Próximamente se publicará, en un libro colectivo, el estudio que hemos escrito Antoni Abat Ninet y yo sobre “State-Building, Global Integration, and Transformation of the Social Contract”. Comparto aquí la versión en inglés del trabajo, que aparecerá en castellano en unos meses.

En el estudio analizamos cómo, desde la Baja Edad Media, se ha producido en Europa un proceso sostenido de concentración del poder público: desde el mundo relativamente descentralizado del orden feudal hasta las naciones-estado de los siglos XIX y XX. Estos Estados se construyeron sobre fronteras que delimitaban no solo el territorio político, sino también el espacio económico y social. Durante siglos existió una correspondencia sustancial entre economía y poder público: cada Estado regulaba su mercado, organizaba su fiscalidad y estructuraba su sociedad dentro de límites relativamente cerrados.

Ese modelo, sin embargo, implicaba también competencia y conflicto. La culminación de esa lógica fueron las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, que generaron un trauma profundo, no solo europeo, sino global.

De ese trauma nacieron dos grandes proyectos de integración económica. Por un lado, el proceso que desembocó en la actual Unión Europea, concebido como una integración económica, social y política destinada, ante todo, a hacer imposible una nueva guerra entre Francia y Alemania. Por otro, la apuesta por la liberalización del comercio mundial, que condujo del GATT a la OMC tras el fin de la Guerra Fría, bajo la convicción de que el incremento del comercio favorecería la paz.

La globalización ha alterado radicalmente el equilibrio previo. Hoy la economía es global, mientras que el poder público sigue siendo esencialmente territorial. Esta ruptura entre el ámbito económico y el ámbito político debilita la posición del individuo como ciudadano —capaz de influir, a través del Estado, en la economía— y refuerza sus roles económicos: propietario, trabajador y consumidor.

La integración europea constituye una excepción: en ella existe una estructura política que se superpone al espacio económico integrado. Esa coincidencia marca una diferencia esencial respecto de la integración económica mundial, donde no existe un poder político que se corresponda con el ámbito de la economía.

Esta ausencia de un poder político global abre un problema de legitimidad. Si los Estados ya no controlan plenamente el espacio económico en el que se desarrolla la vida de sus ciudadanos, ¿sobre qué bases se sostiene la legitimidad del orden resultante?

En este contexto, la metáfora del contrato social adquiere una relevancia renovada. No se trata únicamente de una construcción filosófica del siglo XVII o XVIII, sino de un instrumento conceptual destinado a responder a una pregunta permanente: ¿por qué obedecemos? Cuando el poder público coincidía con el espacio económico y social, la legitimidad podía articularse en torno a la promesa de seguridad, prosperidad y protección dentro de fronteras definidas. Pero cuando el espacio decisivo de la economía se desplaza más allá del alcance efectivo del Estado, esa promesa se debilita. El contrato social, entonces, deja de ser un relato fundacional cerrado y se convierte en una cuestión abierta: ¿quién garantiza hoy las condiciones mínimas de justicia, estabilidad y expectativa razonable de bienestar?

Además, la idea de contrato social permite observar una transformación más profunda: el paso de un modelo en el que los ciudadanos delegaban poder en una autoridad capaz de estructurar el orden económico, a otro en el que la economía global condiciona y limita la capacidad de esa autoridad. Si el contrato social clásico legitimó la concentración del poder en el Estado-nación, la globalización obliga a preguntarse si es posible —y bajo qué condiciones— reconstruir un marco de legitimidad en espacios supranacionales. En el caso europeo, existe ya una arquitectura institucional que puede servir de base para ese nuevo pacto. A escala global, en cambio, la ausencia de una autoridad política equivalente convierte la cuestión en mucho más problemática.

En el trabajo se estudian tanto las vías para la construcción de un contrato social europeo como las dificultades a las que se enfrentaría un hipotético contrato social global.

Economía, poder público y legitimidad. Un debate necesario. Porque cuando la legitimidad se debilita, las expectativas frustradas se transforman en crisis; y las crisis, en tensiones que terminan afectando al conjunto de la sociedad.

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The study that Antoni Abat Ninet and I have written on “State-Building, Global Integration, and Transformation of the Social Contract” will soon be published in a collective volume. I share here the English version of the work, which will appear in Spanish in a few months.

In the study, we analyse how, since the Late Middle Ages, Europe has undergone a sustained process of concentration of public power: from the relatively decentralised world of the feudal order to the nation-states of the nineteenth and twentieth centuries. These states were built upon borders that delimited not only political territory but also economic and social space. For centuries, there was a substantial correspondence between the economy and public authority: each state regulated its market, organised its taxation, and structured its society within relatively closed boundaries.

That model, however, also entailed competition and conflict. The culmination of that logic was the two World Wars of the first half of the twentieth century, which generated a profound trauma—not only European, but global.

Out of that trauma emerged two major projects of economic integration. On the one hand, the process that led to the present-day European Union, conceived as an economic, social, and political integration project aimed, above all, at making another war between France and Germany impossible. On the other hand, the commitment to the liberalisation of world trade, which moved from the GATT to the WTO after the end of the Cold War, based on the conviction that increased trade would foster peace.

Globalisation has radically altered the previous balance. Today, the economy is global, while public authority remains essentially territorial. This rupture between the economic sphere and the political sphere weakens the position of the individual as a citizen—capable of influencing, through the state, the economy—and reinforces his or her economic roles: owner, worker, and consumer.

European integration constitutes an exception: within it, a political structure overlaps with the integrated economic space. That coincidence marks an essential difference with respect to global economic integration, where no political authority corresponds to the scope of the economy.

This absence of a global political authority opens a problem of legitimacy. If states no longer fully control the economic space in which their citizens’ lives unfold, on what grounds does the legitimacy of the resulting order rest?

In this context, the metaphor of the social contract acquires renewed relevance. It is not merely a philosophical construction of the seventeenth or eighteenth century, but a conceptual instrument designed to answer a permanent question: why do we obey? When public authority coincided with economic and social space, legitimacy could be articulated around the promise of security, prosperity, and protection within defined borders. But when the decisive space of the economy moves beyond the effective reach of the state, that promise weakens. The social contract thus ceases to be a closed foundational narrative and becomes an open question: who guarantees today the minimum conditions of justice, stability, and a reasonable expectation of well-being?

Moreover, the idea of the social contract allows us to observe a deeper transformation: the shift from a model in which citizens delegated power to an authority capable of structuring the economic order, to one in which the global economy conditions and limits that authority’s capacity. If the classical social contract legitimised the concentration of power in the nation-state, globalisation compels us to ask whether—and under what conditions—a framework of legitimacy can be reconstructed in supranational spaces. In the European case, an institutional architecture already exists that may serve as the basis for such a renewed pact. At the global level, by contrast, the absence of an equivalent political authority makes the issue far more problematic.

The study examines both the possible paths towards the construction of a European social contract and the difficulties that a hypothetical global social contract would face.

Economy, public authority, and legitimacy. A necessary debate. For when legitimacy weakens, frustrated expectations easily turn into crises—and crises into tensions that ultimately affect society as a whole.