamente se loa la actitud de quienes intentaban bociotearle el desastre tiene ya considerables dimensiones. En ese contexto, que el mismo título del comunicado de la UAB -una administración pública, recordemos- se emplee el término «extrema derecha» para enmarcar un texto en el que habrá un marcado sesgo contra la persona a la que se le atribuye ese calificativo; es casi menor; pero ahora, imaginemos por un momento que en un comunicado de una universidad en relación a un incidente en el que hubieran participado grupos de extrema izquierda se dijera algo así como «se denuncia la instrumentalización de la Universidad X que ha hecho el comunista Y», ¿no nos chirriaría algo?
A mi me chirríaría tanto este último título como el del comunicado de la UAB, ¿y a ti, querido lector?
Rafael Arenas Garcia 
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