Los símbolos importan.

Lo anterior no es una opinión. Respeto, como no podía ser de otra manera, a las personas que dicen que para ellas los símbolos no son relevantes; que una bandera no es más que un trapo con colores, que los himnos son tan solo música, habitualmente mediocre, y que las representaciones de ideas, naciones o clubes de fútbol tan solo muestran nuestra irracionalidad; pero, a la vez, les digo que es un hecho que nuestra especie es simbólica, que la mayoría de los individuos reaccionan emocionalmente ante determinados símbolos y que estos han sido utilizados desde que se tiene memoria para conseguir objetivos prácticos, normalmente conectados con la organización de la sociedad. Existe, además, una conexión entre símbolos, ritos, religión y sociedad que ha sido contrastada por la antropología. En este sentido recomiendo el último libro que he leído sobre el tema (y al que, como a muchos otros, he llegado a través de los artículos de Daniel Arjona, primero en «El Confidencial» y ahora en «El Mundo»).

Así pues, los símbolos importan y, además, la ausencia de un símbolo también es un símbolo. Un asta de bandera vacía puede ser un símbolo potente y, en ocasiones, transmitir una información relevante. Por ejemplo, en el Reino Unido, en los palacios reales la enseña del monarca solamente ondea cuando el soberano está en el palacio; si no se encuentra en él, el mástil de la bandera permanece vacío (o así sucedía hace unos años, porque en la actualidad me parece que se ha cambiado el protocolo). Cuando murió Lady Diana se reprochó que la bandera no ondeara a media asta en Buckingham Palace. En realidad, lo que correspondía era que no hubiera ninguna bandera, puesto que la Reina, en aquel momento, estaba en Escocia, no en Londres.

En la misma línea, cuando el Papa ha muerto o ha abdicado, y hasta que un nuevo Papa ha sido proclamado, la silla vacía del pontífice expresa la falta de titular en el Obispado de Roma. Por eso a ese tiempo se le llama, precisamente, de «sede vacante».

Y, volviendo a las banderas, la carga simbólica de la arriada de una bandera es innegable.

Los símbolos conectan a las personas con determinadas ideas o planteamientos, los unen a otras personas y son esenciales para el mantenimiento de estructuras sociales que vayan más allá de aquellos a los que se conoce personalmente. Esto, como digo, es un hecho; por lo tanto, cuando alguien cuestione la relevancia de los conflictos que surgen en torno a los símbolos pensemos que, o bien es una persona mal informada o -lo que es más habitual- es una persona que, en realidad, lo que entiende es que los símbolos irrelevantes son aquellos con los que no se identifica.

Es necesario tener en cuenta lo anterior para valorar la estrategia que desarrollan los nacionalistas en Cataluña en relación a los símbolos. Una estrategia que tiene como finalidad invisibilizar la participación en el proyecto común español y dividir a los catalanes del resto de los españoles mediante la postergación de los símbolos comunes y la sustitución de estos símbolos por otros que reflejan la voluntad de que Cataluña se convierta en un estado independiente de España.

Esta actuación nacionalista se desarrolla en dos ejes: por una parte, eliminación de la bandera de España de espacios en los que debería estar presente (recordemos, la ausencia de un símbolo es también un símbolo), por otra parte, ubicar en los espacios públicos símbolos que hacen explícita la voluntad de convertir la Comunidad Autónoma en una República, la República Catalana. Esos símbolos incluyen banderas esteladas o mensajes de apoyo a quienes, en 2017, intentaron derogar la Constitución en Cataluña.

Por supuesto, en una democracia no militante como es la española resulta plenamente legítimo que los particulares, los partidos políticos o asociaciones desarrollen las políticas simbólicas antes mencionadas (no uso de la bandera española y utilización de simbología nacionalista); pero los poderes públicos no pueden participar en ello. Los poderes públicos han de aplicar el ordenamiento jurídico, actuar dentro de la legalidad y no favorecer una determinada opción ideológica. De acuerdo con ello, tienen que aplicar correctamente la ley de banderas e impedir que en los espacios de titularidad pública se ubiquen símbolos contrarios a la Constitución o que se correspondan con los de determinadas opciones ideológicas. Lo anterior son exigencias mínimas del Estado de Derecho.

La realidad en Cataluña, sin embargo, es la de que la mayoría (la inmensa mayoría) de ayuntamientos no cumplen con la legalidad en materia de símbolos. Impulso Ciudadano acaba de presentar su tercer informe sobre exhibición de símbolos oficiales y neutralidad institucional en los ayuntamientos de Cataluña, correspondiente al año 2024, donde se constata que tan solo el 17% de los municipios cumplen con la legalidad en materia de símbolos.

Aquí puede leerse el informe completo:

Los datos son demoledores: de 947 ayuntamientos catalanes, solamente 160, un 17%, cumplen con la normativa. Y eso que Impulso Ciudadano no incluye algunas situaciones que, desde mi perspectiva, son también incumplimientos normativos, como veremos al final.

En un 80% de los ayuntamientos catalanes no ondea la bandera española, como es obligado de acuerdo con la Ley de Banderas (Ley 39/1981), que establece que la bandera española ha de ondear en el exterior y ocupar lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». En 97 de los 947 ayuntamientos de Cataluña, además, se exhibe la bandera estelada; un símbolo abiertamente contrario a los principios y valores constitucionales.

Estos incumplimientos no son inocuos. Los ciudadanos perciben que el poder público, el que controla a la Policía Local, los impuestos municipales y las guarderías, el que está presente en los consejos escolares y da los premios en los concursos literarios o en las competiciones deportivas locales muestra su explícito rechazo al cumplimiento de la legalidad, a la participación en el proyecto común español y, en ocasiones, su abierta adscripción al proyecto independentista. Esta presión sobre los ciudadanos es ilegítima y abusiva y supone, tal y como han establecido los tribunales, una limitación a la libertad ideológica. Es decir, en más del 80% de los municipios catalanes se está vulnerando de manera sistemática un derecho fundamental, como es de la libertad ideológica, ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Un 76% de los catalanes (el porcentaje de población que vive en los ayuntamientos que no cumplen con la normativa en materia de símbolos) ve su derecho a la neutralidad institucional vulnerado diariamente.

Y esta vulneración, además, carece de respuesta por parte del Estado. La Delegación del Gobierno no plantea recursos para exigir el cumplimiento de la ley, y quien ha de abordar esta tarea es una entidad como Impulso Ciudadano que ha presentado más de 200 requerimientos a ayuntamientos incumplidores e iniciado 17 recursos contencioso-administrativos para exigir el cumplimiento de la ley. Además, vela por la presencia de la bandera española en otros edificios públicos. Recientemente, gracias al recurso planteado por Impulso Ciudadano, la bandera española ha sido colocada en la Casa dels Canonges, edificio público perteneciente a la Generalitat y sede del Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, lo que ha provocado una cierta convulsión entre los nacionalistas.

El enfado nacionalista es lógico, porque, tal y como se ha explicado, los símbolos importan y, por tanto, a su proyecto no le viene nada bien que los símbolos comunes de todos los españoles estén presentes en unas instituciones que ellos pretenden separadas del conjunto de España; por eso es tan importante que se haga cumplir la legalidad, máxime cuando, como se ha visto, están en juego también derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora bien, como hemos visto, la Delegación del Gobierno no se siente incumbida y ha de ser la sociedad civil la que actúe.

Es más, ni siquiera el Defensor del Pueblo se ha dignado a ocuparse de estos asuntos que, como digo, supone la quiebra permanente del derecho a la libertad ideológica de los ciudadanos. El abandono institucional es total y es este abandono, más que el mismo incumplimiento, lo que da prueba del carácter de estado fallido hacia el que avanzamos.

El informe de Impulso Ciudadano, además, facilita un dato interesante: qué partidos políticos gobiernan en los ayuntamientos que incumplen con las exigencias legales en materia de símbolos.

En el caso de Junts, el 90% de los ayuntamientos que gobiernan incumplen. El porcentaje de incumplimiento, en el caso de ERC, es del 94%. La CUP incumple en el 100% de los ayuntamientos que gobierna, PDCAT incumple en el 76% de sus ayuntamientos. El PSC incumple en el 42% de los ayuntamientos que gobierna mientras que el PP incumple en el 20% de sus ayuntamientos (1 sobre 5). El único grupo en el que el cumplimiento es del 100% es «En Comú Podem», puesto que la normativa se cumple en los 5 ayuntamientos que gobierna (entre ellos, el mío, el de Santa Perpètua de Mogoda).

Los datos son desoladores y, como avanzaba, no es un tema menor. Un estado que no es capaz de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ¿qué calificación merece? Unas instituciones que miran para otro lado mientras son asociaciones con mucha voluntad pero sin medios las que hacen el trabajo que debería hacer la Delegación del Gobierno ¿cómo han de ser valoradas?

Y, además, no se trata solamente (¡y ya es mucho!) de garantizar los derechos de los ciudadanos que viven en los municipios afectados; sino que la exclusión de la bandera española y la introducción de símbolos nacionalistas tiene un claro propósito político, profundizar en la separación efectiva entre los catalanes y el resto de los españoles para así sentar las bases para, en el futuro, avanzar hacia la independencia.

Y todo lo anterior dejando de lado otro incumplimiento constante en materia de banderas en el que no se repara y que comento a continuación.

El artículo 3 de la Ley 39/1981, como hemos visto, establece la obligación de que la bandera española ondee en el exterior de los edificios públicos. Dado el generalizado incumplimiento de esta norma, parece que damos por bueno al que simplemente aplica este precepto «sin fraude». Así, por ejemplo, la bandera española se encuentra presente y no atada al mástil (como sucede en no pocos lugares), de tal manera que está, pero no «ondea», como establece la norma, pareciendo que lo obligado por la Ley 39/1981 se limita a lo establecido en este art. 3.

El art. 5 de la norma, sin embargo, establece otra obligación: la de que cuando las administraciones utilicen otras banderas lo hagan junto a la bandera de España, dando, además, carácter preferente a la de España (art. 6). En Cataluña esta norma se incumple con naturalidad, de tal forma que es frecuente que, una vez cumplida con la obligación de que en el edificio del ayuntamiento se encuentre la bandera de España, en otros lugares de titularidad pública se utiliza la señera sin ningún acompañamiento. Los ejemplos pueden multiplicarse; desde salas de actos de universidades públicas a locales municipales donde se realizan conciertos infantiles o las comparecencias del presidente de la Generalitat.

Desde mi perspectiva, esta utilización aislada de la bandera de la Comunidad Autónoma es también un incumplimiento de la Ley 39/1981. No es obligado que haya una bandera en el salón de actos de una universidad pública o en la comparecencia del presidente de la Generalitat; pero si se opta por colocar la bandera de Cataluña hay que colocar también la bandera de España. Esto mismo rige para todas las señeras aisladas que encontramos en tantas rotondas; unas señeras que, con frecuencia, son vistas como una alternativa legal a la colocación de una bandera estelada.

Como digo, no es así. Si se utiliza una bandera autonómica junto con ella tiene que estar también la bandera española. Y no se trata de un formalismo. Como decía al comienzo los símbolos importan y una señera aislada, sin estar acompañada de la bandera española tiene un significado político preciso: nuestra comunidad natural es Cataluña, éste es nuestro país y la participación en el proyecto común español es una circunstancia que puede ser modificada. La vinculación esencial de los catalanes es con Cataluña, no con España. Recuerdo cómo, hace ya bastantes años, la alcaldesa de mi pueblo, en la entrega de unos premios infantiles trasladaba este mensaje a los niños (en lenguaje adaptado, claro; no recuerdo exactamente sus palabras, pero el sentido era éste: nuestro país es Cataluña y, además, como Cataluña está en España, pues también importa lo que pasa en España). No es un mensaje inocente en absoluto que va calando, entre otras cosas, por la ausencia de la bandera española y la presencia de la bandera de Cataluña. ¡Qué diferente sería, por ejemplo, que en la entrada de mi pueblo, en vez de una única bandera catalana, hubiera tres banderas: una de Cataluña, otra de España y otra de la Unión Europea.

De lo real…

… a lo imaginado

Haríamos bien en dar importancia a los símbolos porque, como digo, la tienen, y en Cataluña son utilizados de manera constante por el nacionalismo para profundizar en la separación entre los catalanes y el resto de los españoles. Estoy orgulloso de formar parte de Impulso Ciudadano, una asociación que trabaja, entre otros ámbitos, también en la defensa del cumplimiento de la legalidad en materia de símbolos; un cumplimiento que es, además, garantía del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.